Héctor Aguilar Guerra

Expediente 855/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
855/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
27/11/2020

Partes del expediente

  • Héctor Aguilar Guerra

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintitrés de noviembre de dos mil veinte. Con fundamento en los artículos 219, 220 y 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, agréguese a los autos el oficio signado por la Encargada de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Puebla, por medio del cual remite el diverso oficio D´RAN/JCC/1529/2020 de diez de noviembre de dos mil veinte, por el que informó al aquí quejoso que fue emitida la calificación registral en sentido positivo por parte de la Dirección General de Registro y Control Documental. En tales condiciones, con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con las constancias de cuenta por el término de tres días, para que se imponga de su contenido y, en su caso, manifieste lo que a su interés convenga respecto de lo informado por parte de la autoridad responsable; apercíbase a la parte quejosa que de no hacer manifestación alguna en el término concedido, con desahogo de la vista o sin ella, se dictará la resolución que en derecho corresponda, acorde a lo establecido en el citado precepto legal. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, cuatro de noviembre de dos mil veinte. Con fundamento en los artículos 219, 220 y 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, téngase por recibido el oficio con anexo de cuenta signado por el Directora de Recursos Humanos de la Secretaría de Educación del Estado de Puebla, a través del cual rinde el informe justificado con fundamento en el artículo 117 de la ley de la materia, para que surta los efectos legales procedentes. Ahora, de las constancias que obran dentro del presente juicio de garantías y en específico de las constancias remitidas por la autoridad responsable con que justifica el informe, -las que adquieren pleno valor probatorio en términos de los artículos 79, 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo-, se advierte que la parte quejosa Héctor Aguilar Guerra y Minerva Hernández Ameca, señalaron como acto reclamado la omisión por parte de la autoridad responsable en dar contestación a los escritos presentados el veintitrés de enero, primero y trece de julio todos del dos mil veinte. La Directora de Recursos Humanos de la Secretaría de Educación del Estado de Puebla, al rendir el informe justificado aceptó la existencia del acto reclamado; además, indicó que, por oficio SEP-4.2.2-DRH/6405/2020 de veinte de octubre de dos mil veinte, dio contestación a los escritos presentados por Héctor Aguilar Guerra y Minerva Hernández Ameca; asimismo, remite copia certificada de la constancia de notificación relativa al mencionado oficio. En ese sentido, esta autoridad advierte que respecto de los actos reclamados a la Directora de Recursos Humanos de la Secretaría de Educación del Estado de Puebla, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del precepto transcrito se infiere que, para efectos del juicio de garantías, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presenta en el momento en que la autoridad responsable revoca el acto que el quejoso señaló como reclamado, o bien, cuando crea o constituye una situación jurídica que destruye la que motivó la promoción del juicio de amparo, de tal manera que por esa nueva situación se restituya al quejoso en el goce de la garantía violada. Además, para que tal causa de improcedencia del juicio de garantías se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere vulnerado la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Establecido lo anterior, resulta importante reiterar que Héctor Aguilar Guerra y Minerva Hernández Ameca acuden a esta instancia constitucional a inconformarse contra la omisión de la autoridad responsable en dar contestación a los escritos presentados el veintitrés de enero, primero y trece de julio todos del dos mil veinte. Así, de las constancias remitidas por las responsables a las cuales se otorgó valor probatorio pleno en términos de los artículos 79, 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que por oficio SEP-4.2.2-DRH/6405/2020 de veinte de octubre de dos mil veinte, dio contestación a los escritos presentados por Héctor Aguilar Guerra y Minerva Hernández Ameca. Bajo esa óptica, es dable concluir que cesaron los efectos de la omisión de la que se duele la peticionaria de amparo, toda vez que los efectos de dicha omisión desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si los actos no hubiesen invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí huella alguna de dicha afectación. En las relatadas condiciones, como se dijo, en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que, con fundamento en la fracción V del artículo 63 íbidem, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio, respecto de los actos que Héctor Aguilar Guerra y Minerva Hernández Ameca reclamaron en contra de la Directora de Recursos Humanos de la Secretaría de Educación del Estado de Puebla. En tales condiciones, se deja sin efecto las nueve horas con veinticinco minutos del nueve de noviembre, que se habían señalado para la celebración de la audiencia constitucional. Háganse las anotaciones del caso en el libro respectivo e ingrésese esta información en el sistema integral de seguimiento de expedientes [SISE]. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de octubre de dos mil veinte. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que mediante proveídos de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve y doce de febrero de dos mil veinte, se reservó proveer respecto de la admisión de la prueba pericial en materia de ingeniería de tránsito y transporte terrestre ofrecida por la parte quejosa, hasta que obraran la totalidad de los informes justificados requeridos a las autoridades responsables, situación que ya aconteció, por tanto, se acuerda lo siguiente: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de la Materia, téngase a la parte quejosa ofreciendo como prueba de su parte la pericial en materia de ingeniería de tránsito y transporte terrestre. Por lo anterior, se concede a las partes un término de tres días contados a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, para que se encuentren en condiciones, si así lo desean, de designar perito de su parte o realizar adiciones al cuestionario de puntos concretos [que al efecto se adjunta], previniéndoles que de no hacer manifestación al respecto, se les tendrá por precluido ese derecho; y, se tendrán por conformes con el dictamen que emita el perito oficial designado por este juzgado al tenor del cuestionario exhibido por la oferente. Una vez que fenezca el término concedido, provéase lo conducente para la preparación de dicha prueba, lo anterior en términos de la tesis 1ª./J.44/2002, visible a fojas 212, del Tomo XVI, correspondiente al mes de Septiembre de dos mil dos, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro: "PRUEBA PERICIAL EN EL JUICIO DE AMPARO. PROCEDE LA APLICACIÓN SUPLETORIA DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA OTORGAR A LA CONTRAPARTE DEL OFERENTE DEL DERECHO A ADICIONAR EL CUESTIONARIO QUE ÉSTE EXHIBIÓ.". Con independencia de lo anterior, requiérase a la Coordinadora Estatal de Servicios Periciales en Puebla de la Fiscalía General de la República, Delegación Puebla, para que dentro del término de tres días, contados a partir de la notificación correspondiente, designe un perito en materia de ingeniería de tránsito y transporte terrestre a efecto de funja como oficial por parte de este órgano jurisdiccional. Con el apercibimiento para la citad Coordinadora que de no hacerlo o, no manifestar la imposibilidad que tenga para tal efecto, se le impondrá una una multa equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 260, fracción II, de la ley en cita, en relación con los diversos 26, apartado B, sexto y séptimo párrafo y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los arábigos 3º, 4º y 5º de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, cuyo valor diario será de $86.88 [ochenta y seis pesos con ochenta y ocho centavos, moneda nacional], atento a la actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil veinte. Para dar oportunidad a lo anterior, la audiencia señalada para el día de hoy se difiere y en su lugar se señalan las nueve horas con dieciocho minutos del uno de diciembre de dos mil veinte. Notifíquese personalmente.

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