Héctor Abraham Avilés Beltrán
Expediente 1005/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California. 2 actuaciones registradas, la última del 14 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1005/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 14/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California · Baja California
Partes del expediente
- Héctor Abraham Avilés Beltrán
Actuaciones
- Principal
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A CATORCE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. QUEDA FIRME DESECHAMIENTO Vista la certificación de cuenta, así como el estado que guardan los presentes, se advierte que a la fecha ninguna de las partes interpuso recurso de queja contra el auto dictado por este juzgado, el veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, en el cual se desechó la demanda de amparo presentada por *******; en consecuencia, se declara que HA QUEDADO FIRME dicho auto, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98, primer párrafo de la Ley de Amparo. CALIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE JUDICIAL. ... NOTIFÍQUESE.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS PUBLICADA EN LUGAR DE FÁCIL ACCESO A LOS ESTRADOS DEL EDIFICIO SEDE DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN DE ESTA CIUDAD DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, Y EN EL PORTAL DE INTERNET DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO, A LA PARTE QUEJOSA, LA DETERMINACIÓN DE VEINTICUATRO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A VEINTICUATRO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Téngase por recibido y agréguese a los presentes autos, el escrito signado por HÉCTOR ABRAHAM AVILES BELTRAN, mediante el cual pretende dar cumplimiento a la prevención formulada en proveído de trece de septiembre de dos mil veintiuno. DESECHA DEMANDA DE AMPARO. Ahora bien, del estudio integral de la demanda, se advierte que la misma debe desecharse de plano, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, dado que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista por el precepto 61, fracción XX de la Ley de Amparo, cuyo tenor literal es el siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. [.] Del precepto anteriormente transcrito, se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando los actos que se reclaman deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé la Ley de Amparo y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley El reproducido precepto, alude a uno de los principios fundamentales que rigen la procedencia del juicio de amparo, en la especie, el de definitividad, que consistente en que por tratarse de un medio extraordinario de defensa, sólo puede acudirse a él cuando previamente se haya agotado el juicio correspondiente, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. Lo anterior patentiza que el recurso que debe tener a su alcance el quejoso para impugnar la resolución del tribunal judicial, administrativo o del trabajo, es el que se otorga dentro del procedimiento del que proviene el acto reclamado; es decir, un juicio o recurso ordinario, por el cual se puede revocar, nulificar o modificar la actuación; de ahí que, el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la Justicia de Federal. Así, respecto al acto que aquí se reclama, consistente en el auto de inicio de procedimiento de remoción de veintitrés de junio de dos mil veintiuno, emitido en el expediente CHJ/PR/90/2021, la parte quejosa debió demandar dicha actuación ante los Juzgados de Primera Instancia del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California, en términos del artículo 26, fracción VI, de la Ley del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California, dado que por medio del juicio contencioso administrativo se podrá obtener la revocación, modificación o anulación del acto reclamado, lo cual resulta acorde a lo establecido por el numeral 109 de la referida legislación, al establecer que la sentencia que se emita podrá reconocer la validez, declarar la nulidad o restituir al actor en el goce de los derechos afectados -entre otros efectos-. Aunado a lo anterior, también se cumple con el supuesto que establece el precepto 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto es, que la legislación que rige el acto reclamado, no exija mayores requisitos de los que la Ley de Amparo señala para conceder la suspensión, dado que de conformidad con los preceptos 69, 77 y 78 de la citada legislación, se desprende que la suspensión es sin una mayor exigencia a la Ley de Amparo, tal y como se demuestra a continuación: Ley de amparo Ley del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California. "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato". "Artículo 138. Promovida la suspensión del acto reclamado el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, la no afectación del interés social y la no contravención de disposiciones de orden público, en su caso, acordará lo siguiente: I. Concederá o negará la suspensión provisional; en el primer caso, fijará los requisitos y efectos de la medida; en el segundo caso, la autoridad responsable podrá ejecutar el acto reclamado;" [.] "ARTÍCULO 69. La demanda se admitirá dentro de las veinticuatro horas siguientes a la de su presentación. En el mismo auto se aceptará o rechazará la intervención del tercero y se tendrán por ofrecidas las pruebas