Héctor Alejandro Cosio Leyva
Expediente 946/2020 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 36 actuaciones registradas, la última del 18 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 946/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 36
- Última actuación
- 18/02/2022
Partes del expediente
- Héctor Alejandro Cosio Leyva
- Patricia Roxana Chávez Gracián
Actuaciones
Las 4 más recientes de 36.
- Principal
Visto el oficio signado por la actuaria judicial del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, mediante el cual comunica que dicho órgano colegiado admitió el recurso de revisión interpuesto contra la sentencia de treinta de junio de dos mil veintiuno, en el presente juicio de amparo. Nota de registro de revisión principal. Se toma nota que se registró como recurso de revisión 53/2022; lo anterior hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes. Notifíquese.
- Principal
Se tiene por recibido el oficio 18390/2021 signado por la secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, en el cual informa que en el cuaderno de varios de su índice se dictó un acuerdo el veintiuno de julio del año en curso, del cual se advierte que ordena la remisión del escrito firmado por Héctor Alejandro Cosio Leyva con el que pretende interponer recurso de revisión. Se tiene por recibido el ocurso signado por Héctor Alejandro Cosio Leyva, quejoso; atento a su contenido, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo vigente, interpone recurso de revisión contra la sentencia emitida el treinta de junio de dos mil veintiuno. Distribúyanse las copias de los agravios, quedando a disposición de las partes las que les corresponden, en la secretaría de este Juzgado Federal, en tanto que a la autoridad responsable, remítasele mediante oficio. Una vez que obre el acuse de recibo relativo al oficio dirigido a la autoridad responsable del presente acuerdo, dentro de los tres días siguientes, contados a partir del día siguiente al que se integre debidamente el expediente, remítanse los autos del juicio de amparo 946/2020, el original y copia simple del escrito de agravios, a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Tercer Circuito, para que los envíe al de turno, para la substanciación del recurso que se hace valer. IV. Formación del cuaderno de antecedentes. Fórmese el cuaderno de antecedentes con copias certificadas de las constancias relativas al juicio de amparo en que se actúa. Háganse las anotaciones respectivas en los libros de gobierno y electrónico, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). V. Se comisiona al actuario adscrito. Finalmente, tomando en consideración el contenido de la certificación secretarial de cuenta, en la que se asentó que de un consulta realizada al expediente electrónico dentro del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) se advierte que no se publicó el acuerdo dictado el seis de julio de dos mil veintiuno; por tanto, en aras de la correcta integración del presente juicio de amparo y en obvio de evitar mayores dilaciones, se comisiona al actuario adscrito para que inmediatamente publique el acuerdo referido y una vez publicado integre las constancias al expediente electrónico. Notifíquese; y, personalmente a la tercera interesada Patricia Roxana Chávez Garcian. Se notifica por este medio de lista y conforme a lo ordenado por auto de veintiocho de julio del año en curso, para conocimiento de las partes, el proveído de seis de julio de dos mil veintiuno, el cual dice:Se tiene por recibido el escrito firmado por Patricia Roxana Chávez Gracián por su propio derecho señalada como tercera interesada en el escrito inicial de demanda. En atención al contenido del escrito de referencia, con fundamento en el artículo 5º, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se tiene por apersonada al presente juicio constitucional. Por otro lado, téngase como domicilio procesal el que menciona en su escrito de cuenta. Con fundamento en el numeral 12 de la Ley de Amparo, se tiene como autorizado en amplios términos de la tercera interesada a Adolfo Amarillas Lozano, toda vez que, efectivamente cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales y, autorizados en términos restringidos del artículo referido a los demás que menciona por no contar con dicho registro. Finalmente, en atención a lo que solicita; con fundamento en lo establecido en el artículo 3 de la Ley de Amparo y en lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, bajo su más estricta responsabilidad, se le autoriza la consulta vía electrónica de este juicio de amparo, al usuario: "adolfoamarillas".
