Héctor Alberto Lomelí Jiménez
Expediente 2078/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 17 actuaciones registradas, la última del 7 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 2078/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 07/05/2019
Partes del expediente
- Héctor Alberto Lomelí Jiménez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, SIETE DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que mediante oficios y anexos recibidos en este Juzgado Federal el veinticinco de enero y nueve de abril del año en curso (fojas 97, 98 y 106), respectivamente, la Delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informó que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, en auto de once de abril de la presente anualidad (foja 107), se dio vista a la parte quejosa con los referidos comunicados y anexos, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este juzgado de distrito, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. La citada determinación, se notificó a la parte quejosa, el veintidós de abril del año en curso (foja 110), sin que se realizara manifestación alguna, como se aprecia de la certificación que antecede. Luego, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la tesis número 2ª/CXIV/97, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Octubre de mil novecientos noventa y siete, página cuatrocientos catorce, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: ** Así pues, mediante resolución dictada en el presente sumario de amparo el veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho (fojas 48 a 64), se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en los términos siguientes: ".1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el numeral 21, fracción I, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, en relación con los diversos 11, 12 y 13 de la citada ley; esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro, tales preceptos legales, hasta que no se modifique la normativa de mérito. (.) 2. Asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, devuelva a la parte quejosa única y exclusivamente el remanente que exceda de la aplicación de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.), respecto de la cantidad de $63,840.00 (sesenta y tres mil ochocientos cuarenta pesos 00/100), por concepto de la inscripción de documento público o privado, fomento a la educación, asistencia social y Universidad Autónoma de Nayarit; lo cual deriva de la inscripción de la escritura pública número trece mil cuatrocientos cuarenta y ocho, que pagó el once de septiembre de dos mil dieciocho. (.) Lo anterior es así, ya que la inconstitucionalidad aducida incide en un elemento esencial de la contribución analizada y la restitución correspondiente sólo implica que la quejosa deje de pagar la tarifa que le fue aplicada, sin relevarla de la obligación de enterar la cuota fija mínima de doscientos ochenta pesos, por el acto jurídico que inscribió, sin las contribuciones adicionales, que al efecto establece el último párrafo de la fracción I del artículo 21 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, dado que el efecto del amparo no puede traducirse en liberar al contribuyente de la totalidad del pago del derecho por el servicio proporcionado por el Estado, en virtud de que para respetar los principios tributarios de proporcionalidad y equidad contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario que todos los individuos contribuyan al gasto público en la medida de su capacidad contributiva, que en el caso que nos ocupa, tal circunstancia se cumple al enterar la cantidad mínima que exige la contribución declarada inconstitucional. (.) 3. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver deberá ser debidamente actualizada, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que la quejosa sea restituida en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquél cubrió al fisco en aplicación de los preceptos declarados inconstitucionales, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto. (.)" De lo anterior se colige, que los actos que debía realizar la autoridad responsable Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, para cumplir con dicho fallo protector, es el siguiente: A). Que no le fuera aplicado a la parte quejosa lo previsto en Los artículos 21, fracción I, así como 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, que prevé el costo por inscripción de documentos, así como los impuestos para fomento a la educación, la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit, fueran desincorporados de la esfera jurídica de la amparista, tanto en el presente como en el futuro; y B). Devolver a la parte quejosa el remanente que exceda de la aplicación de $280.00 pesos, por el pago de concepto de inscripción de documento público, con sustento el artículo 21, fracción I, de la Ley de Ingresos del Estado declarada inconstitucional. C). Asimismo, que la cantidad a devolver tenía que ser debidamente actualizada. Luego, a través del oficio y anexo presentados por el ente responsable el veinticinco de enero del año en curso (fojas 97 y 98), la delegada de la citada autoridad responsable, informó la forma en que dio cumplimiento al fallo protector, del cual se advierte que efectuó la devolución a la quejosa por medio de transferencia electrónica de veintitrés de enero del año actual, por la cantidad de $65,158.93 (sesenta y cinco mil ciento cincuenta y ocho pesos con noventa y tres centavos 93/100, moneda nacional). Por lo que se procede a determinar si la cantidad que devolvió la responsable es la correcta; en ese tenor, si tenemos que al monto total de $63,840.00 (sesenta y tres mil ochocientos cuarenta pesos 00/100, moneda nacional), monto que pagó la parte quejosa derivado de los preceptos declarados inconstitucionales, se le resta la cuota a pagar de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100, moneda nacional), por concepto de 'INSCRIP. DOCUMENTO PÚBLICO O PRIVADO", Fom. Educación, Asist. Social, U.A.N, da como resultado la suma de $63,560.00 (sesenta y tres mil quinientos sesenta pesos 00/100 moneda nacional) numerario que debía ser actualizado, conforme el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el once de septiembre de dos mil dieciocho, mientras que la autoridad responsable devolvió las contribuciones reclamadas mediante transferencia bancaria de veintitrés de enero de dos mil diecinueve; por lo que el periodo de actualización comprende del mes de agosto a diciembre del dos mil dieciocho (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de agosto de dos mil dieciocho fue 100.4920; y para el mes de diciembre del año pasado 103.0200. