Héctor Aguilar Días

Expediente 824/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 2 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
824/2020
Año
2020
Actuaciones
5
Última actuación
02/03/2021

Partes del expediente

  • Héctor Aguilar Días

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, dos de marzo de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se declara que el auto de veintiocho de diciembre de dos mil veinte, por el que se desechó la demanda de amparo promovida por el quejoso --------, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Ahora, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que en el presente juicio de amparo no existe diligencia ni trámite pendiente que realizar, se ordena su archivo definitivo. Lo anterior, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en su capítulo segundo, artículo 6, fracción II; y, 21, inciso d, que dicen: "CAPÍTULO SEGUNDO FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN, ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y VISITADURÍA JUDICIAL Artículo 6. Funciones de los órganos jurisdiccionales. Corresponde a los titulares de los órganos jurisdiccionales: . II. Emitir el acuerdo de desincorporación de los expedientes judiciales motivo de destrucción, en términos de lo dispuesto en los artículos 20 y 21 del presente Acuerdo; ." "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: . d) Aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado;." Se estima que este expediente es susceptible de destrucción, pues, se trata de un asunto en el que se desechó la demanda de amparo. No se omite precisar que el presente asunto, en términos del artículo 15 del acuerdo de mérito, no es considerado asunto de relevancia documental. Notifíquese personalmente al quejoso en el lugar en que se encuentra recluido.

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veintiocho de diciembre de dos mil veinte, la Secretaria certifica que: a) Mediante la Circular CAP/2/2020 el Coordinador de Asesores de la Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial del Consejo de la Judicatura Federal, informó que mediante sesión extraordinaria de dieciocho de diciembre de dos mil veinte la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal aprobó el punto para acuerdo denominado "Propuesta de medidas en relación con los contagios de la enfermedad Covid-19 en los órganos jurisdiccionales del Segundo Circuito", con vigencia del diecinueve de diciembre de dos mil veinte y hasta el diez de enero de dos mil veintiuno. En diversa Circular CAP/3/2020 el Coordinador de Asesores de la Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial del Consejo de la Judicatura Federal, informó que mediante sesión extraordinaria de veinte de diciembre de dos mil veinte la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal aprobó el punto para acuerdo denominado "Propuesta de medidas a tomar del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal", con vigencia del veintiuno de diciembre de dos mil veinte y hasta el once de enero de dos mil veintiuno. En dichos puntos de acuerdo, con el fin de salvaguardar la salud de los justiciables y de los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, las Consejeras integrantes de dicha Comisión Especial determinaron regresar al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, "relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19". b) Las Circulares CAP/2/2020 y CAP/3/2020 y el Acuerdo General 13/2020, establecen que "se dará trámite a los escritos iniciales que se califiquen como "urgentes", ya sea que se presenten de manera física o electrónica, y se dará seguimiento a los asuntos ya radicados que tengan esa misma calidad. Asimismo, se recibirán y tramitarán los casos nuevos y los que puedan tramitarse en su totalidad a través del juicio en línea [.]" para los casos restantes, "se suspenden los plazos y términos procesales, con la única salvedad de que podrán resolverse aquellos expedientes que estén listos para sentencia." Esto implica que "continúa la actividad jurisdiccional para la resolución de aquellos casos que se hayan tramitado físicamente y que estén en estado de emitir sentencia o resolución final, lo que excluye aquéllos expedientes en los que queden pendientes de desahogar diligencias judiciales distintas". c) Por otro lado, el Acuerdo General 13/2020, habilita a las personas que hayan tramitado sus asuntos físicamente, puedan solicitar, vía electrónica, autorización para acceder al expediente electrónico y recibir notificaciones electrónicas y para que los titulares autoricen en esos casos el acceso al expediente electrónico y la realización de MARIA DEL ROSARIO GARCÍA LARA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.b8.45 12/03/22 11:31:52 notificaciones electrónicas en asuntos que se hubieren tramitado físicamente; a fin de que si reúnen los demás requisitos para considerarlos dentro del esquema de "juicio en línea" se reanude su tramitación a través de medios electrónicos. d) Finalmente, se certifica que el veintitrés de diciembre de dos mil veinte, se recibió vía electrónica la promoción registrada con el folio 12005, misma que quedó registrada a las once horas con cuarenta y un minutos de esa fecha.