Heber Jesús Rabanales Luis
Expediente 348/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 4 actuaciones registradas, la última del 3 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 348/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 03/06/2021
Partes del expediente
- Heber Jesús Rabanales Luis
Actuaciones
- Principal
Tijuana, Baja California, tres de junio de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos, así como el contenido de la certificación de cuenta, de los que se advierte que transcurrió el término de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja, en contra del auto en el que se desechó la demanda relativa, sin que se haya hecho uso de ese derecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que dicho acuerdo ha causado estado. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE" y, toda vez que el presente asunto se encuentra totalmente concluido, ya que no existe promoción pendiente por proveer, se ordena su archivo conforme al artículo 214 de la Ley de Amparo. De conformidad con los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el expediente principal por haberse desechado la demanda que dio origen al juicio en que se actúa, es susceptible de destrucción, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, al situarse en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso b), del referido Acuerdo General. Por tanto, indíquese la valoración que corresponda en la carátula del expediente. Háganse las anotaciones oficiales que correspondan en los registros de control de este Órgano Jurisdiccional. Notifíquese. Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, ante Jesús Daniel Meza Arrayales, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe. AMC/JDMA/OGN
- Principal
Vistos, para resolver el juicio de amparo indirecto 301/2020-II, promovido por Alda Ernestina Canelas Santos, por su propio derecho, contra actos del Subdirector de Regulación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en Baja California, con sede en esta ciudad y de otras autoridades. R E S U L T A N D O Primero. Por escrito recibido el siete de mayo de dos mil veinte, por la Secretaria de guardia adscrita a este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, de conformidad con lo dispuesto en los Acuerdos Generales 4/2020, 6/2020 y 8/2020, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y relativos a las medidas de contingencia de los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, Alda Ernestina Canelas Santos, por su propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos reclamados a las autoridades responsables que, previa aclaración de su denominación, a continuación se precisan: Autoridades responsables Subdirector de Regulación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en Baja California, con sede en esta ciudad, Cámaras de Diputados y de Senadores, ambas del Congreso de la Unión, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y Director General Adjunto del Diario Oficial de la Federación, todos con sede en la Ciudad de México. Actos reclamados "Del Instituto Nacional de Migración en Baja California se reclaman: 1. La aplicación de la fracción IV del artículo 144 del Reglamento de la Ley de Migración para fundar la resolución identificada como oficio INM/ODRBC/SDRM/4388055/2020, en la cual me es negada la autorización de trámite de regularización por razones humanitarias. 2. La negativa de renovar mi trámite de regularización por razones humanitarias en la resolución identificada como oficio INM/ODRBC/SDRM/4388055/2020, omitiendo analizar mi solicitud en relación con el riesgo a mi salud, mi integridad, mi libertad y vida. 3. La omisión de proporcionar en su momento oportuno, información clara respecto de mi derecho a solicitar y recibir refugio, incluyendo sobre nuestro derecho a contar con representación y asistencia legal; falta de información por la que se (sic) actualmente nos encontramos (sic) en un estado de total desprotección De la autoridad (sic) Cámara de Diputados y Cámara de Senadores se reclama: 4. La discusión, aprobación y expedición del artículo 144 del Reglamento de la Ley de Migración. Del Presidente de la República de los Estados Unidos Mexicanos se reclama: 5. La promulgación y publicación del artículo 144 del Reglamento de la Ley de Migración. Del C. Director del Diario Oficial de la Federación de la Secretaría de Gobernación se reclama: 6. La publicación en el Diario Oficial de la Federación (sic) el artículo 144 del Reglamento de la Ley de Migración." Segundo. La parte quejosa señaló infringidos los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1º, 4º, 14, 16, 17, 18, 19 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes, los cuales no se transcriben, sin que ello cause agravio alguno, dado que no existe disposición que obligue a este órgano de control constitucional a actuar en ese sentido. Tercero. El siete de mayo de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda relativa, quedando registrada bajo el expediente 301/2020-II; se solicitó informe justificado a las autoridades señaladas como responsables; se ordenó dar a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención que legalmente le compete; y, se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. C O N S I D E R A N D O Primero. Este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, es competente para conocer y resolver este juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103 y 107 constitucionales; 1º, 33, 35 y 37, de la Ley de Amparo; y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Segundo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 