Héctor Adelmo Méndez Miguel

Expediente 228/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 4 actuaciones registradas, la última del 2 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
228/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
02/08/2022

Partes del expediente

  • Héctor Adelmo Méndez Miguel

Actuaciones

  1. Principal

    Auto. En Hermosillo, Sonora, dos de agosto de dos mil veintidós. Declaración de estado. Vista la certificación que antecede y el estado de autos de los cuales se advierte que la parte promovente fue notificada del auto de veinticinco de febrero de dos mil veintidós, por el cual se tuvo por no presentada la demanda, sin que haya impugnado tal acuerdo dentro del plazo establecido en el artículo 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha determinación ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de Juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo y valoración del expediente. Archivo y valoración de expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Devolución de documentos. Se requiere a la parte promovente para que, en caso de que hubiere exhibido documentos originales, acudan al órgano jurisdiccional dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperarlos; con apercibimiento que de no hacerlo, en términos del numeral 21, segundo párrafo, del referido Acuerdo General, en su caso, la documentación será glosada y correrá la suerte de este expediente. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante María Guadalupe Noriega Vega, secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe. Jennifer

  2. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, cuatro de marzo de dos mil veintidós. Informe de suspensión de plano. Agréguese a los autos el oficio de cuenta suscrito por el subdirector de la Estación Migratoria de Hermosillo, de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, a través del cual se pronuncia respecto al requerimiento de cumplimiento de la suspensión de plano decretada en proveído de veinticuatro de febrero pasado. Por su parte, en atención a las manifestaciones vertidas en el oficio de cuenta, infórmese a la autoridad responsable de mérito que mediante proveído de veinticinco de febrero de la presente anualidad, se tuvo por no presentada la demanda de amparo dentro del presente juicio, toda vez que -tal y como lo refiere la responsable y se advierte de la constancia de notificación respectiva- el quejoso Héctor Adelmo Méndez Miguel no ratificó el escrito de demanda presentado en su favor por Adolfo Vladimir Salazar Pesqueira. Domicilio y delegados. Asimismo, se tiene por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su informe y por designados como delegados a las personas que refiere la responsable. Notifíquese; y por oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante María Guadalupe Noriega Vega, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Juicio de amparo 228/2022 Certificación. El veinticinco de febrero de dos mil veintidós, María Guadalupe Noriega Vega, secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora, hago constar y certifico: de la notificación practicada por el actuario judicial adscrito al quejoso Héctor Adelmo Méndez Miguel, en relación con el proveído emitido el veinticuatro de febrero del año en curso, se advierte que no ratificó la demanda presentada en su favor por Adolfo Vladimir Salazar Pesqueira. Doy fe. Cuenta. El veinticinco de febrero de dos mil veintidós, se da cuenta al juez con la certificación que antecede y con el estado procesal de los autos. Conste.Auto. Hermosillo, Sonora, veinticinco de febrero de dos mil veintidós. Estado de autos. Vista la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los autos, de la notificación practicada por el actuario judicial adscrito al quejoso Héctor Adelmo Méndez Miguel, en relación con el proveído emitido el veinticuatro de febrero del año en curso, se advierte que no ratificó la demanda de derechos presentada en su favor por Adolfo Vladimir Salazar Pesqueira. Demanda por no presentada. Con fundamento en el artículo 15, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante María Guadalupe Noriega Vega, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, veinticuatro de febrero de dos mil veintidós. 1. Radicación. Fórmese expediente con el escrito de cuenta. Regístrese bajo el número que le corresponda en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo. 2. Promovente. Visto el escrito de cuenta presentado por Adolfo Vladimir Salazar Pesqueira, quien promueve juicio de amparo en favor de Héctor Adelmo Méndez Miguel, contra actos del titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Sonora y otras autoridades, todas con residencia en esta ciudad. Ahora bien, de la lectura integral de la demanda se advierte que el promovente hace consistir los actos, en incomunicación, detención, retención (que afecta su libertad), así como la emisión y ejecución de una orden de deportación o aseguramiento, de los que según dice es objeto, por parte de las autoridades señaladas como responsables; actos que se encuentran prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por lo tanto. 3. Suspensión de plano. En términos de lo dispuesto por el artículo 126 de la Ley de Amparo, se decreta de plano la suspensión para que cese cualquier acto de incomunicación, detención, retención (que afecta su libertad), así como la emisión y ejecución de una orden de deportación o aseguramiento, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En esas circunstancias, y toda vez que el quejoso se encuentre en riesgo de ser devuelto a su país de origen, se otorga la suspensión de plano, para efecto de que el agraviado Héctor Adelmo Méndez Miguel, no sea objeto de deportación fuera de procedimiento o expulsión, ni de los demás actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional, y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales, que pudiera poner en peligro la vida; además, para que se le permita el acceso de manera prudente a sus familiares y abogados en horas hábiles, esto, sin alterar el debido orden, medidas de sanidad y seguridad establecidas; procurando en todo caso la protección de los derechos humanos del quejoso; debiendo informar la autoridad responsable dentro del término de veinticuatro horas, contadas a partir de la notificación de este auto, sobre el cumplimiento que dé a esta resolución, ya que dicha determinación deberá ser obedecida bajo la más estricta responsabilidad de las autoridades señaladas como responsables, de conformidad con lo establecido en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: (.) III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra; (.)" Además, requiérase al titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, para efectos de que bajo los términos antes señalados comunique directamente al quejoso, el derecho que tiene al contacto y asistencia consular, pues es obligación de las autoridades informar al extranjero sobre la existencia del derecho fundamental, a la asistencia y contacto consular. Apercibida que de no cumplir con lo anterior se le impondrá una multa equivalente a cien unidades de medidas de actualización, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como ser consignado ante el agente del Ministerio Público de la Federación por el delito previsto y sancionado en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo. Al particular, es aplicable la jurisprudencia P./J.80/2007, del Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Diciembre de 2007, página 15, del rubro y texto siguiente: "SUSPENSIÓN DE OFICIO. PROCEDE DECRETARLA DE PLANO CONTRA LA EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS ORDENADA POR UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA CON FUNDAMENTO EN LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN. El artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo establece que procede conceder la suspensión de oficio, entre otros actos, contra la deportación, cuyo fundamento se encuentra en el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que consiste en el acto jurídico administrativo dictado por la autoridad migratoria para hacer abandonar el territorio nacional al extranjero que no reúne o deja de satisfacer los requisitos sanitarios, migratorios o ambos, para su internación y permanencia en nuestro país. Ahora bien, la primera Ley General de Población expedida en nuestro país coincidía con la de Amparo en lo relativo al acto de deportación ejecutado por autoridad administrativa, pero en la vigente, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de enero de 1974, el legislador federal introdujo el concepto de expulsión, en lugar del de deportación sin mayor justificación, manteniendo la identidad en sus efectos y en las causas que la originan, lo que significa que para los efectos de la Ley de Amparo, en específico para el capítulo de la suspensión, el término deportación y el de expulsión son términos equivalentes. En ese tenor, resulta indudable que contra el acto de expulsión previsto en la Ley General de Población, y emanado de la autoridad administrativa, procede la suspensión de oficio, en términos del artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo. Por otra parte, por la trascendencia y el perjuicio que pudiera llegar a causarse al agraviado con la ejecución de los actos reclamados, este juzgador procede a decretar de plano la medida cautelar solicitada en los siguientes términos: El acto reclamado consiste en la orden de traslado de la estación migratoria en que actualmente se encuentra a una diversa, acto que afecta su libertad personal de manera indirecta; por lo tanto, en términos de lo dispuesto en el artículo 126 de la Ley de Amparo, se decreta de plano la suspensión para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran y en caso de no haberse llevado a cabo, no se ejecute la inminente orden de traslado. 3. Se requiere al agraviado para que ratifique la demanda. Por otra parte, se comisiona al actuario judicial adscrito, a fin que se constituya en las oficinas donde se localiza el Instituto Nacional de Migración a través de la Oficina de Representación en Sonora, con residencia en esta ciudad, y solicite al encargado de ese lugar poner al referido agraviado ante su presencia para dar fe de su integridad física y requerirlos para que en el acto de la notificación, o bien, dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación, manifieste si ratifica o no la demanda promovida en su nombre por Adolfo Vladimir Salazar Pesqueira; además en el supuesto de que el encargado del resguardo del agraviado se niegue a ponerlo ante su presencia o permitirle el acceso para cerciorarse si se encuentra en ese lugar, deberá apercibirlo que de persistir en su conducta se dará vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, con tales hechos que pudiera tipificar el delito de desobediencia a un mandato legítimo de autoridad o de responsabilidad de funcionario respectivo. Lo anterior, en el entendido de que si el agraviado no hablara el idioma español, la responsable deberá fijar fecha, en el plazo de ocho horas, contadas a partir de la notificación del presente proveído, para que el fedatario adscrito, acompañado del traductor oficial que hasta el momento le ha servido para comunicarse, les haga de su conocimiento esta resolución. En el caso de no contar con intérprete, deberá informar a este juzgador, lo siguiente: Qué idioma hablan el quejoso; De qué manera se ha comunicado con él; y, Si dio vista al consulado del país del cual proviene. Apercibida que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 260, fracción IV, de la Ley de Amparo. No obstante lo anterior, se autoriza al fedatario público para que de ser posible, haga uso de algún instrumento de cualquier índole que le permita comunicarse con el agraviado, cuyas circunstancias deberá quedar asentada en la diligencia en comento. 4. Domicilio. Téngase señalado domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este órgano jurisdiccional, por así haberlo solicitado en el escrito de demanda. 5. Prevención a las autoridades. En caso de que las autoridades se nieguen a recibir un oficio de notificación, se tendrá por hecha la misma, debiendo el actuario adscrito levantar una razón sobre el particular. 6. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con apoyo en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes al respecto. 7. Expediente electrónico. Con fundamento en el artículo 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se instruye al secretario encargado del expediente, para efectos de que, en términos de la normativa establecida por el Consejo de la Judicatura Federal1, se digitalicen todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones y toda información relacionada con el presente asunto; asimismo, en caso de que las promociones y documentos se presenten en forma electrónica se proceda a su impresión para ser incorporada al expediente físico. Notifíquese personalmente al promovente, directamente al agraviado y por oficio a las responsables. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante María Guadalupe Noriega Vega, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

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