Héctor Aguiñaga Cortez
Expediente 557/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de agosto de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 557/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 23/08/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Héctor Aguiñaga Cortez
Actuaciones
- Principal
Visto; agréguese a sus autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta, suscrito por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito en el Estado de Zacatecas, mediante el cual, transcribe el auto de veintiuno de agosto de dos mil diecinueve, y anexa los autos originales del juicio de amparo 557/2019, del índice de este juzgado, del que se advierte que ha causado estado el auto por el que dicho Tribunal desechó el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa, contra el auto de diez de julio de dos mil diecinueve. Acúsese recibo. Hágase la anotación correspondiente en el libro de gobierno; ahora bien, tomando en consideración que es necesario economizar espacio en el área destinada para el archivo de este Juzgado Federal, procédase a la destrucción de las copias certificadas con las cuales se formó el cuaderno de antecedentes relativo al Juicio de Amparo en que se actúa, conservando únicamente las actuaciones originales realizadas en dicho cuaderno; lo anterior, en razón que ya no son necesarias en el presente juicio. En consecuencia de lo antes señalado, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos del numeral 2º de esta última, se declara que el auto de diez de julio de dos mil diecinueve, ha quedado firme; para todos los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, toda vez que en el presente juicio de amparo, no existen documentos exhibidos por las partes que deben ser devueltos a los interesados, dado que no existen diligencias pendientes de practicar y que, en su caso, ya fueron digitalizadas las constancias del presente expediente, se ordena su archivo definitivo como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente. Lo anterior, en la inteligencia que, para los efectos legales a que haya lugar, en términos de los artículos décimo primero, décimo séptimo y tercero transitorio, del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de acuerdo a la valoración documental respectiva, se considera el expediente en que se actúa destruible.
- Principal
Visto; la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto de diez de julio de dos mil diecinueve, dictado en el presente juicio de amparo, sin que a la fecha haya presentado promoción alguna al respecto; con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos del numeral 2º de esta última, se declara que dicho auto ha quedado firme; para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes. Desprendiéndose de la certificación secretarial de cuenta, que en el presente juicio de amparo, no existen diligencias pendientes de practicar ni documentos en original o copia certificada que deban ser devueltos a las partes; y, en su caso, que ya fueron digitalizadas las constancias del presente expediente, se ordena su archivo definitivo como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente. Lo anterior, en la inteligencia que, para los efectos legales a que haya lugar, en términos de los artículos décimo primero, décimo séptimo y tercero transitorio, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de acuerdo a la valoración documental respectiva, se considera el expediente en que se actúa destruible.
- Principal
Vistos; agréguense a sus autos para que obren como corresponde el escrito y anexos presentados por Héctor Aguiñiga Cortez, por el que da cumplimiento al requerimiento efectuado por este juzgado en proveído de tres de julio de dos mil diecinueve; en consecuencia: Como punto de partida, es pertinente traer a colación el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto anterior, se desprende que es procedente desechar la demanda de amparo, cuando el juez de distrito encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos anexos. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda, escritos aclaratorios y anexos que se acompañen, y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que aun en el caso de que se llegara a admitir la demanda, el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que ésta y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean indispensables para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, al grado de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia, a pesar de las pruebas que posteriormente se aportaren, es decir, si se tiene duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda pues, de lo contrario, se privaría a la quejosa de su derecho a instar el juicio de amparo contra un acto que pudiera causarle perjuicio. En el caso en concreto, es procedente desechar de plano la demanda de amparo, sin suspender el acto reclamado; hipótesis que se surte en el caso en estudio, toda vez que con relación al acto reclamado se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo, contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior." De lo antes transcrito, se concluye que el juicio de amparo indirecto, será procedente únicamente en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, o bien tratándose de procedimiento de remate la que ordena en forma definitiva el otorgamiento de la escritura de adjudicación y entrega del bien inmueble rematado, pudiendo reclamarse hasta ese momento todas las violaciones cometidas durante el procedimiento de ejecución que hayan dejado sin defensa al peticionario de amparo. Ahora bien, los ahora quejosos hacen consistir el acto reclamado en: ". la ilegal y anticonstitucional DILIGENCIA DE REMATE EN PRIMER ALMONEDA celebrada en fecha 04 (Cuatro) de junio del 2019 (Dos mi diecinueve) misma que se encuentra dentro de los autos del expediente identificado con el número 784/2014, emitida por el C. Juez Primero del Ramo Mercantil del Distrito Judicial de la Capital dependiente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, misma que me fuera notificada el día 10 (diez) de junio de 2019 (dos mil diecinueve) la cual me causa los agravios que se precisan en la presente demanda." Y, del contenido íntegro de la demanda de amparo, se desprende que: 1. El diecisiete de septiembre de dos mil catorce, BBVA, Bancomer Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, por conducto de su representante legal, demandó a Héctor Aguiñiga Cortez y a Ma. Carmen Saldívar Montalvo, en la vía ejecutiva mercantil, por el pago de pesos, del que correspondió conocer al Juzgado Primero del Ramo Mercantil del Distrito Judicial de la Capital, quien la registró bajo el número 784/2014. 2. El doce de octubre de dos mil quince, seguidos los trámites correspondientes, el Juez Primero del Ramo Mercantil del Distrito Judicial de la Capital, dictó sentencia en la que se condenó a la demandada al pago de las prestaciones reclamadas. 3. Inconformes con la sentencia, se interpuso recurso de apelación, que fue admitido en el momento procesal oportuno, del que correspondió conocer a la Primera Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, registrándola con el toca 743/2015. 4. El veintinueve de enero de dos mil dieciséis, la Primera Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, dictó resolución en la que confirmó la sentencia impugnada. 5. El Juez Primero del Ramo Mercantil del Distrito Judicial de la Capital, requirió a Héctor Aguiñiga Cortez y a Ma. Carmen Saldívar Montalvo, por el cumplimiento voluntario de lo condenado. 6. Héctor Aguiñiga Cortez y a Ma. Carmen Saldívar Montalvo, celebraron convenio de forma de pago con BBVA, Bancomer Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, quien estuvo conforme con ello. 7. El catorce de noviembre de dos mil diecisiete, BBVA, Bancomer Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, celebró cesión onerosa de derechos litigiosos, crediticios, posesorios, adjudicatarios, hipotecarios y de ejecución con "Mabucapa I", Sociedad de Rentabilidad Limitada de Capital Variable. 8. Oscar Rivera Delgado, representante de "Mabucapa I", Sociedad de Rentabilidad Limitada de Capital Variable, presentó la actualización de avalúo y solicitó se señalara fecha y hora para la celebración del remate en primera almoneda; señalándose las nueve horas con treinta minutos del veinticuatro de abril de dos mil diecinueve; sin que se hubiera llevado a cabo dicha diligencia en esta fecha, señalándose una nueva para tal efecto. 