- Principal
Notifíquese personalmente.
- Principal
NOTIFICACIÓN POR LISTA DE AVISO: De conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c) en relación con el 29, ambos de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de Abril de dos mil trece, se publica por lista en la página electrónica del Portal de Internet del Poder Judicial de la Federación a la parte QUEJOSA, el contenido de la SENTENCIA DE TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO, mismo que en síntesis dice: S ENT ENCIA Zapopan, Jalisco, treinta de junio de dos mil veintiuno. V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 946/2020, promovido por Héctor Alejandro Cosio Leyva, por derecho propio, contra actos del Juez Primero de lo Civil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco y otras autoridades; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito presentado el veintiuno de agosto de dos mil veinte, y turnada al Juzgado Octavo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, Héctor Alejandro Cosio Leyva, por derecho propio, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por los actos que en él precisó, y señaló como vulnerados los derechos fundamentales previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. Admisión y trámite. El diecinueve de octubre de dos mil veinte, previa prevención cumplida, se admitió a trámite la demanda de protección de derechos fundamentales, misma que se había registrado con el número 946/2020; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; se designó con el carácter de tercera interesada a Patricia Roxana Chávez Gracián, quien fue emplazada el veintinueve de abril de dos mil veintiuno; se dio la intervención que en derecho correspondía al Agente del Ministerio Público de la Federación de su adscripción y señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Ampliación de demanda. Por escrito presentado el veintitrés de noviembre de dos mil veinte, Héctor Alejandro Cosio Leyva, formuló ampliación de demanda, por los actos y autoridad precisados en dicho escrito. Dicha ampliación de demanda, fue admitida en acuerdo de veintitrés de noviembre de dos mil veinte; se requirió a la autoridad responsable, para que en el plazo de quince días rindiera su informe justificado; se corrió traslado a las partes con dicha ampliación. Finalmente, la audiencia constitucional tuvo verificativo al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este juzgado federal resulta competente para resolver el presente juicio, con fundamento en los artículos: 94, 103 y 107 de la Ley Fundamental; 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y estos preceptos vinculados, a su vez, con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal2 y el diverso Acuerdo General 41/2018 del mismo cuerpo colegiado, que reforma y adiciona el similar 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; así´ como al acuerdo 41/2018, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo, entre otras cuestiones, al cambio de denominación y competencia de los Juzgados de Distrito en Materia Civil y los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan; por tratarse de un amparo en materia civil y reclamarse actos de autoridades con domicilio dentro de la jurisdicción de este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. En términos del artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, a efecto de establecer qué es lo reclamado, se precisa que de la lectura integral de la demanda de amparo, así como de las constancias que integran el presente juicio, se advierte que lo es: En el escrito inicial de demanda: De los Jueces Primero al Décimo Tercero de lo Civil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco: ? La orden de emplazamiento y embargo dictada en su contra. En la ampliación de demanda: Del Juez Décimo Primero de lo Civil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco: ? El acuerdo de doce de agosto de dos mil veinte, dictado en el juicio civil sumario de desahucio 351/2020, en el cual se ordenó requerir a la parte demandada, aquí quejoso, para que acreditara estar al corriente en el pago de las rentas vencidas, y de no hacerlo, embargarle bienes de su propiedad suficientes a garantizarlas y practicar el emplazamiento a juicio. ? La orden de lanzamiento. TERCERO. Análisis de la existencia de los actos reclamados. Por razón de método en principio debe analizarse si los actos reclamados en verdad existen, habida cuenta que de no resultar ciertos, devendría innecesario proseguir