Hector Aaron Flores Crespo
Expediente 1002/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 3 actuaciones registradas, la última del 21 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1002/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 21/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Hector Aaron Flores Crespo
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de los autos y la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa Héctor Aarón Flores Crespo, no recurrió el auto de desechamiento dictado por este juzgado el veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno. Esto, debido a que fue notificado por medio de lista que se publicó en los estrados de este órgano jurisdiccional el tres de enero del año en curso, por lo que dicho plazo transcurrió del cinco al once de enero de dos mil veintidós. Sentado lo anterior, se declara que el auto de veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno, dictado en el presente sumario HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese el presente juicio como asunto concluido. Finalmente, de conformidad con el artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, este juicio de amparo es DESTRUIBLE por este órgano jurisdiccional, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el presente acuerdo de archivo, toda vez que se desechó de plano la presente demanda.
- Principal
Vista la razón actuarial de treinta de diciembre del año en curso, levantada por la actuaria adscrita a este órgano jurisdiccional, en la que hace constar que no le fue posible notificar el auto de veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno, al quejoso Héctor Aarón Flores Crespo, toda vez que la dirección proporcionada para tal fin es inexistente; en atención a ello, se ordena hacer del conocimiento de la anotada parte procesal el proveído en comento por medio de lista que se fija en los estrados de este juzgado, en términos del artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. AUTO DE VEINTITRÉS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO QUE A LA LETRA DICE: Vista la demanda de amparo signada por Héctor Aarón Flores Crespo, por su propio derecho, contra el acto del Juez Mixto de Primera Instancia de Escuinapa, Sinaloa y otras autoridades. Con fundamento en lo previsto en los artículos 3°, 20 y 21 de la Ley de Amparo, fórmense los expedientes impreso y electrónico; así también, radíquense éstos con el número 1002/2021. Improcedencia De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo1, el suscrito examinará el escrito de demanda y si encontrara motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. En la inteligencia que manifiesto es lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara, e indudable, cuando se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. Apoya lo anterior, en su parte conducente, la tesis 2a. LXXI/2002 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tomo XVI, julio de 2002, página 448, registro 186605, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. Del análisis integral de la demanda de amparo, se colige que el quejoso señaló como acto reclamado el acuerdo de catorce de diciembre de dos mil veintiuno, dictado por el Juez Mixto de Primera Instancia, con sede en Escuinapa, Sinaloa, en el divorcio unilateral 688/2021, de su índice, en el que decretó aseguramiento provisional de alimentos como una medida protectora provisional a favor de la demandada Karla Soraila Torres Hernández, pensión alimenticia provisional mensual por el veinte por ciento (20%) del sueldo y demás prestaciones que obtenga como empleado. Además, expresó bajo protesta de decir verdad los siguientes antecedentes del acto reclamado: ? El suscrito quejoso, ostento el carácter de parte actora en autos del Juicio número 688/2021 promovido en contra de KARLA SORAILA TORRES HERNÁNDEZ; Por la solicitud de Divorcio, mismo que se radicó por el H. Juzgado Mixto de Primera Instancia del Partido Judicial de Escuinapa, Sinaloa; . ? El catorce de diciembre del año en curso, en donde se le tiene a la parte demandada KARLA SORAILA TORRES HERNANDEZ haciendo las manifestaciones a que se refiere en su escrito registrado con el número de cuenta 6785 y dando contestación a la solicitud de divorcio presentado por el suscrito y al efecto se señalan las 10:00 horas del día treinta de marzo del año dos mil veintidós para escuchar en audiencia a HECTOR AARON FLORES CRESPO Y KARLA SORAILA TORRES HERNANDEZ, respecto al convenio y medidas provisionales a tomarse, lo anterior de conformidad con lo previsto por el artículo 187 del Código Familiar del Estado de Sinaloa; En atención a las medidas provisionales solicitadas por la demandada KARLA SORAILA TORRES HERNANDEZ, establecidas en el artículo 187 apartado A fracción II del Código Familiar en vigor para el Estado de Sinaloa se decreta aseguramiento