del actor, mismas que se admitirán o desecharán hasta que se fije la litis." "ARTÍCULO 77. La suspensión se tramitará en cuaderno por separado y por duplicado. La suspensión provisional de los actos impugnados deberá resolverse dentro de las veinticuatro horas siguientes a su solicitud, haciéndolo saber a la autoridad demandada, para su cumplimiento, si se concede." [.] "ARTÍCULO 78. La suspensión podrá solicitarla el demandante en la demanda o en cualquier momento del juicio y tendrá por efecto mantener las cosas en el estado en que se encuentren, hasta en tanto se pronuncie sentencia ejecutoria." [.] Ahora bien, en relación a las excepciones que contempla el artículo 61, fracción XX, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, es necesario precisar que en la especie no se actualiza. Es así, dado que por una parte, que de los conceptos de violación que hace valer la parte quejosa se desprende que no reclama la ausencia de fundamentación de la determinación emitida Comisión de Honor y Justicia del Municipio de Mexicali, Baja California, relativa al inicio de procedimiento de separación del cargo; de ahí que, en el caso se estima que no se actualice dicha excepción. En las relatadas condiciones, y al haber inobservado la parte quejosa el principio de definitividad, es evidente que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, por lo cual, con fundamento en lo previsto por el numeral 113, ídem, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. Orienta a lo anterior, la jurisprudencia VI.3o.A. J/5 (10a.) sostenida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Tomo 3, Página: 1470, registro electrónico 2004254, de rubro y texto siguiente: JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO INDIRECTO, EN RAZÓN DE QUE EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NO EXIGE MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO QUE LOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 10 DE MARZO DE 2011). Con la redacción del artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, antes de su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2010, los actos impugnables en el juicio contencioso administrativo eran susceptibles de atacarse vía juicio de amparo, sin necesidad de agotar previamente aquél. Sin embargo, a partir del 10 de marzo de 2011 en que entró en vigor esa modificación, dicho numeral ya no prevé mayores requisitos que la Ley de Amparo, vigente hasta el dos de abril de 2013, para suspender la ejecución de los actos impugnados, pues incluso los requerimientos básicamente son los mismos, ya que la suspensión puede solicitarse en cualquier tiempo; se concederá siempre que no se afecte el interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, y sean de difícil reparación los daños o perjuicios que puedan causarse con la ejecución; de ocasionarse daños o perjuicios a terceros se concederá siempre que el solicitante otorgue garantía para reparar el daño o indemnizar los perjuicios que se causen, dando la oportunidad a que el tercero exhiba contragarantía para evitar la suspensión de la ejecución del acto impugnado en nulidad; si se trata de una afectación no estimable en dinero la garantía se fijará discrecionalmente; deberá fijarse la situación en que habrán de quedar las cosas hasta que se dicte sentencia firme, pudiendo revocarse o modificarse la concesión o negativa de la medida cautelar por hecho superveniente. Asimismo, en cuanto a la forma de garantizar un crédito fiscal, se permite que se haga ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables, que conforme al artículo 141 del Código Fiscal de la Federación, comprenden no sólo el depósito en efectivo y el embargo, sino también la prenda, hipoteca, fianza y la obligación solidaria asumida por un tercero, entre otros; además, se establece que la garantía o depósito puede reducirse de acuerdo con la capacidad económica del solicitante, o si se trata de tercero distinto al sujeto obligado de manera directa o solidaria al pago del crédito, lo que incluso otorga un mayor beneficio al contribuyente que la Ley de Amparo. Por tanto, los requisitos vigentes previstos para otorgar la medida cautelar en el juicio contencioso administrativo no rebasan los contemplados al respecto en la Ley de Amparo para conceder dicha medida cautelar, por lo que previo a la promoción del amparo indirecto, debe agotarse aquél, en acatamiento al principio de definitividad." De igual forma, es aplicable la tesis de jurisprudencia 2a./J. 19/2015 (10a.), del índice de la Segunda Sala de la Suprema corte de Justicia de la Nación, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 17, Tomo I, Página: 783, con registro electrónico 2008807, de rubro siguiente: "RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL PLAZO PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN III, INCISO C), DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ES EQUIVALENTE AL PREVISTO EN LA LEY DE AMPARO, PARA EFECTOS DE LA OBSERVANCIA DEL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Sin que en el caso pueda estimarse que la causal de improcedencia que se invoca no resulta manifiesta e indudable, dado que no existe dato, constancia o manifestación que pueda generar incertidumbre en su actualización, y por el contrario, se advierte de forma patente y absoluta, de manera que de sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
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