Heberd Ismael Cruz Ortega

Expediente 1296/2015 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de septiembre de 2015.

Datos del expediente

Expediente
1296/2015
Año
2015
Actuaciones
2
Última actuación
22/09/2015

Partes del expediente

  • Heberd Ismael Cruz Ortega

Actuaciones

  1. Principal

    Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veintidós de septiembre de dos mil quince. Vistas las certificaciones de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte promovente interpusiera recurso de queja contra el proveído de cuatro de septiembre de dos mil quince, por el que se desechó la demanda de amparo promovida por Heberd Ismael Cruz Ortega, sin que interpusiera dicho recurso. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo y décimo primero, párrafo segundo del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, archívese este expediente, como asunto concluido. En cumplimiento a lo señalado en los puntos cuarto, y vigésimo primero fracción I, del citado Acuerdo General Conjunto número 1/2009, toda vez que se desechó la demanda de amparo, se estima que este expediente es susceptible de destrucción. Se estima que este expediente carece de relevancia documental, en virtud que por una parte, en el mismo se reclamó la omisión de acordar el ocurso mediante el cual solicitó se le adjudicara en propiedad el bien inmueble embargado en el expediente 393/2010, del índice del Juzgado Segundo de lo Civil Especializado en juicio oral mercantil para todo el Estado, con sede en esta ciudad, y por la otra se desechó la demanda de amparo origen de este expediente, por lo que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo vigésimo primero, párrafo último del acuerdo citado, esto es, el acto reclamado no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; ni se trata de resolución que haya sido impugnada ante algún organismo público internacional, ni relativo a conflicto laboral colectivo trascendente o que por el sentido de la resolución adoptada tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, se indica que conforme a la certificación de cuenta, en este expediente no existen documentos considerados originales en términos del punto segundo fracción XVIII, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, ni billete de depósito o garantía que devolver o remitir a la Tesorería de la Federación. Hágase del conocimiento de las partes que conforme al punto décimo, fracción I, del referido acuerdo, este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que después de transcurrido el plazo de cinco años contados a partir de que se ordenó su archivo, se proceda a su destrucción. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo proveyó y firma el licenciado José Luis Evaristo Villegas, juez Quinto de Distrito en el estado de Oaxaca, con residencia en la ciudad del mismo nombre, asistido del licenciado Juan Martínez Trujillo, secretario que autoriza y da fe.EN TERMINOS DEL ART 27, FRAC I DE LA LEY DE AMPARO