fracción I de la Ley de Amparo, se procede a fijar de manera clara y precisa los actos reclamados que constituyen la litis efectivamente planteada por la parte quejosa en este juicio de derechos fundamentales, por lo que del análisis integral del escrito de demanda, atendiendo a lo que realmente quiso decir la quejosa, se aprecia que sustancialmente los actos reclamados en esta vía consisten en: -De las Cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión: La discusión, aprobación y expedición del Reglamento de la Ley de Migración, específicamente la porción normativa de la fracción IV del artículo 144, que refiere "se acredite fehacientemente". -Del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos: La expedición y publicación del Reglamento de la Ley de Migración, específicamente la porción normativa de la fracción IV del artículo 144, que refiere "se acredite fehacientemente". -Del Director General Adjunto del Diario Oficial de la Federación: La publicación del Reglamento de la Ley de Migración, específicamente la porción normativa de la fracción IV del artículo 144, que refiere "se acredite fehacientemente". -Subdirector de Regulación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en Baja California: 1. La aplicación del Reglamento de la Ley de Migración, específicamente la porción normativa de la fracción IV del artículo 144, que refiere "se acredite fehacientemente", al emitir la determinación de uno de abril de dos mil veinte, contenida en el oficio INM/ODRBC/SDRM/4388055/2020. 2. La determinación de uno de abril de dos mil veinte, contenida en el oficio INM/ODRBC/SDRM/4388055/2020, en la que se negó la autorización del trámite de regularización por razones humanitarias y se expidió orden de salida del país a la hoy quejosa. Ahora bien, tomando en consideración que la determinación aquí reclamada deriva de un procedimiento seguido en forma de juicio, este órgano jurisdiccional estima que la omisión de proporcionar información sobre el derecho a solicitar y recibir refugio, o alguna condición de protección similar con motivo de su situación migratoria que se señala como acto reclamado destacado, en realidad, corresponde a una violación procesal cometida durante el procedimiento iniciado por la promovente ante la autoridad migratoria. Por tanto, dada su naturaleza, aun cuando se procederá al examen de los motivos de inconformidad expuestos en su contra, en el presente fallo no será considerado como un acto reclamado destacado. Tercero. Partiendo de la premisa de que las disposiciones generales no son objeto de prueba, no es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en la publicación del Reglamento de la Ley de Migración, específicamente la porción normativa de la fracción IV del artículo 144, que refiere "se acredite fehacientemente", ya que del medio de difusión respectivo, se desprende que dicho acto lo realizó la diversa autoridad responsable Director General Adjunto del Diario Oficial de la Federación. Por similares razones, no son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables Cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión, consistentes en la discusión, aprobación y expedición del Reglamento de la Ley de Migración, específicamente la porción normativa de la fracción IV del artículo 144, que refiere "se acredite fehacientemente", ya que de la publicación de la citada norma se desprende que las Cámaras integrantes del Poder Legislativo Federal hayan tenido participación en la creación de dicho reglamento, por el contrario, se desprende que fue el Titular del Ejecutivo Federal quien expidió la citada disposición reglamentaria. Finalmente, no es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Subdirector de Regulación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en Baja California, consistente en la aplicación del Reglamento de la Ley de Migración, específicamente la porción normativa de la fracción IV del artículo 144, que refiere "se acredite fehacientemente", pues del contenido de la determinación de uno de abril de dos mil veinte, inserta en el oficio INM/ODRBC/SDRM/4388055/2020, no se advierte que dicha autoridad haya considerado actualizado ese supuesto normativo en su perjuicio, ya que en ningún momento indicó que la solicitante -hoy quejosa- hubiera incumplido con la carga probatoria de demostrar de manera indudable la hipótesis que prevé ese numeral para autorizar la regularización de su situación migratoria. Para avalar la postura que antecede, en principio, es pertinente destacar que de las documentales exhibidas por la citada autoridad responsable, consistentes en copia certificada de las actuaciones que integran el expediente formado con motivo de la solicitud presentada por la quejosa, a las que se otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 197, 202, 207 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se obtiene que en dos mil diecinueve se concedió a la quejosa autorización de estancia -por un año- como visitante por razones humanitarias debido a que formaba parte del fenómeno migratorio denominado "caravana migrante". En virtud de que concluiría dicha vigencia, mediante escrito de veintiocho de enero de dos mil veinte, la quejosa solicitó la ampliación por un año más del documento migratorio relativo a su condición de "visitante por razones humanitarias", manifestando, bajo protesta de decir verdad y en forma genérica, que subsistían las condiciones bajo las cuales aquella calidad le había sido reconocida. Seguidos los trámites correspondientes, la autoridad migratoria responsable dictó la resolución de uno de abril de dos