Héctor Aguilar Barajas y Otros.
Expediente 1100/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1100/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 09/05/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima · Colima
Partes del expediente
- Héctor Aguilar Barajas y Otros.
- Héctor Aguilar Barajas
Actuaciones
- Principal
Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el documento suscrito por el secretario del Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, con sede en Colima, por el cual devuelve el original del juicio de amparo citado al rubro y además remite copia autorizada de la resolución dictada en el recurso de queja 21/2019, cuyo[s] resolutivo[s] dice[n]: [Ú]NICO. Es infundado el recurso de queja. Líbrese el acuse de recibo correspondiente. Agréguese al expediente el cuaderno de antecedentes, que se formó con motivo del recurso, empero solo las constancias que obran en original, toda vez que las demás resultan innecesarias dado que ya obran en este expediente; el oficio y testimonio de la ejecutoria. Archívese el presente juicio, como asunto totalmente concluido.
- Principal
Agréguense a las presentes actuaciones para que surtan los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustados al artículo 3° de la Ley de Amparo, los documentos de cuenta por los cuales, en el primero de ellos, el promovente manifiesta su oposición a la publicación de sus datos personales o sensibles; por tanto, dichos datos deberán considerarse como reservados, en la lista de acuerdos y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Asimismo, en el segundo de los escritos se interpone recurso de queja contra el auto que desechó la demanda. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 100 y 101, de la Ley de Amparo, remítase al Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, con residencia en esta ciudad, el original y copia del escrito en el que se formulan los agravios correspondientes, así como el original del juicio.
- Principal
Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el documento a través del cual la parte quejosa cumple con el requerimiento realizado el diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho. De la lectura de la demanda de amparo y del escrito aclaratorio, en particular del apartado correspondiente el acto reclamado, se desprende que los quejosos impugnan de manera destacada la inconstitucionalidad de los artículos 115 y 116 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que afirman les fueron aplicados al momento de su comparecencia de seis de diciembre de dos mil dieciocho, ante el Agente del Ministerio Público de Tecomán, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Colima, en la carpeta de investigación 680/2018, debido a que no se les asistió con un defensor que esté debidamente capacitado y acreditado con cédula profesional en el nuevo sistema de justicia penal, y tampoco se les explicó nada respecto de los delitos que se investigan en su contra. Al respecto, conviene mencionar que el artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación al juzgador de examinar la demanda y si advierte la materialización manifiesta e indudable de una hipótesis de improcedencia, la desechará de plano. Esta actualización es manifiesta cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; mientras que resulta indudable cuando existe la certidumbre y la plena convicción de que la hipótesis de improcedencia analizada opera en el caso a estudio. Sobre el particular, resulta ilustrativa la jurisprudencia I. 1º.A. J/4 del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo VII, mayo de mil novecientos noventa y ocho, página ochocientos noventa y nueve, cuyo rubro es: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. En el caso, este juzgado advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, y 173, fracciones VII, de la Ley de Amparo, mismas que establecen: [A]rtículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]. Artículo 173. En los juicios del orden penal se considerarán violadas las leyes del procedimiento con trascendencia a las defensas del quejoso, cuando: [.] Apartado B. Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral [.] VIII. El imputado no sea informado, desde el momento de su detención en su comparecencia ante el Ministerio Público o ante el órgano jurisdiccional, de los hechos que se le imputan y de los derechos que se le asisten; [.] XIII. No se respete al imputado el derecho de contar con una defensa adecuada por abogado que elija libremente desde el momento de su detención, o en caso de que no quiera o no pueda hacerlo, el juez no le nombre un defensor público, o cuando se impida, restrinja o intervenga la comunicación con su defensor [.] En el caso, los quejosos refieren que al comparecer ante el Agente del Ministerio Público de Tecomán, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Colima, el seis de diciembre de dos mil dieciocho, en la carpeta de investigación 680/2018, no fueron informados de los hechos que se les imputan y los derechos que les asisten, así como tampoco fueron asistidos de un defensor debidamente capacitado y acreditado en el nuevo sistema de justicia penal, lo cual constituye el acto de aplicación de los artículos 115 y 116 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que tildan de inconstitucionales. Sin embargo, dicho acto de aplicación no constituye un acto que tenga sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación y, por ende, no se ubica en los supuestos de la fracción III del artículo 107 