con el estudio tanto de la procedencia del amparo, como del fondo del asunto, puesto que no habría materia para efectuarlo. Con el objeto de colmar ese examen prioritario (existencia o no de lo impugnado), cabe señalar que las autoridades responsables que enseguida se especifican, rindieron su informe justificado en las fojas que se indican en la siguiente tabla y con la manifestación, respecto a si es verídico o no el actuar que se les atribuye, que en cada caso se precisa:No son ciertos los actos reprochados a los Jueces del Primero al Décimo Tercero de lo Civil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, con excepción del Juez Décimo Primero del mismo ramo y partido, en virtud que al rendir su informe justificado correspondiente, negaron la existencia de los actos que se les reprocharon. Lo mismo ocurre con el acto reclamado al Juez Décimo Primero de lo Civil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, consistente en la orden de lanzamiento reclamada por la parte quejosa en su escrito de ampliación de demanda. Sin que la parte quejosa desvirtuara tales negativas con prueba alguna. Así, en la medida que negaron el acto que se les imputa (orden de emplazamiento, embargo y lanzamiento), hecha excepción del Juez Décimo Primero de lo Civil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, respecto de los actos consistentes en la "orden de emplazamiento y embargo", no es a ellas a quien corresponde expresar razonamiento alguno que justifique esa manifestación, ni allegar alguna prueba que demuestre que lo que se les atribuye es inexistente, sino que, recae sobre la parte quejosa la carga de acreditar que es verídico lo que les reclama. Según se aprecia de la tesis VI.2o.32 K, del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la novena época del Semanario Judicial de la Federación, tomo III, junio de 1996, página 763, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO, NEGATIVA DEL. NO REQUIERE RAZONARSE. La autoridad responsable al negar la existencia del acto que se le atribuye, no necesita justificar o razonar su negativa." Es así, debido a que lo que se les reprocha implica un actuar positivo, ya que se traduce en un hacer y, por tanto, ante la negativa de las susodichas autoridades, la parte solicitante de la tutela federal debe desvirtuarla; sin embargo, del análisis del presente sumario no se advierte que así lo haya hecho. Lo que se corrobora con la jurisprudencia J/308 del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, registro digital: 210769, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Núm. 80, Agosto de 1994, página 77, que dice: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados." En ese orden de ideas, procede sobreseer en el juicio de amparo, respecto de los actos que se reclaman a las referidas autoridades; lo anterior con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. En otro aspecto, son ciertos los actos reclamados al Juez Décimo Primero de lo Civil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, pues así lo reconoció expresamente al rendir su informe de ley. Lo que se corrobora con las constancias certificadas relativas al juicio civil sumario de desahucio 351/2020, del que se aprecia el contenido del acuerdo de doce de agosto de dos mil veinte (fojas 187 y 188), mismo que constituye el acto reclamado en sede constitucional. Medios de convicción que gozan de plena eficacia con base en el precepto 202 del enjuiciamiento civil federal aplicado supletoriamente, de acuerdo con el dispositivo 2°, párrafo segundo, de la legislación de la materia, por tratarse de documentos públicos. CUARTO. Análisis de la procedencia del amparo. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, previo análisis que se haga de los conceptos de violación vertidos por el promovente, el órgano jurisdiccional debe analizar, de oficio, la procedencia del asunto, toda vez que se trata de una cuestión de orden público y de estudio preferente, lo aleguen las partes o no1. En el presente asunto no se advierte la actualización de ninguna causa de improcedencia, ni las partes las hicieron valer, por lo que se procederá al estudio de fondo de este asunto; en consecuencia, no existe imposibilidad para analizar la inconstitucionalidad planteada por la parte quejosa en su demanda de amparo. QUINTO. Análisis de los conceptos de violación. Se tienen por transcritos los conceptos de violación hechos valer, sin que para ello resulte necesaria su transcripción, dado que el artículo 74 de la Ley de