Heber Habdel de la Torre Hernandez
Expediente 350/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 350/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 28/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León · Nuevo León
Partes del expediente
- Heber Habdel de la Torre Hernandez
Actuaciones
- Principal
El auto que puso fin al juicio ha causado estado, archívese el expediente como asunto concluido, se considera al mismo susceptible de destrucción
- Principal
Monterrey, Nuevo León, a catorce de julio de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha fenecido el término de cinco días otorgado al directamente quejoso **, a efecto de que cumpliera la prevención que se le realizó el cinco de julio de la presente anualidad, siendo notificado de manera electrónica el seis de julio siguiente, transcurrió del siete al trece de julio de dos mil veintiuno, toda vez que dicha notificación surtió efectos en términos de lo dispuesto en el artículo 31 fracción III de la Ley de Amparo; sin contar los días diez y once de los actuales; lo anterior por considerarse inhábiles como lo dispone el artículo 19 de la Ley de Amparo; sin que a la fecha haya realizado lo anterior. En consecuencia, conforme lo dispone el artículo 114, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, lo procedente, es tener por NO PRESENTADA LA DEMANDA DE GARANTÍAS que originó el juicio en que se actúa.
- Principal
Monterrey, Nuevo León, cinco de julio de dos mil veintiuno. Vista la cuenta antecedente, con la demanda de amparo signada por **, contra actos del Juez Control y de Juicio Oral Penal en el Estado y otras autoridades, por violación a los derechos fundamentales previstos en los artículos 1,14, 15, 16, 18, 20 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y copias que se acompañan; regístrese en el libro de juicios de amparo que se lleva en este Juzgado Federal con el número consecutivo 350/2021-II y fórmese expediente. Previo a emitir el pronunciamiento correspondiente a la admisión, prevención o desechamiento de la demanda planteada por el promovente, debe decirse que esta autoridad, advierte que este último señala como artículo vulnerado el 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin embargo, no es el caso decretar la suspensión de plano en el presente asunto, en atención a las siguientes consideraciones. La suspensión del acto reclamado es la institución jurídica encargada de salvaguardar la materia del juicio en lo principal, a fin de evitar que desaparezca y, con ello, ocasionar daños de difícil reparación al impetrante; la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, la divide en dos rubros, a saber, a) petición de parte y b) oficio. A diferencia de la primera, la suspensión de oficio procede aun sin mediar petición del agraviado, cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, deportación o destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o cuando se trata de actos que, si llegaren a consumarse, harían físicamente imposible restituir al quejoso en el goce del derecho fundamental violado, circunstancia que únicamente el Juez de Distrito tiene la facultad para decidir si se está ante la presencia o no de actos de esa naturaleza, a fin de decretarla. Respecto a la palabra "de plano", en el argot jurídico significa, "sin más trámite", es decir, de inmediato; ello tiene una finalidad lógica, evitar quede consumado un acto de forma irreparable con serios perjuicios para el gobernador, pero únicamente procede respecto a los actos así determinados por la carta magna o a los cuales la ley de amparo les atribuye tal magnitud, amén de la facultad discrecional con que cuenta la autoridad de amparo, para considerar alguno diverso a los expresamente previstos; esta suspensión se concede aunque a la postre deje sin materia el juicio en lo principal, dado los bienes jurídicos que tutela. Es aplicable en este rubro la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, visible a tomo XI, página 310, junio de mil novecientos noventa y tres, Octava Época, que dispone: "SUSPENSIÓN DE PLANO. IMPROCEDENCIA DE SU TRÁMITE EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. La suspensión de plano debe concederse sin mayor trámite; en otros términos, su decretamiento procede en los autos del juicio en lo principal y se otorga de oficio, en los casos comprendidos en el artículo 22 constitucional, o bien en el capítulo de materia agraria contenido en la Ley de Amparo, porque en hipótesis diversas a las contempladas, resulta aplicable el artículo 124 de la citada ley, en la vía incidental, cuyo trámite es por cuerda separada." Por ello, para su procedencia, los