provisional de Alimentos como una medida protectora provisional a favor de la mencionada, pensión Alimenticia Provisional mensual por el veinte por ciento del sueldo y demás prestaciones que obtenga el suscrito como empleado de la Empresa "Bebidas Mundiales", S. de R.L. de C. V., R.F.C. bmu-860513-418 (Coca Cola) ubicada en carretera Internacional al norte, kilometro LS, Colonia Venadillo dé la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, porcentaje que se declara formal y legalmente embargado en los términos de ley para el efecto de que surta efecto la medida provisional decretada, con fundamento en el artículo 150 último párrafo del Código de Procedimientos Familiares en vigor gírese atento oficio con los Serios necesarios al C. Director de Recursos Humanos y/o Representante Legal de la Empresa "Bebidas Mundiales", S. de R.L. de C. V, R.F.C. bmu- 860513-418 (Coca Cola) ubicada en carretera Internacional al norte, kilómetro 1.5, Colonia Venadillo de la Ciudad de Mazatlan, Sinaloa; concediéndoles un término improrrogable de tres días hábiles, con el objeto de que informe a ese H. Juzgado si actualmente Héctor Aarón Flores Crespo labora como empleado de la Empresa "Bebidas Mundiales", S. de R.L. de CV, R.F.C. bmu-860513-418 (Coca Cola), y en caso de ser afirmativo lo anterior, nos indique cuál es su sueldo y demás prestaciones ordinarias y extraordinarias (bonos, vales, aguinaldo, vacaciones, etc.) que por cualquier concepto reciba, facultando desde este momento para que proceda a retener y embargar la cantidad que resulte del veinte por ciento de su sueldo y todas sus prestaciones, debiendo depositar en este Juzgado de Primera Instancia, apercibido que en caso de no rendir la información solicitada o en caso de probarse que incurre en falsedades para proteger al deudor alimentista se le fincara responsabilidad haciéndolo solidario de los daños y perjuicios ocasionados por su falta y se aplicara en su contra una multa de 20 veinte veces el valor diario de la unidad de medida y actualización vigente para esta área geográfica de conformidad a lo previsto por el articulo 137 fracción I en relación con el 129 fracción II del Código de Procedimientos Familiares vigente nuestro Estado. En esa tesitura, en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que dice: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. Del precepto transcrito se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas; es decir, establece el principio de definitividad. El aludido principio encuentra su justificación en el hecho de que el juicio de amparo, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el solicitante debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias ordinarias que puedan modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad que le produce afectación. Precisado lo anterior, el artículo 369 del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Sinaloa2, dispone que las resoluciones judiciales se entenderán consentidas cuando se deje pasar el plazo señalado para interponer el recurso correspondiente, entre los cuales se encuentran los de (i) revocación; (ii) apelación y (iii) queja. A su vez, los artículos que prevén los recursos de apelación y revocación, son los siguientes: De la Revocación: Artículo 376.- Las sentencias no pueden ser revocadas por el juez que las dicte. Los autos que no sean apelables y los proveídos pueden ser revocados por el juez que los dicte o por el que lo sustituya en el conocimiento del asunto, salvo que este Código expresamente disponga que no sean recurribles." De la Apelación Artículo 381.- Sólo podrán ser objeto de apelación las siguientes resoluciones de primera instancia: I. Las sentencias definitivas en toda clase de juicios, excepto cuando este Código declare expresamente que no son apelables; II. Las sentencias interlocutorias, excepto cuando por disposición del presente Código no se otorgue a las partes el recurso o la sentencia definitiva no sea apelable; III. Los autos, cuando expresamente lo disponga este Código, y IV. Las sentencias que se dicten con el carácter de provisionales en procedimientos precautorios, sin perjuicio de que en los casos en que proceda, se reclame la providencia ante el mismo juez o se levante por éste. De lo anterior se advierte que el recurso de revocación, es procedente contra los autos que no sean apelables, salvo que el referido Código de Procedimientos Familiares expresamente disponga que no sean recurribles; y, que el recurso de apelación sólo es procedente, en lo que interesa, contra los autos, cuando expresamente lo disponga este código. También debe tenerse en cuenta, que atendiendo al artículo 413, párrafos penúltimo y último, del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Sinaloa, prevé que en contra de la sentencia que declara la disolución del vínculo matrimonial no procede