- Doy fe. La Secretaria. Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veintiocho de diciembre de dos mil veinte, la Secretaria da cuenta al Secretario Encargado del Despacho, con la certificación que antecede, con el estado procesal de los autos, y con el escrito recibido vía electrónica, el cual se registró con el folio 12005, correspondientes al juicio de amparo 824/2020-I. Conste. La Secretaria. Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veintiocho de diciembre de dos mil veinte. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que mediante Circulares CAP/2/2020 y CAP/3/2020, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, determinó que a partir del diecinueve de diciembre de las presente anualidad y hasta el once de enero de dos mil veintiuno, con el fin de salvaguardar la salud de las y los justiciables y de las y los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, se dará trámite a los escritos iniciales que se califiquen como "urgentes", ya sea que se presenten de manera física o electrónica, y se dará seguimiento a los asuntos ya radicados que tengan esa misma calidad. Asimismo, se recibirán y tramitarán los casos nuevos y los que puedan tramitarse en su totalidad a través del juicio en línea [.]" para los casos restantes, "se suspenden los plazos y términos procesales, con la única salvedad de que podrán resolverse aquellos expedientes que estén listos para sentencia." De esa forma, a partir del diecinueve de diciembre de dos mil veinte y hasta el once de enero de dos mil veintiuno, se regresa al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, II y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Ahora, de conformidad con sus diversos artículos 1, fracción I, 4, 5 y 6, se advierte que a pesar de la suspensión de plazos y términos procesales, los órganos jurisdiccionales que hayan iniciado la tramitación de asuntos urgentes deberán dar seguimiento a las determinaciones derivadas de los mismos y, si se mantiene el carácter de urgencia, continuar con la tramitación de los casos hasta la emisión y MARIA DEL ROSARIO GARCÍA LARA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.b8.45 12/03/22 11:31:52 ??????????????? notificación de la sentencia o resolución final, en aras de proporcionar una justicia completa. En esos términos, del estado de autos del presente juicio así como de la certificación de cuenta, se desprende que este juicio entra dentro del supuesto mencionado, ya que se trata de un juicio de amparo en el que el acto reclamado por el aquí quejoso está relacionado con el otorgamiento de su libertad bajo alguna medida cautelar o algún sustitutivo de pena de prisión o libertad alternativa; por tanto, el asunto en que se actúa se califica como urgente, en consecuencia, SE ORDENA CONTINUAR LA TRAMITACIÓN DEL PRESENTE JUICIO DE AMPARO HASTA SU RESOLUCIÓN. Por otro lado, conforme el artículo 1, fracción I, párrafo tercero del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este juzgado exhorta a las partes para que, de ser posible, continúen la tramitación del presente juicio de amparo a través del sistema de "juicio en línea"; es decir, mediante el uso de los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Para ello, conforme a ese Acuerdo General, las partes o sus representantes, a través de una promoción electrónica desde el Portal de Servicios en Línea, deberán: 1. Solicitar la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones; y 2. Proporcionar el nombre de usuario respectivo. En el entendido de que la actuación por este medio requiere de la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. Por otra parte, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado electrónicamente por la licenciada Adriana Alejandra Sánchez López, en su calidad Defensora Pública del Estado de México, mediante el cual medularmente informa, en esencia, que el aquí quejoso Héctor Aguilar Díaz, sí tenía la intención de solicitar al Juez de Ejecución de Sentencias del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos, Estado de México, un escrito peticionándole se le aplicara la orden presidencial de dieciséis de junio de dos mil dieciséis, con la MARIA DEL ROSARIO GARCÍA LARA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.b8.45 12/03/22 11:31:52 finalidad de obtener beneficios preliberacionales; sin que lo haya realizado, por los motivos que refiere. En consecuencia, se levanta la reserva decretada en el referido proveído y se procede a acordar en los siguientes términos: Así, previo al análisis del escrito de desahogo, es necesario recordar que el veintiuno de septiembre de dos mil veinte, se previno al peticionario de amparo, para que en el término de cinco días legalmente computados, realizaran, entre otras cosas, lo siguiente: "(.) 