mil veinte, en la que determinó negar la ampliación de la vigencia del documento migratorio aludido, al considerar que no subsistían las condiciones que imperaban al momento en que se le otorgó la calidad de visitante por razones humanitarias y agregó que, además, no se advertía que existieran circunstancias que dificultaran o hicieran imposible su deportación o retorno asistido a su país de origen, en términos del artículo 144 fracción IV del Reglamento de la Ley de Migración. Para demostrar lo anterior, se reproduce la parte conducente de la resolución de uno de abril de dos mil veinte, que es del tenor siguiente (énfasis añadido): "No obstante lo anterior, se observa mediante el estudio del historial migratorio del extranjero (sic) que este último (sic) ingresó a territorio nacional como parte de la denominada CARAVANA MIGRANTE, motivo por el cual le fue concedida la condición de estancia como VISITANTE POR RAZONES HUMANITARIAS en el año 2019; sin embargo, a la fecha esta autoridad considera que las condiciones bajo las cuales se le otorgó la condición de estancia al extranjero (sic) ya no son subsistentes, toda vez que se trató de un fenómeno migratorio excepcional, derivado de la situación político-económica de los países que conforman el triángulo Norte de Centroamérica, por lo que para garantizar el derecho de audiencia de toda persona migrante se recibieron las solicitudes de regularización migratoria, derivando en la autorización de la condición de estancia de visitante por razones humanitarias por la temporalidad de un año, por lo que al concluir dicho periodo y al haberse dispersado la población que conformó el contingente denominado caravana migrante, esta autoridad considera que las causas que motivaron el otorgamiento de la condición de estancia de visitante por razones humanitarias, no prevalecen al día de hoy, siendo un requisito fundamental para otorgar la renovación del documento tal como lo indican los LINEAMIENTOS PARA TRÁMITES Y PROCEDIMIENTOS MIGRATORIOS en el artículo 34, numeral I inciso B del apartado CRITERIOS DE RESOLUCIÓN; así mismo, se estima que no existen circunstancias que dificulten o hagan imposible su deportación o retorno asistido a su país de origen, según lo requiere el artículo 144, fracción IV del Reglamento de la Ley de Migración. Por lo que, ante la situación citada en el párrafo que antecede y en atención a los preceptos jurídicos previamente invocados, esta autoridad considera en el caso de la solicitud que nos ocupa no se cumple con los requisitos y formalidades previstas en la LEY DE MIGRACIÓN Y DEMÁS DISPOSICIONES VIGENTES EN EL ESTADO MEXICANO, procediendo la negativa de conformidad con el artículo 43 de la LEY DE MIGRACIÓN." Como se ve, contrario a lo afirmado por la parte quejosa, la autoridad responsable en ningún momento estableció en la determinación impugnada que aquella hubiera incumplido con la carga procesal que -afirma- le impone el artículo 144 fracción IV del Reglamento de la Ley de Migración de acreditar fehacientemente "que su grado de vulnerabilidad dificulte o haga imposible su deportación o retorno asistido", sino que únicamente destacó que no existían circunstancias que dificultaran o hicieran imposible su deportación o retorno asistido a su país de origen. Dicho de otra manera, la autoridad migratoria no analizó lo relativo a la carga probatoria que -en su caso- correspondía a la promovente y, menos aun, concluyó que en el procedimiento la promovente no hubiera logrado acreditar su grado de vulnerabilidad y que, por ende, fuera factible realizar el retorno asistido o deportación; sino que sólo destacó que no existían tales circunstancias. Entonces, tomando en consideración que del escrito inicial de demanda se desprende que la parte quejosa se duele expresa y específicamente de la porción normativa que hace referencia a la demostración fehaciente de la condición de vulnerabilidad que impida la deportación o regreso asistido a su país de origen, pues asevera que establece una carga procesal desmedida, debido a que se soslaya que las personas migrantes constituyen un grupo vulnerable que, además, se encuentran en desventaja procesal, precisamente, porque al estar en una situación de movilidad no cuentan con acceso a elementos probatorios para comprobar los hechos que la legislación exige, es dable colegir que en la resolución impugnada no se aplicó la porción normativa aquí impugnada. De ahí que -como se anticipó- no es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Subdirector de Regulación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en Baja California, consistente en la aplicación del Reglamento de la Ley de Migración, específicamente la porción normativa de la fracción IV del artículo 144, que refiere "se acredite fehacientemente", pues del contenido de la determinación de uno de abril de dos mil veinte, inserta en el oficio INM/ODRBC/SDRM/4388055/2020. En tales condiciones, ante la inexistencia de los actos reclamados antes destacados, sin prueba en contrario, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63 fracción IV de la Ley de Amparo. Cuarto. Partiendo de la premisa de que las disposiciones generales no son objeto de prueba, en el ámbito de sus respectivas competencias, son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y Director General Adjunto del Diario Oficial de la Federación, ambos con sede en la Ciudad de México, consistentes en la expedición y publicación del Reglamento de la Ley de Migración, específicamente la porción normativa de la fracción IV del artículo 144, que refiere "se acredite fehacientemente". De igual