Héctor Alvarado Chávez
Expediente 785/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 10 actuaciones registradas, la última del 31 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 785/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 31/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Héctor Alvarado Chávez
- Agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República con sede en esta ciudad, encargado de la causa penal 477/2023
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que ya fue emplazado al presente juicio el tercero interesado Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía General de la República, encargado de la causa penal ********************/********************, con domicilio en esta ciudad; por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se le pone a la vista el informe justificado rendido por la autoridad responsable, para que se imponga de su contenido y haga valer lo que a su derecho corresponda, sin perjuicio de hacer relación de él, en la audiencia constitucional. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional que debería de celebrarse en esta fecha, y en su lugar se programa para las nueve horas con diez minutos del seis de diciembre de dos mil veintitrés, para su verificativo. Sirve de apoyo, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a./J. 21/2008, consultable en la página 151, del Tomo XXVII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta del mes de marzo de 2008, Novena Época y que textualmente dice: "INFORME JUSTIFICADO PRESENTADO EN FORMA EXTEMPORÁNEA. EL PLAZO DE 8 DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE TRANSCURRIR, EN SU INTEGRIDAD, ENTRE LA FECHA EN QUE SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y LA NUEVA SEÑALADA POR ESE MOTIVO. En el caso de que el informe justificado se presente en forma extemporánea, procede que el Juez de Distrito difiera la audiencia constitucional para otorgar a las partes el plazo de 8 días a que se refiere el artículo 149 de la Ley de Amparo, y en este tenor, el citado plazo debe transcurrir, en su integridad, entre la fecha en que se difiere la audiencia constitucional y la nueva señalada por ese motivo, por ser la única forma en que se cumple con la finalidad de que las partes se impongan del informe y estén en aptitud de desvirtuar los razonamientos expresados por la autoridad responsable y, de considerarlo conveniente, preparar las pruebas conducentes, dándose viabilidad al plazo a que se refiere el artículo 151 de la ley en cita, para la preparación y desahogo de las pruebas pericial, testimonial y de inspección judicial." Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Abraham Smeke García, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, y en atención al contenido del informe justificado que rindió el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua en Funciones de Juez de Control, en esta ciudad, se desprende que al Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía General de la República, con sede en esta ciudad, encargado de la causa penal 477/2023, le reviste el carácter de tercero interesado en el presente asunto, en términos de lo previsto en el artículo 5°, fracción III, incisos e) de la Ley de Amparo. En tal virtud, se les tiene como terceros interesados en este asunto; en consecuencia, gírese atento oficio al Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía General de la República, en esta ciudad, de mérito, con copia autorizada de la demanda y del auto admisorio, para que se emplace al presente juicio de amparo. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para verificarse el día de hoy, y en su lugar, se fijan las nueve horas con diez minutos del treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante la licenciada Verónica Uranga Luviano, Secretaria de Juzgado, con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Incidental
I N T E R L O C U T O R I A Vistos para resolver los autos del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 785/********************-VII-B, promovido por ******************** por propio derecho contra actos del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Mediante escrito de demanda recibido en este juzgado el dieciséis de agosto de dos mil veintitrés, el promovente solicitó la apertura del incidente de suspensión, contra la autoridad responsable indicada en el capítulo respectivo de la demanda, a quien esencialmente reclamó la resolución dictada en veinticinco de julio del presente año, emitida dentro de la causa penal ********************/********************, mediante la cual se le impuso al quejoso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. SEGUNDO. En proveído de diecisiete de agosto del presente año, se concedió la suspensión provisional de los actos reclamados, se solicitó a la autoridad señalada como responsable su informe previo, se señaló hora y día para la celebración de la audiencia incidental, la que se inició al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. La autoridad responsable Juez de Distrito del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, en Funciones de Juez de Control, convino en la