2) Todos los quejosos, de manera independiente, deberán precisar cuál es el acto concreto que cada uno reclama, es decir, si dentro de los procesos penales de los que derivan los actos reclamados han solicitado de manera expresa al Juez de Ejecución de Sentencias de los Juzgados de Ecatepec de Morelos, Estado de México, que les aplique la orden presidencial de dieciséis de junio de dos mil dieciséis, para otorgarles su libertad bajo alguna medida cautelar o algún sustitutivo de pena de prisión o libertad alternativa, que en su caso proceda; y, de ser así, la fecha en la que se peticionó, si se les dio respuesta a la misma, la fecha en que ello aconteció y cuál fue la respuesta que se les dio. Se dice lo anterior, ya que del estudio integro que se realiza a la demanda no se advierte que hayan solicitado al Juez de Ejecución de Sentencias de los Juzgados de Ecatepec de Morelos, Estado de México, que les aplique la orden presidencial de dieciséis de junio de dos mil dieciséis, para otorgarles su libertad bajo alguna medida cautelar o algún sustitutivo de pena de prisión o libertad alternativa, que en su caso proceda; sin embargo, en el apartado de actos reclamados, señalan como tales: "la improcedencia de otorgar sustitutivos de ley decretados por orden presidencial a los hoy quejosos." lo que crea confusión si ello derivó de alguna solicitud que hayan realizado al respecto. Lo anterior, pues precisamente dichos antecedentes son la base para analizar la acción constitucional en cuestión; entendiéndose por éstos, la relación breve de las actuaciones previas al acto reclamado, así como las condiciones de hecho que generaron la actividad que reprocha; lo anterior, tomando en consideración que los que incorporó a su demanda no cumplen cabalmente dicha exigencia. Tiene aplicación la tesis número 227,883, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo III, Segunda Parte-1, enero a junio 1989, página 54, del tenor siguiente: "ACTO RECLAMADO, FALTA DE PRECISIÓN EN EL SEÑALAMIENTO DEL. PROCEDE LA ACLARACIÓN DE LA DEMANDA Y NO EL SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO.". MARIA DEL ROSARIO GARCÍA LARA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.b8.45 12/03/22 11:31:52 ??????????????? Al respecto, en el escrito de cuenta, la licenciada Adriana Alejandra Sánchez López, en su calidad Defensora Pública del Instituto Federal de la Defensoría Pública del Estado de México, informó que el quejoso Héctor Aguilar Díaz, no ha solicitado ante el Juez de Ejecución de Sentencias que le aplique la orden presidencial de dieciséis de junio de dos mil dieciséis, para otorgarle su libertad bajo alguna medida cautelar o algún sustitutivo de pena de prisión o libertad alternativa, que en su caso proceda, por los motivos que expuso en dicho ocurso. En ese contexto, y teniendo como base dicha manifestación, este juzgador estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, toda vez que el quejoso no ha agotado el principio de definitividad, pues ese acto reclamado es susceptible de resolverse mediante una controversia judicial ante el Juez de Ejecución de Sentencias. En efecto, del contenido de los artículos 122, 123, 124, 125 126, 127, 128 129, 130, 131 y 144 de la Ley Nacional de Ejecución Penal1, se 1 Artículo 122. Formulación de la controversia La controversia judicial deberá presentarse por escrito ante la administración del juzgado de ejecución, precisando el nombre del promovente, datos de localización, el relato de su inconformidad, los medios de prueba en caso de contar con ellos, la solicitud de suspensión del acto cuando considere que se trata de caso urgente y la firma o huella digital. El Juez de Ejecución, de acuerdo con la naturaleza de la pretensión, de oficio o a petición de parte, ordenará la suspensión del acto si lo considera pertinente, así como el desahogo de las pruebas que estime conducentes para resolver el conflicto. Artículo 123. Auto de inicio Una vez recibida la solicitud, la administración del juzgado de ejecución registrará la causa y la turnará al juez competente. Recibida la causa, el Juez de Ejecución contará con un plazo de setenta y dos horas para emitir un auto en cualquiera de los siguientes sentidos: I. Admitir la solicitud e iniciar el trámite del procedimiento; II. Prevenir para que aclare o corrija la solicitud, si fuere necesario, o III. Desechar por ser