Amparo, que establece los requisitos que deben contener las sentencias no lo prevé así, ni existe precepto legal alguno que establezca esa obligación a cargo de este juzgado Federal; además de que no se deja en estado de indefensión a la parte quejosa, pues para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias de amparo, resulta innecesaria su transcripción, siendo que tales principios se satisfacen cuando se precisan los puntos a debate, derivados de la demanda de amparo, los cuales deben ser estudiados y dársele respuesta, misma que debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad y constitucionalidad, hechos valer en el libelo relativo, sin introducir aspectos diversos a los que conforman la litis constitucional. Apoya lo anterior, la jurisprudencia número 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 50/2010, localizable en la página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas Generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer" Para mejor comprensión del asunto, es necesario establecer los antecedentes del acto reclamado, los que se obtienen de las constancias certificadas allegadas por el juez responsable, las cuales fueron objeto de tasación con anterioridad, y que a saber son los siguientes: I. Patricia Roxana Chávez Gracián, en su carácter de albacea testamentaria de la sucesión a bines de Roberto Chávez Gracián, compareció a demandar en la vía civil sumaria a Héctor Alejandro Cosio Leyva, la terminación del contrato de arrendamiento que celebraron, por la desocupación y entrega del inmueble materia de arrendamiento, el pago de la cantidad de $797,567.18 (setecientos noventa y siete mil quinientos sesenta y siete pesos 18/100 moneda nacional), así como diversas prestaciones (folios 176 a 186). II. En auto de doce de agosto de dos mil veinte (fojas 187 y 188), el Juez Décimo Primero de lo Civil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, admitió a trámite la demanda, la radicó bajo expediente 351/2020, y ordenó requerir a la parte demandada para que en el momento de la diligencia acreditara estar al corriente en el pago de las rentas vencidas y reclamadas, y de no hacerlo, embargarle bienes de su propiedad suficientes para garantizarlas y practicar su emplazamiento a juicio. Esta resolución constituye el acto reclamado. Los conceptos de violación contenidos en la demanda de amparo son jurídicamente ineficaces. Previo a demostrar dicho aserto, es menester recordar que el quejoso reclama en esta vía constitucional el auto de doce de agosto de dos mil veinte, dictado en el juicio civil sumario 351/2020, del índice estadístico del Juzgado Décimo Primero de lo Civil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, en el cual se admitió a trámite la demanda y se ordenó requerir a la parte demandada para que en el momento de la diligencia acreditara estar al corriente en el pago de las rentas vencidas y reclamadas, y de no hacerlo, embargarle bienes de su propiedad suficientes para garantizarlas; así como su ejecución. Ahora bien, con el fin de demostrar la ineficacia de los motivos de disenso y atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, se estima oportuno precisar que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 618, 623, 683, 685 y 686 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, los juicios de desocupación se encuentran regidos por un procedimiento sumario, en el cual, cuando se reclame el pago de rentas vencidas con los documentos que justifiquen la celebración del arrendamiento, si lo pide el actor, el juez dictará auto con efectos de cateo, según lo estatuye el artículo 685 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, disponiendo se requiera al demandado para que en el acto de la diligencia, compruebe con los documentos respectivos, estar al corriente en el pago de las rentas, y si no lo hiciera se le embarguen bienes bastantes para cubrir las pensiones y costas reclamadas. Asimismo, en el caso de que el juicio sumario de desocupación proceda, cuando se funda en la falta de pago de pensiones, si en el acto de la diligencia el arrendatario hace entrega del valor de las pensiones reclamadas o justifica con los documentos correspondientes que las tiene pagadas, se asentará razón del hecho, se agregará el comprobante en su caso y se suspenderá la diligencia para dar cuenta al juez. En el primer caso, éste mandará entregar al demandante el valor de las pensiones exhibidas y dará por concluido el juicio sumario de desahucio sin condenación