Héctor Alfredo Ramírez Ramírez
Expediente 275/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 18 actuaciones registradas, la última del 13 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 275/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 13/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Héctor Alfredo Ramírez Ramírez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a trece de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación secretarial de cuenta, al haber transcurrido el término de quince días a que alude el artículo 202 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de inconformidad en contra del acuerdo en el que se declaró por cumplida la sentencia pronunciada en este asunto, sin que las partes interesadas hubieren ejercido ese derecho; en tal virtud, se tiene por CONSENTIDO dicho proveído. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el presente asunto como concluido. En términos de los artículos 6 y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de DEPURACIÓN, toda vez que encuadra en la hipótesis del artículo 18, inciso b), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo concedido. Por tanto, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha y dentro de los siguientes noventa días, se realizará el proceso de depuración y se transferirá a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. En cambio, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente asunto, es susceptible de DESTRUCCIÓN, en virtud de que encuadra en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso c, del multicitado Acuerdo General, pues se negó la medida cautelar solicitada respecto al acto reclamado. En tal virtud, una vez transcurridos tres años contados a partir de este acuerdo, dentro de los treinta días siguientes, se destruirá el cuaderno original del incidente de suspensión y se remitirá el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación; por lo que, agréguesele una impresión electrónica con evidencia criptográfica de este auto y manténgase por separado en el archivo de este órgano jurisdiccional. Por otra parte, en términos del artículo 20, fracción II, inciso a), de la multicitada norma, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, dentro de los treinta días siguientes, se proceda a la DESTRUCCIÓN del duplicado de los cuadernos incidentales, debiéndose remitir el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal y como lo dispone penúltimo párrafo del referido artículo; por lo que, de igual forma, glósesele una impresión electrónica con evidencia criptográfica de este proveído y manténgase por separado en el archivo de este juzgado federal. Se precisa que en el presente juicio no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental, habida cuenta que el presente asunto no versó respecto de algún supuesto de los previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. Con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, devuélvase al Juez Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar de esta ciudad, el cuaderno de pruebas formado con las copias certificadas del juicio ordinario civil ********************de su índice, de su índice, las cuales remitió a este órgano jurisdiccional como justificación de sus actos. Notifíquese. Así, lo proveyó y firma electrónicamente la Jueza Natividad Regina Martínez Ramírez, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante la secretaria Karina Esther Santiago Espinoza, que autoriza y da fe.
- Principal
(aviso) notificación personal por lista a la parte tercera interesada Mayra Teresa Salinas López, por si y en representación de su menor hijo de inciales V.A.R.S.- Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a dos de febrero de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación secretarial de cuenta y tomando en consideración que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es de orden público, así como que de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, no podrá archivarse ningún juicio sin que se haya cumplido la sentencia amparadora dictada en el mismo; por lo que, se procede a verificar si el fallo pronunciado en este juicio se encuentra en este supuesto, solo con base en las constancias de autos, dado que las partes omitieron desahogar la vista que previamente se les dio al respecto. Así pues, este órgano de control constitucional procede a analizar si, conforme a lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el fallo protector dictado en el presente asunto ha sido o no cumplido, sin excesos ni defectos; y, para tal efecto, cabe precisar primeramente, que: Mediante sentencia pronunciada el treinta de noviembre de dos mil veintidós, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión al quejoso, para los efectos que se precisarán en la tabla que más adelante se expondrá. La citada sentencia causó ejecutoria por acuerdo de veintitrés de diciembre dos mil veintidós, al no haber sido impugnada por las partes, dentro del término legalmente concedido al respecto y se requirió a la autoridad responsable para que justificara haber dado cumplimiento al fallo protector; y, para tal efecto, la responsable ordenadora envió la resolución en cumplimiento bajo los parámetros que se exponen a