Hebert Mizael Miranda Arias

Expediente 284/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
284/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
09/02/2022

Partes del expediente

  • Hebert Mizael Miranda Arias
  • Secretario de Salud

Actuaciones

  1. Principal

    MESA IV.-Visto lo de cuenta, se tiene por recibido el oficio signado por la Directora General de Derechos Humanos, Igualdad de Género y Asuntos Internacionales del Consejo de la Judicatura Federal, por medio del cual solicita información respecto del juicio de amparo en que se actúa. Atento a lo anterior, dígasele a la autoridad oficiante, que la parte quejosa en el juicio de amparo 284/2021-IV, en que se actúa, lo es ****, por propio derecho, quien mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, el veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, y recibido por este juzgado el treinta de marzo de dos mil veintiuno, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Secretario de Salud del Estado de Morelos y otras autoridades. Ahora bien, mediante auto de cinco de abril de dos mil veintiuno, se tuvo por recibido el escrito de referencia, se registró con el número de amparo 284/2021-IV, y se proveyó lo conducente, desechando la demanda de amparo promovida por el referido quejoso, por las razones ahí expuestas, auto que al no ser recurrido mediante el recurso correspondiente, fue declarado firme en diverso proveído de veintiuno de junio de dos mil veintiuno. Por lo anteriormente expuesto, dada la discrepancia entre el quejoso y acto reclamado del juicio de amparo radicado en este juzgado, se le comunica a la autoridad oficiante, que este Juzgado de Distrito se encuentra impedido para dar contestación a los puntos uno al once del oficio de cuenta, por no guardar relación con el juicio de amparo en el que se actúa. No obstante lo anterior, se informa que este Juzgado de Distrito, cuenta en su índice con los juicios de amparo 1720/2019 y 1703/2021 promovidos por el quejoso José Manuel Mercado Centeno. Finalmente, remítase a la autoridad oficiante, vía correo electrónico institucional, copia certificada de la totalidad de las constancias que integran el presente juicio de amparo para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  2. Principal

    MESA.- II Visto el estado procesal que guardan los autos, de lo que se advierte que el Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Atlatlahucan, Morelos, no ha dado cumplimiento al requerimiento hecho en auto de veinticinco de marzo de dos mil veintiuno. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente al Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Atlatlahucan, Morelos, para que dentro del término de TRES DÍAS HÁBILES contados a partir del día siguiente al de la notificación del presente proveído, remita las constancias con que acredite el cumplimento de la ejecutoria de amparo, esto es: "1. No se le aplique a la parte quejosa, en lo presente y futuro, la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, en sus artículos 119 al 125, que prevén los impuestos adicionales, quedando desvinculado de las obligaciones tributarias legisladas; y, 2. Se ordena al titular de la Tesorería Municipal de Atlatlahucan, Morelos, devolver actualizado el importe que cobró como adicional del impuesto por adquisición de bienes inmuebles contenidos en los artículos 119 al 125, de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, consistentes en las cantidades de: *** Derivadas del recibo ****, expedido por la Tesorería Municipal de Atlatlahucan, Morelos. Las cantidades descritas en los incisos a) al d), equivalen al veinticinco por ciento de la cantidad retenida y erogada por el fedatario público ante la autoridad recaudadora, respecto del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles." Conforme a lo anterior, se apercibe al Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Atlatlahucan, Morelos, que de no dar cumplimiento a dicho requerimiento, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, que asciende a la cantidad de $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos 00/100 moneda nacional), tomando en cuenta que el valor de dicha unidad de medida es de $89.62 (ochenta y nueve pesos 62/100 moneda nacional) y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado que corresponda, con el fin de que se inicie el procedimiento de inejecución respectivo, que podrá concluir con la separación y consignación del funcionario público contumaz ante el Juez de Distrito, aún en el caso de que deje el cargo, si se acredita que incurrió en responsabilidad al evadir los efectos de la protección constitucional de conformidad con los artículos 192, 193, 198, 238 y 258, de la Ley de Amparo. Notifíquese.

