Hector Alberto Payan Leyva
Expediente 339/2015 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 17 actuaciones registradas, la última del 23 de octubre de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 339/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 23/10/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Hector Alberto Payan Leyva
- LUIS FERNANDO VALENZUELA TALAVERA y Otros.
- HECTOR ALBERTO PAYAN LEYVA y Otros.
- Luis Fernando Valenzuela Talavera
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintitrés de octubre de dos mil quince. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, en contra de la resolución de treinta de septiembre del año en curso, en la cual se negó el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo en vigor, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de depuración según lo dispuesto por la fracción IV del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 8, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. El asunto no tiene información clasificada como reservada según los artículos 13 y 14 del ordenamiento legal invocado. Y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en los numerales 18 y 19 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Luego, según lo dispuesto por el segundo párrafo de la fracción III del numeral antes invocado del Acuerdo General Conjunto en cita, en cuanto al original del incidente de suspensión es susceptible de depuración por haberse concedido la suspensión provisional y definitiva, por lo que deberán conservarse las constancias relativas a su otorgamiento; en cuanto al duplicado del incidente, de conformidad con la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo, transcurridos seis meses destrúyase Notifíquese. Lo proveyó y firma la Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, Encargada del Despacho en términos de lo dispuesto por el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, licenciada ***************, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ***************. Doy fe.
- Principal
VISTA LA RAZÓN DEL ACTUARIO JUDICIAL, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA POR MEDIO DE LISTA, EL PROVEÍDO DE VEINTITRÉS DE OCTUBRE DE DOS MIL QUINCE, EL CUAL A LA LETRA DICE: VISTA LA CERTIFICACIÓN DE CUENTA Y TODA VEZ QUE HA TRANSCURRIDO EL TÉRMINO DE DIEZ DÍAS QUE LA LEY ESTABLECE PARA QUE LAS PARTES EN EL PRESENTE JUICIO INTERPUSIERAN RECURSO DE REVISIÓN, EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN DE TREINTA DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, EN LA CUAL SE NEGÓ EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO, SIN QUE SE HAYA PRESENTADO PROMOCIÓN ALGUNA AL RESPECTO; POR TANTO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 81, FRACCIÓN I, INCISO E) DE LA LEY DE AMPARO EN VIGOR, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO ESTADO PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES PROCEDENTES. POR OTRA PARTE, DE LA CERTIFICACIÓN DE CUENTA SE ADVIERTE QUE NO EXISTE ACTUACIÓN ALGUNA QUE PRACTICAR NI PROMOCIÓN PENDIENTE POR ACORDAR, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 196 DE LA LEY DE AMPARO, REMÍTASE LA PIEZA DE AUTOS EN QUE SE ACTÚA AL ARCHIVO DE ESTE JUZGADO FEDERAL PARA SU GUARDA Y CUSTODIA. LUEGO, ATENTO A LA CUENTA SECRETARIAL, SE CALIFICA EL JUICIO DE AMPARO COMO SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN SEGÚN LO DISPUESTO POR LA FRACCIÓN IV DEL NUMERAL VIGÉSIMO PRIMERO DEL ACUERDO GENERAL CONJUNTO 1/2009, DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE, EMITIDO POR LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA TRANSFERENCIA, DIGITALIZACIÓN, DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE LOS EXPEDIENTES GENERADOS EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO. ENTONCES, UNA VEZ QUE TRANSCURRAN TRES AÑOS TRANSFIÉRASE A LA DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN Y ANÁLISIS, ARCHIVO Y COMPILACIÓN DE LEYES DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, TAL COMO LO DISPONE EL NUMERAL DÉCIMO OCTAVO DEL ACUERDO GENERAL EN COMENTO. EN ATENCIÓN A LA CERTIFICACIÓN, ESTE JUZGADOR CALIFICA LA INFORMACIÓN DEL EXPEDIENTE COMO PÚBLICA, PUES SE TRATA DE UN ASUNTO CONCLUIDO, EN EL QUE LAS PARTES NO SE OPUSIERON A LA PUBLICACIÓN DE SUS DATOS PERSONALES TAL COMO SE INDICA EN EL ARTÍCULO 8, DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. EL ASUNTO NO TIENE INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO RESERVADA SEGÚN LOS ARTÍCULOS 13 Y 14 DEL ORDENAMIENTO LEGAL INVOCADO. Y, LAS PARTES NO ENTREGARON INFORMACIÓN CON CARÁCTER DE CONFIDENCIAL DE LA QUE SE DETALLA EN LOS NUMERALES 18 Y 19 DE LA LEGISLACIÓN EN COMENTO. ADEMÁS, EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO CONSTITUYE ARCHIVO RECIENTE, CARECE DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, TIENE VALOR JURÍDICO Y NO OBRAN DOCUMENTOS ORIGINALES, EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS NOVENO, DÉCIMO Y DÉCIMO PRIMERO DEL ACUERDO GENERAL CONJUNTO 1/2009, ANTES CITADO. LUEGO, SEGÚN LO DISPUESTO POR EL SEGUNDO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN III DEL NUMERAL ANTES INVOCADO DEL ACUERDO GENERAL CONJUNTO EN CITA, EN CUANTO AL ORIGINAL DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN POR HABERSE CONCEDIDO LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL Y DEFINITIVA, POR LO QUE DEBERÁN CONSERVARSE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS A SU OTORGAMIENTO; EN CUANTO AL DUPLICADO DEL INCIDENTE, DE CONFORMIDAD CON LA FRACCIÓN III DEL PUNTO VIGÉSIMO DEL CITADO ACUERDO, TRANSCURRIDOS SEIS MESES DESTRÚYASE NOTIFÍQUESE. LO PROVEYÓ Y FIRMA LA SECRETARIA DEL JUZGADO SÉPTIMO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA, CON RESIDENCIA EN CIUDAD JUÁREZ, ENCARGADA DEL DESPACHO EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 43 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, LICENCIADA ***************, ANTE LA SECRETARIA DEL JUZGADO QUE AUTORIZA Y DA FE, LICENCIADA ***************. DOY FE.
