Héctor Alejandro Valenzuela Ibañez
Expediente 731/2021 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 4 actuaciones registradas, la última del 12 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 731/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 12/01/2022
Partes del expediente
- Héctor Alejandro Valenzuela Ibañez
- Víctor Manuel Castro Gutiérrez
Actuaciones
- Principal
Tijuana, Baja California, doce de enero de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, y advirtiéndose del contenido de la certificación secretarial de cuenta que no se interpuso por parte legitimada recurso de revisión, dentro del plazo legal, en contra de la sentencia dictada el veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la aludida sentencia ha causado ejecutoria; dese aviso a la(s) autoridad(es) responsable(s) y háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Por tanto, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sentido, envíese al archivo. De conformidad con el capítulo quinto del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los 28/03/22 17:36:27 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.bc.7a Alma Rosa Flores Castañón órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente expediente no es de relevancia documental, virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15 del citado acuerdo; en consecuencia, hágase la anotación correspondiente en la carátula del cuaderno en que se actúa. Ahora, en cumplimento al artículo 21, inciso a), del citado acuerdo, se establece que el cuaderno principal es susceptible de destrucción, por haberse sobreseído en el juicio de amparo, estableciéndose como fecha probable para tal efecto el diecisiete de enero de dos mil veinticinco. En su oportunidad, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que sea el caso requerir a la parte quejosa para que comparezca ante este tribunal a realizar las gestiones necesarias para la devolución de documentos originales y/o fotocopias certificadas, virtud que no obran constancias de esa naturaleza. Notifíquese
- Principal
Tijuana, Baja California, veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguese el informe justificado rendido por la autoridad responsable y las constancias con las apoya el mismo; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, déjense a la vista de las partes por el término de ocho días, legalmente computado, para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio de cuenta; téngase a los licenciados Marianna Lizbeth García, Jesús Mendoza Medina y Ayme Acosta Cerda, como asesores jurídicos del quejoso. En ese contexto, requiérase a dichos profesionistas en el domicilio señalado en el comunicado que se atiende, para que dentro del plazo de tres días, legalmente computado, se presenten debidamente identificados en las instalaciones de este tribunal, a efecto de aceptar y protestar el cargo conferido. Apercibidos que de no dar cumplimiento, o no informar el impedimento que se tenga para ello, con fundamento en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo, se impondrá a quien corresponda una multa de cincuenta a mil días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha que en su caso se haga efectivo dicho medio de apremio. Finalmente, por cuanto hace a las personas señaladas únicamente para oír y recibir notificaciones, este órgano jurisdiccional se reserva acordar lo conducente, hasta en tanto los citados asesores acepten el cargo conferido. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, veintiséis de octubre de dos mil veintiuno. Vista la constancia actuarial de cuenta, se advierte que los quejosos desahogaron la prevención efectuada en autos. En ese tenor, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal; y, 1º, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo promovida por Víctor Manuel Castro Gutiérrez y Héctor Gerardo Valenzuela Ibáñez, de propio derecho, contra un acto omisivo del Juez de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad. Incidente de suspensión Sin que se ordene tramitar el incidente de suspensión que se solicita, virtud que atendiendo a que al acto materia de reclamo por el que se pide la medida cautelar, le reviste el carácter de omisivo, no se le pueden dar efectos restitutorios, lo que es propio de la sentencia que se pronuncie en este juicio. Audiencia constitucional Cítese a las partes a la audiencia constitucional que tendrá verificativo a las doce horas con cincuenta minutos del veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno. Agente del Ministerio Público de la Federación Dese la intervención que legalmente le corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, en términos de los artículos 107, fracción XV, constitucional, y 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo. Representante común Con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo, se reconoce el carácter de representante común de los quejosos a Víctor Manuel Castro Gutiérrez, sin perjuicio de que con posterioridad pueda substituirse dicha representación. Informe justificado Pídase informe justificado a la autoridad responsable, la que en términos del precepto 117 de la Ley de Amparo, deberá rendirlo dentro del plazo de quince días, siguientes a aquel en que reciba el oficio en el que se le solicita, en el cual expondrá las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, y de ser el caso, remita copia certificada y legible de las constancias necesarias para apoyarlo, en la inteligencia que de no hacerlo así, se presumirá cierto el acto que se reclama, salvo prueba en contrario; asimismo, de ser omisa, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se impondrá a quien corresponda multa de cien a mil días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha que en su caso se haga efectivo dicho medio de apremio. Se faculta al actuario de la adscripción, para que una vez apersonado en el domicilio de la autoridad responsable, si ésta se niega a recibir los comunicados a ella dirigidos, proceda en términos del artículo 28, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo; sin perjuicio que se le aplique la sanción que establece el numeral 245 de la ley de la materia. Causas de sobreseimiento Se previene a las partes que en caso de tener conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, deberán comunicarlo de inmediato a este órgano jurisdiccional, debiendo, de ser posible, acompañar las constancias que así lo acrediten; de no hacerlo, se impondrá la multa prevista en el artículo 251 de la Ley de Amparo. Conocimiento previo Requiérase a la autoridad responsable para que al rendir su informe con justificación, comunique a este órgano de control constitucional si tiene conocimiento de algún juicio de amparo que haya sido promovido por los propios quejosos o que el acto que aquí se reclama derive del mismo procedimiento o juicio, a efecto de aprovechar el conocimiento previo del asunto y evitar el dictado de resoluciones contradictorias. Tercero interesados Dada la naturaleza del acto reclamado, no ha lugar a tener como tercero interesado a persona alguna, hasta en tanto la autoridad rinda su informe justificado, y se advierta que a alguien pueda asistirle tal carácter, virtud de que, por ahora, no se actualiza ninguna de las hipótesis previstas en la fracción III del artículo 5º de la Ley de Amparo. Asesor jurídico En otro contexto, conforme a lo previsto en los artículos 2º, fracción I, 5º, fracciones III y VI, 14, 20, fracción I, 34, fracción IX, y 35 de la Ley Orgánica de la Defensoría Pública del Estado de Baja California, gírese oficio al Coordinador del Área Penal Zona Costa de la Defensoría Pública Estatal, con residencia en esta ciudad, anexándole fotocopia simple de la demanda, para que dentro del plazo de tres días, legalmente computado, asigne a los quejosos un asesor jurídico, a fin de que adquieran una representación jurídica capacitada para enfrentar las diversas situaciones que se les presente en el juicio, en razón de las condiciones restrictivas de libertad en las que se encuentran. Bajo apercibimiento que de no dar cumplimiento, o no informar el impedimento que se tenga para ello, con fundamento en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo, se impondrá a quien corresponda una multa de cincuenta a mil días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha que en su caso se haga efectivo dicho medio de apremio. Capítulo de pruebas Respecto a la documental que dicen ofrecer como prueba, dígase a los quejosos que una vez que la misma sea exhibida, se proveerá lo conducente. Notifíquese.
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