existencia de los actos reclamados por la parte quejosa, los cuales quedaron precisados en el segundo resultando. En el cual expuso que se revisó la medida cautelar impuesta a ********************, a petición de la defensa, determinando que no han variado las condiciones por las cuales se impuso la prisión preventiva oficiosa, toda vez que se consideró improcedente analizar el control de convencionalidad ex oficio solicitado por la defensa sobre el artículo 19 Constitucional, no obstante de los ordenamientos internacionales, el Estado Mexicano no ha realizado los ajustes constitucionales y legales que en las resoluciones se ordenen en la prisión preventiva; señaló que el artículo 17 de la Ley de Amparo, dispone que el Juzgado debe ceñirse a lo determinado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contradicción de tesis 293/2011, del rubro: "DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONAL. CONSTITUYEN EL PARÁMETRO DE CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL, PERO CUANDO EN LA CONSTITUCIÓN HAYA UNA RESTRICCIÓN EXPRESA AL EJERCICIO DE AQUELLOS, SE DEBE ESTAR A LO QUE ESTABLECE EL TEXTO CONSTITUCIONAL." Informe, que dado su carácter de público, al haber sido emitido por una autoridad en ejercicio de sus funciones, merece pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. En apoyo a lo anterior, sin oponerse a lo dispuesto en la nueva Ley de Amparo, cabe citar la Jurisprudencia 286, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos treinta y siete a doscientos treinta y ocho, del Tomo VI, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación, de mil novecientos diecisiete a dos mil, que dice: "INFORME PREVIO. Debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma, y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, al no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario." Tiene aplicación al caso, lo dispuesto en la nueva Ley de Amparo, la Tesis XVI.1o.A.30 K, Decima Época, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en la página dos mil cuatrocientos cuarenta y tres, Libro 47, del Tomo IV, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación, Octubre de 2017, con registro digital 2015431que dice: "INFORME PREVIO. PARA QUE SEA TOMADO EN CUENTA AL RESOLVER SOBRE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA EN EL AMPARO, DEBE RENDIRSE CON ANTICIPACIÓN AL INICIO DE LA AUDIENCIA INCIDENTAL. De los artículos 140, 142 y 144 de la Ley de Amparo se desprende la obligación de la autoridad responsable de rendir su informe previo, expresando si son o no ciertos los actos reclamados y que, ante la falta de éste, se presumirá que sí lo son, para el solo efecto de resolver sobre la suspensión definitiva, por lo que una vez abierta la audiencia incidental se dará cuenta con aquél y con las documentales recibidas. Así, de la interpretación conjunta de dichos numerales, particularmente del primer párrafo del 142, se colige que para que el informe previo sea tomado en cuenta al resolver sobre la medida cautelar, debe rendirse con anticipación al inicio de la audiencia incidental, pues ésta se lleva a cabo en un acto continuo, de manera que previamente a su inicio debe contarse con las constancias de las que se hará relación y servirán para resolver respecto de la suspensión, máxime que, de acuerdo con la última parte del primer párrafo del artículo 140 citado, las partes pueden objetar su contenido en la audiencia sólo si antes de que comience lo conocen." SEGUNDO. Así, para resolver lo relativo a la medida cautelar solicitada, debe tomarse en consideración que los artículos 128 y 138 de la ley de la materia, en su orden señalan. "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias salvo las señaladas en el último párrafo de este artículo, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado." "Artículo 138. Promovida la suspensión del acto reclamado el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social y, en su caso, acordará lo siguiente: I. Concederá o negará la suspensión provisional; en el primer caso, fijará los requisitos y efectos de la medida; en el segundo caso, la autoridad responsable podrá ejecutar el acto reclamado; II. Señalará fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental que deberá efectuarse dentro del plazo de cinco días; y III. Solicitará informe previo a las autoridades responsables, que deberán rendirlo dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, para lo cual en la notificación correspondiente se les acompañará copia de la demanda y anexos que estime pertinentes." En el caso se acredita el primero de los requisitos a que alude la fracción I, del precepto transcrito en primer término, toda vez que la parte quejosa, en el escrito de la demanda, solicitó la medida suspensiva del acto antes precisado. Lo cual aduce, afecta su esfera jurídica de manera directa, lo que por ahora resulta suficiente para resolver sobre la suspensión de dicho acto, pues para ello se debe partir, del supuesto, comprobado o no, de que la totalidad de estos son ciertos; manifestaciones que constituyen una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno en contra de quién la