forma, es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Subdirector de Regulación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en Baja California, consistente en la determinación de uno de abril de dos mil veinte, contenida en el oficio INM/ODRBC/SDRM/4388055/2020, ya que así se desprende del contenido de las documentales que exhibió y que fueron previamente valoradas. Quinto. No obstante la certeza de los actos reclamados a las autoridades responsables Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y Director General Adjunto del Diario Oficial de la Federación, ambos con sede en la Ciudad de México, no se analizará su constitucionalidad, ya que el presente juicio deviene improcedente, al actualizarse la causal prevista en el artículo 61 fracción XII de la Ley de Amparo, debido a que la quejosa no demostró su interés jurídico en este asunto, como a continuación se verá. El referido numeral dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;." Del numeral transcrito se desprende que el juicio de amparo no procederá contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia y éste no se demuestre. Ahora bien, dicho motivo de improcedencia se actualiza en el particular, en virtud de que en el presente juicio no quedó acreditado de manera indudable que al momento de resolver sobre la solicitud de ampliación de vigencia de la autorización de residencia como visitante por razones humanitarias se haya negado a la parte quejosa, porque ésta haya sido omisa en demostrar fehacientemente que su condición de vulnerabilidad obstaculizara o impidiera su deportación o retorno asistido. Por el contrario, del contenido de la resolución de uno de abril de dos mil veinte, se desprende que la cuestión relativa a la carga probatoria de demostrar la actualización de la hipótesis contenida en el artículo 144 fracción IV del Reglamento de la Ley de Migración no fue analizada por la autoridad responsable, como se advierte de la reproducción siguiente (énfasis añadido): "No obstante lo anterior, se observa mediante el estudio del historial migratorio del extranjero (sic) que este último (sic) ingresó a territorio nacional como parte de la denominada CARAVANA MIGRANTE, motivo por el cual le fue concedida la condición de estancia como VISITANTE POR RAZONES HUMANITARIAS en el año 2019; sin embargo, a la fecha esta autoridad considera que las condiciones bajo las cuales se le otorgó la condición de estancia al extranjero (sic) ya no son subsistentes, toda vez que se trató de un fenómeno migratorio excepcional, derivado de la situación político-económica de los países que conforman el triángulo Norte de Centroamérica, por lo que para garantizar el derecho de audiencia de toda persona migrante se recibieron las solicitudes de regularización migratoria, derivando en la autorización de la condición de estancia de visitante por razones humanitarias por la temporalidad de un año, por lo que al concluir dicho periodo y al haberse dispersado la población que conformó el contingente denominado caravana migrante, esta autoridad considera que las causas que motivaron el otorgamiento de la condición de estancia de visitante por razones humanitarias, no prevalecen al día de hoy, siendo un requisito fundamental para otorgar la renovación del documento tal como lo indican los LINEAMIENTOS PARA TRÁMITES Y PROCEDIMIENTOS MIGRATORIOS en el artículo 34, numeral I inciso B del apartado CRITERIOS DE RESOLUCIÓN; así mismo, se estima que no existen circunstancias que dificulten o hagan imposible su deportación o retorno asistido a su país de origen, según lo requiere el artículo 144, fracción IV del Reglamento de la Ley de Migración. Por lo que, ante la situación citada en el párrafo que antecede y en atención a los preceptos jurídicos previamente invocados, esta autoridad considera en el caso de la solicitud que nos ocupa no se cumple con los requisitos y formalidades previstas en la LEY DE MIGRACIÓN Y DEMÁS DISPOSICIONES VIGENTES EN EL ESTADO MEXICANO, procediendo la negativa de conformidad con el artículo 43 de la LEY DE MIGRACIÓN." Como se ve, contrario a lo afirmado por la parte quejosa, la autoridad responsable en ningún momento estableció en la determinación impugnada que aquella hubiera incumplido con la carga procesal que -afirma- le impone el artículo 144 fracción IV del Reglamento de la Ley de Migración de acreditar fehacientemente "que su grado de vulnerabilidad dificulte o haga imposible su deportación o retorno asistido", sino que únicamente destacó que no existían circunstancias que dificultaran o hicieran imposible su deportación o retorno asistido a su país de origen. En ese orden de ideas, es evidente que en cuanto a la impugnación de la expedición y publicación del Reglamento de la Ley de Migración, específicamente la porción normativa de la fracción IV del artículo 144, que refiere "se acredite fehacientemente", en su carácter de heteroaplicativo por virtud de su primer acto de aplicación como lo reclama la solicitante del amparo, el presente juicio deviene improcedente al no haberse demostrado precisamente ese acto, por lo que no se origina la aplicación de la norma combatida y, por ende, el perjuicio necesario en la esfera jurídica del gobernado, para la procedencia del juicio de derechos fundamentales. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia 1a./J. 4/99, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página ciento tres, tomo IX, febrero de mil novecientos noventa y nueve, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 194605, de rubro: "LEY RECLAMADA CON MOTIVO DEL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN. SI ÉSTE NO SE ACREDITA DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO DE AMPARO." Consecuentemente, como se adelantó, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XII de la Ley de Amparo y, por ende, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63 fracción V del propio ordenamiento legal, respecto de los actos reclamados a las autoridades responsables Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y Director del Diario Oficial de la Federación, ambos con sede en la Ciudad de México. Sexto. Las partes no hicieron valer causales de improcedencia respecto del restante acto reclamado y este órgano jurisdiccional, de oficio, no advierte la actualización de alguna de ellas, por lo que se procede al examen de los motivos de inconformidad. Séptimo. Uno de los conceptos de violación es sustancialmente fundado y suficiente para conceder la protección constitucional solicitada. En una porción del capítulo de actos reclamados, así como en una parte del concepto de violación identificado como segundo, la quejosa sostiene, medularmente, que la autoridad responsable Subdirector de Regulación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en Baja California, fue omisa en proporcionarle información sobre el derecho a solicitar y recibir refugio, o alguna condición de protección similar con motivo de su situación migratoria, lo que derivó en que se le negara su solicitud de ampliación de la vigencia del documento migratorio que avala la condición de visitante por razones humanitarias que le fue concedido. Según se anticipó, dicho argumento resulta sustancialmente fundado, como a continuación se verá. De inicio, es oportuno destacar que el artículo 13 de la Ley de Migración establece el derecho a favor de los migrantes y sus familiares que se encuentren en el territorio de los Estados Unidos Mexicanos de que se les proporcione información sobre sus derechos y obligaciones; los requisitos establecidos por la legislación aplicable para su admisión, permanencia y salida; así como la posibilidad de solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado, del otorgamiento de protección complementaria o de la concesión de asilo político y la determinación de apátrida, así como los procedimientos respectivos para obtener dichas condiciones. El referido numeral es del tenor siguiente (énfasis añadido): "Artículo 13. Los migrantes y sus familiares que se encuentren en el territorio de los Estados Unidos Mexicanos tendrán derecho a que se les proporcione información acerca de: I. Sus derechos y obligaciones, conforme a la legislación vigente; II. Los requisitos establecidos por la legislación aplicable para su admisión, permanencia y salida, y III. La posibilidad de solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado, del otorgamiento de protección complementaria o de la concesión de asilo político y la determinación de apátrida, así como los procedimientos respectivos para obtener dichas condiciones. La Secretaría adoptará las medidas que considere apropiadas para dar a conocer la información mencionada, de conformidad con la legislación aplicable." De lo anterior se sigue que, frente al derecho de las personas migrantes de obtener información sobre los temas aludidos, se ubica la obligación correlativa a cargo de las autoridades migratorias de dar a conocer, de manera oportuna, tal información a los interesados. Luego, en el caso concreto, de las documentales que fueron remitidas por la autoridad responsable Subdirector de Regulación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en Baja California y que corresponden al expediente formado con motivo de la solicitud de ampliación de la vigencia del documento migratorio que avala la condición de visitante por razones humanitarias que le fue concedido, no se advierte constancia alguna de que, durante el referido trámite, se haya proporcionado a la parte quejosa algún tipo de información sobre sus derechos, obligaciones, requisitos de admisión, permanencia o salida del país, ni sobre la posibilidad de solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado, del otorgamiento de protección complementaria o de la concesión de asilo político y la determinación de apátrida, así como los procedimientos respectivos para obtener dichas condiciones. Más aun, no existe constancia de que se le hayan comunicado las razones por las que, en dos mil diecinueve, inicialmente se le otorgó la autorización de estancia como visitante por razones humanitarias, ni los requisitos necesarios para la procedencia de la ampliación de ese permiso. Por tanto, se estima que no existe certeza de que la quejosa, previo -o incluso durante- el procedimiento administrativo de origen haya tenido pleno conocimiento de: (i) las condiciones que fueron valoradas por la autoridad migratoria al momento de otorgarle el permiso de estancia como visitante por razones humanitarias en dos mil diecinueve; (ii) los requisitos necesarios para la procedencia de la ampliación de dicha autorización; y, (iii) la posibilidad de intentar otros procedimientos para regularizar su situación migratoria. Circunstancia que trascendió al resultado de la resolución emitida en dicho procedimiento, toda vez que -como se demostrará- la promovente, en forma inexacta, únicamente sustentó su petición en el hecho genérico de que subsistían las condiciones bajo las cuales se le había otorgado su estancia como visitante por razones humanitarias por el plazo de un año, sin realizar manifestación alguna sobre su situación personal, relacionada con el peligro de muerte que dice correr en caso de regresar a su país de origen, ni respecto de la situación