Hector Alfredo Miramontes Saucedo

Expediente 664/2020 tramitado ante el Juzgado Decimosexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 5 de enero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
664/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
05/01/2021

Partes del expediente

  • Hector Alfredo Miramontes Saucedo

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el contenido de la certificación secretarial de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días hábiles que prevé el artículo 98, en relación con el diverso 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el proveído de nueve de diciembre de dos mil veinte, que desechó de plano la demanda de amparo; sin que a la fecha se hiciera valer dicho medio de impugnación. En tales condiciones, se declara que el citado acuerdo ha causado estado; ello, para los efectos legales a que haya lugar. Sin que resulte óbice a lo anterior, la circunstancia que de conformidad con la Circular SECNO/29/2020 de cuatro de diciembre de dos mil veinte, aprobada por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, se haya determinado regresar al esquema de trabajo a distancia, así como de suspensión de plazos y términos previsto en el Acuerdo General 13/2020 para todos los órganos jurisdiccionales del Primer Circuito con residencia en la Ciudad de México; sin embargo, dicha suspensión de plazos no opera para los asuntos considerados como urgentes ni para los juicios que pueden ser tramitados en línea, como en el caso lo es el presente controvertido. De ahí que la presente determinación se emita en los términos antes mencionados. Bajo ese contexto, infórmese a las partes que este expediente se encuentra dentro de las hipótesis que establece el artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte y que entró en vigor al día siguiente, una vez que transcurran TRES AÑOS este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN. Finalmente, realícense las anotaciones en el libro respectivo y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido.