asevera, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 95, 96, 197, 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Lo anterior, conduce al suscrito juzgador a estimar, que efectivamente los actos materia del reclamo pueden afectar los derechos jurídicamente tutelados por la inconforme. En cuanto al segundo requisito, la fracción II del citado numeral 128 establece, que la medida cautelar en el juicio de amparo se decretará siempre y cuando no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; entendiéndose por orden público, el sistema de normas de mayor importancia para conservar y encauzar el orden en la sociedad y, por interés social, la atención, cuidado o tendencia que tiene la sociedad, o algún grupo de ella, en que no se le causen daños o perjuicios que, inclusive, puedan llegar a ser irreparables y, por ende, conseguir existan las condiciones esenciales para su desarrollo armónico. Ilustra lo determinado, la Jurisprudencia I.3o.A. J./16, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 383, del Tomo V, Enero de 1997, Materia Administrativa, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguiente: "SUSPENSION, NOCIONES DE ORDEN PUBLICO Y DE INTERES SOCIAL PARA LOS EFECTOS DE LA. De acuerdo con la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo, que desarrolla los principios establecidos en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Federal, la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa en un juicio de garantías sólo puede concederse cuando al hacerlo no se contravengan disposiciones de orden público ni se cause perjuicio al interés social. El orden público y el interés social, como bien se sabe, no constituyen nociones que puedan configurarse a partir de la declaración formal contenida en la ley en que se apoya el acto reclamado. Por el contrario, ha sido criterio constante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que corresponde al Juez examinar la presencia de tales factores en cada caso concreto. El orden público y el interés social se perfilan como conceptos jurídicos indeterminados, de imposible definición, cuyo contenido sólo puede ser delineado por las circunstancias de modo, tiempo y lugar prevalecientes en el momento en que se realice la valoración. En todo caso, para darles significado, el juzgador debe tener presentes las condiciones esenciales para el desarrollo armónico de una comunidad, es decir, las reglas mínimas de convivencia social, a modo de evitar que con la suspensión se causen perjuicios mayores que los que se pretende evitar con esta institución, en el entendido de que la decisión a tomar en cada caso concreto no puede descansar en meras apreciaciones subjetivas del juzgador, sino en elementos objetivos que traduzcan las preocupaciones fundamentales de una sociedad." Así como, el criterio contenido en la Tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la página 11, del Tomo XI, Junio de 1993, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación, que indica: "SUSPENSION. LOS SUPUESTOS DE PERJUICIO AL INTERES SOCIAL O CONTRAVENCION DE DISPOSICIONES DE ORDEN PUBLICO ESPECIFICADOS EN EL ARTICULO 124, FRACCION II, PARRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO, SON ENUNCIATIVOS Y NO LIMITATIVOS. El artículo 124 de la Ley de Amparo establece que, se considerará, entre otros casos que sí se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, "cuando de concederse la suspensión: se continúe el funcionamiento de centros de vicio, de lenocinios, la producción y el comercio de drogas enervantes; se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos, o el alza de precios con relación a artículos de primera necesidad o bien de consumo necesario; se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave, el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país, o la campaña contra el alcoholismo y la venta de substancias que envenenen al individuo o degeneren la raza; o se permita el incumplimiento de las órdenes militares"; lo que significa, que el legislador se concreta a ejemplificar, en forma simplemente enunciativa, mas no limitativa tales casos, dejando al juzgador en aptitud de reconocerlos en otros supuestos, de conformidad con su criterio y el caso concreto." Pues bien, en lo que atañe al segundo de los requisitos del numeral en estudio, esto es, que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, cabe decir que para determinar lo anterior, debe sopesarse el perjuicio real y efectivo que podría sufrir la colectividad, con el que podría afectar a la parte quejosa con la ejecución de los actos reclamados, pues no debe perderse de vista que para determinar si existe esa afectación, no basta que la ley en que se fundamenten los actos sea de orden público e interés social, sino que debe evaluarse si su contenido, fines y consecución son contrarios a los valores y principios que inspiran el orden público, capaz de restringir derechos fundamentales de los gobernados, o si son realmente significativos para afectar el interés social. Ciertamente, las leyes en mayor o menor medida responden a ese interés público; sin embargo, esto no puede ser una habilitación absoluta, capaz