continuación. EFECTOS DE LA EJECUTORIA DE AMPARO ACTUACIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE En las relatadas condiciones, con fundamento en el artículo 77 de la Ley de Amparo, procede otorgar el amparo para el efecto de que: I. La juez responsable deje insubsistente la resolución dictada el veinticinco de abril de dos mil veintidós; y, 1. La Secretaria de Acuerdos Encargada del Despacho del Juzgado Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar de esa ciudad el diez de enero de dos mil veintitrés, dejó insubsistente el acto reclamado -resolución de veinticinco de abril de dos mil veintidós, dictada en el juicio ordinario civil número 2038/2021, de su índice-. II. Dicte una nueva resolución en la que, subsane el vicio formal de falta de motivación advertido en el presente fallo, esto es, otorgue el valor probatorio a la instrumental de actuaciones consistente en el expediente número 2013/2021 del índice de su propio juzgado y con plenitud de jurisdicción resuelva lo que en derecho corresponda en la reclamación de mérito 2. En esa resolución, la Secretaria de Acuerdos Encargada del Despacho del Juzgado responsable, emitió pronunciamiento de manera fundada y motivada, ya que le otorgó valor probatorio a la instrumental de actuaciones consistente en los autos del expediente 2013/2021 del índice del propio juzgado sobre EJECUCIÓN DE CONVENIOS DE ALIMENTOS, CONVIVENCIAS, GUARDA Y CUSTODIA. Así, la responsable tomó en consideración todas las pruebas ofrecidas por las partes. Y una vez expuesto lo anterior, con la libertad de criterio y plenitud de jurisdicción, dictó una nueva resolución, en la que declaró improcedente la reclamación interpuesta por la aquí quejoso Héctor Alfredo Ramírez Ramírez y consecuentemente dejo insubsistente la medida decretada mediante auto de veinticinco de agosto de dos mil veintiuno, en un 30% /treinta por ciento), distribuidos en 20% (veinte por ciento), para el menor de identidad reservada V.A.R.S. y 10% (diez por ciento), para la actora Mayra Teresa Salinas López. Ahora bien, de un análisis comparativo realizado entre los efectos de la tutela constitucional otorgada y la actuación llevada a cabo por la autoridad responsable, se aprecia que la ejecutoria de amparo sí fue cumplida en sus términos, tal como aprecia en el cuadro que antecede. Asimismo, se considera que la autoridad responsable dio cumplimiento al fallo protector en sus términos, sin excesos, al no haber ido más allá del alcance de la ejecutoria que concedió la protección federal, afectando actos jurídicos de los que no se ocupó el fallo constitucional, ni defectos, pues no se advierte que hubieran omitido llevar a cabo alguna actuación de las que ordenó la ejecutoria de amparo. Por ende, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, SE DECLARA CUMPLIDA LA SENTENCIA DE AMPARO. Con fundamento en los artículos 201, fracción I y 202, de la Ley de Amparo, notifíquese a las partes el presente auto y comuníquese lo anterior a la autoridad responsable, para su conocimiento y efectos legales conducentes. Notifíquese personalmente al quejoso y a la tercera interesada; por oficio a la autoridad responsable; y a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado Federal, en la forma prevista en la Ley de Amparo. Así, lo proveyó y firma electrónicamente la Jueza Natividad Regina Martínez Ramírez, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante la secretaria Karina Esther Santiago Espinoza, que autoriza y da fe.
- Principal
(citatorio) notificación personal por lista a la parte quejosa.- Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a dos de febrero de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación secretarial de cuenta y tomando en consideración que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es de orden público, así como que de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, no podrá archivarse ningún juicio sin que se haya cumplido la sentencia amparadora dictada en el mismo; por lo que, se procede a verificar si el fallo pronunciado en este juicio se encuentra en este supuesto, solo con base en las constancias de autos, dado que las partes omitieron desahogar la vista que previamente se les dio al respecto. Así pues, este órgano de control constitucional procede a analizar si, conforme a lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el fallo protector dictado en el presente asunto ha sido o no cumplido, sin excesos ni defectos; y, para tal efecto, cabe precisar primeramente, que: Mediante sentencia pronunciada el treinta de noviembre de dos mil veintidós, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión al quejoso, para los efectos que se precisarán en la tabla que más adelante se expondrá. La citada sentencia causó ejecutoria por acuerdo de veintitrés de diciembre dos mil veintidós, al no haber sido impugnada por las partes, dentro del término legalmente concedido al respecto y se requirió a la autoridad responsable para que justificara haber dado cumplimiento al fallo protector; y, para tal efecto, la responsable ordenadora envió la resolución en cumplimiento bajo los parámetros que se exponen a continuación. EFECTOS DE LA EJECUTORIA DE AMPARO ACTUACIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE En las