en costas para el arrendatario; en el segundo caso, o cuando al contestar la demanda o en cualquier estado del juicio hasta antes de pronunciarse sentencia se presenten los justificantes de pago, se mandará dar vista de ellos al actor para que, dentro del término de tres días, manifieste, bajo protesta de decir verdad, si acepta o no tales justificantes. Si estuviere conforme, también se dará por concluido el juicio sumario de desahucio con condenación en costas para él y, en caso contrario, continuará el procedimiento por sus demás trámites sin perjuicio de las acciones penales que procedan. De lo anterior, se evidencia que cuando la demanda del juicio sumario de desocupación se funda en la falta de pago de rentas, con los documentos que justifiquen la celebración del arrendamiento, ello conlleva la petición del actor de que se dicte auto con efectos de cateo disponiendo se requiera al demandado para que en el acto de la diligencia, compruebe con los documentos respectivos, estar al corriente en el pago de las rentas, y si no lo hiciera se le embarguen bienes bastantes para cubrir las pensiones reclamadas. Los artículos 618, 623, 683, 685 y 686 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, son del tenor siguiente: "ARTÍCULO 618.- Se tramitarán como juicios sumarios: I. Los que versen sobre pago o aseguración de alimentos; II. Los que versen sobre cualquier cuestión relativa a los contratos de hipoteca, depósito, comodato, aparcería, transportes, hospedaje y los que tengan por objeto el cumplimiento de las obligaciones establecidas por la ley o por las partes en el arrendamiento; III. La rendición de cuentas por tutores, administradores y por todas aquellas personas a quienes la ley o el contrato impongan esa obligación; IV. Los interdictos; V. La división de cosa común y las diferencias que entre los copropietarios surgieren en la administración, disfrute y en todo lo relativo a la cosa común; y VI. Los relacionados con la patria potestad, guarda y custodia, visitas y convivencia cuando éstos no sean accesorios del divorcio y se ventilen de manera autónoma; y VII. Los demás en que así lo determine la ley." "ARTÍCULO 623.- El actor deberá acompañar a su escrito inicial de demanda, los documentos tendientes a la justificación de su acción y ofrecer los medios de convicción que considere oportunos. De la misma manera, al momento de la contestación de la demanda, la contraparte deberá aportar los medios de convicción pertinentes." "ARTÍCULO 683.- El juicio sumario por desocupación procede, cuando se funda: I.- En el vencimiento del término estipulado en el contrato; II.- En el cumplimiento del plazo que fija el Código Civil para la terminación del arrendamiento por tiempo indefinido; III.- En la falta de pago de pensiones; IV.- En caso de muerte del usufructuario; V.- En caso de muerte del comodatario o cuando así lo solicite el comodante si no está determinado el uso o plazo del préstamo." "ARTÍCULO 685.- Recibida la demanda en la que se reclame el pago de rentas vencidas con los documentos que justifiquen la celebración del arrendamiento, si lo pide el actor, el juez dictará auto con efectos de cateo disponiendo se requiera al demandado para que en el acto de la diligencia, compruebe con los documentos respectivos, estar al corriente en el pago de las rentas, y si no lo hiciera se le embarguen bienes bastantes para cubrir las pensiones y costas reclamadas y acto continuo se le emplazará para que en el término de cinco días dé contestación a la demanda. En los casos a que se refieren las fracciones I y II del artículo 683 de este Código, y siempre que exista contrato por escrito, el juez ordenará, a petición del actor, se requiera al arrendatario, a efecto de que acredite la legal ocupación del inmueble, prevenido que de no hacerlo, tendrá un plazo de sesenta días naturales para desocupar totalmente y entregar el inmueble, apercibiéndolo que de no realizarlas en el plazo concedido, se procederá al lanzamiento a su costa. La medida contenida en el párrafo anterior sólo podrá decretarse si el actor otorga garantía bastante para asegurar el pago de los daños y perjuicios que se pudieran ocasionar con la adopción de esta providencia. Cuando el arrendamiento se hubiere cumplido voluntariamente sin otorgarse el documento respectivo, o éste se hubiere perdido, previamente se justificará la existencia del contrato por cual quiera de los medios de prueba que autoriza este Código, el juez procederá como se previene en los párrafos anteriores." "ARTÍCULO 686.