actos reclamados deben estar revestidos con una naturaleza de presentes e inminentes, no futuros, eventuales o inciertos, tampoco pasados, pues de ser así, ya no tendría razón de ser la medida suspensiva. En el caso, aun cuando el promovente señala como precepto violado el 22 constitucional, y narra en su demanda, que siendo el día veintinueve de junio del al año en curso, el aquí quejoso fue advertido por personas dignas y de buena fe que, personas con vestimenta tipo ministerial con las siglas de la Fiscalía General de Justicia del Estado, se encontraban preguntando por el referido quejoso en su domicilio ubicado en **, domicilio que habita con su madre, la conducta realizada por los presuntos Agentes Ministeriales en conjunto con elementos Policíacos del Municipio de San Nicolás de los Garza, para efecto de privarlo de su libertad, sin tener conocimiento de los hechos y las causas por las que las autoridades antes mencionadas tienen una orden de privarlo de su libertad, siendo que no ha incurrido en delito alguno que lo acredite como investigado, imputado o coimputado, por lo que siente que no se le están siguiendo las etapas procesales y formas de notificación, transgrediendo así, el debido proceso; por lo que existe el temor fundado que le realicen un acto privativo de libertad fuera de procedimiento y por ende prohibido por el citado artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como lo es la privación ilegal de la libertad. Sin embargo, contrario a lo expuesto por el impetrante de garantías, no es el factible decretar la suspensión de plano de los actos reclamados, ya que del mismo libelo constitucional no se advierte que actualmente esté siendo objeto de actos que importen peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aunado a que los actos que reclama en su escrito de demanda como lo son "ataque a la libertad personal fuera de procedimiento del suscrito el cual hago consistir en la ilegal orden de aprehensión , reaprehensión , comparecencia, presentación o cualquier otra privativa de libertad, así como el traslado, internamiento a un penal del Estado de Nuevo León, así como la ejecución de órdenes de presentación, comparecencia y/o aprehensión", hacen referencia a situaciones no acontecidas, es decir, a hechos futuros e inciertos, actos que están sujetos en primer lugar a su eventual captura y, posteriormente a su materialización; máxime que de los antecedentes de los actos reclamados, se obtiene que el promovente no se encuentra detenido en algún centro de reclusión, por lo que no puede considerarse que se encuentra incomunicado o segregado; por tanto, la suspensión de plano respecto a ellos no tendría ningún sentido, de ahí que deba considerarse improcedente su concesión. Cobra especial relevancia en este rubro, la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible a tomo XX, página 1458, diciembre de dos mil cuatro, de la Novena Época, que dispone: "SUSPENSIÓN DE PLANO. DERIVA DIRECTAMENTE DE LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO, NO DE LAS RAZONES QUE AL EFECTO ADUZCA EL QUEJOSO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley de Amparo, la suspensión de oficio de los actos reclamados en el juicio de garantías procede cuando se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, deportación o destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o cuando se trata de actos que, si llegaren a consumarse, harían físicamente imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía violada, de lo que se sigue que esta clase de suspensión deriva directamente de la naturaleza del acto reclamado, esto es, que para concederla es necesario atender al origen mismo del acto tildado de inconstitucional, ello en atención a que acorde con lo establecido en el precepto legal en comento, cuando se trate de un acto que importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 citado, que invariablemente sería de restitución físicamente imposible, o de un acto diverso que de consumarse igualmente haría físicamente imposible la restitución de la garantía violada en perjuicio del quejoso, la suspensión debe concederse de plano, es decir, sin que tengan que tomarse en consideración los requisitos previstos en el artículo 124 de la ley de la materia, en particular que la solicite el quejoso, motivo por el cual lo que éste manifieste al respecto no determina la procedencia o no de la suspensión de oficio, sino que ello es una atribución exclusiva del Juez de Distrito, quien atendiendo a la naturaleza del acto y no a enfoques subjetivos de las partes, es el único facultado para decidir si se está o no en presencia de un acto que