recurso alguno, y que sólo son apelables las resoluciones que la niegan, y las que se pronuncien en la vía incidental y que estén relacionadas con los convenios que se exhiban en el mismo. Por lo anterior, debe entenderse que todas las demás resoluciones que se emitan en las etapas del juicio de divorcio incausado, son recurribles a través de la revocación, por no ser apelables. En ese orden de ideas, el auto reclamado de catorce de diciembre de dos mil veintiuno, dictado por el Juez Mixto de Primera Instancia, con sede en Escuinapa, Sinaloa, en el divorcio unilateral 688/2021, de su índice, en el que decretó aseguramiento provisional de alimentos como una medida protectora provisional a favor de la demandada Karla Soraila Torres Hernández, pensión alimenticia provisional mensual por el veinte por ciento del sueldo y demás prestaciones que obtenga como empleado, era impugnable a través del recurso de revocación, previsto en el numeral 376 del citado ordenamiento legal, por medio del cual podía ser anulado o revocado. Lo anterior, con independencia de que el auto reclamado sea o no de imposible reparación, pues la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. Por lo que aun en el caso de que los actos en el juicio sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo, es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia P./J.11/2018 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 55, junio de 2018, tomo I, que dice: DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo. Asimismo, el quejoso no está en los supuestos de excepción que se indican en el referido artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, pues, el acto reclamado no importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas, alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Tampoco consiste en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal. De ahí que la demanda de amparo que nos ocupa deviene improcedente, debido a que el quejoso no agotó el principio de definitividad. Las razones torales del presente acuerdo fueron dadas por el Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Segundo Circuito, en esta ciudad, al resolver el recurso de queja 186/2019 y el amparo en revisión 102/2017, en lo relativo a que todas las resoluciones que se emitan en las etapas del juicio de divorcio incausado, son recurribles a través de la revocación, salvo la sentencia que niega la disolución del vínculo matrimonial y las que se pronuncien en la vía incidental y que estén relacionadas con los convenios que se exhiban en el mismo, las cuales son apelables. Desechamiento En estas condiciones, con apoyo en el numeral 113, en relación con el diverso 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por Héctor Aarón Flores Crespo, por su propio derecho, contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia, con sede en Escuinapa, Sinaloa. Domicilio y autorizados Con apoyo en el ordinal 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones ubicado en calle Matamoros número 54, colonia Centro, entre avenida de la Juventud y Aquiles Serdán en esta ciudad, y para tal efecto y en apoyo en el artículo 12 de la Ley de Amparo, se tiene como autorizado para oír y recibir notificaciones al licenciado José Ramón Flores Hernández, quien tiene su cedula profesional 2325387, reconocida en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho. De igual forma, proporciona correos electrónicos fjoseramon59@gmail.com y hangeljohan1@gmail.com a efecto de entablar comunicaciones no procesales. Uso de medios electrónicos La parte quejosa y sus autorizados podrán imponerse de autos mediante el empleo de cámaras fotográficas o cualquier otro dispositivo electrónico, en aras del ejercicio de sus derechos procesales con mayor celeridad y sencillez; empero, con la salvedad de aquellas piezas documentales que sean clasificadas por sus emisores como confidenciales o reservadas en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública o cualquier otro ordenamiento de naturaleza análoga, caso en el cual, quien esto provee, previo análisis de la información de que se trate en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, podrá permitir el acceso a las partes, exclusivamente respecto de aquélla que se considere esencial para su defensa, sin que de ser el supuesto, ésta última pueda ser transmitida, copiada, fotografiada, escaneada o reproducida por cualquier medio.
- Principal
Vista la demanda de amparo signada por Héctor Aarón Flores Crespo, por su propio derecho, contra el acto del Juez Mixto de Primera Instancia de Escuinapa, Sinaloa y otras autoridades. Con fundamento en lo previsto en los artículos 3°, 20 y 21 de la Ley de Amparo, fórmense los expedientes impreso y electrónico; así también, radíquense éstos con el número 1002/2021. (.)
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