de emergencia sanitaria que enfrenta el mundo, situaciones que, según afirma en esta instancia constitucional, resultan suficientes para que no se le deporte o retorne a su país. Para demostrar lo anterior, en principio, es pertinente retomar que del contenido de las documentales que obran en autos se desprende que en dos mil diecinueve se concedió a la quejosa autorización de estancia -por un año- como visitante por razones humanitarias debido a que formaba parte del fenómeno migratorio denominado "caravana migrante". Luego, al presentar la solicitud de ampliación de dicha autorización, la quejosa indicó lo siguiente (énfasis añadido): "La suscrita Alda Ernestina Canelas Santos, de nacionalidad hondureña con domicilio en: avenida Miguel Negrete 8350, Zona Urbana Río, C.P. 22010, Tijuana, Baja California y número de teléfono 664-433-1388, a sabiendas de la responsabilidad en que incurre quien declara falsamente ante autoridad distinta a la judicial, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, manifiesto que subsisten las condiciones bajo las cuales fue concedida mi condición de estancia como Visitante por Razones Humanitarias, a través del documento migratorio número 11839128 expedido por este H. Instituto, solicito la ampliación de documento migratorio por 1 año." De la reproducción que antecede se desprende que ante la autoridad responsable, la hoy quejosa sólo sustentó su petición de ampliación de la vigencia de la autorización multicitada, en el hecho de que subsistían las condiciones por las cuales se le había otorgado inicialmente. Empero, ante la ausencia de constancia que acredite que se informó a la quejosa la razón por la cual, en dos mil diecinueve, se le otorgó dicho permiso de estancia como visitante por razones humanitarias, así como la falta de mayores datos en su solicitud que permitieran identificar a qué condiciones se refería la promovente y la omisión de requerirla para que, en su caso, aclarara tal situación, no es jurídicamente factible afirmar -con plena certeza- que, en efecto, la solicitante estaba haciendo referencia a la existencia -o subsistencia- del fenómeno migratorio aludido. No obstante lo anterior, al resolver sobre su petición, la autoridad responsable consideró que, contrario a lo aducido por la solicitante, en esa data ya no prevalecía el fenómeno migratorio y, por ende, determinó negar la ampliación respectiva, como se advierte de la transcripción siguiente (énfasis añadido): "No obstante lo anterior, se observa mediante el estudio del historial migratorio del extranjero (sic) que este último (sic) ingresó a territorio nacional como parte de la denominada CARAVANA MIGRANTE, motivo por el cual le fue concedida la condición de estancia como VISITANTE POR RAZONES HUMANITARIAS en el año 2019; sin embargo, a la fecha esta autoridad considera que las condiciones bajo las cuales se le otorgó la condición de estancia al extranjero (sic) ya no son subsistentes, toda vez que se trató de un fenómeno migratorio excepcional, derivado de la situación político-económica de los países que conforman el triángulo Norte de Centroamérica, por lo que para garantizar el derecho de audiencia de toda persona migrante se recibieron las solicitudes de regularización migratoria, derivando en la autorización de la condición de estancia de visitante por razones humanitarias por la temporalidad de un año, por lo que al concluir dicho periodo y al haberse dispersado la población que conformó el contingente denominado caravana migrante, esta autoridad considera que las causas que motivaron el otorgamiento de la condición de estancia de visitante por razones humanitarias, no prevalecen al día de hoy, siendo un requisito fundamental para otorgar la renovación del documento tal como lo indican los LINEAMIENTOS PARA TRÁMITES Y PROCEDIMIENTOS MIGRATORIOS en el artículo 34, numeral I inciso B del apartado CRITERIOS DE RESOLUCIÓN; así mismo, se estima que no existen circunstancias que dificulten o hagan imposible su deportación o retorno asistido a su país de origen, según lo requiere el artículo 144, fracción IV del Reglamento de la Ley de Migración. Por lo que, ante la situación citada en el párrafo que antecede y en atención a los preceptos jurídicos previamente invocados, esta autoridad considera en el caso de la solicitud que nos ocupa no se cumple con los requisitos y formalidades previstas en la LEY DE MIGRACIÓN Y DEMÁS DISPOSICIONES VIGENTES EN EL ESTADO MEXICANO, procediendo la negativa de conformidad con el artículo 43 de la LEY DE MIGRACIÓN." Como se ve, la autoridad responsable estimó que la petición de la quejosa se sustentaba en la circunstancia de que prevalecía el fenómeno migratorio denominado "caravana migrante" y, con base en ello, resolvió la solicitud correspondiente. Sin embargo -como se demostró- al formular la petición relativa la promovente no especificó tal circunstancia, sino que únicamente refirió, en forma genérica, que subsistía la situación por la cual se le había otorgado el multicitado permiso. Entonces, si en el expediente de origen no obra constancia alguna que permita aseverar, de manera inequívoca, que la peticionaria del amparo tenía pleno conocimiento de que la única razón por la que, inicialmente, se le concedió el multimencionado permiso de referencia atendió a que formaba parte de la "caravana migrante"; o bien, que se le informó de los requisitos de la procedencia de la ampliación de la autorización relativa (entre ellos, que debían prevalecer las circunstancias que originaron dicho permiso), o incluso de la posibilidad de solicitar otro tipo de protección migratoria y, aun así decidió