- En el caso previsto por la fracción III del artículo 683, si en el acto de la diligencia el arrendatario hace entrega del valor de las pensiones reclamadas o justifica con los documentos correspondientes que las tiene pagadas, se asentará razón del hecho, se agregará el comprobante en su caso y se suspenderá la diligencia para dar cuenta al juez. En el primer caso, éste mandará entregar al demandante el valor de las pensiones exhibidas y dará por concluido el juicio sumario de desahucio sin condenación en costas para el arrendatario; en el segundo caso, o cuando al contestar la demanda o en cualquier estado del juicio hasta antes de pronunciarse sentencia se presenten los justificantes de pago, se mandará dar vista de ellos al actor para que, dentro del término de tres días, manifieste, bajo protesta de decir verdad, si acepta o no tales justificantes. Si estuviere conforme, también se dará por concluido el juicio sumario de desahucio con condenación en costas para él y, en caso contrario, continuará el procedimiento por sus demás trámites sin perjuicio de las acciones penales que procedan. Si antes de la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos, el demandado exhibe el importe de las pensiones debidas, el juez dará por terminado el negocio sin condenación a costas. Si la exhibición del importe se realiza con posterioridad, el juez también dará por terminado el negocio, pero impondrá al arrendatario la condenación en costas, a menos que juntamente con la rescisión del contrato, se hubiere demandado la desocupación del inmueble por otra diversa causal, en cuyo caso continuará el procedimiento." Así pues, de lo antes expuesto se obtiene que la emisión del auto con efectos de cateo, disponiendo se requiera al demandado para que en el acto de la diligencia, compruebe con los documentos respectivos, estar al corriente en el pago de las rentas, y si no lo hiciera se le embarguen bienes bastantes para cubrir las pensiones reclamadas, deriva que se justifique la celebración del contrato de arrendamiento y se funde en la falta de pago de pensiones, es decir, del examen que haga el Juez del contrato de arrendamiento fundatorio de la acción y que se encuentre comprendido en la enumeración de los artículos 683 fracción III y 685 del enjuiciamiento civil del Estado de Jalisco; esto es, implica la comprobación por parte del juzgador del cumplimiento de los requisitos para disponer la intimación de pago al deudor y, en su defecto, el embargo de sus bienes, si lo pide el actor. Apuntado lo previo, debe decirse que la inoperancia de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, estriba en el hecho de que los mismos no se encuentran encaminados a demostrar la ilegalidad del acto reclamado, pues para tal efecto estaba obligada a desvirtuar que en el caso resultaba improcedente dictar el auto con efectos de cateo disponiendo requerir a la parte demandada para que en el acto de la diligencia, comprobara con los documentos respectivos, estar al corriente en el pago de las rentas, y si no lo hiciera se le embargaran bienes bastantes para cubrir las pensiones reclamadas, ante la petición de la actora. En efecto, del análisis de las constancias que integran el juicio de origen, se advierte que el Juez responsable emitió el auto reclamado de doce de agosto de dos mil veinte, con fundamento, entre otros, en los artículos 618, 620, 621, 622, 623, 624 y 685 de la ley adjetiva civil del Estado de Jalisco, al estimar que resultaba procedente la vía civil sumaria intentada; esto es, previa corroboración de que en el caso se estaba ante la presencia de una demanda en la que se reclama el pago de rentas vencidas justificando la celebración del contrato de arrendamiento fundatorio de la acción, por lo que la autoridad determinó oportuno admitir la demanda de origen. Asimismo, "en atención a que lo pidió la actora", ordenó el emplazamiento, así como requerir al demandado, aquí quejoso, para que acreditara estar al corriente en el pago de las rentas vencidas y reclamadas, y de no hacerlo, embargarles bienes de su propiedad suficientes a garantizarlas, así como que se les emplazara al juicio natural. Sin embargo, de la lectura integral de la demanda de amparo en estudio, no se advierte motivo de disenso alguno tendente a evidenciar que, en el caso concreto, resultaba improcedente que el juez responsable dictara el auto con efectos de cateo disponiendo requerir a la parte demandada para que en el acto de la diligencia, comprobara con los documentos