9. A las nueve horas con treinta minutos del cuatro de junio de dos mil diecinueve, se llevó a cabo la diligencia de remate en primera almoneda adjudicándose a favor de Oscar Rivera Delgado, el inmueble embargado dentro del juicio del que deriva el acto reclamado; lo que ahora constituye el acto reclamado. Conforme a lo antes asentado se advierte que el acto reclamado en el presente asunto no constituye la última resolución que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y entrega material del bien inmueble controvertido, ya que únicamente se trata de la resolución que aprueba el remate en primera almoneda y declaró la adjudicación del bien inmueble embargado dentro del juicio ejecutivo mercantil de origen, a favor de Oscar Rivera Delgado, razón por la cual, como se dijo en líneas que anteceden no se actualiza el supuesto establecido el cuarto párrafo de la fracción IV, del artículo 107 de la Ley de Amparo para la procedencia del juicio de amparo. Lo anterior es así, ya que como antes se indicó la determinación reclamada únicamente aprobó el remate y la adjudicación del bien inmueble materia del juicio natural en favor de Oscar Rivera Delgado, por tanto el juicio de amparo resulta improcedente ya que hasta en tanto se tire la escritura correspondiente y se ordene la entrega del bien rematado es que serán analizables las violaciones que aducen los promoventes de amparo. En consecuencia, procede desechar la demanda en estudio, pues dada la vinculación de causa y efecto, entre una actuación y otra, es posible que las violaciones cometidas durante el procedimiento de ejecución puedan analizarse cuando se reclame la última resolución, porque de demostrarse que hubo la infracción legal y que se dejó sin defensa a los promoventes, tendrá que reponerse el procedimiento a partir de esa violación, y de ser infundada, no se habrá obstaculizado el cumplimiento de dicha resolución, situación que lleva a equilibrar el interés individual con el orden público y la finalidad del juicio de amparo, que no permite ser utilizado como instrumento o medio que dilate la administración de la justicia. Sirve de apoyo a la anterior determinación la Tesis de jurisprudencia 1a./J. 13/2016 (10a.), con Registro 2011474, Página 1066, Libro 29, Abril de 2016, Tomo II, Materia Común, Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De conformidad con el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, contra la última resolución dictada, entendida ésta como aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Disposición de la cual se advierte una problemática al incluir la conjunción copulativa "y" de la que se puede interpretar que es necesario dictar ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, de lo cual se advierte que, de ser así, dicha situación puede provocar un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial, pues si bien quizá se ordene la escrituración del inmueble en el procedimiento de remate, la autoridad responsable omita dictar la orden de entrega del bien adjudicado, lo que postergaría la fase de ejecución del juicio, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva al obstaculizar la ejecución de una sentencia judicial y a su vez obstaculizando el acceso a la justicia constitucional. Es por ello que esta Primera Sala sostiene que el juzgador federal debe interpretar la norma en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Esto es, la disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, pues así se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto el requisito establecido en el párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como objeto evitar que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, en la lógica de que culminar la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial." También, resulta aplicable la jurisprudencia, publicada en la página 1106, del tomo VIII- septiembre de mil novecientos noventa y ocho, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, Novena Época, que dice: "REMATE. VIOLACIONES COMETIDAS EN EL PROCEDIMIENTO DE. NO SON DE CARÁCTER IRREPARABLE. Las violaciones cometidas durante el procedimiento de remate de bienes embargados, no tienen el carácter de irreparables, pues las mismas válidamente pueden impugnarse en el último acto relativo al procedimiento en cuestión." Por tanto, de conformidad con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo, resulta notoria e indudable la causa de improcedencia que se menciona respecto del acto indicado, por lo que se desecha de plano la demanda de amparo, promovida por Héctor Aguiñiga Cortez por propio derecho y como representante común de Ma. Carmen Saldívar Montalvo, contra actos del Juez Primero del Ramo Mercantil del Distrito Judicial de la Capital. Lo anterior guarda congruencia al considerar que admitir y dar trámite al juicio a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual es mejor que los quejosos tengan conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de amparo y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional, lo que incluso permite que la parte quejosa promueva oportunamente los medios ordinarios para defender sus derechos.