formular su solicitud en los términos antes destacados, es inconcuso que la determinación de la autoridad migratoria de establecer como premisa de su resolución, que la solicitud se sustentaba en la subsistencia de la "caravana migrante" resulta contraria al principio de legalidad y del derecho al debido proceso. Ello, porque -se insiste- en el expediente de origen no había información suficiente que le permitiera llegar a esa conclusión. Así, lo hasta aquí expuesto permite concluir que, la omisión de proporcionar a la quejosa la información relacionada con (i) las razones que dieron lugar al otorgamiento de su autorización de estancia como visitante por razones humanitarias en el año dos mil diecinueve; (ii) los requisitos necesarios para la procedencia de la ampliación de dicha autorización; y, (iii) la posibilidad de intentar otros procedimientos para regularizar su situación migratoria, ocasionaron que su planteamiento resultara deficiente. Omisión que trascendió al resultado del fallo, puesto que de ello derivó que se negara su solicitud, porque -como se explicó- la autoridad responsable estableció como premisa de su resolución, que la petición se sustentaba en la subsistencia de la "caravana migrante". Este órgano jurisdiccional no soslaya que en el artículo 153 del Reglamento de la Ley de Migración, que se establece el derecho a solicitar la renovación de la condición de estancia de visitante por razones humanitarias, se prevea que dicha petición podrá realizarse las veces necesarias "hasta que concluya el proceso o la causa que originó el otorgamiento de la condición de estancia", lo que implica que, para su procedencia, debe subsistir la misma causa que originó dicha concesión. Situación que, en el caso particular, de ser cierto que la autorización de residencia como visitante por razones humanitarias derivó de que la quejosa formaba parte del contingente migrante que arribó al país en dos mil diecinueve, significaría reconocer que la petición multicitada sólo podía sustentarse en la prevalencia de esa condición. Sin embargo, se estima que tal consideración no resulta un obstáculo para la conclusión antes alcanzada, en principio debido a que, se itera, en el expediente de origen no está demostrada la causa que originó el otorgamiento de la condición de visitante por razones humanitarias. Y, en segundo término, porque el análisis efectuado en presente fallo no está relacionado con el fondo de la solicitud de mérito (esto es, si procede o no renovar la autorización respectiva). Por el contrario, como se ha expuesto, el examen de los motivos de inconformidad está relacionado con una violación procesal, a saber, la omisión de la autoridad migratoria de cumplir con la obligación de informar a la quejosa, precisamente, el referido requisito, así como la omisión de hacerle de su conocimiento sobre la posibilidad de solicitar otros trámites para regularizar su situación migratoria. Por similares razones, tampoco es óbice a lo resuelto, que en el escrito inicial de demanda, la promovente haya afirmado que la condición de estancia como visitante por razones humanitarias se le concedió por haber formado parte del fenómeno migratorio denominado "caravana migrante". Ello, puesto que tal manifestación no tiene el alcance de demostrar, de manera fehaciente, que en el momento en el que se formuló la solicitud tantas veces mencionada, la quejosa conocía que esa circunstancia, fue precisamente la condición que la autoridad migratoria tomó en consideración para autorizar su estancia en los términos aludidos. A más que, incluso en el supuesto no concedido de que así hubiera sido, lo cierto es que prevalece la omisión de proporcionarle información sobre la posibilidad que tiene la peticionaria del amparo de solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado, del otorgamiento de protección complementaria o de la concesión de asilo político y la determinación de apátrida, circunstancia que resulta suficiente para considerar vulnerado el derecho al debido proceso. Por tanto, resulta claro que, durante el procedimiento administrativo de origen, la autoridad responsable incurrió en una violación a los derechos y principios reconocidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al no proporcionar a la quejosa la información necesaria para tramitar correctamente la solicitud de regularización de su situación migratoria; de ahí, lo fundado del motivo de inconformidad relativo. En tales condiciones, lo procedente es conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados, en contra del acto reclamado a la autoridad responsable Subdirector de Regulación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en Baja California, consistente en la resolución de uno de abril de dos mil veinte, contenida en el oficio INM/ODRBC/SDRM/4388055/2020, en la que se negó la autorización del trámite de regularización por razones humanitarias y se expidió orden de salida del país a la hoy quejosa, para los efectos que se precisarán enseguida. En virtud de la concesión de la protección constitucional, se estima innecesario examinar los diversos conceptos de violación vinculados con violaciones formales y de fondo, debido a que, con motivo del cumplimiento que se dé al presente fallo, los aspectos que se aducen podrán quedar subsanados. Octavo. En términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, la protección constitucional se concede para el efecto de que la autoridad responsable Subdirector de Regulación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en Baja California, realice lo siguiente: 1. Deje insubsistente la resolución de uno de abril de dos mil veinte. 