  2. Principal

    MESA IIIB] Oaxaca de Juárez, Oaxaca, cuatro de septiembre de dos mil quince. Vista la demanda de garantías promovida por Heberd Ismael Cruz Ortega, contra un acto del juez Segundo de lo Civil y Especializado en Juicio Oral Mercantil para todo el Estado, residente en esta ciudad; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1296/2015. Antes de admitir la demanda de amparo, es menester verificar que no exista motivo manifiesto e indudable de improcedencia, como lo dispone el artículo 113 de la Ley de Amparo. En la especie, de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que el quejoso reclama de la autoridad responsable juez Segundo de lo Civil y Especializado en Juicio Oral Mercantil para todo el Estado, residente en esta ciudad, la omisión de acordar el ocurso mediante el cual solicitó se le adjudicara en propiedad el bien inmueble embargado en el precio fijado en almoneda, en el expediente 393/2010, primera secretaría, de su índice. En ese orden, el suscrito juzgador advierte que contra el precisado acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretado en sentido contrario de la Ley de Amparo, los cuales disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.). XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.). El dispositivo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo en vigor, establece que la improcedencia del juicio de amparo no sólo deriva de cada una de las fracciones previstas en el precepto anunciado, sino que puede tener sustento tanto en la Constitución Federal, como en la legislación de amparo. Por su parte, el diverso 107, fracción V, del ordenamiento jurídico invocado señala que el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos en el juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el estado mexicano sea parte. Aunado a lo anterior, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 37/2014 , sostuvo que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "...los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte"; que con esa aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Asimismo, el mencionado Tribunal Pleno estableció que esa interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo, y La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Bajo tales premisas, como se adelantó, se estima que la denegación de acceso a la impartición de justicia en el expediente de 393/2010, primera secretaría del índice del Juzgado Segundo de lo Civil y Especializado en Juicio Oral Mercantil para todo el estado de Oaxaca, del que se duele la parte quejosa, se trata exclusivamente de un reclamo dentro del procedimiento respecto de la omisión de acordar el ocurso mediante el cual solicitó se le adjudicara el bien inmueble embargado, en el expediente 393/2010, primera secretaría, de su índice, el cual no deja sin defensa a la parte quejosa ni puede verse de forma autónoma, ya que se trata de una violación de carácter adjetivo conforme a la cual tienen que atenderse las reglas establecidas en la legislación ordinaria para el efecto de obligar a la autoridad a cumplir con la administración de justicia pronta y expedita. En el caso, los artículos 697, fracción IV y 699 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca, establecen que el recurso de queja tiene lugar en los casos de denegación de justicia y que dicho recurso que se haga valer contra el juez se interpondrá ante el superior inmediato dentro de los tres días que sigan al acto reclamado, haciéndolo saber dentro del mismo tiempo al juez contra quien va el recurso, acompañándole copia. De ahí que se advierte que corresponde a la Sala de Juicio Oral Mercantil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, toda vez que el acto reclamado surge con motivo de la tramitación de un expediente oral mercantil 393/2010, instruir al juez responsable para que dé cumplimiento a su deber constitucional de impartir justicia pronta y expedita. Por tanto, el juicio de amparo indirecto contra el acto reclamado que se hace consistir en la denegación de acceso a la impartición de justicia en el expediente civil 393/2010, porque la responsable no ha contestado el ocurso por el que solicitó la adjudicación del bien inmueble embargado; es improcedente, puesto que no es de naturaleza irreparable, ya que el peticionario del amparo puede interponer recurso de queja contra la denegación de justicia de la que se duele ante la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 1ª/J 8/2015 (10ª ), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página cuatrocientos setenta y ocho, del libro diecisiete, abril de dos mil quince, tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMA UNA VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. CONSTITUCIONAL DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO (LEY DE AMPARO ABROGADA). De acuerdo con lo establecido en el artículo 114, fracciones II, III y IV, de la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, se desprende que en contra de actos dictados dentro de procedimientos jurisdiccionales, como dentro de procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, será procedente el amparo indirecto de forma excepcional cuando los actos tengan el carácter de "imposible reparación"; o cuando el quejoso hubiese quedado sin defensa o privado de los derechos que la ley de la materia le conceda. En esas condiciones, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación al derecho de petición, cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional o seguido en forma de juicio, el actuar de la autoridad se rige por lo dispuesto tanto en los artículos 14 y 17 constitucionales, como en los plazos y términos desarrollados por el legislador ordinario en la norma secundaria. En razón de ello, por regla general, el amparo indirecto sería improcedente, pues si se trata exclusivamente de un reclamo dentro de procedimiento respecto al derecho de petición, el cual no deja sin defensa al quejoso ni puede verse de forma autónoma, debe considerarse que se trata de una violación de carácter adjetivo conforme a la cual tienen que atenderse las reglas establecidas en la legislación ordinaria para el efecto de obligar a la autoridad a dar respuesta a la petición realizada". En tales condiciones, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia analizada, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, por notoriamente improcedente se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata. Es importante destacar que por el hecho de desechar la demanda, no se impide el acceso a la justicia a Heberd Ismael Cruz Ortega, pues el análisis de las causales de improcedencia constituyen un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que no configura denegación de justicia. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada III.2o.C.3 K (10a.), bajo el rubro y texto siguientes. "IMPROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RELATIVAS NO CONFIGURA UNA DENEGACIÓN DE JUSTICIA EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. El artículo 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), consagra como un derecho humano de toda persona el de la protección judicial, al establecer el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los Jueces o tribunales competentes, que ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la convención; en tanto que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantiza la tutela judicial efectiva, que se traduce en el derecho subjetivo público a favor de todo gobernado para acudir ante tribunales independientes e imparciales, a fin de plantear una pretensión o a defenderse de ella, para que dentro de los plazos legales, así como de manera expedita, mediante la previa instauración de un proceso en el que se respeten diversas formalidades esenciales, pueda resolverse aquélla mediante la emisión de una sentencia y su posterior ejecución, razón por la cual, los órganos jurisdiccionales deben abstenerse de caer en formas o rigorismos jurídicos que obstaculicen un real y efectivo acceso a la justicia. Sobre esa base, se tiene que al estimarse el juicio constitucional como un medio extraordinario de defensa, el quejoso debe cumplir con los requisitos de su procedencia; lo cual, de ninguna manera implica que se le esté negando al promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la interposición de interminables juicios de amparo; por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, no configura una denegación de justicia". Así como la tesis aislada XI.1o.A.T.3 K (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo Del Décimo Primer Circuito, visible en la página 1494, libro XII, septiembre de 2012, tomo 3, décima época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro y texto siguientes: "ACCESO A LA JUSTICIA. ES UN DERECHO LIMITADO, POR LO QUE PARA SU EJERCICIO ES NECESARIO CUMPLIR CON LOS PRESUPUESTOS FORMALES Y MATERIALES DE ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA, ASÍ COMO DE OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Todos los Jueces mexicanos deben partir de los principios de constitucionalidad y convencionalidad y, por consiguiente, en un primer momento, realizar la interpretación conforme a la Constitución y a los parámetros convencionales, de acuerdo con el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, incluso de oficio. En función de ello, y conforme al principio pro personae (previsto en el artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos conocida como Pacto de San José de Costa Rica), que implica, inter alia, efectuar la interpretación más favorable para el efectivo goce y ejercicio de los derechos y libertades fundamentales, de conformidad con los artículos 17 constitucional; 8, numeral 1 y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el derecho humano de acceso a la justicia no se encuentra mermado por la circunstancia de que las leyes ordinarias establezcan plazos para ejercerlo, porque tales disposiciones refieren que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un Juez o tribunal competente; sin embargo, ese derecho es limitado, puesto que para que pueda ser ejercido es necesario cumplir con los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia para ese tipo de acciones, lo cual, además, brinda certeza jurídica. De igual forma, no debe entenderse en el sentido de que puede ejercerse en cualquier tiempo, porque ello se traduciría en que los tribunales estarían imposibilitados para concluir determinado asunto por estar a la espera de saber si el interesado estará conforme o no con la determinación que pretendiera impugnarse, con la consecuencia de que la parte contraria a sus intereses pudiera ver menoscabado el derecho que obtuvo con el dictado de la resolución que fuera favorable, por ello la ley fija plazos para ejercer este derecho a fin de dotar de firmeza jurídica a sus determinaciones y lograr que éstas puedan ser acatadas. De ahí que si el gobernado no cumple con uno de los requisitos formales de admisibilidad establecidos en la propia Ley de Amparo, y la demanda no se presenta dentro del plazo establecido, ello no se traduce en violación a su derecho de acceso a la justicia, pues éste debe cumplir con el requisito de procedencia atinente a la temporalidad, por lo que resulta necesario que se haga dentro de los términos previstos para ello, ya que de no ser así, los actos de autoridad que se impugnen y respecto de los cuales no existió reclamo oportuno, se entienden consentidos con todos sus efectos jurídicos en aras de dotar de firmeza a dichas actuaciones y a fin de que los propios órganos de gobierno puedan desarrollarse plenamente en el ámbito de sus respectivas competencias, sin estar sujetos interminablemente a la promoción de juicios de amparo". Téngase al promovente señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica y por autorizadas para tales efectos a las personas que cita en su demanda de cuenta. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la intimidad de las partes al hacerse públicas las sentencias, de conformidad con el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, con apoyo en el precepto 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, mismo que entró en vigor el cinco de abril de dos mil cuatro, háganseles saber el derecho que tienen para oponerse a la publicación de sus datos personales; en el entendido que aun cuando las partes no hayan ejercido la oposición a que se refiere el artículo 8 de la Ley, de la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal. NOTIFÍQUESE. (se notifico por lista con fund en el art 27 frac I inciso b de la ley de amparo)

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