relatadas condiciones, con fundamento en el artículo 77 de la Ley de Amparo, procede otorgar el amparo para el efecto de que: I. La juez responsable deje insubsistente la resolución dictada el veinticinco de abril de dos mil veintidós; y, 1. La Secretaria de Acuerdos Encargada del Despacho del Juzgado Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar de esa ciudad el diez de enero de dos mil veintitrés, dejó insubsistente el acto reclamado -resolución de veinticinco de abril de dos mil veintidós, dictada en el juicio ordinario civil número 2038/2021, de su índice-. II. Dicte una nueva resolución en la que, subsane el vicio formal de falta de motivación advertido en el presente fallo, esto es, otorgue el valor probatorio a la instrumental de actuaciones consistente en el expediente número 2013/2021 del índice de su propio juzgado y con plenitud de jurisdicción resuelva lo que en derecho corresponda en la reclamación de mérito 2. En esa resolución, la Secretaria de Acuerdos Encargada del Despacho del Juzgado responsable, emitió pronunciamiento de manera fundada y motivada, ya que le otorgó valor probatorio a la instrumental de actuaciones consistente en los autos del expediente 2013/2021 del índice del propio juzgado sobre EJECUCIÓN DE CONVENIOS DE ALIMENTOS, CONVIVENCIAS, GUARDA Y CUSTODIA. Así, la responsable tomó en consideración todas las pruebas ofrecidas por las partes. Y una vez expuesto lo anterior, con la libertad de criterio y plenitud de jurisdicción, dictó una nueva resolución, en la que declaró improcedente la reclamación interpuesta por la aquí quejoso Héctor Alfredo Ramírez Ramírez y consecuentemente dejo insubsistente la medida decretada mediante auto de veinticinco de agosto de dos mil veintiuno, en un 30% /treinta por ciento), distribuidos en 20% (veinte por ciento), para el menor de identidad reservada V.A.R.S. y 10% (diez por ciento), para la actora Mayra Teresa Salinas López. Ahora bien, de un análisis comparativo realizado entre los efectos de la tutela constitucional otorgada y la actuación llevada a cabo por la autoridad responsable, se aprecia que la ejecutoria de amparo sí fue cumplida en sus términos, tal como aprecia en el cuadro que antecede. Asimismo, se considera que la autoridad responsable dio cumplimiento al fallo protector en sus términos, sin excesos, al no haber ido más allá del alcance de la ejecutoria que concedió la protección federal, afectando actos jurídicos de los que no se ocupó el fallo constitucional, ni defectos, pues no se advierte que hubieran omitido llevar a cabo alguna actuación de las que ordenó la ejecutoria de amparo. Por ende, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, SE DECLARA CUMPLIDA LA SENTENCIA DE AMPARO. Con fundamento en los artículos 201, fracción I y 202, de la Ley de Amparo, notifíquese a las partes el presente auto y comuníquese lo anterior a la autoridad responsable, para su conocimiento y efectos legales conducentes. Notifíquese personalmente al quejoso y a la tercera interesada; por oficio a la autoridad responsable; y a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado Federal, en la forma prevista en la Ley de Amparo. Así, lo proveyó y firma electrónicamente la Jueza Natividad Regina Martínez Ramírez, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante la secretaria Karina Esther Santiago Espinoza, que autoriza y da fe.
- Principal
(citatorio) notificación por lista a la tercera interesada.- Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a doce de enero de dos mil veintitrés. Visto; el oficio 118/2023 con sus anexos, remitidos por la Secretaria de Acuerdos Encargada del despacho del Juzgado Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en esta ciudad; agréguense a los autos para que surtan sus efectos legales correspondientes y téngasele informando el cumplimiento dado a la ejecutoria por la cual fue concedido el amparo y protección de la Justicia de la Unión y remitiendo las constancias respectivas. En tal virtud, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, quedan los autos a la vista de las partes por el término de TRES DÍAS, para que manifiesten lo que a su interés legal convenga y transcurrido dicho término, este juzgado resolverá sobre el cumplimiento o incumplimiento de la ejecutoria con base en las constancias de autos y los datos aportados por las autoridad responsable. Es aplicable la jurisprudencia siguiente: Época: Novena Época Registro: 192174 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Marzo de 2000 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 26/2000 Página: 243 INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia. En virtud de lo anterior, se comisiona a cualquiera de los actuarios judiciales adscritos para que al momento de realizar la notificación personal del presente proveído, corra traslado a las partes con copia del oficio que se provee, debiendo asentar dicha recepción en la propia diligencia. Notifíquese personalmente al quejoso y a la tercera interesada. Así, lo proveyó y firma electrónicamente la Jueza Natividad Regina Martínez Ramírez, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante la secretaria Karina Esther Santiago Espinoza, que autoriza y da fe.
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