- Principal
Vista la razón del actuario se hace efectivo el apercibimiento y se ordena notificar por medio de lista a la parte quejosa de la sentencia de fecha treinta de septiembre de dos mil quince que dice: SENTENCIA Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 339/2015-III, promovido por Héctor Alberto Payán Leyva y Luis Fernando Valenzuela Talavera; y RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Por escrito presentado el cuatro de mayo de dos mil quince, ante la oficina de correspondencia común a los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, remitido a este juzgado por razón de turno al día seis siguiente, Héctor Alberto Payán Leyva y Luis Fernando Valenzuela Talavera solicitaron el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Juez de Garantía del Distrito Judicial Bravos, Fiscal Especializado en Investigación y Persecución del Delito, Zona Norte, Agente del Ministerio Público Adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Vida y Director del Centro de Reinserción Social para Adultos Estatal Número Tres (en sus denominaciones correctas), residentes en esta ciudad, de quienes reclamó el auto de vinculación a proceso dictado el diez de abril de dos mil quince, en la causa penal 704/2015 y su ejecución. SEGUNDO. Derechos constitucionales reclamados. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 14, 16 y 20, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite dado a la demanda de amparo. Mediante proveído de siete de mayo de dos mil quince, se admitió a trámite la demanda y quedó registrada como 339/2015-III; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito se le dio la intervención legal que le compete; se emplazó a la parte tercero interesada, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Seguido el trámite del juicio, se desahogó la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede, quedando los autos en estado de resolución. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, pues se trata de un acto en materia penal, que tiene ejecución en el territorio en el que este juzgador ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, se procede a realizar la fijación de los actos reclamados, por lo que, del análisis de la demanda de amparo así como de las constancias que informan el juicio, se desprende que los actos que se reclaman lo constituyen: Del Juez de Garantía del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, el auto de vinculación a proceso dictado el diez de abril de dos mil quince, en la causa penal 704/2015. Del Fiscal Especializado en Investigación y Persecución del Delito, Zona Norte; así como de la Agente del Ministerio Público Adscrita a la Unidad Especializada de Investigación de Delitos contra la Vida, la falta de objetividad y lealtad en el procedimiento, al no incorporar algunos antecedentes de investigación. Del Director del Centro de Reinserción Social Estatal Número Tres en Ciudad Juárez, Chihuahua, la ejecución del auto de vinculación a proceso dictado el diez de abril de dos mil quince, en la causa penal 704/2015. Para la fijación del acto, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XIX, abril de 2004, página 255, del rubro: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Inexistencia del acto de ejecución reclamado. Al rendir su informe con justificación, el Fiscal Especializado en Investigación y Persecución del Delito, Zona Norte; así como de la Agente del Ministerio Público Adscrita a la Unidad Especializada de Investigación de Delitos contra la Vida, negaron los actos que les atribuyeron. La parte quejosa no exhibió prueba para acreditar la falta de objetividad y lealtad en el procedimiento penal por parte de tales autoridades, así como la falta de incorporación de algunos antecedentes de investigación, pues si bien dijo en su demanda de amparo que para tal efecto ofrecería la prueba testimonial en la audiencia constitucional; sin embargo, de las constancias del presente juicio de amparo no se advierte prueba alguna al respecto; en tal tesitura, se impone sobreseer en el presente juicio respecto de los aludidos actos reclamados, de conformidad con lo que dispone el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente, que establece: Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (...) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 310, visible en la página 209, Tomo VI, materia común del Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyo rubro y texto citan: INFORME JUSTIFICADO, NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. Por otra parte, la autoridad responsable Director del Centro de Reinserción Social Estatal Número Tres en Ciudad Juárez, Chihuahua, al rendir su informe justificado (foja 18 de autos), aceptó la existencia del acto que se le atribuye que consiste en la ejecución del auto de vinculación reclamado; sin embargo, debe tenerse como inexistente, pues en el sistema acusatorio, el auto de vinculación es, en estricto sentido, la decisión judicial de continuar con la etapa de investigación en su parte formalizada; es decir, el juez autoriza continuar con el proceso, pero esta decisión no implica una segunda consecuencia, como sucedía con el auto de formal prisión, pues éste tenía como secuela continuar con el proceso y traía aparejada, en la mayoría de los casos, la prisión preventiva; en tanto, en el sistema acusatorio, la prisión preventiva resulta una decisión separada de la vinculación a proceso, pues ella se decide a través de diversa determinación -medidas cautelares-, acto que no fue reclamado en el presente juicio. Bajo este contexto, se colige que el auto de vinculación solo implica la autorización de continuar con el proceso pero de forma judicializada, lo cual trae consigo dos efectos: a) pleno acceso al imputado a la investigación; y, b) que se establezca un periodo para cerrar la investigación. Así de lo anteriormente expuesto se puede concluir que al Director del Centro de Reinserción Social Estatal Número Tres en Ciudad Juárez, Chihuahua, que fue señalado como autoridad responsable en el presente juicio de amparo, no le corresponde dar cumplimiento al auto de vinculación que se reclama. CUARTO. Existencia de los actos reclamados. El Juez de Garantía del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta localidad, al rendir informe justificado aceptó haber emitido el auto de vinculación a proceso de diez de abril de dos mil quince, en la causa penal 704/2015. Para corroborar lo anterior, el juzgador responsable remitió fotocopia autorizada del auto de vinculación a proceso dictado en la causa penal 704/2015, así como registro de audio y video de las audiencias de nombramiento de defensor en audiencia, control de detención, formulación de imputación, control de medidas cautelares, así como de la audiencia de vinculación a proceso, desahogo de pruebas ofrecidas en duplicidad y plazo para cierre de investigación llevadas a cabo el siete y diez de abril de dos mil quince, probanzas a las cuales se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo según su numeral 2°. En apoyo a lo anterior es aplicable la jurisprudencia 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 2000, quinta época, tomo VI, Materia Común, página 231, del siguiente tenor: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. QUINTO. Procedencia. Las partes legitimadas en este juicio de amparo no alegan causas de improcedencia que deban ser analizada, ni este juzgador advierte que se actualicen; por tanto, se procede al análisis de los conceptos de violación que expresa la parte quejosa, los cuales no se transcribirán en obvio de innecesarias repeticiones, sin que dicha circunstancia la deje en estado de indefensión, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, su ilegalidad. Consideración que se sustenta en la jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830 del tomo XXXI, de mayo de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, materia común, del rubro y texto siguientes: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. SEXTO. Examen constitucional del acto reclamado consistente en el auto de vinculación a proceso. Los conceptos de violación hechos valer son infundados. Cabe precisar que el análisis de la constitucionalidad del auto de vinculación que por esta vía se reclama, se realizará a la luz del artículo 19 constitucional, del que se deduce que los requisitos que deben reunirse para emitir un auto de vinculación a proceso son la expresión de: 1. El delito que se impute al acusado; 2. El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución de aquél; 3. Los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Solamente