- Principal
Vista, la demanda de amparo promovida por Héctor Aguiñiga Cortez, contra actos del Juez Primero del Ramo Mercantil del Distrito Judicial de la Capital, por violación a diversos preceptos constitucionales, el Juez acuerda: Regístrese su ingreso en el libro de gobierno bajo el número que le corresponda y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora bien, en atención a que de la lectura íntegra de la demanda de cuenta, se advierte que presenta irregularidades, pues Héctor Aguiñiga Cortez, manifiesta que comparece con el carácter de representante común dentro del "juicio primordial" y también manifiesta que se presenta a promover en su favor; sin que se advierta con claridad si comparece a promover el presente juicio de amparo por propio derecho o en su carácter de representante común y de quién. Asimismo, omite expresar lo hechos o antecedentes del acto que reclama. Por lo que, con fundamento en el artículo 114, fracción III, en relación con el artículo 108 ambos de la Ley de Amparo, requiérase a Héctor Aguiñiga Cortez, para que dentro del plazo de cinco días, siguientes al día en que surta efectos la notificación de este proveído, con las copias necesarias a que se refiere el artículo 110 de la ley de la materia, cumpla con la obligación que le impone la fracción I, del artículo 108 del citado ordenamiento legal, y precise si el amparo lo pide únicamente por propio derecho o también en representación de diversa persona. En caso, de que también sea en representación de diversa persona acredite con las constancias respectivas, ya sea en original o copia fotostática certificada y legible la personalidad que detenta, a fin que este Juzgado esté en aptitud de acordar lo conducente respecto de la demanda interpuesta. Tiene aplicación al respecto, Jurisprudencia 1/96, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en las fojas cuarenta y siete y cuarenta y ocho del tomo III, enero de mil novecientos noventa y seis, Novena época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA AL PROVEER SOBRE LA DEMANDA Y SI NO ESTÁ ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE CONFORME AL ARTÍCULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARÁ LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO.". De igual forma tiene aplicación el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 124/2016 (10a.), publicada el viernes once de noviembre de la presente anualidad, a las 10:22 horas, materia común, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, con registro 2012992, del tenor: "PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. QUIEN LO PROMUEVE EN REPRESENTACIÓN DEL QUEJOSO DEBE EXHIBIR, ANEXO A LA DEMANDA, COPIAS DEL DOCUMENTO CON EL QUE LA ACREDITE PARA QUE SE CORRA TRASLADO A LAS PARTES. No es óbice a lo anterior la constancia que en copia simple acompaña a su escrito de demanda, consistente en la diligencia de remate en primera almoneda llevada a cabo el cuatro de junio de dos mil diecinueve, dentro del expediente 784/2014, en atención a que de la misma no se advierte la personalidad con que comparece. Tampoco obsta la manifestación vertida por el promovente, de que tiene reconocida la personalidad que ostenta ante la autoridad responsable; ello en virtud que el artículo 11 de la Ley de Amparo, es claro al establecer que cuando quien comparezca en el juicio de amparo en nombre del quejoso, afirme tener reconocida su representación ante la autoridad responsable, tal personalidad será reconocida siempre que lo acredite con las constancias respectivas, de lo que es factible concluir que la exhibición de las referidas constancias debe realizarse al momento de presentar el escrito inicial de demanda o dentro del término concedido, al ser requerida para ello, con apoyo en lo dispuesto por la fracción I, del artículo 108 ambos del ordenamiento legal en consulta. Sostener una interpretación distinta de lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley de Amparo, esto es, que la exhibición de las constancias que acrediten el reconocimiento de la personalidad ante la autoridad responsable puede realizarse en cualquier etapa del procedimiento, podría generar la posibilidad de que se tramitara un juicio de amparo iniciado por quien carece de representación para promoverlo, lo que implicaría una labor estéril por parte del tribunal del conocimiento en la tramitación y decisión del asunto, además de causarse perjuicios a las partes del proceso, con el consecuente menoscabo de sus intereses, porque se ven sometidos no sólo a las molestias impuestas por los trámites, medios de apremio y diligencias de desahogo de pruebas, sino también a otros efectos, incluso de las sanciones en que puedan incurrir por su desacato. Al respecto, resulta aplicable en lo conducente, el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 23/2009, publicada en la página siete, del tomo XXIX, abril de dos mil nueve, materia común, Novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. EL ARTÍCULO 13 DE LA LEY RELATIVA REQUIERE QUE, PREVIAMENTE A LA ADMISIÓN DE LA DEMANDA, EL PROMOVENTE EXHIBA LAS CONSTANCIAS QUE ACREDITEN EL RECONOCIMIENTO DE DICHO PRESUPUESTO PROCESAL ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. El artículo 13 de la Ley de Amparo