notoriamente improcedente. Cuando se realice una prevención, el solicitante tendrá un plazo de setenta y dos horas para que aclare o corrija la solicitud, en caso de no hacerlo, se desechará de plano. El auto que admita la solicitud deberá realizarse por escrito y notificarse al promovente de manera inmediata sin que pueda exceder del término de veinticuatro horas. En caso de que no se notifique, se entenderá que fue admitida la solicitud. Las solicitudes que tengan un mismo objeto, total o parcialmente, serán acumuladas en el auto admisorio para ser resueltas en un solo acto conjuntamente, continuándose la substanciación por separado de la parte que no se hubiese acumulado. El auto que admite o niega la acumulación podrá ser reclamado mediante revocación. Artículo 124. Sustanciación En caso de ser admitida la solicitud o subsanada la prevención, la administración del juzgado de ejecución notificará y entregará a las partes copia de la solicitud y sus anexos, para que dentro del plazo de cinco días contesten la acción y ofrezcan los medios de prueba que estimen pertinentes; además se requerirá a la Autoridad Penitenciaria para que dentro del mismo término rinda el informe que corresponda. En caso de tratarse de medidas disciplinarias y de violación a derechos que constituyan un caso urgente que, de no atenderse de inmediato, quedará sin materia la acción o el recurso jurisdiccional, el Juez de Ejecución de oficio o a solicitud de parte decretará de inmediato la suspensión del acto, hasta en tanto se resuelve en definitiva. Rendido el informe y contestada la acción, se entregará copia de las mismas a las partes que correspondan y se señalará hora y fecha para la celebración de la audiencia, la cual deberá realizarse al menos tres días después de la notificación sin exceder de diez días. En caso de que las partes ofrezcan testigos, deberán indicar el nombre, domicilio y lugar donde podrán ser citados, así como el objeto sobre el cual versará su testimonio. En la fecha fijada se celebrará la audiencia, a la cual deberán acudir todos los interesados. La ausencia del director del Centro o quien lo represente y de la víctima o su asesor jurídico no suspenderá la audiencia. Artículo 125. Reglas de la audiencia Previo a cualquier audiencia, el personal de la administración del juzgado de ejecución llevará a cabo la identificación de toda persona que vaya a participar, para lo cual deberá proporcionar su nombre, apellidos, edad y domicilio. Las audiencias serán presididas por el Juez de Ejecución, y se realizarán en los términos previstos en esta Ley y el Código. Artículo 126. Desarrollo de la audiencia La audiencia se desarrollará sujetándose a las reglas siguientes: I. El Juez de Ejecución se constituirá en la sala de audiencias el día y hora fijados y verificará la asistencia de los intervinientes, declarará abierta la audiencia y dará una breve explicación de los motivos de la misma; II. El Juez de Ejecución verificará que las partes conocen de sus derechos constitucionales y legales que les corresponden en la audiencia y en caso contrario, se los hará saber; III. El Juez de Ejecución concederá el uso de la palabra al promovente y con posterioridad a las demás MARIA DEL ROSARIO GARCÍA LARA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.b8.45 12/03/22 11:31:52 advierte que el procedimiento de ejecución penal contiene un mecanismo de control denominado controversias judiciales, a través del cual las personas privadas de su libertad pueden reclamar, sin mayores formalismos, ante el Juez de Ejecución de Sentencias, la sustitución de la pena privativa de la libertad por alguna pena o medida de seguridad no privativa de la libertad. Esta controversia jurisdiccional constituye un verdadero procedimiento conformado de diversas etapas, pues inicia con la presentación de una petición formulada por los internos ante el Juzgado de Ejecución correspondiente, en donde pueden ofrecer pruebas o que la autoridad las recabe de oficio; en el caso de que el acto sea urgente puede ser suspendido de oficio y de inmediato por el Juez; asimismo, se prevé la posibilidad de que las decisiones adoptadas por la autoridad jurisdiccional relacionadas con el trámite y/o la resolución de la petición formulada sean impugnadas a través de los recursos correspondientes. En esa virtud, el citado mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz por medio del cual la persona privada de su libertad, puede reclamar la sustitución de la pena privativa de la libertad por alguna pena o medida de seguridad que no lo sea, por lo que antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar dicho mecanismo y los medios de impugnación previstos en su contra por la ley referida. Lo anterior, pues si bien el juicio constitucional constituye un medio