  3. Principal

    AVISO. MESA IV Vista la demanda de amparo promovida por ***, por propio derecho, contra actos del Director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y otras autoridades; regístrese en el libro de gobierno de juicios de amparo bajo el número 284/2021-IV, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes S.I.S.E. y fórmese expediente impreso y electrónico. DESECHAMIENTO En esas condiciones, de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito que conozca del juicio de amparo deberá examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano; lo que es así, porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El citado artículo impone la obligación al Juez de Distrito de examinar, con todo detenimiento, el escrito de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deberá desecharla de plano, para lo cual, en principio, ha de considerar únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto; de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que ésta y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido... Ahora bien, de la lectura integral de la demanda, se advierte que el acto reclamado que señala la parte quejosa consiste en: Oficio número ***, de dieciocho de noviembre de dos mil veinte, emitido por la autoridad responsable, en donde se niega la pensión por viudez solicitada por el aquí quejoso... LEY DE AMPARO "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior" [.]" De la cita que antecede, se tiene que cuando exista un medio ordinario de defensa por virtud del cual pueda modificarse, revocarse o nulificarse el acto que se reclama y que conforme a las leyes que lo rijan proceda la suspensión de sus efectos, sin exigir mayores requisitos que los requeridos por la Ley de Amparo, el juicio de amparo será improcedente. El principio de definitividad que rige al juicio de amparo en esta materia, encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la parte quejosa debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos en la ley y jurisprudencialmente que, en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Federal. Los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses se abre el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Si pasando por alto estas consideraciones derivadas del principio de definitividad, las partes afectadas por actos administrativos no tuvieran la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de amparo suplantaría las facultades de la administración pública. Es oportuno precisar, que si de acuerdo a la fracción XX, del artículo 61, de la ley de la materia, el amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo que deban ser revisados de oficio conforme a las "leyes que los rijan", entonces es necesario determinar el alcance de tal expresión, la cual debe entenderse como todos aquellos ordenamientos legales, que guardan estrecha relación con tales actos, ya sea por haber establecido su nacimiento o instauración, su regulación, efectos, o bien, sus formas de impugnación, debiéndose tomar en consideración que no siempre tales actos serán normados por un solo cuerpo legal, sino que puede darse el caso de que lo sea por varios, e incluso sólo en uno se prevenga lo relativo al recurso, juicio o medio de impugnación que proceda contra ellos, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. De lo expuesto, se advierte que contra el oficio número ***, de dieciocho de noviembre de dos mil veinte, emitido por la autoridad responsable, en donde se niega la pensión por viudez solicitada por el aquí quejoso el impetrante de amparo debió agotar el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa; medio de defensa que procede contra los actos administrativos, decretos y acuerdos de carácter general, diversos a los reglamentos, cuando sean autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta en unión del primer acto de aplicación, así como aquellos que se dicten en materia de pensiones civiles a cargo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en términos del artículo 3, fracción VII de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Además, del análisis del artículo 24 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se advierte que prevé similares requisitos para el otorgamiento de la suspensión de los actos que se impugnan. En efecto, el normativo invocado establece, que para la procedencia de la suspensión del acto impugnado o del acto reclamado, se exigen requisitos esencialmente iguales, en virtud, de que en ambos casos debe proceder la solicitud respectiva, sin que con la misma exista afectación al interés social ni la contravención al orden público. Por lo que, ante la existencia de un medio ordinario de defensa adecuado y eficaz con el que se pueden modificar, revocar o nulificar los actos reclamados, resulta obligatorio que, previo a promover demanda de amparo, la parte quejosa, agote el medio ordinario de defensa a su alcance, pues de actuar de modo diverso como lo hizo, torna improcedente el juicio de derechos fundamentales. En las relatadas condiciones, en contra del oficio ***, de dieciocho de noviembre de dos mil veinte, emitido por la autoridad responsable, en donde se niega la pensión por viudez solicitada por el aquí quejoso, procede el juicio contencioso administrativo previsto en Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, tal y como lo dispone el artículo 3, fracción VII de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; en consecuencia, la parte quejosa está obligada a respetar el principio de definitividad que prevé el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Lo que significa que es improcedente el juicio de amparo en esta vía bi-instancial, ya que el referido acto puede tener un remedio ante la autoridad en términos de los preceptos citados en párrafos precedentes, ya que son estos los que en su caso rigen al acto reclamado y podrían ser nulificados... Cabe precisar que en la especie no se actualiza alguna hipótesis de excepción al principio de definitividad, en primer lugar, porque como ya se dijo, a través de la promoción del juicio de nulidad pueden suspenderse los efectos del acto combatido, ya que la ley que lo rige prevé dicha medida cautelar sin exigir mayores requisitos que la Ley de Amparo. Lo anterior es así, toda vez que la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, prevé la suspensión de los efectos del acto reclamado, en términos de los artículos 24, 24 bis, 25, 26 y 28 de dicha ley, sin exigir mayores requisitos que los establecidos en los artículos 128, 132 y 135 de la Ley de Amparo, para conceder la suspensión del acto reclamado, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional... Por otro lado, conviene tener en cuenta que el principio de definitividad admite otras excepciones, algunas previstas legalmente y otras derivadas de la interpretación de la ley efectuada por los tribunales. Consecuentemente, debe determinarse a continuación si en el caso se actualiza alguna excepción al principio de definitividad distinta a las que anteriormente fueron objeto de estudio. 