mediante el cumplimiento de estos requisitos se podrá justificar la detención con un auto de vinculación a proceso. Por su parte el artículo 280, del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, para el mismo efecto precisa, además de los anteriores requisitos, los siguientes: A. Que se haya formulado imputación; B. Que se haya tomado declaración preparatoria o se encuentre asentado el deseo del imputado de negarse a declarar; C. De la investigación se desprendan los datos que establezcan: C.1. Que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y C.2. La probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión; y finalmente, D. Que no esté demostrada a favor del inculpado alguna causa que extinga la acción penal o excluyente de incriminación. Es aplicable al caso, la jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/26 (9a.) que el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, publicó en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, décima época, Libro V, febrero de 2012, página 1940, materia penal, de rubro y texto: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ELEMENTOS DE FORMA Y FONDO QUE DEBE CONTENER DE ACUERDO CON LOS ARTÍCULOS 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 280 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). En términos de los artículos 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 280 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, el auto de vinculación a proceso debe contener los siguientes elementos de forma: primero, que se haya formulado imputación, según el caso, esto es, que exista el comunicado del Ministerio Público en presencia del Juez, en el sentido de que desarrolla una investigación en contra del imputado respecto de uno o más hechos determinados, en un plazo que no exceda de ocho días, cuando obren datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito; exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión y considere oportuno formalizar el procedimiento por medio de la intervención judicial; segundo, que el imputado haya rendido su declaración preparatoria o manifestado su deseo de no declarar, en el entendido de que, en la audiencia correspondiente, después de haber verificado el Juez que el imputado conoce sus derechos fundamentales dentro del proceso penal o, en su caso, después de habérselos dado a conocer, deberá ofrecerse la palabra al Ministerio Público para que exponga verbalmente el delito que se le imputare, la fecha, el lugar y el modo de su comisión, el grado de intervención que se atribuye al imputado, así como el nombre de su acusador; tercero, únicamente podrá dictarse por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, pero el Juez puede otorgarles una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público y, cuarto, que se establezca el lugar, el tiempo y la circunstancia de ejecución de tales hechos. Elementos de fondo: que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente, se adviertan datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, y no se encuentre demostrada, más allá de toda duda razonable, una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación, es decir, que no existan elementos objetivos perceptibles y verificables, dentro de la carpeta de investigación, que demuestren alguno de esos extremos. Cabe precisar que en esta clase de actos también pueden transgredirse derechos distintos a los consagrados en el artículo 19 constitucional, en virtud de que, si bien, dicho precepto contiene los requisitos de forma y fondo que un mandato de tal naturaleza debe contener, ello no significa que para su emisión sólo deba cumplirse con lo previsto en dicho artículo. Ello es así, pues el mencionado acto debe reunir, además de los requisitos citados, todas aquellas exigencias y condiciones contenidas en los principios de seguridad jurídica que consagra la Ley Suprema de nuestro país, entre otras: a) que en el dictado de dicha resolución se cumplan las formalidades esenciales que regulan el procedimiento; b) que se respeten los principios rectores sobre valoración de pruebas; y c) que se encuentre debidamente fundada y motivada; derechos que ante la imposibilidad material de encontrarse contenidos en un sólo cardinal, deben ser aplicados armónicamente, a fin de dar certidumbre y protección al gobernado. Apoya lo anterior, por identidad de razón, la tesis aislada XIII.P.A.30 P, que sustentó el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXXIII, de abril de 2001, materia constitucional, página 1228, del tenor siguiente: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EN SU DICTADO PUEDEN VIOLARSE DERECHOS PÚBLICOS SUBJETIVOS DISTINTOS A LOS CONSAGRADOS EN EL ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008 (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE OAXACA). El hecho de que el citado precepto constitucional establezca los requisitos de fondo y forma que todo auto de vinculación a proceso puede contener, no significa que para su dictado sólo deba cumplirse con dicho artículo. Ello es así, pues para que la afectación que sufre el gobernado en sus intereses, con motivo de ese acto de autoridad, pueda considerarse como válida, debe reunir, además de los mencionados requisitos, todas aquellas exigencias y condiciones contenidas en las garantías de seguridad jurídica consagradas en la Carta Magna, entre otras, que dicho auto conste por escrito, proceda de una autoridad judicial y se encuentre fundado y motivado; garantías que ante la imposibilidad material de encontrarse contenidas en un solo artículo, deben ser aplicadas armónicamente, a fin de dar certidumbre y protección al particular. En tal virtud se concluye que en el dictado del auto de vinculación a que se refiere el título octavo, Etapas del proceso, capítulo I, Etapa preliminar, sección 8, Vinculación del imputado a proceso, del Código Procesal Penal para el Estado de Oaxaca, pueden violarse derechos públicos subjetivos diversos a los que consagra el aludido precepto constitucional, lo que dependerá de que las autoridades cumplan o no con todas y cada una de las referidas garantías. Dicho lo anterior, en el cometido de tener o no por cumplidos los requisitos que debe contener un auto de vinculación a proceso y que ya fueron señalados con antelación, se establece lo siguiente: A. Formulación de la imputación. El siete de abril de dos mil quince, con fundamento en los artículos 274, 275 y 277 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, el agente Ministerio Público formuló imputación en contra de los accionantes del amparo. B. Rendición de la declaración preparatoria del imputado o que se encuentre asentado su deseo de negarse a declarar. En la audiencia de ley, Héctor Alberto Payán Leyva y Luis Fernando Valenzuela Talavera se reservaron su derecho de rendir declaración preparatoria respecto de los hechos que se les imputaron. C. De la investigación se desprendan los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. C.1. HECHO QUE LA LEY SEÑALE COMO DELITO. La autoridad responsable encuadró los hechos delictivos que se les atribuyen en el delito de homicidio calificado que estimó se encuentra previsto y sancionado en los artículos 123, 124, 127, primer párrafo y 136, fracción II, inciso b) y fracción VI, del Código Penal del Estado; y de robo calificado, que consideró se ubicaba en los numerales 208, fracción I y 211, fracción VI, de la codificación penal de la entidad, respectivamente, en agravio del masculino no identificado número 137/2015, en relación con la causa 704/15. C. 2. 1. ANÁLISIS DE LA EXISTENCIA DE HECHOS QUE EL JUEZ RESPONSABLE CONSIDERÓ CONSTITUTIVOS DEL DELITO DE HOMICIDIO CALIFICADO. Los artículos de la legislación que, a consideración del juzgador, prevén el delito de homicidio calificado, enunciado, son: 123. A quien prive de la vida a otra persona, se le impondrá de ocho a veinte años de prisión. Se entenderá la pérdida de la vida en los términos de la Ley General de Salud. 124. Se tendrá como mortal una lesión, cuando la muerte se deba a las alteraciones causadas por la lesión en el órgano u órganos interesados, alguna de sus consecuencias inmediatas o alguna complicación determinada inevitablemente por la misma lesión. 127. A quien cometa homicidio calificado, en los términos de las fracciones I, II, III, IV, VI o VII del artículo 136 de este Código, se le impondrá prisión de veinte a cincuenta años. A quien cometa homicidio calificado en los términos de las fracciones V, VIII, IX o X del artículo 136 de este Código, se le impondrá prisión de cincuenta a setenta años o prisión vitalicia. [.] 