Hector Alfonso Frías García
Expediente 975/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 31 actuaciones registradas, la última del 7 de enero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 975/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 31
- Última actuación
- 07/01/2019
Partes del expediente
- Hector Alfonso Frías García
Actuaciones
Las 4 más recientes de 31.
- Principal
Agréguese el oficio de la autoridad de cuenta, por medio del cual acusa recibo del oficio 25948, así como de las documentales devueltas.
- Principal
Agréguese únicamente el oficio devuelto por el Administrador de cuenta, toda vez que en proveído nueve de noviembre del año en curso, se ordenó el archivo del presente juicio como asunto concluido.
- Principal
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS; NUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto; tomando en consideración que ha transcurrido el término de quince días a que se refiere el artículo 202, primer párrafo, de la Ley de Amparo, sin que las partes se inconformaran en contra del proveído en el que se tuvo por cumplida la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; en consecuencia, se tiene por consentido dicho auto. Con fundamento en el artículo 196 de la ley de la materia, interpretado a contrario sensu, archívese el expediente como asunto concluido. En consecuencia, devuélvase al Juez de Control Región 3, con sede en Pichucalco, Chiapas, el tomo de pruebas que remitió en apoyo a su informe justificado, solicitándole el acuse de recibo correspondiente. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y con apoyo en lo establecido por el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobado el diez de diciembre de dos mil doce, por el Presidente de ese alto tribunal y del Consejo de la Judicatura Federal, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de depuración; toda vez que, encuadra en la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al ser un juicio de amparo concedido. En atención a lo anterior, es evidente que el presente juicio tiene valor jurídico, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto, por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. De igual forma, se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto décimo primero del acuerdo en comento. Provéase lo conducente en el incidente de suspensión que se tramita por cuerda separada. Por otra parte, toda vez que obran en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa; en términos de lo dispuesto en el último párrafo del punto décimo primero del aludido Acuerdo General conjunto, requiérasele para que comparezca en un plazo de noventa días naturales, en día y hora hábil ante este Juzgado, a recogerlo, apercibida que de no hacerlo, podrá ser destruido junto con las constancias que obren en el expediente. Finalmente, toda vez que a partir del uno de octubre del año en curso, el titular de este órgano jurisdiccional es el licenciado EDUARDO GARIBAY ALARCÓN, comuníquese lo anterior a las partes para los efectos legales correspondientes. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia 2ª/J.104/2010, visible en la página 312, tomo XXXII, julio de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, del rubro y texto siguientes: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO. Del primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Amparo se advierte que los juzgadores federales no son recusables; sin embargo, están obligados a manifestar su impedimento para conocer del juicio de actualizarse alguna de las causas previstas en las diversas fracciones del propio precepto. Por su parte, el primer párrafo del artículo 70 del indicado ordenamiento establece que las partes podrán alegar el impedimento de los juzgadores federales, por lo que para formularlo deben conocer quién es el titular del órgano jurisdiccional que dictará la sentencia o resolución correspondiente, para lo cual en caso de cambio de titular, debe notificarse, por regla general, mediante lista al quejoso y al tercero perjudicado, y por oficio a las autoridades responsables, en términos del artículo 28, fracciones I y III, de la Ley, salvo que el Juez del conocimiento, con fundamento en el artículo 30 de la referida legislación, ordene que se haga personalmente. Ahora bien, la violación procesal consistente en la falta de notificación a las partes del cambio de titular trasciende al resultado del fallo y, por ende, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe reponerse el procedimiento; lo anterior siempre que la recurrente haga valer en los agravios el argumento referente al impedimento del Juez, pues de no hacerlo así, aun cuando exista dicha violación al procedimiento, no trasciende al resultado del fallo, siendo innecesario ordenar la reposición del procedimiento, pues ello a nada práctico lleva y, por el contrario, dilataría la impartición de justicia en contravención del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
- Incidental
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS; NUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Vistos de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; se ordena el archivo del cuaderno incidental en que se actúa. VALORACIÓN DEL CUADERNO INCIDENTAL. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción III del punto vigésimo primero del acuerdo general relativo, y con apoyo en lo establecido por el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobado el diez de diciembre de dos mil doce, por el Presidente de ese alto tribunal y del Consejo de la Judicatura Federal, se hace la indicación que el original del presente incidente es susceptible de depuración, pues se concedió la medida cautelar, por tanto se considera que tiene valor jurídico. De igual manera, en términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado Acuerdo General Conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado del cuaderno incidental, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. Asimismo, como lo disponen los puntos décimo, fracción I, décimo primero, segundo párrafo y décimo tercero, todos del capítulo tercero y vigésimo quinto, del capítulo quinto, del Acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial. Finalmente, toda vez que a partir del uno de octubre del año en curso, el titular de este órgano jurisdiccional es el licenciado EDUARDO GARIBAY ALARCÓN, comuníquese lo anterior a las partes para los efectos legales correspondientes. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia 2ª/J.104/2010, visible en la página 312, tomo XXXII, julio de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, del rubro y texto siguientes: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO. Del primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Amparo se advierte que los juzgadores federales no son recusables; sin embargo, están obligados a manifestar su impedimento para conocer del juicio de actualizarse alguna de las causas previstas en las diversas fracciones del propio precepto. Por su parte, el primer párrafo del artículo 70 del indicado ordenamiento establece que las partes podrán alegar el impedimento de los juzgadores federales, por lo que para formularlo deben conocer quién es el titular del órgano jurisdiccional que dictará la sentencia o resolución correspondiente, para lo cual en caso de cambio de titular, debe notificarse, por regla general, mediante lista al quejoso y al tercero perjudicado, y por oficio a las autoridades responsables, en términos del artículo 28, fracciones I y III, de la Ley, salvo que el Juez del conocimiento, con fundamento en el artículo 30 de la referida legislación, ordene que se haga personalmente. Ahora bien, la violación procesal consistente en la falta de notificación a las partes del cambio de titular trasciende al resultado del fallo y, por ende, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe reponerse el procedimiento; lo anterior siempre que la recurrente haga valer en los agravios el argumento referente al impedimento del Juez, pues de no hacerlo así, aun cuando exista dicha violación al procedimiento, no trasciende al resultado del fallo, siendo innecesario ordenar la reposición del procedimiento, pues ello a nada práctico lleva y, por el contrario, dilataría la impartición de justicia en contravención del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
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