respectivos, estar al corriente en el pago de las rentas, y si no lo hiciera se le embargaran bienes bastantes para cubrir las pensiones reclamadas, porque lo pidió la actora, es decir, que no procedía decretar la citada medida ante la solicitud de la interesada. Contrario a ello, el peticionario del amparo se limita a señalar que la autoridad responsable vulnera en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 y 16 de la Carta Magna, porque el acuerdo reclamado constituye un acto de molestia a su persona, debido a que se embargarán bienes de su propiedad por una suma que no adeuda, sin observarse las formalidades del procedimiento y como apoyo de su aserto, cita diversos criterios referentes al tema de las formalidades del emplazamiento. No obstante, dichas manifestaciones constituyen meras aseveraciones sin sustento, traducidas en afirmaciones dogmáticas que no llegan a constituir razonamiento alguno que permita el estudio de constitucionalidad del acto reclamado, siendo que, para ello, era menester que el quejoso argumentara por qué resultaba improcedente que el juez responsable dictara el auto al que se refiere el artículo 685 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, en los términos que lo pidió la actora. Lo anterior, para así estar en aptitud de pronunciarse respecto a la constitucionalidad o no de tal acto impugnado, ya que es precisamente a la parte quejosa a quien corresponde exponer de forma razonada por qué la determinación de la autoridad responsable deviene transgresora de derechos fundamentales, pues en el caso concreto no opera la suplencia de la queja que prevé el artículo 79 de la Ley de Amparo. Sustento lo antes expuesto, el criterio establecido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 81/2002, de la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVI, diciembre de 2002, página 61, la cual es del siguiente tenor: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO. El hecho de que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya establecido en su jurisprudencia que para que proceda el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental, pero ello de manera alguna implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde (salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja) exponer razonadamente el porqué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren. Lo anterior se corrobora con el criterio sustentado por este Alto Tribunal en el sentido de que resultan inoperantes aquellos argumentos que no atacan los fundamentos del acto o resolución que con ellos pretende combatirse.". Pensar o contrario, como lo pretende el quejoso, implicaría desconocer el procedimiento regulado por el legislador jalisciense para este tipo de controversias "juicios de desocupación", en los que se busca la celeridad, al estar incluidos dentro del capitulo de los juicio sumarios, pues de otra manera la parte actora tendría que esperar hasta que obtuviera una sentencia definitiva, para en su caso, obtener el pago de las rentas adeudadas y, como consecuencia, la restitución del bien que otorgó en arrendamiento. Por otra parte, es inoperante que deba aplicarse el principio "pro persona" en beneficio del quejoso. Es así, porque aplicar dicho principio, se requiere además de pedir la aplicación del principio o impugnar su falta de aplicación por la autoridad responsable, señalar cuál es el derecho humano o fundamental cuya maximización se pretende; indicar la norma cuya aplicación debe preferirse o la interpretación que resulta más favorable hacia el derecho fundamental; y, precisar los motivos para preferirlos en lugar de otras normas o interpretaciones posibles, lo que en la especie no acontece. Aplica la tesis 1a. CCCXXVII/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Época: Décima Época. Registro: 2007561, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 11, Octubre de 2014, Tomo I. Materia(s): Constitucional, Común. Tesis: 1a. CCCXXVII/2014 (10a.). Página: 613, que dice: "PRINCIPIO PRO PERSONA. REQUISITOS MÍNIMOS PARA QUE SE ATIENDA EL FONDO DE LA SOLICITUD DE SU APLICACIÓN, O LA IMPUGNACIÓN DE SU OMISIÓN POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE. El artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos impone a las autoridades el deber de aplicar el principio pro persona como un criterio de interpretación de las normas relativas a derechos humanos, el cual busca maximizar su vigencia y respeto, para optar por la aplicación o interpretación de la norma