Héctor Adalberto Gordillo Ireta

Expediente 1429/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de enero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1429/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
08/01/2018

Partes del expediente

  • Héctor Adalberto Gordillo Ireta

Actuaciones

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; ocho de enero de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el ocurso signado por el quejoso ******** por medio del cual interpone RECURSO DE QUEJA contra el auto de veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete, en el que se desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, se rinde el informe sobre la materia de la queja, en el sentido que es cierto que este Juzgado Federal emitió el acuerdo de veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete, en el que se desechó de plano la demanda de amparo por notoria improcedencia; por tanto, remítase al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Vigésimo Circuito, con residencia en esta ciudad, el original y copia del escrito del recurso de queja, copia certificada de la totalidad de las constancias que integran el presente expediente y el informe sobre la materia de la queja, para la substanciación del recurso de queja interpuesto. Sin que sea aplicable al caso, lo establecido en el artículo 101, primer párrafo, de la Ley de Amparo, respecto a que se instruya se notifique a las demás partes la interposición del recurso de queja, para que en el plazo de tres días señalen las constancias que en copia certificada deberán remitirse a la Superioridad para resolver el mismo, puesto que el recurso de queja es contra el desechamiento y por ende, no hay partes en el asunto. Notifíquese. Así lo acordó y firma Martín Alfonso Martínez Molina, secretario del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, encargado del despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con aprobación de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en oficio CCJ/ST/4688/2017, de fecha veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete, asistido de la secretaria que autoriza Marta Josefina Román Barrios, quien certifica que la promoción que generó este acuerdo y el proveído mismo se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DE VEINTIUNO DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, QUE EN LO MEDULAR DICE:...Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por *****, contra actos de la siguiente autoridad responsable: 1. Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad. Los que hizo consistir en: "IV.- ACTO RECLAMADO: Del Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, se señala como acto reclamado el auto de fecha 30 de noviembre de 2017, mediante el cual de manera inmotivada e infundada proveyó ilegalmente lo solicitado en el citado escrito de fecha 13 de septiembre de 2016, dictado por el mismo dentro del juicio laboral expediente número ********". ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 1429/2017-IX. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, textualmente establece: *** De lo anterior se deduce que los motivos de improcedencia que afecten la demanda de amparo deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior análisis de comprobación hagan inejercitable la acción de amparo, tomando en consideración que el adjetivo "manifiesto" significa claro o evidente, mientras que "indubitable", cierto, seguro, que no puede dudarse. En armonía con lo anterior, es aplicable la tesis, que establece: *** En el caso particular se advierte de manera oficiosa, la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, primer párrafo de la Ley de Amparo que dice: **** La norma legal en cita, refiere que el juicio de amparo es improcedente cuando la ley conceda algún recurso o medio de defensa, por virtud del cual las resoluciones judiciales, administrativas o del trabajo, puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, razón por la que obligatoriamente debe agotarse dicho recurso. En ese tenor, se destaca que el principio de definitividad del juicio de amparo supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige al acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo; por lo que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación sin que en su oportunidad sea interpuesto por el quejoso, el amparo es improcedente. El principio en comento, se fundamenta en la naturaleza misma del amparo, ya que esta es una vía extraordinaria, sui generis, de invalidar los actos de las autoridades, en las diversas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que solo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan agotado todas las instancias procedentes para combatir el acto de autoridad que les causa algún agravio. En tal virtud, solo puede promoverse el juicio de amparo, cuando la legislación que norma el acto reclamado, no brinda al afectado ningún recurso o medio de defensa legal, o cuando explícitamente la ley disponga una excepción a dicho principio. En ese contexto, de la interpretación literal de la referida causal, se advierte que el juicio de amparo es improcedente, tratándose de resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo, cuando: a) El acto reclamado sea efectivamente una resolución proveniente de un tribunal del trabajo; b) La ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Ese