Constitucional, así como tampoco en los de la fracción V del numeral 107 de la Ley de Amparo, entendiéndose para efectos de la procedencia del amparo indirecto, en esencia, aquéllos que afectan de manera directa e inmediata algún derecho fundamental del gobernado que tutelan las garantías individuales que otorga nuestra Carta Magna y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales que son susceptibles de repararse de obtener una sentencia favorable en tal procedimiento. En esa virtud y siendo uno de los presupuestos del juicio de amparo que el acto reclamado cause a los inconformes un agravio directo e inmediato que no pueda repararse en sentencia definitiva, se estima que en el caso no se da tal supuesto, ya que si bien la posible omisión de hacerles del conocimiento de los hechos que se les imputan y los derechos que les asisten, así como de no respetarles el derecho a contar con una defensa adecuada: esas omisiones producen efectos intraprocesales, que se estudiaran al resolver en definitiva o, incluso, pudieran ser reparables previamente. Lo que evidencia que se está en presencia de las violaciones procesales, de las previstas en el artículo 173, Apartado B, fracciones VIII y XIII, de la Ley de Amparo, que establece que en los juicios del orden penal se consideraran violadas las leyes del procedimiento con trascendencia con trascendencia a las defensas del quejoso, en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, cuando el imputado no sea informado, desde el momento de su detención en su comparecencia ante el Ministerio Público o ante el órgano jurisdiccional, de los hechos que se le imputan y de los derechos que se le asisten; y, cuando no se respete al imputado el derecho de contar con una defensa adecuada. Lo cual -se dice- ocurrió en particular con el primer acto de aplicación de los preceptos tildados de inconstitucionales, ya que los promoventes del amparo consideran ilegal que no se les hayan informado los hechos que se les imputan y los derechos que les asisten, así como que se les haya respetado el derecho a contar con una defensa adecuada; cuyas consecuencias son susceptibles de extinguirse al dictarse la sentencia respectiva, en caso de serle favorable a los peticionarios, y en el supuesto de no ser así, estará en aptitud de impugnar la violación procesal referida, mediante el juicio de amparo directo que se promueva contra el referido fallo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 171 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. Lo anterior, en virtud de que no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de este tipo de violaciones son meramente formales e incluso sería reparable como ya se dijo, si la parte afectada obtiene sentencia favorable al resolverse la causa penal de origen, con lo cual quedará intacta la esfera jurídica de la parte quejosa, al no haberse alterado ningún derecho sustantivo; de ahí que será hasta que se dicte la resolución en cuestión, cuando podrá saberse si el no haber diferido la audiencia intermedia para los fines pretendidos, agravió a la peticionaria, esto es, si la violación trascendió al resultado del fallo que ponga fin al juicio, razón por la cual se estima que lo determinado en la audiencia de que se trata no es de ejecución irreparable, al no afectar de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo consagrado por los derechos contenidas en la Constitución. En este orden de ideas, se concluye que no procede el juicio de amparo indirecto contra la comparecencia de seis de diciembre de dos mil dieciocho, en la carpeta de investigación 680/2018, ante el Agente del Ministerio Público de Tecomán, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Colima, ya que no implica la intromisión a los derechos de la personalidad, intimidad, integridad, individualidad y privacidad del quejoso, sino que, en su caso, únicamente se afectarían derechos adjetivos que pueden repararse en caso de obtener sentencia favorable, por lo que la posible violación de derechos desaparecería y de no ser así, podrá impugnar la determinación que ahora reclama, como violación procesal en el juicio de amparo directo que llegara a promoverse, en términos del artículo 171 en relación con el 173, Apartado B, fracción VIII y XIII, de la ley de la materia. Por tanto, al ser improcedente el juicio de amparo contra el acto de aplicación, en vía de consecuencia, también lo es contra los artículos 115 y 116 del Código Nacional de Procedimientos Penales, tildados de inconstitucionales, porque no se debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. Por otra parte, no pasa inadvertido para este órgano jurisdiccional que, en lo que respecta a los artículos 125 y 218 del Código Penal para el Estado de Colima, no han sido aplicados a los quejosos, pues el hecho de que hayan comparecido ante el Agente del Ministerio Público a la carpeta investigación antes mencionada, con motivo de los hechos que la ley establece como delitos de lesiones y amenazas, no significa que se les hayan aplicado tales preceptos, sino que, únicamente que comparecieron ante el citado representante social, precisamente, para la investigación de esos hechos y, en su caso, judicializar la carpeta investigación correspondiente. En consecuencia, al actualizarse de forma notoria y manifiesta la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 107, fracción V y 173, Apartado B, fracciones VIII y XIII, de la ley en cita, con fundamento en lo previsto en el artículo 113 del mismo ordenamiento legal, se desecha de plano la demanda de amparo.