de afectar derechos fundamentales de modo irreversible, ya que también es deseable por la sociedad que las autoridades no afecten derechos fundamentales de los particulares, especialmente cuando tienen el carácter de indisponibles o irreductibles como la vida, salud, libertad, igualdad, dignidad y los demás consagrados en la Carta Magna, así como en los Tratados Internacionales celebrados por el Estado Mexicano, por ser sus consecuencias de difícil o de imposible reparación. Por ende, para decidir respecto de la concesión de la suspensión de los efectos y consecuencias de los actos aquí reclamados, debe realizarse un análisis del grado de afectación que sufren tales conceptos (orden público e interés social); de esta manera, el derecho o principio a primar debe ser, en la especie, aquél que cause un menor daño y el cual resulta indispensable privilegiarse, o sea el que evidentemente conlleve a un mayor beneficio. Ahora, tomando en consideración que el artículo 139 de la ley de la materia, consigna la potestad conferida al Juez de Distrito de ordenar en el incidente de suspensión, en todos aquellos casos en que haya peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con notorios perjuicios para la parte quejosa, que se mantengan las cosas en el estado que guardan, facultad que está supeditada a la naturaleza del asunto y principalmente a las disposiciones relacionadas con la misma. De esa manera, la suspensión es una medida cautelar de una situación ya existente, que tiene como finalidad evitar que ésta se altere, ya sea con la ejecución de los actos reclamados, o bien, por sus efectos y consecuencias; de ahí, que no crea derechos en beneficio de la parte quejosa, sino únicamente los preserva en cuanto que no se afecten por la ejecución de los actos reclamados, con independencia de que sean o no inconstitucionales En esa tesitura, toda vez que la parte quejosa en su demanda refiere ser parte procesal dentro de la causa penal ********************/******************** del índice del Juzgado de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, con sede en la localidad, del cual deriva el acto reclamado, con ello acredita su interés suspensional para solicitar que sus efectos se suspendan. Es aplicable en lo que interesa, por no contravenir lo dispuesto en la ley de la materia, la Tesis: XXI.4o.17 K, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, publicada en la página mil cuatrocientos sesenta, del Tomo XX, diciembre de dos mil cuatro, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que al rubro indica: "SUSPENSIÓN. SE ACREDITA EL INTERÉS JURÍDICO SI QUIEN LA SOLICITA DEMUESTRA SER PARTE EN EL PROCEDIMIENTO DEL QUE DERIVA EL ACTO RECLAMADO." Lo anterior es así, tomando en cuenta que el interés que se plantea en la suspensión para el otorgamiento de la providencia precautoria es distinto del interés jurídico que debe prevalecer en el juicio constitucional, el cual atañe a un derecho protegido por la ley, que ve al fondo del amparo, mientras que en este sólo se requiere la existencia de un principio de prueba, del que se desprenda el interés puro y simple que de manera presuntiva faculta al quejoso para solicitar la suspensión de los actos reclamados y que en unión de la satisfacción de los requisitos previstos por el artículo 128 de la Ley de Amparo constituye la única exigencia para la concesión de dicha medida cautelar. Al respecto, cabe decir que estos requisitos deben ser satisfechos en su totalidad para que se decrete la suspensión del acto reclamado; es decir, no basta con que uno o algunos de ellos queden satisfechos para decretar la medida, sino se insiste, que deben quedar satisfechos todos. Esto se colige de que los requisitos no estén separados con alguna conjunción disyuntiva como pudieran ser las expresiones "o", y/o" u otra que implicara alternatividad; por lo que se arriba a la conclusión, que deben estar acreditados todos y cada uno de los requisitos previstos en el citado artículo 128 de la Ley de Amparo. En esa tesitura, respecto a la medida suspensional que solicita la parte quejosa, al encontrarse reunidos los requisitos previstos por el artículo 128 de la Ley de Amparo, esto es, al considerarse que no se sigue perjuicio al interés social y que tampoco se contravienen disposiciones de orden público con el otorgamiento de la medida suspensional, atento además a lo dispuesto en los artículos 163 y 166, fracción II, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se concede la suspensión definitiva para la autoridad judicial en términos del segundo párrafo de la fracción XVII del artículo 61 de la misma ley, suspenda el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 22/******************** (11a.), de la Segunda Sala, con el registro digital 2026730, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 26, Junio de ********************, Tomo V, página 4497, la cual se transcribe: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO CON EFECTOS RESTITUTORIOS. PARÁMETROS QUE DEBE TOMAR EN CUENTA EL JUZGADOR AL ANALIZAR LA POSIBILIDAD DE CONCEDERLA ANTE LA EVENTUALIDAD DE QUE, CON ELLO, SE DEJE SIN MATERIA EL JUICIO DE AMPARO EN LO PRINCIPAL. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito llegaron a conclusiones discrepantes en relación con los casos donde se dejaría sin materia el juicio de amparo si se solicita la suspensión del acto reclamado con efectos restitutorios, y esos efectos coincidan con los de una eventual sentencia favorable a la parte quejosa. Las posturas contrarias versaron sobre el requisito referente a la posibilidad jurídica de conceder la suspensión, pues uno de los órganos jurisdiccionales consideró que sí era posible restituir provisionalmente a la quejosa del derecho vulnerado, mientras que el otro Tribunal sostuvo que no era posible conceder la suspensión dado que con ello se agotaría la materia del juicio en lo principal. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que en caso de conceder la suspensión con efectos restitutorios, el órgano jurisdiccional deberá considerar que la materia del juicio de amparo subsiste cuando, en la eventualidad de que resuelva de forma adversa a la quejosa, puedan retrotraerse los efectos de la suspensión y, en contraposición a ello, se tratará de un beneficio no transitorio o definitivo que dejaría sin materia el juicio, cuando éste no pueda ser revocado aun cuando se niegue el amparo. Lo anterior implica que, por regla general, el hecho de que los efectos de la suspensión y una sentencia favorable a la quejosa coincidan, no es una razón suficiente para negar la concesión de la medida cautelar, aun cuando se argumente que la finalidad de esa negativa es preservar la materia del asunto, pues el entendimiento de la expresión "conservar la materia del amparo" es que el órgano jurisdiccional velará por proporcionar las condiciones idóneas para proteger el derecho que la parte quejosa considera afectado, no así la prevalencia del fondo sobre la suspensión. Justificación: El enunciado "conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio", previsto en el primer párrafo del artículo 147 de la Ley de Amparo, debe contextualizarse en armonía con la finalidad última del juicio de amparo, que es la de proteger de forma eficaz los derechos que la parte quejosa considera afectados. En ese orden de ideas, la importancia de la suspensión del acto reclamado debe equipararse con la relevancia de conservar la materia del juicio en lo principal, pues ambas buscan crear las condiciones para que el juicio de amparo cumpla con su función protectora por lo que, por regla general, será incorrecto sostener que debe negarse la suspensión con la finalidad de conservar la materia del asunto en lo principal. La suspensión del acto reclamado es, por definición, un beneficio transitorio, porque aun cuando se conceda con un carácter restitutorio y exista identidad entre los efectos de una eventual sentencia favorable a la quejosa, ese beneficio durará únicamente hasta que la sentencia que se dicte en el cuaderno principal cause ejecutoria. La excepción a la regla general, esto es, en qué casos una medida cautelar con efectos restitutorios verdaderamente dejaría sin materia un juicio de amparo, se configurará cuando la restitución provisional de los derechos no pueda ser revocada aun cuando se niegue el amparo." Ahora bien, en términos de lo previsto en el artículo 168, último párrafo, de la Ley de Amparo, en el presente asunto, no se exigirá garantía alguna, toda vez que la suspensión provisional concedida en este incidente de suspensión únicamente tiene los efectos a que se refiere el artículo 163 de la ley de la materia. Por lo anteriormente expuesto y con apoyo en los artículos 139, 140, 141 y 142 de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E ÚNICO. Se concede la suspensión definitiva al aquí incidentista ********************, la suspensión definitiva de los actos reclamados a las autoridades responsables, en términos de lo expuesto en el considerando segundo de esta resolución interlocutoria. Notifíquese y por oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, asistido de la licenciada Verónica Uranga Luviano, Secretaria de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Incidental
en atención al oficio que remite el Juez de Distrito adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua en funciones de Juez de Control, en esta ciudad, mediante el cual informa el cumplimiento de la resolución de la suspensión provisional, diecisiete de agosto del año en curso, acompañando la versión escrita y realizó lo siguiente: a) Dejó sin efectos la medida cautelar, consistente en la prisión preventiva oficios impuesta el veinticinco de julio de dos mil veintitrés; b) Abrió debate entre las partes en relación a la imposición de la medida cautelar consistente en la prisión preventiva justificada; y, c) Después de escuchar el debate determinó que, fundada la solicitud de la fiscalía, se impuso al imputado Héctor Alvarado Chávez la medida cautelar consistente en la prisión preventiva justificada, prevista 155, fracción XIV, del Código Nacional de Procedimientos Penales. El cual se pone a la vista de las partes, para que se enteren de su contenido, sin perjuicio de relacionarlo, al momento de resolver. Notifíquese.
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