que los favorezca en mayor medida, o bien, que implique menores restricciones a su ejercicio. Así, como deber, se entiende que dicho principio es aplicable de oficio, cuando el Juez o tribunal considere necesario acudir a este criterio interpretativo para resolver los casos puestos a su consideración, pero también es factible que el quejoso en un juicio de amparo se inconforme con su falta de aplicación, o bien, solicite al órgano jurisdiccional llevar a cabo tal ejercicio interpretativo, y esta petición, para ser atendida de fondo, requiere del cumplimiento de una carga mínima; por lo que, tomando en cuenta la regla de expresar con claridad lo pedido y la causa de pedir, así como los conceptos de violación que causa el acto reclamado, es necesario que la solicitud para aplicar el principio citado o la impugnación de no haberse realizado por la autoridad responsable, dirigida al tribunal de amparo, reúna los siguientes requisitos mínimos: a) pedir la aplicación del principio o impugnar su falta de aplicación por la autoridad responsable; b) señalar cuál es el derecho humano o fundamental cuya maximización se pretende; c) indicar la norma cuya aplicación debe preferirse o la interpretación que resulta más favorable hacia el derecho fundamental; y, d) precisar los motivos para preferirlos en lugar de otras normas o interpretaciones posibles. En ese sentido, con el primer requisito se evita toda duda o incertidumbre sobre lo que se pretende del tribunal; el segundo obedece al objeto del principio pro persona, pues para realizarlo debe conocerse cuál es el derecho humano que se busca maximizar, aunado a que, como el juicio de amparo es un medio de control de constitucionalidad, es necesario que el quejoso indique cuál es la parte del parámetro de control de regularidad constitucional que está siendo afectada; finalmente, el tercero y el cuarto requisitos cumplen la función de esclarecer al tribunal cuál es la disyuntiva de elección entre dos o más normas o interpretaciones, y los motivos para estimar que la propuesta por el quejoso es de mayor protección al derecho fundamental. De ahí que con tales elementos, el órgano jurisdiccional de amparo podrá estar en condiciones de establecer si la aplicación del principio referido, propuesta por el quejoso, es viable o no en el caso particular del conocimiento." Resta decir que no se realizará mayor pronunciamiento en relación con los alegatos propuestos, pues atento a lo dispuesto por los artículos 108, 115 y 117 de la Ley de Amparo, sólo los planteamientos formulados en los conceptos de violación contenidos en la demanda constitucional y los aducidos en el informe con justificación pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional. Ello, en virtud de que dada la naturaleza de los alegatos, éstos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que tengan la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, motivo por el cual no constituye una obligación pronunciarse sobre los referidos razonamientos expresados en esos alegatos. Sin que esto implique que no se hubieran analizado y considerado, sino sólo que no hay obligación de darles respuesta en la sentencia, lo anterior en términos de la jurisprudencia número P./J. 27/94, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 14, del mes de agosto de 1994, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO". En las relatadas condiciones, ante la ineficacia de los conceptos de violación hechos valer, y al no advertir deficiencia de la queja que suplir en favor de la parte quejosa, lo que procede es negar el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados. Por lo expuesto y fundado SE RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Héctor Alejandro Cosio Leyva, respecto de los actos y autoridades que precisados quedaron en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Héctor Alejandro Cosio Leyva, contra los actos reclamados al Juez Décimo Primero de lo Civil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, conforme a las razones expuestas en el considerando quinto de la presente sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Rogelio Alberto Ayala Gutiérrez, Juez Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y del Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, ante Juan Alberto Ramírez Díaz, secretario que autoriza y da fe, hasta el día de hoy treinta de junio de dos mil veintiuno, en que las labores del juzgado lo permitieron. Conste."
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