136. El homicidio y las lesiones son calificadas cuando se cometan con: premeditación, ventaja, traición, alevosía, retribución, por el medio empleado, saña o en perjuicio de servidores públicos que se encarguen de la administración o procuración de justicia, o de periodistas; así mismo, en los supuestos de la fracción X del presente artículo: [.] II. Existe ventaja: [.] b) Cuando es superior por las armas que emplea, por su mayor destreza en el manejo de ellas o por el número de los que intervengan con él; [.] VI. Por el medio empleado: Se causen por inundación, incendio, explosivos, o bien por envenenamiento, asfixia, tormento o por medio de cualquier otra sustancia nociva para la salud. [.] El natural indicó que los hechos imputados a los quejosos consisten en: que el veintinueve de marzo de dos mil quince, entre las dos y ocho horas de ese día, los aquí procesados, en el interior de la habitación 232 del Hotel Correo, ubicado en la calle Lerdo 250, de la colonia Centro, participaron de manera coactiva en los hechos que devinieron en el cese de la vida del masculino no identificado marcado con el número 137/2015. Hechos que, como lo indicó la representación social, el juzgador consideró de consumación instantánea, forma comisiva dolosa, atribuyéndoles un grado de intervención en calidad de coautores materiales o directos, respectivamente, en términos de los artículos 17 fracción I, 18 fracción I, y 21 fracción III, del Código Penal del Estado de Chihuahua. Para la emisión del auto de vinculación el juez de garantía tomó en cuenta tanto los datos de investigación expuestos por la fiscal, así como las manifestaciones que en vía de alegatos expuso el defensor de los imputados, los que valoró y ponderó conforme al artículo 20, apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como a los numerales 20 y 333 todos del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua. Posteriormente, el juez dijo que el artículo 123 del Código Penal del Estado de Chihuahua establece que comete el delito de homicidio la persona que priva de la vida a otra y que de dicho delito se desprenden como elementos constitutivos: 1. La vida humana previamente constituida; y 2. La cesación de la misma por causas ajenas a la propia víctima. Refirió el juez que la preexistencia de la vida de quien hasta ese momento se identifica como masculino número 137/2015, con número de sistema de ingreso y egreso de cadáveres 338/2015, se acredita con los siguientes antecedentes de investigación: a. La información recabada por elementos oficiales, esto es, por el agente investigador quien expone que del parte policial elaborado por el Agente Aldo Erick Beltrán Soto se advierte que éste se constituyó el veintinueve de marzo de dos mil quince, en la calle Lerdo, número 250, instalaciones que ocupa el Hotel Correo y ahí se percató que en la habitación 232 se encontraba una persona envuelta en sábanas, procedió a fijar la escena criminal y posteriormente el cuerpo fue fijado en set fotográfico. b. El dictamen del perito en materia de medicina forense, quien documenta que la persona murió por asfixia, por estrangulación por lazo, a causa de agentes externos, esto es, una muerte mecánica violenta derivada del objeto colocado en su cuello. c. El dictamen en criminalística que realiza el perito oficial Ricardo Soto Holguín, quien determinó que la muerte del sujeto no identificado, localizado en el Hotel Correo, fue por asfixia por estrangulamiento como agente mecánico y que de acuerdo al lugar en el que se encontraba cuando falleció, los agentes mecánicos externos eran almohadas, por lo que se trató de una muerte violenta. A tal información el Juez le reconoció valor evidencial, pues dijo que fue reseñado por agentes policiacos que en términos de los artículos 113 y 114 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, documentaron su actuar y se restringieron a los parámetros establecidos en dichos preceptos; que por lo que respecta a la perito en medicina forense se circunscribió a realizar las encomiendas formuladas por el Agente del Ministerio Público; y que el dictamen en criminalística de campo merece crédito y tiene valor evidencial, toda vez que no se advierte dolo o ánimo de perjudicar a los imputados. Así, el Juez de Garantía consideró que tales conclusiones periciales permitían establecer que la cesación de la vida obedeció a una causa ajena a la víctima, esto como el siguiente elemento del tipo penal y, por tanto, que la información documentada por los peritos permitían concluir que se actualizaba un hecho que la ley señala como delito. También el Juez sostuvo que de la información rendida en vías de declaración ante el Agente del Ministerio Público por los imputados Héctor Alberto Payán Leyva y Luis Fernando Valenzuela Talavera, indican cuando menos uno de ellos, que el masculino no identificado se trataba de Erick y que contaba con vida previo a la cesación de la misma, que previamente a que ingresaron al Hotel Correo, estuvieron consumiendo bebidas alcohólicas y diversos estupefacientes, así como también acordaron sostener prestaciones de carácter sexual a cambio de una remuneración y eventual dote de droga; que ante diversas circunstancias que derivaron en una agresión sobre la víctima, fue que la privaron de la vida. Que tales manifestaciones de los imputados se corroboran con las de la persona que labora en el Hotel Correo de nombre Eduardo García Jaquez, quien indica que arribaron tres sujetos, rentaron una habitación y posteriormente dos de ellos se retiraron y al día siguiente tuvo conocimiento que en esa habitación 232 quedó sin vida el cuerpo de un sujeto del sexo masculino. Con tales datos de antecedentes, el Juez concluyó que previo a los hechos narrados, la víctima tenía vida y que la cesación de la vida fue producto de un elemento ajeno a ésta y no su voluntad de querer privarse de la vida, por lo que se actualizaron todas y cada una de las notas distintivas del hecho que la ley señala como delito de homicidio a que se contrae el artículo 123 del Código Penal para el Estado de Chihuahua, en correlación con lo que establece el artículo 136 de ese ordenamiento. Al información documentada por el Agente del Ministerio Público en cuanto a las declaraciones de los imputados les reconoció valor evidencial y dijo que hasta este momento se tiene que se realizaron conforme a lo dispuesto en el artículo 298 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Chihuahua, en relación con lo que establece el numeral 133 de ese ordenamiento, pues si bien refirieron los imputados tales declaraciones fueron obtenidas a través de tortura, el juzgador tomó las medidas necesarias para determinar si lo fueron o no. Aunado a que esa entrevista fue documentada por Agentes Policiacos que actuaron realizando funciones inherentes a su cargo. Por otra parte, el Juez de Garantía consideró que el delito de homicidio era grave conforme a lo dispuesto en el artículo 123, en correlación con el 136, fracción II, inciso b), del Código Penal del Estado de Chihuahua, que refieren que existe ventaja, cuando se es superior por las armas que se emplean, por su mayor destreza en el manejo de ellas o por el número de los que intervengan en él. Que en el caso se actuó en conjunto con un par de sujetos que dieron muerte a la víctima, a través de la manipulación de sus extremidades superiores e inferiores, cuello y vías de aspiración del elemento vital oxígeno, pues introdujeron diversos objetos en su nariz y boca, por lo que sus acciones fueron tendientes a que pereciera por asfixia; de ahí que su actuación en conjunto actualiza la hipótesis normativa que establece el artículo 136, fracción II, inciso b), del Código Penal del Estado de Chihuahua. Que es clara la muerte por asfixia, porque tanto el perito en medicina forense como el perito en criminalística de campo, concluyeron que la muerte del sujeto masculino no identificado 137/2015, se debió a asfixia por estrangulación por lazo y que el perito en criminalística de campo determina que la causa de la muerte fue por asfixia por estrangulamiento por agente mecánico y que el cadáver se localizó sobre la cama del interior de la habitación 232 del hotel Correo, motivo por el cual es posible amplificar la responsabilidad de los hoy imputados en cuanto a la hipótesis normativa que establece el artículo 136, fracción VI, del Código Penal para el Estado Chihuahua. Agrega el Juez que las informaciones periciales que permiten actualizar las hipótesis amplificadoras de responsabilidad se encuentran corroboradas con las declaraciones de los imputados Héctor Alberto Payán Leyva y Luis Fernando