extraordinario de defensa para invalidar los actos de autoridad que vulneren derechos fundamentales, lo cierto es que deben observarse los principios que lo rigen, entre ellos el de definitividad previsto en el partes; IV. Las partes discutirán sobre la admisión de los medios de prueba y podrán apelar el desechamiento; V. El Juez de Ejecución admitirá los medios de prueba y se procederá a su desahogo conforme a las reglas del Código; VI. Las partes formularán los alegatos finales y de ser procedente, el Juez de Ejecución observará el derecho de réplica y dúplica cuando el debate así lo requiera; VII. El Juez de Ejecución declarará cerrado el debate, y VIII. Emitirá su resolución y la explicará a las partes en la misma audiencia. Artículo 127. Resolución El Juez de Ejecución tendrá un término de cinco días para redactar, notificar y entregar copia a las partes de la resolución final. En la resolución el juez deberá pronunciarse, incluso de oficio, sobre cualquier violación a los derechos fundamentales de los sentenciados. (...) Artículo 129. Ejecución de la resolución La resolución definitiva se ejecutará una vez que quede firme. Transcurrido el término para el cumplimiento de la resolución por parte de la Autoridad Penitenciaria, el Juez de Ejecución, de oficio o a petición de parte, requerirá a la autoridad el cumplimiento de la misma. Cuando la Autoridad Penitenciaria manifieste haber cumplido con la resolución respectiva, el Juez de Ejecución notificará tal circunstancia al promovente, para que dentro del término de tres días manifieste lo que a su interés convenga; transcurrido dicho término sin que hubiese objeción, el Juez de Ejecución dará por cumplida la resolución y ordenará el archivo del asunto. Cuando el interesado manifieste su inconformidad en el cumplimiento de la resolución, el Juez de Ejecución notificará a la Autoridad Penitenciaria tal inconformidad por el término de tres días para que manifieste lo que conforme a derecho corresponda y transcurrido el mismo, se resolverá sobre el cumplimiento o no de la resolución. Cuando la autoridad informe que la resolución sólo fue cumplida parcialmente o que es de imposible cumplimiento, el juez, si considera que las razones no son fundadas ni motivadas, dará a la Autoridad Penitenciaria un término que no podrá exceder de tres días para que dé cumplimiento a la resolución, de no hacerlo se aplicarán las medidas de apremio que correspondan. Cuando la Autoridad Penitenciaria alegue imposibilidad material o económica para el cumplimiento total o parcial de la resolución, el Juez de Ejecución, escuchando a las partes, fijará un plazo razonable para el cumplimiento. Cuando la Autoridad Penitenciaria responsable del Centro no cumpliere dentro del plazo establecido, el juez requerirá a sus superiores jerárquicos por su cumplimiento aplicando, en su caso, las medidas de apremio conducentes. MARIA DEL ROSARIO GARCÍA LARA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.b8.45 12/03/22 11:31:52 ??????????????? artículo 107, Constitucional. Es menester resaltar que, en el caso de una situación urgente, el artículo 122, párrafo segundo, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, prevé la suspensión del acto sin que exija mayores requisitos de los que establece la Ley de Amparo, para otorgar la suspensión, puesto que su tramitación se circunscribe a que la solicite la persona legitimada y que el Juez de Ejecución de oficio suspenderá de inmediato el acto que motivó la petición y sus efectos. Mientras que en los numerales 128 y 132, de la Ley de Amparo, para que se otorgue la suspensión en el juicio de amparo, se requiere que la solicite el disconforme; que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público y que se otorgue garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios a terceros. Por tanto, la Ley Nacional de Ejecución Penal, no prevé mayores requisitos para la concesión de la suspensión de los actos, que los que establece la Ley de Amparo para conceder la suspensión del acto reprochado, incluso, tomando como parámetro su tramitación es dable afirmar que brinda una mayor cobertura al ordenar que de inmediato se suspenderá la ejecución, es decir, dentro de un plazo razonable y sin mayor requisito que la simple solicitud. Lo anterior, con independencia de que en cada caso particular, resulta procedente o no otorgar esa suspensión, puesto lo que importa es que la legislación prevea esa suspensión sin mayores requisitos a los que prevé la Ley de Amparo. Entonces, queda en evidencia que el acto combatido en esta instancia constitucional, necesariamente tiene que ver con la sustitución de la pena privativa de la libertad por alguna pena o medida de seguridad no privativa de la libertad y se suscita en el marco de la controversia judicial ante el