Heber Jiménez García

Expediente 16/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de febrero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
16/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
09/02/2018

Partes del expediente

  • Heber Jiménez García

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial de cuenta, y dado que la parte quejosa no impugnó el proveído de veintidós de enero de dos mil dieciocho (fojas 17-19), mediante el cual se desechó su demanda de amparo, dentro del plazo que para tal efecto establece el artículo 98, párrafo primero, en relación con el 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que dicho auto queda firme para los efectos legales consiguientes.Como no existen constancias pendientes de agregarse a este expediente, con fundamento en los artículos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese este expediente como definitivamente concluido, previas las anotaciones en el libro de gobierno. Por otra parte, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé el artículo vigésimo primero, párrafo último, del Acuerdo General citado; asimismo, se destaca que en el presente expediente se tuvo por no presentada la demanda de amparo; por consiguiente, transcurridos más de cinco años a partir de la fecha de que se dicta este acuerdo, es destruible, por encuadrar en el supuesto previsto en el artículo vigésimo primero, fracción I, del Capítulo V, del citado Acuerdo General 1/2009. Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Finalmente, tomando en consideración que la parte quejosa exhibió con su demanda de amparo diversas constancias en original (fojas 14-16), con apoyo en el párrafo tercero del punto décimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, hágase de su conocimiento que cuenta con el plazo de noventa días, para presentarse a recoger las referidas constancias; con el apercibimiento que de no hacerlo, dichos documentos que se encuentran glosados en autos, podrán ser destruidos junto con el mismo. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por Heber Jiménez García, contra actos del director de la Escuela Secundaria Técnica número diecinueve, con sede en Asunción Ixtaltepec, Oaxaca, y otra autoridad. Fórmese expediente y regístrese en el libro respectivo con el número 16/2018. Ahora, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a examinar si en el caso existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Cabe precisar que por motivo manifiesto debe entenderse lo que se advierte clara y patentemente, y lo indudable consiste en que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto . En la especie, se actualiza la causa de improcedencia que encuentra su fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en concordancia con los diversos artículos 1°, último párrafo, y 5º, fracción II, en sentido contrario, del propio cuerpo legal invocado; motivo de improcedencia que desde luego es notorio y manifiesto. Al efecto, los artículos 61, fracción XXIII; 1º, párrafo último, y 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, establecen: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: .. De las transcripciones anteriores, así como de la naturaleza y fines del juicio de amparo, se concluye que éste sólo es procedente en contra de actos de autoridad que sean violatorios de los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte; y para la procedencia del juicio de amparo respecto de actos de particulares, éstos tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos previstos y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Por otra parte, es conveniente recordar que la teoría distingue entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dichas competencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de subordinación, entre gobernantes y gobernados en materia de derecho público, donde la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación los derechos fundamentales y garantías individuales consagradas en la Constitución y las de supra a subordinación que se dan entre órganos del Estado. Los parámetros señalados resultan útiles para distinguir a una autoridad para efectos del amparo ya que, en primer lugar, no debe tratarse de un particular (salvo los casos señalados en la ley), sino de un órgano del Estado que unilateralmente impone su voluntad en relaciones de supra o subordinación, regidas por el derecho público, afectando la esfera del gobernado. Lo anterior, atento a que el artículo 5°, fracción II, de la ley de la materia, dispone que autoridad responsable es quien, con independencia de su naturaleza formal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; y para el caso de los particulares, cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En el caso, si bien el juicio de amparo procede contra actos de particulares, dichos actos deben de ser unilaterales y obligatorios y las funciones del ente que las realice deben estar determinadas por una norma general, esto es, por normas creadoras de situaciones jurídicas de carácter general, abstracto y de observancia obligatoria, que no pueden ser modificadas sino por otro acto de la misma naturaleza del que las creó. Otro requisito que establece el artículo de referencia para estimar a un particular como autoridad responsable, es que realicen actos equivalentes a los de autoridad, siendo que por acto de autoridad, se entiende, aquél que se emite por facultades decisorias que le estén atribuidas en la ley, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad; de ahí que una característica que distingue a este tipo de actos de cualquier otro es la relación de supra a subordinación entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos en beneficio del orden público y del interés social, cuya relación se caracteriza por la unilateralidad, ya que el órgano del estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Ahora bien, la lectura íntegra de la demanda de amparo revela que el quejoso Heber Jiménez García, reclama del director y subdirector de la Escuela Secundaria Técnica número diecinueve, de Asunción Ixtaltepec, Oaxaca, lo siguiente: . En dicha promoción se aprecia que el quejoso se duele de las órdenes, determinaciones y resoluciones, que las responsables han dictado en forma conjunta o separada, verbal o escrita para dar trámite a diversos procedimientos administrativos, para que el quejoso sea removido de su centro de trabajo como médico escolar de la escuela Secundaria Técnica número diecinueve, con sede en la población de Asunción Ixtaltepec, Oaxaca. De lo que se colige, que la relación que existe entre el quejoso Heber Jiménez García y el director y subdirector de la Escuela Secundaria Técnica número diecinueve de Asunción Ixtaltepec, Oaxaca, es bilateral, de coordinación y no de supra a subordinación, toda vez que éste actúa como patrón en relación con el justiciable, con aspectos enmarcados dentro del ámbito del derecho del trabajo, lo que se evidencia del propio acto reclamado que la relación jurídica se entabla precisamente por su relación patrón- trabajadora. Por ese motivo, no puede considerarse que las citadas autoridades que señala como responsables, realicen actos equivalentes a los de autoridad, puesto que no deriva de un acto unilateral (sino bilateral) en el que se ejerza una facultad de imperio. En tal orden de ideas, el juicio de amparo que se intenta resulta notoriamente improcedente, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, pues existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 1°, último párrafo, y 5º, fracción II, en sentido contrario, del propio cuerpo legal invocado; en consecuencia, se desecha de plano la demanda en estudio por notoriamente improcedente. Se tiene como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir notificaciones, el señalado en el escrito de cuenta, y por autorizados para tales efectos a las personas que nombra, porque en esos términos lo solicita.

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