Valenzuela Talavera, quienes de manera propia indican haber sometido a través de sus manos a la víctima asfixiándolo y que después lo amarraron y se retiran del cuarto cuando este sollozaba y trataba de respirar, es decir, ellos especifican de manera clara y puntual la causa de la muerte de la víctima, ya que lo sometieron sofocándolo, logrando impedir la repulsa de esa agresión y posteriormente lo dejaron amarrado y se retiraron cuando ya la víctima tenía la mínima posibilidad de respirar, por lo que devino la cesación de su vida, declaraciones que en esta etapa el Juez les reconoció valor evidencial en términos de los artículos 298 y 133 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua. Asimismo, el juez consideró que de los hechos se desprende una probable responsabilidad en coautoría de Héctor Alberto Payán Leyva y Luis Fernando Valenzuela Talavera, porque de sus declaraciones se advierte que intervinieron en los hechos, ya que cada uno logró someter a la víctima asfixiándolo en su cuello, hasta el punto que ya sin fuerza uno de los imputados solicita el relevo del diverso y es este quien continúa con la agresión, aprovechando entonces para someter a la víctima por sus extremidades superiores e inferiores, colocarle objetos en su cuello, en su boca y vías respiratorias como la nariz, para que una vez que se encontrara debilitado y le impidiera respirar de manera normal, deviniera la cesación de la vida. Luego, consideró el Juez que de las propias imputaciones que se formulan Héctor Payán Leyva y Luis Fernando Valenzuela Talavera, es posible atribuirles una participación activa, porque si bien no se advierte acuerdo previo a los hechos, ya que solo se pusieron de acuerdo con la víctima para que estos le prestaran favores sexuales a cambio de una remuneración económica y que ante el titubeo de Luis Fernando Valenzuela Talavera de la prestación del servicio, misma que ya había sido sostenida y avalada por Héctor Alberto Payán Leyva, la víctima le realiza una mínima agresión sexual y estos la agreden de manera física con una contundencia tan fuerte hasta privarlo de la vida, lo cual dijo el Juzgador, es avalado por el perito en criminalística de campo y el galeno que realiza el informe médico en materia de lesiones que permiten demostrar que no se trató de una contienda de obra. Agregó el Juez que no es óbice que se tratara de una riña, según la hipótesis planteada por la defensa, pero que esta solo indica que se trata de inicios y en esta etapa esta versión debe quedar acreditada de manera plena y no solo a base de indicios, por lo que la hipótesis que prevalece a esta etapa procesal es que se trata de homicidio calificado y ya en la etapa de investigación podrá hacerla valer ante ese tribunal o diverso Tribunal de Juicio Oral por lo que quedan prestos y a salvo sus derechos para que justifique su versión defensiva. Así, el juez concluyó que en esta etapa procesal de manera conjunta Héctor Alberto Payán Leyva y Luis Fernando Valenzuela Talavera lograron someter a la víctima, amarrando sus extremidades superiores e inferiores y cuello e introdujeron diverso objetos en sus vías de respiración, por lo que se actualiza el supuesto que establece el artículo 21, fracción III, del Código Penal del Estado de Chihuahua, en correlación a lo que establece el artículo 18, fracción I, de ese mismo ordenamiento, esto es, como una coautoría funcional en estos hechos, en un delito doloso y de tracto instantáneo como establece el numeral 17, fracción I, también del citado código. D. Demostración de alguna causa que extinga la acción penal o excluyente de incriminación Finalmente, el Juzgador de Garantía consideró que en el caso no se actualizaba alguna causa de extinción de la acción penal o excluyente de incriminación que hacer valer a favor de los imputados, que si bien plantearon como hipótesis defensiva que sus declaraciones están afectadas de ilegalidad, porque fueron obtenidas a través de tortura, por lo que descartando esta información, no existirían elementos suficientes o contundentes para acreditar una plena o una probable responsabilidad de estos hechos, una vez que se practique el protocolo de Estambul del cual dio cuenta a la Procuraduría General de la República, entonces, es que se pudiera concluir de manera diversa a la que concluyó en este momento procesal. Así concluyo que con la información documentada de manera objetiva por parte de la Representación Social, era factible en este momento vincularlos a proceso por los hechos que tuvieron verificativo el veintinueve de marzo de dos mil quince, entre las dos y las ocho de ese día, al interior de la habitación 232 del Hotel Correo, ubicado en la calle Lerdo, número 250, colonia Centro, en los cuales participaron Héctor Alberto Payán Leyva y Luis Fernando Valenzuela Talavera que devinieron en el cese de la vida del masculino no identificado marcado con el número 137/2015. C. 2. 2. ANÁLISIS DE LA EXISTENCIA DE HECHOS QUE EL JUEZ RESPONSABLE CONSIDERÓ CONSTITUTIVOS DEL DELITO DE ROBO CALIFICADO. El natural indicó en primer término que el artículo 208 del Código Penal para el Estado de Chihuahua establece que comete el delito de robo la persona que con ánimo de dominio y sin consentimiento de quien legalmente pueda otorgarlo se apodere de una cosa mueble ajena total o parcialmente. Que tal delito se ha formulado con diversas hipótesis de grabación como la que prevé la fracción I del artículo 211 que consiste en que podrá ampliarse la responsabilidad en el injusto de robo cuando se cometa con violencia en las personas o en las cosas o bien se ejerza esta para propiciar la fuga o defender lo robado. El juez consideró que al analizar los antecedentes de investigación conforme a lo dispuesto en los artículos 20 y 133 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua se acredita una acción de apoderamiento. En especial con la ampliación de declaración del imputado Héctor Alberto Payán Leyva, quien indicó que una vez que lograron someter a la víctima, tomaron el aparato de telefonía celular y posteriormente lo vendieron en la zona centro y que a repreguntas de la Representación Social, indicó que se refiere a "nosotros" cuando habla de él mismo y de Luis Fernando Valenzuela Talavera y que ese celular pertenecía a la víctima que conocía con el nombre de Erick y que lo trasladaron en cuanto a su dominio por la cantidad de $250.00 (doscientos cincuenta pesos cero centavos moneda nacional) a una diversa persona, en vía de empeño y que hasta dejó su credencial de elector por ese empeño. Que tal información es corroborada con el acta de entrevista documentada por Agentes Investigadores a través de un acta de entrevista a Erick Beltrán Soto, en la que Eduardo García Jaquez manifestó haber comprador ese aparato de telefonía celular el jueves dos de abril de dos mil quince, aproximadamente a las quince horas, cuando arribaron dos jóvenes y estos empeñaron dos celulares y entre ellos uno de la marca Samsung y le solicitaron la cantidad de $250.00 (doscientos cincuenta pesos cero centavos moneda nacional), aunado a que fue entregada la credencial de Héctor Alberto Payán Leyva, indicio que dijo el Juzgador hace ver de manera muy altamente probable que fue del lugar donde pereció la víctima, donde realizó la acción de apoderamiento sobre ese aparato de telefonía celular, esto es, en el interior de la habitación 232 del Hotel Correo ubicado en la calle Lerdo, número 250 de esta ciudad, el veintinueve de marzo de dos mil quince, entre las dos y ocho de horas. Acción de empoderamiento de la cual no se advierte autorización legal alguna por parte de la víctima o de quien legalmente pudiese determinarla, para que los activos se llevaran su aparato de telefonía celular, tan es así que la víctima se encontraba amarrada de sus extremidades, así como de su cuello, sin la oportunidad de pedir auxilio o bien solicitar a una diversa persona que lo socorriera en los hechos de que era objeto, pues se encontraba ya a momentos de perder la vida. Que el empoderamiento se llevó a cabo sobre un bien mueble, pues el aparato de telefonía celular se traslada junto con la persona de un lugar a otro, que si bien no se ha logrado determinar a quién pertenece ese objeto, en vías de descargo, Héctor Alberto Payán Leyva indica que no le pertenece a él ni a Luis Fernando Valenzuela Talavera. Refirió el Juez que en cuanto al elemento subjetivo del delito en especie, los activos realizaron actos de disposición que únicamente quien fuera su dueño o quien legalmente estuviera autorizado pudiera realizar, como trasladarlo de un lado a otro y realizar actos de traslación de dominio como