1. Cuando se impugnan leyes con motivo de su primera aplicación. Dicha excepción al principio de definitividad obedece a que el agraviado solamente podrá atacar la inconstitucionalidad de la norma ante el Juez de Distrito, ya que las autoridades judiciales o administrativas encargadas de resolver los juicios o recursos ordinarios no son las idóneas para ocuparse de ellas por tratarse de cuestiones cuya solución atañe en forma privativa al Poder Judicial de la Federación. En ese sentido, de la demanda de cuenta no se advierte que la promovente reclame la inconstitucionalidad de alguna ley, o bien, que se esté en presencia de alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para determinar que se surte algún caso de excepción al principio de definitividad. 2. Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan. Al respecto, si bien la parte quejosa aduce violaciones a sus derechos fundamentales; es de apreciarse que no le asiste el carácter de tercero extraño. Ahora, la parte quejosa hace alusión de que con la determinación de la responsable, en el oficio ***, de dieciocho de noviembre de dos mil veinte, se ve afectado su derecho a la salud, en virtud de que con dicha determinación ya no tendría acceso a seguridad social, sin embargo de los antecedente narrados por el propio quejoso, bajo protesta de decir verdad, no se advierte que padezca de alguna enfermedad grave o que se ponga en riesgo su vida. Consecuentemente, ya que no se verificó excepción alguna al principio de definitividad, se estima que debió promoverse el juicio de nulidad antes de acudir a la instancia constitucional. Así, la parte promovente está obligada a observar el principio de definitividad que rige la materia, en tanto que el hecho de que el acto reclamado pueda obtener la cualidad de ser irreparable, no la exime de hacer valer los medios ordinarios de defensa previstos en su contra, como es precisamente el juicio contencioso administrativo, ya que la definitividad se refiere fundamentalmente al alcance de los medios de defensa y no a la naturaleza de los actos impugnados. Corolario de lo expuesto, de conformidad con los razonamientos antes esgrimidos, resulta notoria e indudable la causa de improcedencia que se menciona, por lo que se desecha la demanda de amparo, con el objeto de que la parte promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado de la demanda de amparo y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario, en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional, lo que incluso permite que la parte quejosa acuda oportunamente a los medios ordinarios de defensa a hacer valer sus derechos. Cabe destacar que la determinación anterior no contraviene la garantía de acceso a la justicia tutelada por el artículo 17 constitucional, ya que ese derecho es limitado, puesto que para que pueda ser ejercido es necesario cumplir con los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia para ese tipo de acciones, lo cual además brinda certeza jurídica; aunado a la circunstancia de que con esta determinación queda incólume el derecho del inconforme para interponer los recursos y los juicios que procedan en defensa de los derechos que estime vulnerados; además, es acorde a lo que establece la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica... En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata. Sin que la anterior determinación pueda considerarse denegatoria de justicia, ya que justo a través del presente pronunciamiento se está impartiendo de conformidad con las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, no obstante que le sea desfavorable a la parte promovente. En apoyo a lo anterior se cita la Jurisprudencia VII.2o.C. J/23, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, t. XXIV, julio de dos mil seis, página 921, cuyo rubro es: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA." DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en su demanda de amparo, y por autorizada únicamente para los mismos efectos a ***, toda vez que no proporciona los datos de su cédula profesional, ello en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo... Por otra parte, respecto a su solicitud de señalar como domicilio para oír y recibir notificaciones el correo electrónico y números telefónicos que refiere, dígase al promovente que no ha lugar a acordar de conformidad dicha solicitud; ello, con fundamento en los artículos 26 fracción III, 27 fracción I y 108 fracción I, en virtud de que las notificaciones serán realizadas en el domicilio indicado por la parte quejosa y de no señalar domicilio se harán por medio de lista. No obstante lo anterior, se tiene el correo y número telefónico proporcionados, como medio de comunicación no procesal con dicha parte. AUTORIZACIÓN DE USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Por otra parte, respecto a la solicitud de que se permita la reproducción de los autos por medios electrónicos, se autoriza el uso de las herramientas tecnológicas que señala, en el entendido que el solicitante es parte en el presente juicio y el uso que haga de la información contenida en las constancias que integran el expediente, deberá ser con la diligencia y lealtad procesal debida para la defensa de su interés en el presente juicio, toda vez que dada la naturaleza de las mismas pueden contener información clasificada como reservada o confidencial e inclusive información que no esté relacionada directamente con las partes o la litis planteada en este asunto; por lo que no podrán reproducirse documentos o textos cuya difusión o información en ellos contenida, se encuentre clasificada, reservada por disposición legal o si previamente deba mediar autorización a la parte interesada para obtener su reproducción, por lo que cualquier uso distinto, reproducción o publicación que haga de la información antes referida, podrá ser causa de responsabilidad de conformidad con las disposiciones legales aplicables... HABILITACIÓN PARA NOTIFICACIONES EN DÍAS Y HORAS INHÁBILES Se habilita a los actuarios de la adscripción para realizar las notificaciones en el presente asunto en días y horas inhábiles, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución General de la República y 21 de la Ley de Amparo. HABILITACIÓN A LOS ACTUARIOS PARA EFECTUAR NOTIFICACIONES POR MEDIO DE LISTA En ese mismo sentido, en aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de Amparo, desde este momento se faculta al actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa: no conozcan a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectúe (previa razón asentada como soporte), por medio de la lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal; en la inteligencia de que, dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo inmueble para tal efecto. EXHORTACIÓN PARA TRAMITAR ASUNTO "EN LÍNEA" De conformidad con el artículo 22, fracciones I y II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del presente mediante el esquema de juicio en línea. Asimismo, se les conmina para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correo electrónico, teléfono o servicios de mensajería instantánea, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. En este sentido, se hace del conocimiento que de ser necesario, las comunicaciones no procesales que se realicen, a criterio del órgano jurisdiccional, podrán incorporarse al expediente previa certificación correspondiente, para los efectos legales conducentes. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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