dispone que cuando alguno de los interesados tenga reconocida su personalidad ante la autoridad responsable, tal personalidad será reconocida en el juicio de amparo para todos los efectos legales, siempre que compruebe tal circunstancia con las constancias respectivas. Del análisis de dicho precepto puede arribarse a la conclusión de que la exhibición de las referidas constancias debe realizarse al momento de presentar el escrito inicial de demanda, en el entendido de que, de no hacerlo así, el juez o tribunal del conocimiento deberán requerir al promovente en términos de lo dispuesto por el artículo 146 de la Ley de Amparo, para que en el plazo de tres días exhiba las constancias referidas, apercibido que de no hacerlo así, se tendrá por no interpuesta la demanda en aquellos casos en que se afecten únicamente intereses patrimoniales, o bien se dará vista al Ministerio Público en los demás casos. Lo anterior es así, pues las únicas excepciones a la regla de acreditar la personalidad previamente a la admisión de la demanda se encuentran referidas a las materias penal y agraria, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 215 de la Ley de Amparo, ya que en términos del primer numeral citado, bastará la simple manifestación del quejoso en el sentido de tener el carácter de defensor del quejoso para que se admita la demanda, sin perjuicio de que se solicite al juez o tribunal la certificación correspondiente; mientras que el segundo de los preceptos citados dispone que cuando no se hayan acompañado los documentos que justifiquen la personalidad, el juez o tribunal que conozca del juicio de amparo, con independencia del requerimiento que formule a los promoventes, solicitará por separado a las autoridades agrarias para que le informen si efectivamente cuentan con la personalidad con que se ostentaron, sin perjuicio de conceder la suspensión provisional de los actos reclamados. Sostener una interpretación distinta de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Amparo, esto es, que la exhibición de las constancias que acrediten el reconocimiento de la personalidad ante la autoridad responsable puede realizarse en cualquier etapa del procedimiento, podría generar la posibilidad de que se tramitara un juicio de amparo iniciado por quien carece de representación para promoverlo, lo que implicaría una labor estéril por parte del tribunal del conocimiento en la tramitación y decisión del asunto, además de que se causarían perjuicios a las partes del proceso, con el consecuente menoscabo de sus intereses, porque se ven sometidos no sólo a las molestias impuestas por los trámites, medios de apremio y diligencias de desahogo de pruebas, sino también a otros efectos, como los que derivan de la suspensión del acto reclamado, del otorgamiento de garantías para su ejecución e incluso de las sanciones en que puedan incurrir por su desacato.". Asimismo, bajo las citadas condiciones, requiérase al quejoso para que cumpla con la obligación que le impone la fracción V, del artículo 108 del citado ordenamiento legal y: Realice la narración de los antecedentes, hechos o abstenciones que le constan y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, de manera cronológica, sucinta y en su totalidad, pues del contexto de la demanda se asume la insuficiencia de datos para dilucidar la naturaleza y consecuencias de los actos que reclama, ya que se abstuvo de narrarlos, lo cual es de esencial importancia para determinar la procedencia del juicio en que se actúa. Se hace hincapié que el numeral 108 en estudio, contempla uno de los requisitos que debe cumplir la demanda de amparo indirecto, esto es, los hechos o abstenciones que le constan y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación que menciona en su libelo constitucional, cuya teleología no es otra que dar claridad al Juzgador Federal con relación a la naturaleza misma del acto reclamado, a fin de discernir en el caso concreto respecto a su procedencia. De igual forma, requiérase al promovente para que con las mismas condiciones anotadas en párrafos precedentes, precise si solicita se dé trámite al incidente de suspensión respectivo, toda vez que su demanda de amparo no cuenta con el capítulo relativo y en el punto segundo de petitorios dice: ". Se ordene a las autoridades señaladas como responsables rindan los informes previos y justificados correspondientes a fin de que manifiesten si son ciertos o no los actos reclamados, .". Se apercibe a la parte quejosa que de no dar cumplimiento a la prevención en el término antes indicado se tendrá por no presentada su demanda de amparo, de conformidad con lo establecido en el artículo 114 de la Ley de Amparo. Ténganse por autorizados para oír y recibir notificaciones en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados Jorge Armando Villalobos Sánchez y Blanca Elena de la Rosa, y como lo solicita el quejoso a la pasante de derecho Karla Monserrat Ortega Santillán, únicamente para oír notificaciones e imponerse de los autos más no así para promover; y, como domicilio para oír y recibir notificaciones el despacho jurídico ubicado en calle de Oro número ciento dieciséis (116), colonia Sierra de Alica en la ciudad de Zacatecas.
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