2. Por escrito, proporcione a la quejosa, por lo menos, la información siguiente: a) Las razones concretas (o condiciones) por las que, en dos mil diecinueve, se le otorgó autorización de residencia como visitante por razones humanitarias, con vigencia de un año. b) Los requisitos necesarios para otorgar la ampliación de la autorización de residencia como visitante por razones humanitarias. c) La posibilidad de solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado, del otorgamiento de protección complementaria o de la concesión de asilo político y la determinación de apátrida, así como los procedimientos respectivos para obtener dichas condiciones. 3. Una vez hecho lo anterior, deberá requerir a la quejosa para que, dentro del término legal, con base en la información proporcionada, aclare, subsane o regularice su solicitud. 4. Cumplido dicho requerimiento, seguidos los trámites correspondientes, con libertad de jurisdicción, deberá emitir la resolución que en derecho corresponda y la notificará a la interesada. En el entendido de que, si la quejosa no aclara, subsana o regulariza su solicitud, se estará en aptitud de considerar que dicha petición, en los términos que fue planteada, se refiere a las razones concretas (o condiciones) por las que, en dos mil diecinueve, se le otorgó autorización de residencia como visitante por razones humanitarias y que le fueron comunicadas por la autoridad migratoria con motivo de este fallo. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Alda Ernestina Canelas Santos, por su propio derecho, contra los actos reclamados a las autoridades responsables precisados en los considerandos tercero y quinto, por las razones ahí expuestas. Segundo. La Justicia Federal ampara y protege a Alda Ernestina Canelas Santos, por su propio derecho, contra el acto reclamado a la autoridad responsable indicados en el considerando séptimo, para los efectos precisados en el último considerando de este fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, ante Ana Cecilia Morales Ahumada, Secretaria que autoriza y da fe, hoy veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, en que se terminó de engrosar el presente fallo. Doy fe.AMC/Acma
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Tijuana, Baja California, veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito de cuenta presentado por ********************, autorizado de la parte quejosa, mediante el cual solicita se haga efectivo el apercibimiento al Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado de Baja California (ISSSTECALI), con residencia en Mexicali, Radiomovil Dipsa, sociedad anónima de capital variable (Telcel) y Pegaso PCS, sociedad anónima de capital variable (Movistar), ambos con residencia en la Ciudad de México, toda vez que a la fecha no han dado cumplimiento al requerimiento mediante el cual se solicitó domicilio de la parte tercero interesada. Atento a lo anterior, dígasele que mediante proveídos de tres y cinco de marzo y cinco de abril del año en curso, dictados dentro del cuaderno de sigilo relativo al juicio de amparo en que se actúa, se tuvo al Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado de Baja California (ISSSTECALI), ambos con residencia en Mexicali y Pegaso PCS, sociedad anónima de capital variable (Movistar), con residencia en la Ciudad de México, dando cumplimiento al requerimiento efectuado en autos. Por lo que hace a la diversa dependencia Radiomovil Dipsa, sociedad anónima de capital variable (Telcel), con residencia en la Ciudad de México, toda vez que no se cuenta con el acuse de recibo correspondiente, dígasele que no ha lugar hacer efectivo el apercibimiento efectuado en autos. Sin embargo, a fin de evitar mayores dilaciones procesales, requiérase de nueva cuenta a dicha dependencia en el cuaderno de sigilo relativo al juicio de amparo en que se actúa. Notifíquese.Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, ante Jesús Daniel Meza Arrayales, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe. AMC/JDMA/OGN
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Tijuana, Baja California, diecinueve de mayo de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que no obra la constancia de notificación de los oficios 10984 y 10985, dirigidos a las autoridades responsables Director General de Reinserción Social en el Estado de Jalisco, Puente Grande y Juez Primero de Ejecución de Penas del Partido Judicial de Jalisco, Puente Grande, respecto del auto dos de marzo de dos mil veintiuno, en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente asunto. Atento a lo anterior, en obvio de mayores dilaciones procesales, reexpídanse vía estafeta y por correo electrónico los oficios en comento para que dichas autoridades se imponga de su contenido y, al efecto, requiéraseles para que dentro del plazo de veinticuatro horas, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, a través de la cuenta de correo electrónico oficial 1jdo15ctoajf@correo.cjf.gob.mx, de este órgano jurisdiccional, informen la fecha de recepción y remitan copia certificada de las constancias relativas. Apercibidas que de no hacerlo o no informar la imposibilidad que tengan para ello, se les impondrá una multa equivalente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización; lo anterior, con fundamento en los artículos 237 fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Notifíquese.Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, ante Gabriela Romana Castorena Gutiérrez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
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