  2. Principal

    Visto el escrito de demanda de amparo aparentemente promovida por ****, contra actos del Subsecretario del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México y otra autoridad; fórmese expediente físico y electrónico bajo el registro *****. Como cuestión previa, es importante señalar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. En efecto, de la lectura del precepto transcrito, se observa que es obligación del Juez de Distrito, como se indicó, examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia deberá desecharla de plano; sin embargo, para ello debe analizar si en el caso se surte alguna de las causas de improcedencia, reguladas en el artículo 61 de la ley invocada. En ese sentido, este órgano de control de la constitucionalidad estima que la demanda de amparo es notoriamente improcedente, de conformidad con la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la ley de la Ley de Amparo, que establece: De lo transcrito, se colige que uno de los principios fundamentales para la procedencia del juicio de amparo consiste en que debe ser siempre promovido a instancia de parte agraviada. Así, es menester destacar que la demanda de amparo fue recibida en el módulo de intercomunicación habilitado por el Consejo de la Judicatura Federal, para el trámite del juicio de amparo en términos de los artículos 3, 21 y 110 de la Ley de Amparo , en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en cuyo caso, de conformidad con el primero de los numerales en cita, se requiere que dicha petición presente la firma electrónica del promovente, la cual producirá los mismos efectos de la autógrafa. Asimismo, conforme a los lineamientos establecidos en los artículos 76, párrafo segundo, en relación con el 59 y 64, todos del Acuerdo General conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal que regula los Servicios Tecnológicos relativos a la Tramitación Electrónica del Juicio de Amparo, las Comunicaciones Oficiales y los Procesos de Oralidad Penal en los Centros de Justicia Penal Federal, publicado el nueve de diciembre de dos mil quince, en el Diario Oficial de la Federación; las demandas presentadas a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a fin de que exista cierto grado de confiabilidad de quién es el quejoso o en su caso quién promovió la demanda, debe contener la evidencia criptográfica de la firma electrónica que muestre el nombre del titular de la misma, y en el particular la demanda, no se advierte la firma electrónica. En este sentido, ponderando que la firma entraña la exteriorización de la voluntad de las personas en todos los actos jurídicos, y toda vez que la demanda de amparo no cuenta con ella, entonces debe considerarse que el promovente no exteriorizó su voluntad para acudir a la instancia constitucional. Pues se insiste, para los escritos de forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la firma electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal; así, la firma electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. Eventualidad que no puede considerarse como una "irregularidad" de la misma, en los términos previstos por el artículo 114 de la Ley de Amparo; ya que debe tomarse en cuenta que el artículo 6, de la ley de la materia, dispone que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la norma general que se reclama, por consiguiente, el juicio constitucional únicamente se sigue a instancia de parte y, por ello, todo escrito presentado en el procedimiento debe ser firmado por su autor o autores, sobre todo el escrito de demanda que da origen al juicio, constituyendo esto un requisito esencial por ser la expresión de la voluntad del accionante, puesto que un escrito que carece de firma, debe ser considerado como un simple papel que no incorpora expresión de voluntad alguna. Sin que en el caso se actualice la excepción que contempla la tesis jurisprudencial transcrita, pues se insiste, del escrito de demanda no se advierte algún dato o elemento que permita establecer que dicho ocurso se promovió en términos del numeral 15 de la Ley de Amparo, y, por tanto, no se requiera de la firma electrónica, conforme lo previsto por el último párrafo del diverso 109 del citado cuerpo normativo, ya que para que ello opere, necesitan colmarse dos requisitos indispensables: 1. Que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y, 2. El agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo. Por cuanto al primer requisito, es inconcuso que no se colma, esto es, que por la naturaleza del acto pueda verificarse la hipótesis a que hace alusión al numeral 15 de la ley de la materia; ya que aun cuando se señale la orden de traslado atribuido a autoridades administrativas, no podría considerarse que se trate de un acto que implique la afectación de libertad fuera de procedimiento, ya que con la reforma a los artículos 18 y 21, tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, la cual entró en vigor el diecinueve de junio de dos mil once, introdujo el modelo penitenciario de reinserción social y judicialización del régimen de modificación y duración de penas. A lo expuesto, se suma la reforma publicada en el citado medio de difusión oficial el diez de junio de dos mil once, que modificó el segundo párrafo del mencionado artículo 18 constitucional, la cual entró en vigor al día siguiente de su publicación, y que representó el reconocimiento constitucional de los derechos humanos previstos en la constitución y en los tratados internacionales en los que el Estado mexicano es parte; esquema de protección que se extendió al modelo del sistema penitenciario al establecerse que se organizará sobre la base de respeto a los derechos humanos. Así, se puede decir que como parte integral de la implementación del sistema de reinserción social y de los mecanismos de protección de los derechos de los procesados y sentenciados, se promulgó la Ley Nacional de Ejecución Penal, que entró en vigor el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, la que tiene por objeto establecer las normas que deben observarse durante el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial. De ahí que se considere que las personas privadas de libertad cuentan con medios ordinarios de defensa para la impugnación de alguna supuesta orden de traslado, por lo que aun y cuando tal acto pueda afectar la libertad personal de manera indirecta, no debe estimarse que dicha vulneración sea fuera del procedimiento. Pues el caso en concreto no se ajusta a las hipótesis analizadas por el Máximo Tribunal al resolver la contradicción de tesis 154/2016 que dio origen al criterio jurisprudencial invocado, en tanto que los criterios contendientes materia de dicha controversia, fueron emitidos con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley Nacional de Ejecución Penal, por lo que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando resolvió el tema relativo a si en los casos en los que se reclama una orden de traslado, sin la intervención de la autoridad judicial rectora, procede conceder la suspensión de plano, al considerarse que ésta afecta la libertad personal de manera indirecta, fuera de procedimiento, no estuvo en posibilidad de estudiar el contenido de las disposiciones legales contempladas en la legislación penitenciaria en mención. Por cuanto al segundo requisito, tampoco se actualiza, pues aún en el caso de que se reclamaran actos que afecten la libertad personal del directo agraviado fuera de procedimiento -lo que en el caso no acontece-, tampoco se actualiza el diverso requisito para que se considere aplicable el numeral 15 de la Ley de Amparo, esto es, NO SE ADVIERTE QUE EL DIRECTO QUEJOSO SE ENCUENTRE IMPOSIBILITADO PARA INCOAR EL JUICIO CONSTITUCIONAL. Efectivamente, uno de los principios fundamentales para la procedencia del juicio de amparo, lo constituye el de instancia de parte agraviada y que consiste en que el juicio sólo puede ser promovido por la parte a quien perjudique el acto reclamado; en el caso, se inadvierte que el directo quejoso se encuentre imposibilitado para acudir a promover el juicio de amparo, ello, primeramente, porque quien aduce promover no aduce esa circunstancia y, por el contrario, de la narrativa se puede desprender que solo hace referencia a ser una persona privada de su libertad en un centro de reclusión, lo cual no implica que se encuentre imposibilitado o incomunicado. Efectivamente, no puede convenirse con el hecho de que una persona, por estar privada de la libertad, se encuentre imposibilitada para promover el juicio de amparo, pues ello llegaría al extremo, por ejemplo, de considerar que cualquier persona pudiese promover juicio de amparo en favor de una persona sentenciada o procesada que se encuentre en reclusión, lo que claramente no es la intención del legislador, y menos la finalidad del juicio constitucional. Por tanto, los casos en los que se prevé la posibilidad de exceptuar la instancia de parte agraviada, se ciñe, además de que se reclamen actos como los ya dichos, a que el gobernado se encuentre impedido para tal efecto, de lo contrario, el juicio de amparo resultará improcedente, al no verificarse el principio en mención. En tal virtud, se desecha por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida vía electrónica. Toda vez que la demanda de amparo carece de la declaración de voluntad de la parte quejosa, notifíquese por medio de las listas que se fijen en los estrados de este órgano judicial este y cualquier otra determinación jurisdiccional. Asimismo, no ha lugar a tener como domicilio que se señala en el escrito que se provee; ello, en virtud de que no se tiene certeza de la voluntad de quién promueve el presente sumario.

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