Héctor Aguilar Granados

Expediente 118/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 6 actuaciones registradas, la última del 2 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
118/2019
Año
2019
Actuaciones
6
Última actuación
02/05/2019

Partes del expediente

  • Héctor Aguilar Granados

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, dos de mayo de dos mil diecinueve. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 118/2019-II, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en el juicio de amparo el cuatro de abril de dos mil diecinueve, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia cuyo único punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, y previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, se declara que el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción II, del Acuerdo General referido en el párrafo anterior. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Aletia González Huerta, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 118/2019-II-B, promovido por promovido por HÉCTOR AGUILAR GRANADOS, por conducto de su apoderada legal Dulce Veneranda Rodríguez Labra; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Por demanda presentada el treinta de enero de dos mil diecinueve ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos con sede en Cuernavaca, turnada y recibida el día siguiente en este órgano jurisdiccional, HÉCTOR AGUILAR GRANADOS, por conducto de su apoderada legal Dulce Veneranda Rodríguez Labra, solicitó la protección de la justicia federal contra actos de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. SEGUNDO. Trámite. Previo desahogo de prevención, por auto de quince de febrero de dos mil diecinueve, se admitió a trámite la demanda; se fijó fecha para el verificativo de la audiencia constitucional, se solicitó el informe justificado, se ordenó emplazar al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y a la parte tercera interesada (fojas 14 a 18). La personalidad de Dulce Veneranda Rodríguez Labra, como apoderada legal de la parte quejosa, se acreditó con las copias certificadas de las diversas constancias allegadas por la junta responsable (fojas 30 y 31). Seguida la secuela procesal, se celebró la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede; y CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35, 37, 114 y 116 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; siendo en ésta donde se presentó la demanda y reside la autoridad a la que se atribuye el acto reclamado, carente de ejecución material. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa el acto reclamado. Así, el acto reclamado consiste en: La negativa de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, de acordar el escrito presentado el catorce de noviembre de dos mil dieciocho, mediante el que se solicitó la ejecución del laudo dictado en el expediente 01/375/14. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado, pues así lo manifestó la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, al rendir su informe justificado (fojas 27 y 28). Además, entre otros, exhibió copia certificada del escrito presentado el catorce de noviembre de dos mil dieciocho, en el expediente 01/375/14, del que se advierte la existencia del citado acto reclamado; documental que amerita pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles. CUARTO. Causales de improcedencia. La autoridad responsable estimó que los efectos de la negativa combatida cesaron al haberse emitido el acuerdo de catorce de noviembre de dos mil dieciocho, en el que dio contestación al ocurso de cuenta y ordenó la diligencia de reinstalación ordenada en el laudo de catorce de septiembre de dos mil diecisiete dictado en el juicio de origen, circunstancia que en lo particular se comparte, por lo que se considera que se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo. El artículo 61, fracción XXI, en comento es del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;..." Efectivamente, a juicio de este juzgador se actualiza dicha causal porque la negativa combatida por la parte quejosa ha cesado, en el entendido de que HÉCTOR AGUILAR GRANADOS se dolía con respecto a que en el juicio de origen no se emitía el proveído relativo al escrito presentado el catorce de noviembre de dos mil dieciocho, en el expediente 01/375/14; sin embargo, en auto de treinta de noviembre del año próximo pasado la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, acordó lo correspondiente toda vez que así se advierte de la documental aportada por la responsable. De lo anterior, podemos resumir que la parte quejosa ante la omisión de la autoridad responsable promovió juicio de amparo el treinta de enero del año en curso. Luego, al rendir el informe justificado la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, aceptó la existencia del acto reclamado y además, remitió copia certificada del proveído de treinta de noviembre de dos mil dieciocho (foja 34), en el que proveyó sobre las solicitudes de la parte quejosa y ordenó la diligencia de reinstalación conforme a lo previsto en el laudo dictado en el juicio de origen; constancia que al haberse certificado por un funcionario público en ejercicio de sus funciones, tiene valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En tales condiciones, no pasa por inadvertido que la notificación personal practicada a la aquí parte quejosa del auto de referencia fue el quince de febrero de dos mil diecinueve (foja 35), data posterior al treinta de enero de dos mil diecinueve, fecha de presentación de la demanda. Por ende, se advierte que la autoridad responsable hizo que cesaran los efectos de la negativa de acordar el escrito presentado el catorce de noviembre de dos mil dieciocho, mediante el que se solicitó la ejecución del laudo dictado en el expediente 01/375/14, lo que constituye el acto aquí reclamado; con lo que se destruyeron todos sus efectos en forma total e incondicional, en la medida que las cosas volvieron al estado en que se encontraban antes de la violación combatida. Lo anterior es así ya que al reclamar un acto negativo, se aborda su análisis por los efectos transgresores de derecho que genera, que en el caso concreto se traducen en la omisión de acordar el escrito presentado el catorce de noviembre de dos mil dieciocho, mediante el que se solicitó la ejecución del laudo dictado en el expediente 01/375/14; y por consecuencia, una eventual concesión de amparo tiene por efecto que la autoridad restituya en sus derechos violados al peticionario y para ello impondrá a la responsable la obligación de proveer al respecto del ocurso en comento. Por lo que puede estimarse como resarcida la transgresión a la garantía de acceso a la justicia alegada, al haberse satisfecho en todos sus extremos la omisión combatida; puesto que se proveyó sobre el multicitado libelo, se ordenó el cumplimiento del laudo y la determinación referida fue notificada. Condiciones que en el particular se reparan en el momento de que fue notificada la parte quejosa del auto de treinta de noviembre de dos mil dieciocho, restituyéndose así la garantía constitucional que inicialmente fue violada y por ende, no habría materia para resolver de fondo el asunto. La anterior consideración, encuentra apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: IX, Junio de 1999, página 38 del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Así como la jurisprudencia 2a./J. 9/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998, Página 210 del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo.". Consecuentemente, al haber cesado los efectos del acto reclamado, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la ley de la materia, y se sobresee en el juicio con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. No obsta a la determinación anterior, la falta de emplazamiento de los terceros interesados Juan Maxinez Cervantes y Felipe Jiménez, en el presente juicio de amparo, toda vez que esta sentencia no les finca obligación alguna, ni obliga a la autoridad responsable a hacerlo. Por lo expuesto y fundado se; RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee el juicio de amparo promovido por HÉCTOR AGUILAR GRANADOS, contra el acto reclamado precisado en el considerando segundo de esta sentencia y por las razones indicadas en el considerando cuarto. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de la Secretaria Aletia González Huerta, que autoriza y da fe hasta hoy cuatro de abril de dos mil diecinueve, en que las labores del juzgado lo permitieron. Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 118/2019-II-B, promovido por promovido por HÉCTOR AGUILAR GRANADOS, por conducto de su apoderada legal Dulce Veneranda Rodríguez Labra; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Por demanda presentada el treinta de enero de dos mil diecinueve ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos con sede en Cuernavaca, turnada y recibida el día siguiente en este órgano jurisdiccional, HÉCTOR AGUILAR GRANADOS, por conducto de su apoderada legal Dulce Veneranda Rodríguez Labra, solicitó la protección de la justicia federal contra actos de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. SEGUNDO. Trámite. Previo desahogo de prevención, por auto de quince de febrero de dos mil diecinueve, se admitió a trámite la demanda; se fijó fecha para el verificativo de la audiencia constitucional, se solicitó el informe justificado, se ordenó emplazar al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y a la parte tercera interesada (fojas 14 a 18). La personalidad de Dulce Veneranda Rodríguez Labra, como apoderada legal de la parte quejosa, se acreditó con las copias certificadas de las diversas constancias allegadas por la junta responsable (fojas 30 y 31). Seguida la secuela procesal, se celebró la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede; y CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35, 37, 114 y 116 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; siendo en ésta donde se presentó la demanda y reside la autoridad a la que se atribuye el acto reclamado, carente de ejecución material. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa el acto reclamado. Así, el acto reclamado consiste en: La negativa de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, de acordar el escrito presentado el catorce de noviembre de dos mil dieciocho, mediante el que se solicitó la ejecución del laudo dictado en el expediente 01/375/14. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado, pues así lo manifestó la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, al rendir su informe justificado (fojas 27 y 28). Además, entre otros, exhibió copia certificada del escrito presentado el catorce de noviembre de dos mil dieciocho, en el expediente 01/375/14, del que se advierte la existencia del citado acto reclamado; documental que amerita pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles. CUARTO. Causales de improcedencia. La autoridad responsable estimó que los efectos de la negativa combatida cesaron al haberse emitido el acuerdo de catorce de noviembre de dos mil dieciocho, en el que dio contestación al ocurso de cuenta y ordenó la diligencia de reinstalación ordenada en el laudo de catorce de septiembre de dos mil diecisiete dictado en el juicio de origen, circunstancia que en lo particular se comparte, por lo que se considera que se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo. El artículo 61, fracción XXI, en comento es del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;..." Efectivamente, a juicio de este juzgador se actualiza dicha causal porque la negativa combatida por la parte quejosa ha cesado, en el entendido de que HÉCTOR AGUILAR GRANADOS se dolía con respecto a que en el juicio de origen no se emitía el proveído relativo al escrito presentado el catorce de noviembre de dos mil dieciocho, en el expediente 01/375/14; sin embargo, en auto de treinta de noviembre del año próximo pasado la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, acordó lo correspondiente toda vez que así se advierte de la documental aportada por la responsable. De lo anterior, podemos resumir que la parte quejosa ante la omisión de la autoridad responsable promovió juicio de amparo el treinta de enero del año en curso. Luego, al rendir el informe justificado la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, aceptó la existencia del acto reclamado y además, remitió copia certificada del proveído de treinta de noviembre de dos mil dieciocho (foja 34), en el que proveyó sobre las solicitudes de la parte quejosa y ordenó la diligencia de reinstalación conforme a lo previsto en el laudo dictado en el juicio de origen; constancia que al haberse certificado por un funcionario público en ejercicio de sus funciones, tiene valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En tales condiciones, no pasa por inadvertido que la notificación personal practicada a la aquí parte quejosa del auto de referencia fue el quince de febrero de dos mil diecinueve (foja 35), data posterior al treinta de enero de dos mil diecinueve, fecha de presentación de la demanda. Por ende, se advierte que la autoridad responsable hizo que cesaran los efectos de la negativa de acordar el escrito presentado el catorce de noviembre de dos mil dieciocho, mediante el que se solicitó la ejecución del laudo dictado en el expediente 01/375/14, lo que constituye el acto aquí reclamado; con lo que se destruyeron todos sus efectos en forma total e incondicional, en la medida que las cosas volvieron al estado en que se encontraban antes de la violación combatida. Lo anterior es así ya que al reclamar un acto negativo, se aborda su análisis por los efectos transgresores de derecho que genera, que en el caso concreto se traducen en la omisión de acordar el escrito presentado el catorce de noviembre de dos mil dieciocho, mediante el que se solicitó la ejecución del laudo dictado en el expediente 01/375/14; y por consecuencia, una eventual concesión de amparo tiene por efecto que la autoridad restituya en sus derechos violados al peticionario y para ello impondrá a la responsable la obligación de proveer al respecto del ocurso en comento. Por lo que puede estimarse como resarcida la transgresión a la garantía de acceso a la justicia alegada, al haberse satisfecho en todos sus extremos la omisión combatida; puesto que se proveyó sobre el multicitado libelo, se ordenó el cumplimiento del laudo y la determinación referida fue notificada. Condiciones que en el particular se reparan en el momento de que fue notificada la parte quejosa del auto de treinta de noviembre de dos mil dieciocho, restituyéndose así la garantía constitucional que inicialmente fue violada y por ende, no habría materia para resolver de fondo el asunto. La anterior consideración, encuentra apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: IX, Junio de 1999, página 38 del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Así como la jurisprudencia 2a./J. 9/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998, Página 210 del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo.". Consecuentemente, al haber cesado los efectos del acto reclamado, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la ley de la materia, y se sobresee en el juicio con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. No obsta a la determinación anterior, la falta de emplazamiento de los terceros interesados Juan Maxinez Cervantes y Felipe Jiménez, en el presente juicio de amparo, toda vez que esta sentencia no les finca obligación alguna, ni obliga a la autoridad responsable a hacerlo. Por lo expuesto y fundado se; RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee el juicio de amparo promovido por HÉCTOR AGUILAR GRANADOS, contra el acto reclamado precisado en el considerando segundo de esta sentencia y por las razones indicadas en el considerando cuarto. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de la Secretaria Aletia González Huerta, que autoriza y da fe hasta hoy cuatro de abril de dos mil diecinueve, en que las labores del juzgado lo permitieron.