la prenda o empeño sobre ese objeto, ya que hasta dejaron la credencial para votar de Héctor Alberto Payán Leyva, apoderamiento que se realizó de manera total, pues no se advierte que se desmembrara alguna de su parte o alguno de sus componentes, de ahí que se reúnan todas y cada una de las notas distintivas del hecho que la ley señala como delito de robo a que se contrae el artículo 208, fracción I, del Código Penal para el Estado de Chihuahua, toda vez que no se ha determinado el valor comercial de la cosa robada. En relación con la agravante que planteó la Representación Social en términos del artículo 211, fracción I, del Código Penal para el Estado de Chihuahua, el juez consideró que no se actualizaba, pues dijo que la violencia que se realizó sobre la víctima fue para privarlo de su vida, no para efecto de apoderarse del aparato de telefonía celular; sin embargo, determinó que se actualiza la hipótesis que establece la fracción VI del artículo 211 del ordenamiento legal citado, toda vez que se cometió con intervención dolosa de dos o más personas, esto en un delito de carácter emergente, puesto que la intención de los activos no era apoderarse de ese objeto de telefonía celular, por lo que actuaron en términos de lo que establece el artículo 24 del Código Penal para el Estado de Chihuahua. Que lo anterior se advierte de las manifestaciones que vierten los imputados, pues refieren que se encontraban en el lugar donde se privó de la vida al masculino no identificado y una vez que se retiraron, tomaron su aparato de telefonía celular, es decir, toman el dominio de ese objeto y en conjunto acuden hasta el lugar donde lo empeñaron y posteriormente de ahí es identificado por el Agente Investigador, quien al requerir a la persona con quien se encontraba el objeto, reseñó que también se le había entregado la credencial para votar de Héctor Alberto Payan Leyva y que precisamente éste y Luis Fernando Valenzuela Talavera en conjunto se trasladaron a ese lugar de accesorios telefónicos o de reparación donde lo entregaron por la cantidad de $250.00 (doscientos cincuenta pesos cero centavos moneda nacional), entonces, concluye el Juez que se actualiza el hecho que la ley señala como delito de robo agravado. Refiere el Juzgador que se actualiza la probable participación de Héctor Alberto Payán Leyva y Luis Fernando Valenzuela Talavera, al analizar los antecedentes de investigación que expuso y que valoró con fundamento en los artículos 20 y 333 del Código de Procedimientos Penales, porque en su contra existen sus propias incriminaciones, ya que Héctor Alberto Payán Leyva, indicó que tomó el aparato de telefonía celular de la recámara en donde se encontraban en conjunto con la víctima, en el domicilio ubicado en calle Lerdo, número 250, del Hotel Correo, en la habitación 232, lugar del cual se retiró ese objeto y lo trasladó en conjunto con Luis Fernando Valenzuela Talavera, a ese lugar de accesorios y reparación de aparatos de telefonía celular, donde lo entregaron por la cantidad de $250.00 (doscientos cincuenta pesos cero centavos moneda nacional), así como la credencial para votar de Héctor Alberto Payán Leyva, imputaciones que éste se formula de manera directa y sobre Luis Fernando Valenzuela Talavera. Agrega el Juez que si bien no existía acuerdo previo, el delito emergente surgió a la vida jurídica en virtud de que la ocasión hizo que se apoderaran de ese aparato de telefonía celular, sin que se advierta que fuera para evitar que la víctima solicitara auxilio. Así, el Juez concluyó que la actuación de los imputados es dolosa en términos de lo que establece el artículo 18, fracción I, sancionable conforme al artículo 24, fracción IV, del Código Penal para el Estado de Chihuahua, como delito emergente, por lo que al reunirse la probabilidad de datos que exige el artículo 19 constitucional, porque existe información que fue documentada por el Agente estatal, como la declaración del empleado o persona que labora en el negocio de accesorios y reparación de celulares que indica que recibió el aparato de telefonía celular y que a cambio recibió en prenda la credencial de elector de Héctor Alberto Payán Leyva, a quien le entregó la cantidad de $250.00 (doscientos cincuenta pesos cero centavos moneda nacional), entonces, atribuyó una probable responsabilidad en estos hechos a Héctor Alberto Payán Leyva y Luis Fernando Valenzuela Talavera, en la comisión del injusto de robo. D. Demostración de alguna causa que extinga la acción penal o excluyente de incriminación Por último, concluyó que no advirtió la existencia de alguna causa de extinción de la acción penal o excluyente de incriminación que hacer valer en su favor respecto del delito de robo. Ahora, del reseñado acto reclamado, este juzgador advierte que el natural señaló las razones por las que consideró que la conducta atribuida a los enjuiciados, se subsume en la hipótesis normativa prevista por los artículos dispositivos 123, 124, 127, primer párrafo, 136, fracción II, inciso B) y fracción VI, así como 208, fracción I y 211, fracción VI, del Código Penal del Estado de Chihuahua Asimismo, el juez de garantías estableció puntualmente cuales son los hechos que se imputan a los quejosos y que éstos se consideran como delito (homicidio calificado y robo calificado), con pena privativa de libertad. También, especificó cuál es la conducta concretamente atribuida a los inculpados, consistente en que el veintinueve de marzo de dos mil quince, entre las dos y las ocho horas, los aquí procesados al interior de la habitación 232 del Hotel Correo, ubicado en la calle Lerdo, número 250, de la colonia Centro, realizaron una conducta consistente en privar de la vida y robo a quien hasta el momento se identifica como el masculino número 137/2015. Ello, pues aseguran los imputados que cada uno logra someter a la víctima asfixiándolo del cuello y hasta el punto que uno de estos solicita el relevo del diverso y el siguiente imputado sigue con la agresión, aprovechando someter a la víctima para amarrarlo de sus extremidades superiores e inferiores, posteriormente colocarle objetos a su cuello, boca y nariz y posteriormente ya cuando estaba totalmente debilitado, una vez que también lograron apoderarse de aparato de telefonía, con los objetos engrosados al cuerpo de la víctima, los cuales impiden que este respire de manera normal y después viene la cesación de su vida. De igual forma, se advierte que la responsable analizó los medios de prueba que integran el sumario a fin determinar si éstos son aptos para demostrar la actualización de la conducta atribuida a los inculpados y estar así en aptitud de afirmar que se acreditaron los hechos considerados delitos. Indicó que los datos expuestos por las partes son suficientes para concluir que los hechos que la ley considera como homicidio y robo se cometieron con agravante, ya que al analizar la mecánica en la que se suscitaron, quedó manifiesto que por el número de sujetos que participaron, existió ventaja de los activos del delito respeto de la víctima. El juzgador precisó que la hipótesis de participación que se actualizaba es la prevista en el numeral 21, fracción III, del Código en cita; también plasmó los razonamientos que permiten determinar cuál fue la intervención concreta de los garantes en la comisión de los hechos que les imputa el representante social. Ello, pues es al juzgador primigenio a quien corresponde determinar sobre la autoría o participación del infractor, con el objeto de que el inculpado conozca a ciencia cierta, cuál es la forma de ejecución de la conducta que se le imputa. En las relatadas consideraciones, resulta evidente que la autoridad responsable sí se condujo con estricto apego al derecho fundamental de fundamentación y motivación tutelado por el artículo 16 de la Constitución Federal. Dicho lo anterior, se procede al estudio de los conceptos de violación, los cuales como ya se anunció son infundados Luis Fernando Valenzuela Talavera alega que existen excluyentes de responsabilidad en los hechos que se le imputan, porque no tuvo conocimiento de que el occiso y Héctor Alberto Payán Leyva realizaron un acuerdo en el sentido de que si tenían relaciones sexuales con el occiso, éste les pagaría $500.00 (quinientos pesos cero centavos moneda nacional), ya que solo acompañó a Héctor Alberto Payán Leyva y al occiso en el entendido de que iban a un hotel a continuar tomando, mas no a tener relaciones sexuales, por eso cuando el occiso le pidió que tuviera una relación sexual con él, el quejoso se opuso y el occiso intentó obligarlo, le mordió una mano y le dio un golpe, por lo que el quejoso Luis