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.0251. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por el concepto del derecho en comento, se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, esto es, la cantidad de $65,158.93 (sesenta y cinco mil ciento cincuenta y ocho pesos con noventa y tres centavos 93/100, moneda nacional); por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $1,598.93 (mil quinientos noventa y ocho pesos con noventa y tres centavos 93/100 moneda nacional). En ese sentido, se advierte que la ejecutoria en análisis se encuentra cumplida en sus términos, pues la autoridad devolvió a la quejosa la cantidad total de $65,158.93 (sesenta y cinco mil ciento cincuenta y ocho pesos con noventa y tres centavos 93/100, moneda nacional). Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte solicitante del amparo en el goce de las garantías individuales violadas, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la ley de la materia, en relación con el diverso 214, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos décimo primero, párrafo último y vigésimo segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este Juzgado Federal determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de garantías se concedió el amparo y protección de la justicia federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó. **
- Principal
** TEPIC, NAYARIT, ONCE DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE. Agréguese a sus autos el ocurso de cuenta para los efectos legales correspondientes, mediante el cual la delegada de la autoridad responsable denominada Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con domicilio en esta ciudad, informa haber dado cumplimiento a la ejecutoria emitida en este juicio de garantías; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el libelo de cuenta, así como con el diverso oficio y anexo que obran a foja noventa y siete y noventa y ocho, dése vista a la parte quejosa a efecto de que dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga, en relación con dicho cumplimiento, apercibido que de no hacer manifestaciones dentro del lapso concedido, este órgano jurisdiccional, con apoyo en la ejecutoria de mérito y demás elementos con que se cuenta en el presente juicio de garantías, se pronunciará en relación con el cumplimiento del fallo protector. **
- Principal
** TEPIC, NAYARIT, ONCE DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE. Agréguese a sus autos el ocurso de cuenta para los efectos legales correspondientes, mediante el cual la delegada de la autoridad responsable denominada Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con domicilio en esta ciudad, informa haber dado cumplimiento a la ejecutoria emitida en este juicio de garantías; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el libelo de cuenta, así como con el diverso oficio y anexo que obran a foja noventa y siete y noventa y ocho, dése vista a la parte quejosa a efecto de que dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga, en relación con dicho cumplimiento, apercibido que de no hacer manifestaciones dentro del lapso concedido, este órgano jurisdiccional, con apoyo en la ejecutoria de mérito y demás elementos con que se cuenta en el presente juicio de garantías, se pronunciará en relación con el cumplimiento del fallo protector. **
- Principal
** TEPIC, NAYARIT, TRES DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado de autos, se advierte que la delegada de la autoridad responsable denominada Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informó haber dado cumplimiento a la ejecutoria emitida en este juicio de garantías; sin embargo, para que dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, debe comprobar la mecánica, operaciones aritméticas y cualquier elemento que hubiera utilizado para determinar la cantidad a devolver a la parte quejosa y su debida actualización, con motivo de la declaración de inconstitucionalidad de los preceptos impugnados; esto es, indicar el procedimiento que llevó a cabo para determinar la suma a devolver al solicitante del amparo. En consecuencia, de conformidad con los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase al ente responsable de referencia para que dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir del siguiente al en que reciba el oficio correspondiente, acate la sentencia de amparo concedida en los términos indicados. Apercibida que de no hacerlo sin causa justificada, se le impondrá a una medida de apremio consistente en multa por el equivalente a ciento cincuenta días de salario mínimo vigente en la Ciudad de México. En el entendido de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a los ahora denominados Unidad de medida y actualización, en términos del transitorio tercero del acuerdo emitido por el pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma disposiciones de diversos acuerdos generales en materia de desindexación del salario mínimo, así como mediante el cual se actualiza el Manual de Organización General del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de abril de dos mil dieciséis. De igual manera, se le hace del conocimiento a la citada autoridad, que en el supuesto de que la ejecutoria de amparo no quede cumplida en el plazo fijado, este órgano jurisdiccional hará el pronunciamiento respectivo e impondrá la multa que proceda; asimismo, remitirá los autos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en turno, con sede en esta ciudad; en la inteligencia, de que si por algún motivo el titular respectivo dejara el cargo que desempeña, seguirá teniendo responsabilidad, conforme lo prevé el numeral 193 de la ley citada. **
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