lo obligue a decretar la suspensión de oficio." Una vez establecido lo anterior, resulta oportuno establecer que el artículo 114 de la Ley de Amparo, establece que si hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda, si se hubiere omitido en ella alguno de los requisitos a que se refiere el artículo 108 de dicha ley; si no se hubiese expresado con precisión el acto reclamado o no se hubiesen exhibido las copias que señala el artículo 114, fracción I, del mismo ordenamiento, el Juez de Distrito mandará prevenir al quejoso que llene los requisitos omitidos, haga las aclaraciones que corresponda, expresando en el auto relativo las irregularidades o deficiencias que deban llenarse, para que el promovente pueda subsanarlas en tiempo. Por tal motivo, con fundamento en los artículos 112, 108, fracción II y V, de la Ley de Amparo, antes de resolver sobre la admisión o desechamiento de la demanda, esta autoridad estima prevenir al accionante constitucional, para que dentro del término de cinco días contados a partir de que surta efectos la notificación del presente auto, manifieste si: Precise bajo protesta de decir verdad, por qué razón señala como autoridad responsable al Titular de la Unidad de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso a Prueba en el Estado de Nuevo León, prevención que surge en virtud del señalamiento expreso que hace el directamente agraviado de tal autoridad como responsable en su doble aspecto, es decir, ordenadora y ejecutora; lo que genera incertidumbre pues hace presumir que al directamente quejoso se le instruye en la actualidad algún tipo de procedimiento judicial, y en el caso los actos privativos de libertad que reclama en esta instancia, se deban a la revocación del beneficio de condena condicional del proceso. Como consecuencia del punto anterior, se le previene para que de igual manera, y en términos de la fracción V del artículo 108, la Ley de Amparo, manifieste bajo protesta de decir verdad los antecedentes de los actos reclamados, esto es, la carpeta judicial que se instruye en su contra, el delito por el cual se encuentra sujeto a la etapa de investigación complementaria y en su caso por el cual se le concedió el beneficio de suspensión condicional del proceso. En ese sentido, se le previene al directamente agraviado para que manifieste, si el desconocimiento que refiere en su escrito de demanda respecto del tercero interesado, la realiza en términos del artículo 108, fracción II de la Ley de Amparo, esto es, bajo protesta de decir verdad, lo anterior, toda vez que no se advierte que lo haga con la protesta correspondiente; y/o en su caso, para que manifieste en los mismos términos, las personas a quiénes les surge el carácter de terceros interesados y terceros interesados oficiales, así como el domicilio donde puedan ser localizados; además para que en los mismos términos, manifieste los nombre de las personas a quienes les pueda surgir el carácter de asesores jurídicos. En la inteligencia de que de no cumplir con lo anterior, transcurrido el lapso concedido, se procederá en términos del artículo 114, párrafo segundo de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada. Con el apercibimiento que en caso de omitir información o manifestar hechos falsos, se procederá conforme a lo dispuesto en el artículo 261 de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicción, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y II. Al quejoso o tercero interesado, a su abogado o a ambos, si en el juicio de amparo presenten testigos o documentos falsos." De conformidad con lo dispuesto por el artículo 27 fracción I de la Ley de Amparo, téngase a la parte quejosa señalando para oír y recibir notificaciones el domicilio que se menciona en la demanda; asimismo, toda vez que de la certificación de cuenta se desprende que al consultarse la dirección de internet http://www.cedulaprofesional.sep.gob.mx/cedula/indexAvanzada.action, se constató que la cédula profesional número *, efectivamente se encuentra a nombre de **; por tanto, téngase a la parte promovente autorizando al profesionista en mención, en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo. Ahora bien, en cuanto a su solicitud de acceso al expediente electrónico con los usuarios **, de conformidad con lo establecido en los artículos 37 y 38 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite del Expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza la consulta vía internet del presente expediente, con el usuario referido, para que pueda acceder al expediente electrónico. Y de igual manera de conformidad con lo dispuesto en el artículo 55 del citado