Fernando Valenzuela Talavera actuó con represalia ante tal actuar, pero con ausencia de conducta, de ahí que exista la excluyente de responsabilidad por lo que a él hace. Por su parte, Héctor Alberto Payán Leyva, alega que el Juez responsable no tomó en consideración que respecto al homicidio agravado en momento alguno fue su intención, ni existió acuerdo previo para privar de la vida al hoy occiso, máxime que el resultado material fue mayor al deseado, ya que la intención era únicamente amarrar al hoy occiso y retirarse del lugar, tan es así que cuando se retiraron el occiso seguía sollozando y en momento alguno se regresó a terminar con su vida, sino que se retiró del lugar. No asiste razón a los quejosos. Se afirma lo anterior, porque lo que aquí se argumenta constituye una versión defensiva que debe acreditarse en el sumario, ya que las excluyentes debe probarlas quien las invoca, por lo que si no se aportaron pruebas para acreditar la excluyente de responsabilidad que se invoca en su favor, la versión exculpatoria debe desestimarse. En el caso, como bien dijo el Juez, de las propias imputaciones que se formularon de manera directa a los aquí quejosos es factible atribuirles una participación activa en estos hechos, puesto que si bien no hubo un acuerdo previo para realizarlos, ya que solo acordaron que le prestarían favores sexuales a la víctima a cambio de una remuneración económica; sin embargo, Luis Fernando Valenzuela Talavera ante el titubeo de la prestación del servicio sexual y la mínima agresión sexual de la víctima hacia su persona, como lo es tratar de realizarle actividad sexual de manera oral, ambos quejosos agreden al masculino no identificado 137/15 de tal manera que lo privan de la vida. Además, no es suficiente referir que existió una riña, ya que dicha hipótesis planteada por la defensa está sustentada en el dicho de los imputados; sin embargo, no ofrecieron prueba alguna para acreditarlo, por lo que no basta un simple indicio para acreditar la hipótesis defensiva, luego, como bien dijo el juez Responsable, la hipótesis que prevalece en esta etapa procesal, es que se trata de homicidio calificado sobre la víctima, por parte de los quejosos, quienes actuaron de manera concomitante a ese hecho. Lo anterior, se encuentra avalado con el dictamen del perito en criminalística de campo y la pericial en medicina forense, por virtud de las cuales se permite demostrar que no se trató de una contienda de obra. Además, como bien dijo el Juez natural esta hipótesis planteada por la defensa a favor del imputado Luis Fernando Valenzuela Talavera, podrá hacerla valer en la etapa de investigación correspondiente, ante la autoridad responsable o el tribunal de juicio oral y podrá justificar su versión defensiva. En diverso argumento, los peticionarios del amparo, afirman que el Juez no valoró correctamente las pruebas que ofrecieron las partes, en especial las declaraciones de los imputados y, por ende, realizó una inexacta aplicación de la ley penal al concluir que se acreditó con los antecedentes, el delito de homicidio calificado y robo calificado, porque en relación con el homicidio calificado, pasó por alto que previo al homicidio existió una contienda de obra en la cual participó el hoy occiso quien incluso fue el provocador, razón por la que el Juez debió valorar sus declaraciones en relación con lo que la doctrina conoce como confesión dividida, esto es, tomar en cuenta los aspectos de las declaraciones que les favorecen y no solo las que les perjudican. El concepto de violación es infundado. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la confesión, llamada impropiamente como calificada, es aquella en la que el acusado confiesa el hecho ilícito, pero introduce a su favor una causa excluyente o modificativa de responsabilidad. Dicha confesión, en principio, es indivisible y, por ende, debe admitirse en su integridad, pero si no es verosímil o se encuentra contradicha por otros elementos de prueba, entonces podrá dividirse, para tomar en cuenta solo lo que perjudica al inculpado y no lo que le beneficia. En ese sentido, no se puede afirmar que en el caso, el Juez no valoró correctamente la confesión de los imputados hoy quejosos, porque debió tomar en cuenta los aspectos de las declaraciones que les favorecen y no solo las que les perjudican, como aducen los imputados en su concepto de violación. Ello, pues los acusados confesaron el hecho ilícito, pero introdujeron a su favor una causa excluyente o modificativa de responsabilidad, consistente en que previo al homicidio existió una contienda de obra en la cual participó el hoy occiso quien incluso fue el provocador; la cual no es verosímil, pues existen diversos medios de prueba que la contradicen como las periciales en medicina forense y en criminalística de campo, que permiten demostrar que no se trató de una contienda de obra, luego, al encontrarse contradicha por otros elementos de prueba, fue correcto que el Juez responsable dividiera la confesión de los imputados y tomara en cuenta solo lo que les perjudica y no lo que les beneficia; de ahí lo infundado de su concepto de violación. En diverso argumento de agravio, los quejosos refieren que el Juez no tomó en cuenta que existe jurisprudencia en relación a los principios pro homine y pro persona y, por ende, debió clasificar el delito de homicidio agravado a homicidio en riña con carácter de provocado, porque si el occiso no hubiera provocado a Luis Fernando Valenzuela Talavera, el hecho no hubiese ocurrido. El concepto de violación es infundado. En efecto, el principio pro persona establecido en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, implica que los derechos humanos se interpreten conforme a ésta y a los Tratados Internacionales, de forma que se favorezca de la manera más amplia a las personas. Sin embargo, cuando se propone el ejercicio de ese control de convencionalidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que deben satisfacerse requisitos mínimos para que se pueda atenderse dicha solicitud, tales como: 1) Pedir la aplicación del principio o impugnar su falta de aplicación por la autoridad responsable; 2) Señalar cuál es el derecho humano o fundamental cuya maximización se pretende; 3) Indicar la norma cuya aplicación debe preferirse o la interpretación que resulta más favorable hacia el derecho fundamental; y, 4) Precisar los motivos para preferirlos en lugar de otras normas o interpretaciones posibles. Tales lineamientos, han sido determinados en las tesis 1a.CCCXXVII/2014 (10a.) y 2a. XVIII/2014 (10a.) , sustentadas por la Primera y Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubros y textos establecen lo siguiente: PRINCIPIO PRO PERSONA. REQUISITOS MÍNIMOS PARA QUE SE ATIENDA EL FONDO DE LA SOLICITUD DE SU APLICACIÓN, O LA IMPUGNACIÓN DE SU OMISIÓN POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE. El artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos impone a las autoridades el deber de aplicar el principio pro persona como un criterio de interpretación de las normas relativas a derechos humanos, el cual busca maximizar su vigencia y respeto, para optar por la aplicación o interpretación de la norma que los favorezca en mayor medida, o bien, que implique menores restricciones a su ejercicio. Así, como deber, se entiende que dicho principio es aplicable de oficio, cuando el Juez o tribunal considere necesario acudir a este criterio interpretativo para resolver los casos puestos a su consideración, pero también es factible que el quejoso en un juicio de amparo se inconforme con su falta de aplicación, o bien, solicite al órgano jurisdiccional llevar a cabo tal ejercicio interpretativo, y esta petición, para ser atendida de fondo, requiere del cumplimiento de una carga mínima; por lo que, tomando en cuenta la regla de expresar con claridad lo pedido y la causa de pedir, así como los conceptos de violación que causa el acto reclamado, es necesario que la solicitud para aplicar el principio citado o la impugnación de no haberse realizado por la autoridad responsable, dirigida al tribunal de amparo, reúna los siguientes requisitos mínimos: a) pedir la aplicación del principio o impugnar su falta de aplicación por la autoridad responsable; b) señalar cuál es el derecho humano o fundamental cuya maximización se pretende; c) indicar la norma cuya aplicación debe preferirse o la interpretación que resulta más favorable hacia el derecho fundamental; y, d) precisar los motivos para preferirlos en lugar de otras normas o interpretaciones posibles. En ese sentido, con el primer requisito se evita toda duda o incertidumbre sobre