recurso o medio de defensa esté previsto dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y, d) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial o jurisdiccional pueda ser modificada, revocada o nulificada. Asimismo, para establecer la improcedencia planteada, es necesario señalar que los artículos 849 y 850 de la Ley Federal del Trabajo, establecen el recurso de revisión, en los términos y contra los actos siguientes: **** Del análisis a los preceptos aludidos, conviene señalar, que respecto de los actos dictados en ejecución de laudo por el Presidente de las Juntas Especiales de Conciliación y Arbitraje, o bien, respecto de diligencias verificadas por el actuario de esos órganos laborales, en ejecución de laudo, procede el recurso de revisión. Del citado recurso de revisión conocerán los miembros de las Juntas Especiales de Conciliación y Arbitraje, integradas con los representantes de los patrones y de los trabajadores y con el auxiliar que esté conociendo del asunto, en el primer caso y, el Presidente de la Junta o el de la Junta Especial, para la segunda hipótesis. Por ello, resulta lógico que si en el caso concreto, el acto reclamado consistente en el auto de treinta de noviembre de dos mil diecisiete, fue emitido en la etapa de ejecución del laudo, es inconcuso que el impetrante estaba en posibilidad de recurrirlo mediante el recurso de revisión en términos del numeral 849 de la Ley Federal del Trabajo. Ello es así, pues al existir en la ley aplicable, el recurso o medio legal para recurrir el acto que afecta en la esfera jurídica del gobernado, y no habiendo impedimento legal alguno, que inhibiera al ahora quejoso, accionar el mecanismo de defensa puesto a su disposición por la Ley Federal del Trabajo, antes de acudir a la vía constitucional, misma que como ya se dijo con antelación, se vuelve improcedente en razón a la inobservancia de uno de los principios rectores del juicio de amparo, tal y como lo es el principio de definitividad. Apoya lo anterior, por las razones que expone la jurisprudencia 95/2002 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena época, Agosto de 2002, tomo XVI, visible a la página 374 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 186133, que dice: **** En consecuencia, al haberse actualizado la causa de improcedencia que se deduce de la interpretación relacionada del artículo 61, fracción XVIII, primer párrafo, en relación con el artículo 107, fracción IV aplicado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 113, de la citada ley, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE. Lo anterior es así, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 Constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 48/2016, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima época, libro 30, tomo II, mayo de 2016, registro electrónico 2011580, del contenido literal siguiente: *** De igual forma, el criterio sustentado por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo XX, página 1631, septiembre de 2004, registro electrónico 180663, de la siguiente literalidad: **** Por otro lado, es menester destacar que el análisis de las causas de sobreseimiento, constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, no configura una denegación de justicia; además, las causas de sobreseimiento establecidas en la Ley de Amparo tienen una existencia justificada, en la medida en que, atendiendo al objeto del juicio, a la oportunidad en que puede promoverse, o bien, a los principios que lo regulan, reconocen la imposibilidad de examinar el fondo del asunto, lo que no lesiona el derecho a la administración de justicia, ni el de contar con un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro medio de defensa efectivo. Al respecto, es dable invocar la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, visible en la Décima época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero de 2013, tomo 3, página 2066, registro electrónico 2002537, consultable con el epígrafe y contenido siguientes: **** En ese mismo tenor, es aplicable la tesis consultable en la Décima época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de la instancia de los Tribunales Colegiados de Circuito, libro XXIII, agosto de 2013, tomo 3, página 1641, registro electrónico 2004217, cuyo texto es el siguiente: **** Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que señala en su escrito de demanda; y, autorizando en términos amplios a que alude el numeral 12 de la Ley de Amparo, a las personas que designa, ya que pese a que no todas cuentan con sus cédulas en el registro y consulta de cédulas profesionales de abogados postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación, al ser la parte trabajadora la que promueve el presente juicio, no se hace necesaria tal situación. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Con fundamento en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, referente a los criterios de clasificación y conservación de la información reservada o confidencial para garantizar el respeto a la privacidad; hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en la sentencia respectiva, en el entendido que de no realizar manifestación alguna serán omitidos y solamente en caso de consentimiento expreso serán publicados. Por otra parte, dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

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