ordenamiento, y en atención a la manifestación expresa del compareciente, se autoriza al usuario antes mencionado para la práctica de las notificaciones electrónicas a través del el portal de Servicios de Línea del Poder Judicial de la Federación. Por tanto, se instruye al Oficial Judicial A, para que proceda a dar de alta al referido usuario, con efectos de autorización, en el sistema mencionado. Por otro lado, se tiene como datos de contacto, los correos electrónicos ** y número telefónico vía "whatsapp" **; conforme a lo dispuesto en el artículo 22 fracción II del diverso Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19; toda vez que los mismos no son considerados como medios de notificación por la legislación aplicable. En la inteligencia que dichos datos proporcionados por el promovente, solo son con la finalidad que este juzgado pueda entablar comunicación no procesal con las partes, la cual de ser necesario deberá registrarse e incorporarse al expediente, previa certificación correspondiente; aunado que dicha información es de suma relevancia en atención que con ésta, se buscará acordar previamente la realización de las notificaciones, siempre que ello se estime pertinente para el éxito de la diligencia y la seguridad de quienes intervengan en la misma. En consecuencia, se instruye a los actuarios de la adscripción a fin de que tomen nota de los mismos para los efectos conducentes. Se faculta al Actuario adscrito a este juzgado, para que esté en posibilidad de practicar las notificaciones que se le ordenen en el asunto, aún en días y horas inhábiles en términos del último párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Por otra parte, con fundamento en lo establecido por los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se concede al promovente la expedición de copias de este proveído, así como de las subsecuentes actuaciones que se generen dentro del presente sumario, mismas que se expedirán conforme a las labores del juzgado lo permitan, previa razón de recibo que se deje como constancia en autos; además, con apoyo en los numerales señalados, en concordancia con lo asentado en la circular 12/2009, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con la cual se da a conocer la determinación del citado cuerpo colegiado, el dieciocho de marzo de dos mil nueve, se autoriza el uso de medios electrónicos para imponerse de autos, en la inteligencia que cada vez que requiera utilizarlo, deberá hacerlo en presencia del actuario judicial adscrito a este órgano jurisdiccional, quien deberá levantar acta en la cual se asiente dicha circunstancia. Finalmente, hágase del conocimiento de las partes que este órgano jurisdiccional, tiene la obligación de velar por el principio de máxima publicidad, acorde a lo dispuesto por el artículo 6, apartado A, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, cuando sea realizada una petición de acceso a alguna de las resoluciones o a las pruebas y demás constancias que obren en este expediente, serán proporcionadas, previa clasificación de la información reservada y confidencial. En la inteligencia que, en lo referente a los datos confidenciales, acorde a lo previsto por el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, sólo podrán tener acceso los titulares de esa información, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello; salvo que las partes en este procedimiento judicial expresen su consentimiento para la divulgación; por ello, desde este momento se les apercibe que en caso de no hacer manifestación al respecto, acorde a lo dispuesto por el punto cuadragésimo octavo, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, se entenderá que no es su deseo se haga pública la información confidencial. En el entendido que acorde a lo dispuesto por el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y cuadragésimo, de los referidos lineamientos, no será suficiente para considerar la información como confidencial, que con ese carácter sea entregada por las partes, ni se requerirá su consentimiento para hacer esa información pública, cuando: a) se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público; b) tenga el carácter de pública; c) exista orden judicial; d) por razones de seguridad nacional y de salubridad general o para proteger los derechos de terceros, se requiera su publicación; o, e) cuando se transmita entre sujetos obligados y entre éstos y los sujetos de derecho internacional, en términos de los tratados y los acuerdos interinstitucionales, siempre y cuando la información se utilice para el ejercicio de facultades propias de los mismos.
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