Juez de Ejecución, por ende, no puede ser combatido en esta vía de amparo, sin sujetarse previamente a los procedimientos y mecanismos de protección previstos en la Ley Nacional de Ejecución Penal, conforme a los cuales se puede combatir la aplicación de algún sustitutivo de de la pena privativa de la libertad por alguna pena o medida de seguridad no privativa de la libertad. Por ello, la omisión de otorgar al quejoso su libertad bajo alguna medida cautelar o algún sustitutivo de pena de prisión o libertad alternativa, que en su caso proceda, que se reclama en la especie, no puede ser sujeta al análisis inmediato en la vía constitucional, toda vez que debieron agotar la multicitada controversia judicial, relativo a la sustitución de penas y, en caso de no obtener respuesta favorable, la MARIA DEL ROSARIO GARCÍA LARA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.b8.45 12/03/22 11:31:52 propia ley especial en comento, reconoce el recurso de apelación que tiene por objeto que el tribunal de alzada revise la legalidad de la resolución impugnada, y que esta sea confirmada, modificada y/o revocada2. Sobre el tema, es ilustrativa la tesis V.1o.P.A.5 P (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 56, Julio de dos mil dieciocho, Tomo II, página mil quinientos setenta y tres, de rubro: "PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD. EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ANTE LA AUTORIDAD CARCELARIA Y LA CONTROVERSIA PLANTEADA AL JUEZ DE EJECUCIÓN PENAL, CONSTITUYEN LOS MEDIOS DE DEFENSA JUDICIALIZADOS, EFICACES E IDÓNEOS PARA RESOLVER SUS PETICIONES E INCONFORMIDADES EN RELACIÓN CON LOS ASPECTOS QUE INCIDAN EN LAS CONDICIONES DE SU RECLUSIÓN, POR LO QUE DEBEN AGOTARSE, PREVIO A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO.". En tal virtud, al encontrarse acreditada la causal de improcedencia anteriormente analizada, con fundamento en el artículo 113, de la Ley de Amparo, SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO promovida por Héctor Aguilar Díaz, por su propio derecho, contra actos del Juez de Ejecución de Sentencias de los Juzgados de Ecatepec de Morelos, Estado de México. Sin que en el presente caso se actualice algún supuesto de excepción previsto en los incisos a), b) y c) de la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo; lo anterior, toda vez que el acto reclamado no importa peligro de privación de la vida, incomunicación, ataques a la libertad fuera de procedimiento, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otra parte, se hace del conocimiento al actuario judicial, que para llevar a cabo las notificaciones que deriven del presente juicio, deberá dar cumplimiento a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la salud de quien realice la notificación y de las personas justiciables. 2 "Artículo 131. Apelación El recurso de apelación se interpondrá dentro de los tres días siguientes a la notificación del auto o resolución que se impugna y tiene por objeto que el tribunal de alzada revise la legalidad de la resolución impugnada, a fin de confirmarla, modificarla o revocarla. Artículo 132. Procedencia del recurso de apelación El recurso de apelación procederá en contra de las resoluciones que se pronuncien sobre: I. Desechamiento de la solicitud; II. Modificación o extinción de penas; III. Sustitución de la pena; IV. Medidas de seguridad; V. Reparación del daño; VI. Ejecución de las sanciones disciplinarias; VII. Traslados; VIII. Afectación a los derechos de personas privadas de la libertad, visitantes, defensores y organizaciones observadoras, y IX. Las demás previstas en esta Ley.". MARIA DEL ROSARIO GARCÍA LARA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.b8.45 12/03/22 11:31:52 ??????????????? Finalmente, en atención a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, a efecto de resguardar la integridad de los servidores públicos que realicen las notificaciones derivadas del presente acuerdo, se les autoriza para que éstas se hagan a través de medios electrónicos, con la razón actuarial correspondiente. Notifíquese personalmente al quejoso Héctor Aguilar Díaz, en el lugar en que se encuentra recluido una vez que se reanuden las labores de este recinto judicial. Así lo proveyó y firma, Óscar Durán Valdés, Secretario del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México, Encargado del Despacho en términos del artículo 161, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el oficio CCJ/ST/2754/2020, de veintitrés de noviembre de dos mil veinte, emitido por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, asistido de María del Rosario García Lara, Secretaria que da fe. Eduardo MARIA DEL ROSARIO GARCÍA LARA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.b8.45 12/03/22 11:31:52 EVIDENCIA