- Principal
Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ******* contra actos del Agente del Ministerio Público de Tecomán, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Colima, por violación a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 14, 17 y 20 constitucionales; este órgano jurisdiccional procede a resolver en lo conducente. Registro e Integración del expediente electrónico. Así, con base en lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena formar el expediente electrónico relativo al presente asunto, registrado con el número estadístico 1100/2018-II. Por otra parte, procédase a la digitalización de las constancias atenientes para la integración del expediente electrónico del Poder Judicial de la Federación; en el entendido de que aquellas constancias que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. En la inteligencia, de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, una vez que cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Consideraciones previas. Ahora bien, a efecto de acordar lo que en derecho proceda sobre su admisión, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 114, fracción IV, en relación con el 110, de la Ley de Amparo, prevéngase a los promoventes para que dentro del plazo de cinco días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, bajo protesta de decir verdad y con copias suficientes del escrito aclaratorio para correr traslado a las partes, así como para el incidente de suspensión que por duplicado y cuerda separada se tramita, señalen en forma clara y precisa cuál es el acto que reclaman a cada una de las autoridades señaladas como responsables. Asimismo, deberán señalar en dónde les fueron aplicados los artículos 115 y 116 del Código Nacional de Procedimientos Penales que tildan de inconstitucionales; en razón de que refieren impugnar esos numerales, no obstante, no indican en dónde les fueron aplicados, limitándose a realizar manifestaciones en vía de conceptos de violación tendientes a combatir una inadecuada defensa. En ese tenor, dígaseles a los promoventes que en caso de no dar cumplimiento a lo antes solicitado, dentro del término concedido para ello se tendrá por no presentada la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 114, de la ley de la materia. En el entendido de que la aclaración, la tendrán que hacer de manera directa los promoventes, por escrito, toda vez que el ejercicio de la acción de amparo exige que la aclaración la deberá de hacer con la protesta de decir verdad, al ser los antecedentes de la demanda parte de la misma, pues de hacer la protesta el autorizado, se traduciría en hacer suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a la mencionada presentación de la demanda; además de que los derechos y obligaciones procesales que conlleva su autorización, son a partir de esa presentación y no antes. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, con apoyo en el artículo 21 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, para el caso de que en el presente sumario deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera que intervenga en él, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el Actuario Judicial de la adscripción pueda efectuar tales diligencias. Se autoriza uso de cámaras fotográficas, grabadoras o lectores ópticos y copias. Con fundamento en la circular 12/2009 del Consejo de la Judicatura Federal, se faculta a las partes y a sus autorizados para que, previa solicitud a la Secretaria encargada de este expediente, se impongan de sus actuaciones mediante el uso de cámaras fotográficas, grabadoras o lectores ópticos, debiendo recabarse constancia de cada consulta realizada en esos términos. Con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, desde este momento se autoriza la expedición de copias en el presente expediente, previa solicitud verbal que para el efecto se haga a la Secretaria encargada del trámite quién legalmente se encuentre facultado para ello. Información pública. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que toda la información generada en el presente juicio, es pública, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada en forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial; asimismo, hágase del conocimiento de aquéllas el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se divulgue sin supresión de identificativos.
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