Heber Armando Castillo Andazola
Expediente 86/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 12 actuaciones registradas, la última del 6 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 86/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 06/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Heber Armando Castillo Andazola
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, se advierte que la parte quejosa no interpuso el recurso de inconformidad previsto en el artículo 201, fracción I, de la Ley de Amparo, contra el proveído de veintinueve de julio de dos mil veintiuno, en el cual se declaró cumplido el fallo protector; consecuentemente, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicho auto ha causado estado, para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. Ahora, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, este asunto es susceptible de depuración, dado que en sentencia de dieciséis de abril de dos mil veintiuno, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión al quejoso Heber Armando Castillo Andazola; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa al archivo reciente. Asimismo, se indica que, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido, no se trata de expediente con relevancia documental, puesto que no encuadra en ninguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del referido Acuerdo General, dado que se reclamó ataques a la libertad personal fuera del procedimiento e incomunicación; es decir no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni es relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni materia agraria. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, con apoyo en los artículos 18, 27, 28 y 29 ambos del Acuerdo General Conjunto citado, por medio de la Administración Regional, transfiérase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lugar en el que se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional acompañando copia digitalizada debidamente certificada de la demanda y de la sentencia respectivas; transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que emita el Centro de Documentación y Análisis en coordinación con el titular de este Juzgado. Por último, visto el escrito firmado por la licenciada Jenny Elizabeth Medina Guzmán, autorizada de la parte quejosa, por el cual solicita se ordene el archivo del presente asunto; agréguese a los autos para que obre como corresponda y dígasele que se éste a los acordado en párrafos que anteceden.
- Principal
Visto el estado procesal de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que la parte quejosa no desahogó la vista personal ordenada mediante acuerdo de dieciséis de julio del año en curso, en relación con el oficio y documentales allegados por el Presidente de la Segunda Sala Regional del Noroeste III del Tribunal de Justicia Administrativa, con sede en Culiacán, Sinaloa, inherentes al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, no obstante que tal determinación se le notificó personalmente por conducto de su autorizada legal el pasado diecinueve de los actuales; por tanto, procede analizar si se otorgó el debido cumplimiento a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por las citadas autoridades. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, marzo de 2000, Novena Época, Materia Común, del tenor siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". En ese sentido, se precisa que por resolución de dieciséis de abril de dos mil veintiuno (fojas 359 a 367), se concedió al quejoso Heber Armando Castillo Andazola, la protección constitucional contra el acto reclamado a la Segunda Sala Regional del Noroeste III del Tribunal de Justicia Administrativa, con sede en Culiacán, Sinaloa, consistente en la omisión de dictar el resolución dentro del recurso de queja en el juicio natural 8359/16-03-02-2, de origen, al estimarse que dicho acto omisivo transgredía el derecho humano de administración de justicia pronta y completa dentro de los plazos previstos por la ley, reconocido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Resolución que causó ejecutoria el treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, al no ser recurrida por las partes (fojas 377 y 378). Pues bien, la concesión del amparo se hizo para el efecto de que la Segunda Sala Regional del Noroeste III del Tribunal de Justicia Administrativa, con sede en Culiacán, una vez que se le comunique la firmeza de esta sentencia, deberá emitir la resolución del recurso de queja en el expediente 8359/16-03-02-2, y su debida notificación al quejoso. Por su parte, mediante oficio con anexos presentado el trece de julio de dos mil veintiuno (fojas 396 a 403), el Presidente de la Segunda Sala Regional del Noroeste III del Tribunal de Justicia Administrativa, con sede en Culiacán, Sinaloa, remitió copia certificada del auto de siete de junio del actual, en el que procedía a resolver la queja en el expediente 8359/16-03-02-2, así como la constancia de notificación de dicho auto hecha al quejoso. Por tanto, mediante auto de dieciséis de julio del año en curso, se dio vista al quejoso con el oficio y documentales allegadas por la autoridad responsable, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera; en el entendido de que, el amparista no se pronunció al respecto, aun cuando fue debidamente notificado (foja 407). En consecuencia, si la concesión del amparo se hizo para el efecto de que el Tribunal responsable emitiera resolución del recurso de queja en el expediente 8359/16-03-02-2, y notificara la misma al quejoso, lo cual ya aconteció; por ende, es claro que la ejecutoria de amparo ha quedado cumplida y se ha restituido al quejoso en el pleno goce de sus derechos humanos violados, en términos de los numerales 77 y 196, ambos de la Ley de Amparo, sin haber incurrido la autoridad responsable en exceso o defectos.