  3. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, catorce de diciembre de dos mil veinte. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, agréguense a los autos los escritos, a través de los cuales la Licenciada ----------, en su carácter de defensora pública designada para asesorar al quejoso, informa que acudió al centro penitenciario en el que se encuentra interno el quejoso, a efecto de entrevistarse con él y estar en posibilidad de asesorarlo. Sin embargo, manifiesta que se encuentra en espera de la información necesaria, para poder desahogar la prevención formulada en autos, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. En el entendido que la presentación de los escritos de cuenta interrumpen el término de cinco días para desahogar la prevención formulada, subsistiendo el apercibimiento decretado en el proveído de veintiuno de septiembre de dos mil veinte. Al caso se invoca la jurisprudencia 2a./J. 106/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 133 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVIII (Noviembre 2003), Novena Época cuyo rubro es el siguiente: "AMPARO. ACLARACIÓN DE DEMANDA. SI LA PROMOCIÓN DE CUMPLIMIENTO SE PRESENTA ANTES DEL TÉRMINO, EL JUEZ DEBE ACORDAR SI SE ACATÓ LA PREVENCIÓN, SEÑALANDO, EN SU CASO, LAS OMISIONES, PARA DAR OPORTUNIDAD AL PROMOVENTE DE SUBSANARLAS, PERO DENTRO DE AQUEL TÉRMINO." Notifíquese personalmente a la defensora de oficio y a las partes por lista, en los términos que al efecto establece el artículo 211 , del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  4. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, dos de diciembre de dos mil veinte. Visto la certificación de cuenta, así como el estado procesal de autos, del cuales se advierte que el veintisiete de octubre de dos mil veinte, se tuvo por recibido el escrito signado por la licenciada -----------, en su carácter de defensora pública designada para asesorar al quejoso, por medio del cual manifestó la imposibilidad que tenía para acudir al centro penitenciario en el que se encuentra interno el quejoso, con la finalidad de entrevistarse con él y estar en posibilidad de asesorarlo, por la posibilidad de contagiarse del virus Covid-19, lo que se ordenó comunicar al quejoso, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera, sin que a la fecha haya realizado manifestación alguna. Ahora, toda vez que es un hecho notorio que en el juicio de amparo 580/2020-I de la estadística de este órgano jurisdiccional, el Director Regional del Valle de México Zona Oriente del Instituto de la Defensoría Pública del Estado de México, informó que la defensora pública designada no pertenece a algún grupo de riesgo vulnerable para contraer el virus SARS-CoV2 (COVID19), por lo que está en posibilidad de incorporarse a su actividad laboral. En ese orden de ideas, a fin de no dejar en estado de indefensión al quejoso, con fundamento en el artículo 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se requiere a la licenciada ----------, para que dentro del término de tres días contados a partir de la legal notificación de la presente, acredite a este Juzgado Federal que ya compareció al Centro Carcelario en el que se encuentra interno el aquí quejoso ---------, con la finalidad de brindarle asesoría en el presente juicio de amparo. Se hace del conocimiento a la defensora pública, que deberá adoptar las medidas necesarias para evitar la propagación del virus Covid-19, como lo son su sana distancia, el uso de cubre bocas, etcétera; y, en su caso, cumplir con los protocolos de sanidad que se tengan implementados en el referido Centro Carcelario. Se apercibe a la defensora pública en cita, que de no dar cumplimiento a lo aquí ordenado, o no informar la imposibilidad jurídica que tenga para ello, con fundamento en el artículo 237 fracción I y 259 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de $4,344.00 (cuatro mil trescientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), equivalente a cincuenta unidades diarias de medida y actualización. Cabe precisar que la multa a que se hace referencia en el presente acuerdo, está fundamentada en los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, el valor de dicha unidad emitida por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, divulgada en el mencionado medio de difusión oficial de diez de enero de dos mil veinte, cuyo monto vigente es de $86.88 (ochenta y seis pesos 88/100 moneda nacional). Notifíquese personalmente a la licenciada Adriana Alejandra Sánchez López, en su carácter de defensora pública designada para asesorar al quejoso; y, a las demás partes por lista, en los términos que al efecto establece el artículo 211, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

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