lo que se pretende del tribunal; el segundo obedece al objeto del principio pro persona, pues para realizarlo debe conocerse cuál es el derecho humano que se busca maximizar, aunado a que, como el juicio de amparo es un medio de control de constitucionalidad, es necesario que el quejoso indique cuál es la parte del parámetro de control de regularidad constitucional que está siendo afectada; finalmente, el tercero y el cuarto requisitos cumplen la función de esclarecer al tribunal cuál es la disyuntiva de elección entre dos o más normas o interpretaciones, y los motivos para estimar que la propuesta por el quejoso es de mayor protección al derecho fundamental. De ahí que con tales elementos, el órgano jurisdiccional de amparo podrá estar en condiciones de establecer si la aplicación del principio referido, propuesta por el quejoso, es viable o no en el caso particular del conocimiento. CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD. DEBE SATISFACER REQUISITOS MÍNIMOS CUANDO SE PROPONE EN CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. El ejercicio de control de constitucionalidad y convencionalidad tiene como propósito fundamental que prevalezcan los derechos humanos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, frente a las normas ordinarias que los contravengan; de ahí que la sola afirmación en los conceptos de violación de que las "normas aplicadas en el procedimiento" respectivo son inconvencionales, o alguna expresión similar, sin precisar al menos qué norma en específico y qué derecho humano está en discusión, imposibilita a los Jueces de Distrito o a los Magistrados de Circuito, según corresponda, a realizar ese control, debido a que incluso en el nuevo modelo de constitucionalidad sobre el estudio de normas generales que contengan derechos humanos, se requiere de requisitos mínimos para su análisis; de otra manera, se obligaría a los órganos jurisdiccionales a realizar el estudio de todas las normas que rigen el procedimiento y dictado de la resolución, confrontándolas con todos los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, labor que se tornaría imposible de atender, sin trastocar otros principios como los de exhaustividad y congruencia respecto de los argumentos efectivamente planteados. Ahora bien, atendiendo a lo expuesto por los quejosos en su demanda de amparo, en especial, en el concepto de violación que se estudia, es evidente que no cumple con los requisitos mínimos para que se proceda a efectuar el análisis de convencionalidad de los citados instrumentos internacionales, ya que no señalan el derecho humano o fundamental cuya maximización pretende; no indican la norma cuya aplicación debe preferirse o la interpretación que resulta más favorable hacia el derecho fundamental; y, no precisan los motivos para preferirlos en lugar de otras normas o interpretaciones posibles. Por tanto, al no cumplirse con los requisitos indicados, este órgano constitucional se encuentra imposibilitado para realizar el análisis de convencionalidad propuesto por los quejosos. Además, si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional -principio pro persona o pro homine-, ello no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de ejercer sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio solo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica analizada, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 56/2014 (10a.), de la Décima Época, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo II, Materia(s): Constitucional, consultable en la página 772, del siguiente tenor: PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional -principio pro persona o pro homine-, ello no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de ejercer sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio solo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica analizada, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función. Bajo esa directriz, el hecho de que el Juez no calificara el delito de homicidio agravado a homicidio en riña con carácter de provocado, no quiere decir que dejó de observar los principios pro homine y pro persona, sino que la conclusión a la que llegó fue precisamente en observancia de los principios constitucionales y legales que se derivan de los artículos 19 constitucional y 280 del Código de Procedimientos Penales, de ahí que su concepto de violación devenga infundado. En otro concepto de violación, el quejoso Luis Fernando Valenzuela Talavera aduce que el Juez no tomó en consideración respecto al robo agravado que en ningún momento se percató de que Héctor Alberto Payán Leyva tomó un celular que no le pertenecía, por lo que no tiene que responder por ese ilícito, pues no era necesario el robo del celular para repeler la agresión sexual, real, actual e inminente del hoy occiso, ante la cual actuó con ausencia de conducta. El concepto de violación es infundado. Ello es así, porque aun en el supuesto de que Luis Fernando Valenzuela Talavera en ningún momento se percatara de que Héctor Alberto Payán Leyva tomó un celular que no le pertenecía, eso no lo releva de su participación en el delito de robo, porque como bien dijo el Juez al analizar los antecedentes de prueba, en especial la ampliación de declaración de Héctor Alberto Payán Leyva, éste indicó que una vez que lograron someter a la víctima, tomaron el aparato de telefonía celular y posteriormente lo vendieron en la zona centro y que a repreguntas de la Representación Social, indicó que se refiere a "nosotros" cuando habla de él mismo y de Luis Fernando Valenzuela Talavera y que ese celular pertenecía a la víctima que conocía con el nombre de Erick y que lo trasladaron en cuanto a su dominio por la cantidad de $250.00 (doscientos cincuenta pesos cero centavos moneda nacional) a una diversa persona, en vía de empeño y que hasta dejó su credencial de elector por ese empeño. Tal información se encuentra corroborada con los antecedentes de investigación aportados por la Representación Social relativos al acta de entrevista documentada por el Agente Investigador Aldo Erick Beltrán Soto, en la que Eduardo García Jaquez manifestó haber comprado ese aparato de telefonía celular el jueves dos de abril de dos mil quince, aproximadamente a las quince horas, cuando arribaron dos jóvenes y estos empeñaron dos celulares y entre ellos uno de la marca Samsung y le solicitaron la cantidad de $250.00 (doscientos cincuenta pesos cero centavos moneda nacional), aunado a que fue entregada la credencial de Héctor Alberto Payán Leyva, indicio que dijo el Juzgador hace ver de manera muy altamente probable que fue del lugar donde pereció la víctima, donde realizó la acción de apoderamiento sobre ese aparato de telefonía celular, esto es, en el interior de la habitación 232 del Hotel Correo ubicado en la calle Lerdo, número 250 de esta ciudad, el veintinueve de marzo de dos mil quince, entre las dos y ocho de horas. Luego, contrariamente a lo que aduce el quejoso se reúnen todas y cada una de las notas distintivas del hecho que la ley señala como delito de robo a que se contrae el artículo 208, fracción I, del Código Penal para el Estado de Chihuahua, de modo que su concepto de violación es infundado. En ese orden de ideas, al resultar jurídicamente ineficaces los conceptos de violación estudiados y no advertirse queja deficiente que suplir, se impone negar el amparo y protección de la justicia federal solicitada. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 73, 74, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Héctor Alberto Payán Leyva y Luis Fernando Valenzuela Talavera, contra el acto que reclaman al Juez de Garantía del Distrito Judicial Bravos, domiciliado en esta ciudad, por los motivos expuestos en el considerando quinto de la presente resolución. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, a los terceros interesados y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y mediante oficio a las autoridades responsables y al representante social adscrito al juzgado de la causa. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez Chihuahua, licenciado Emiliano López Pedraza, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado Yara Isabel Gómez Briseño, hasta el día de hoy, treinta de septiembre de dos mil quince, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.
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AGRÉGUESE A LOS AUTOS EL PEDIMENTO DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN, COMO LO SOLICITA UNA VEZ QUE SE DICTE SENTENCIA EXPÍDASELE COPIA CERTIFICADA DE LA MISMA.
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