  3. Principal

    En términos del artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal a la parte quejosa el auto y/o resolución del dieciocho de marzo del dos mil dieciséis, que en lo conducente dice: Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 118/2019-II-B, promovido por promovido por HÉCTOR AGUILAR GRANADOS, por conducto de su apoderada legal Dulce Veneranda Rodríguez Labra; y RESULTANDO: PRIMERO. *******CONSIDERANDO: *** Por lo expuesto y fundado se; RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee el juicio de amparo promovido por HÉCTOR AGUILAR GRANADOS, contra el acto reclamado precisado en el considerando segundo de esta sentencia y por las razones indicadas en el considerando cuarto. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de la Secretaria Aletia González Huerta, que autoriza y da fe hasta hoy cuatro de abril de dos mil diecinueve, en que las labores del juzgado lo permitieron.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, uno de marzo de dos mil diecinueve. Se tiene por recibido el oficio proveniente del Juzgado Primero Civil en Materia Familiar y de Sucesiones de Primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial en el Estado, con residencia en Jojutla, Morelos; mediante el cual devuelve sin diligenciar el despacho 80/2019-II, por los motivos que expone; dese de baja en el libro de gobierno correspondiente, agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda y acúsese de recibo correspondiente. En consecuencia, se reserva a proveer respecto al emplazamiento de los terceros interesados JUAN MAXINEZ CERVANTES y FELIPE JIMÉNEZ, hasta el momento procesal oportuno. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Aletia González Huerta, que autoriza y da fe.

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