- Principal
Visto el oficio de cuenta suscrito por el Presidente de la Segunda Sala Regional del Noroeste III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en Culiacán, Sinaloa, mediante el cual comunica el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo y exhibe documentales que lo acredita; agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales conducentes. Finalmente, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista con el mismo a la parte quejosa para que dentro del término de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído manifieste lo que a su interés convenga, apercibida que de no hacer manifestación alguna, este Juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por las autoridades responsables.
- Principal
Visto el estado de los presentes autos de los que se advierte que la autoridad responsable ha cumplido parcialmente con el fallo constitucional. Al respecto debe decirse lo siguiente: Por sentencia dictada el dieciséis de abril de dos mil veintiuno, se concedió al quejoso ********************, el amparo y protección de la Justicia Federal para efectos de que la autoridad responsable Segunda Sala Regional de Noroeste III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en Culiacán, Sinaloa: Una vez que se le comunique la firmeza de esta sentencia, deberá emitir la resolución del recurso de queja en el expediente ********************; y, La notifique como corresponda al impetrante de amparo. La citada sentencia de amparo causó ejecutoria por auto de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, y se requirió de la responsable su cumplimiento. Ahora bien, la autoridad responsable Segunda Sala Regional del Noroeste III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en Culiacán, Sinaloa, a través del oficio 3-2-2-29854/21, recibido en este Órgano Jurisdiccional el pasado once de junio, remitió copia certificada de la resolución interlocutoria de cuatro de junio de dos mil veintiuno, dictada en el juicio contencioso administrativo federal ******************** relativa a la queja interpuesta por la parte actora ********************. De la citada transcripción, se advierte que la autoridad responsable ha cumplido de forma parcial con el fallo constitucional, porque solo se ha pronunciado respecto de emitir la resolución del recurso de queja en el expediente ********************, no así de la notificación al impetrante del amparo ********************. En ese sentido, requiérase nuevamente a la autoridad responsable, a fin de que dentro del plazo de tres días, contado a partir de la recepción del oficio respectivo, otorgue cabal y puntual cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo. Lo anterior, con el apercibimiento de que, en caso de omitir dar cumplimiento, realizar evasivas o retardar el cumplimiento a la sentencia constitucional, se hará acreedor a una multa por el equivalente de cien valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización (en el entendido de que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto), en términos de los numerales 237, fracción I y 259, de la Ley de Amparo, en relación con lo establecido por los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto de veintiséis de enero de dos mil dieciséis, publicado el veintisiete siguiente en el Diario Oficial de la Federación, que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis: I.3o.T.18 L (10a.) del Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en la página 1380 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 4, Marzo de 2014, Tomo II, Materia(s): Común, Décima Época, con número de Registro: 2005830, cuyo rubro y texto señalan (énfasis añadido): "CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. CONFORME AL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE LA MATERIA, NO BASTA QUE EL SUPERIOR JERÁRQUICO EMITA UN OFICIO EN EL QUE INDIQUE QUE GIRÓ UNA ORDEN A LA AUTORIDAD DIRECTAMENTE OBLIGADA, SINO QUE DEBE DEMOSTRAR HABER HECHO USO DE TODOS LOS MEDIOS A SU ALCANCE, INCLUSO PREVENCIONES Y SANCIONES, PUES DE LO CONTRARIO SE HACE ACREEDOR A LA IMPOSICIÓN DE UNA MULTA Y, EN SU CASO, A LA SEPARACIÓN DEL CARGO Y SU CONSIGNACIÓN ANTE UN JUEZ DE DISTRITO. Dentro de la Ley de Amparo, en particular en su artículo 192, se establecieron mecanismos necesarios para que las ejecutorias en la materia sean puntualmente cumplidas, entre ellos, que el órgano judicial al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable también lo hará respecto del superior jerárquico de aquélla, para que le instruya cumplir con la sentencia, bajo el apercibimiento de que, de no hacerlo, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados en la propia ley, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades que su subordinada. En este sentido, acorde con los criterios que sobre el tema ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no basta que el superior jerárquico emita un oficio en el que indique que giró una orden a la autoridad directamente obligada al cumplimiento del fallo protector, para que se consideren colmadas sus obligaciones en la etapa de ejecución de una sentencia protectora de derechos humanos, sino que debe demostrar haber hecho uso de todos los medios a su alcance, incluso de las prevenciones y sanciones, que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer, a fin de constreñirla al debido cumplimiento de las ejecutorias de amparo, pues de lo contrario se hace acreedor a las sanciones previstas en la propia ley, esto es, la imposición de una multa y, en su caso, a la separación del cargo y su consignación ante un Juez de Distrito."
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