Hebe Moreno Martini
Expediente 337/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 337/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 28/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Hebe Moreno Martini
Actuaciones
- Principal
Acapulco, Guerrero; veintiocho de abril de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, y no se recurrió el auto mediante el cual se desechó la demanda; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, al no existir actuación alguna por cumplimentar, en su oportunidad archívese este asunto como totalmente concluido. Notifíquese.
- Principal
NOTIFICACION PERSONAL
- Principal
CITATORIO.- SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, MEDIANTE LISTA ELECTRÓNICA PUBLICADA EN EL PORTAL DE INTERNET DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, EL CONTENIDO DEL AUTO DE DOCE DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, MISMO QUE DICE: Acapulco, Guerrero; doce de abril de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por Hebe Moreno Martini, por su propio derecho, contra actos del Director de Catastro del Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero. Regístrese en el libro de gobierno con el número 337/2021, y fórmese expediente. IMPROCEDENCIA. En acato a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede dilucidar en torno a la procedencia de la demanda que nos ocupa, para lo cual se hacen las siguientes precisiones. Del escrito de demanda se tiene que la parte quejosa reclama lo que denomina como la modificación de la base gravable del inmueble identificado como calle departamento 401, condominio Carey, lote 75-C, sección C, número exterior sin número, colonia Playas Guitarrón, en esta ciudad, relacionado con la cuenta catastral 003-004-036-0007. Lo anterior en base a los siguientes hechos: 1. El uno de febrero de dos mil veintiuno, el quejoso acudió a realizar el pago del impuesto predial de su inmueble identificado con el número de cuenta catastral 003-004-036-0007. 2. En esa data, se enteró del aumento de la base gravable ejercido en su cuenta catastral, allegando el recibo de pago del impuesto predial del ejercicio fiscal de dos mil veinte, para contrastar dicho aumento de la base gravable. Bajo el presente argumento, se advierte que el juicio de amparo que ahora se intenta, es improcedente al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII en relación con el diverso 5, fracción II, este último a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, ya que lo atribuido a la autoridad responsable no constituye un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, como se expone a continuación. En primer lugar debe señalarse que en diversas tesis y jurisprudencias, el Máximo Tribunal de la Nación construyó con el devenir histórico la definición del concepto de autoridad para los efectos del amparo, abandonándose el primigenio concepto de fuerza pública para distinguir los actos de autoridad del de los particulares, para arribar a una nueva concepción definida acorde con la realidad imperante en el ámbito de las atribuciones y facultades que desarrollan las entidades del Estado. Así, durante la vigencia de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de mil novecientos treinta y seis, se fijó como criterio para distinguir a una autoridad para efectos del juicio de amparo, la posibilidad de que un organismo realice actos unilaterales con fundamento en una norma legal, mediante los cuales cree, modifique o extinga situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados y sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Luego de que la indicada legislación reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos quedó abrogada con motivo de la entrada en vigor de Ley de Amparo a partir del dos de abril de dos mil trece, en la última de las codificaciones en cita se retomó el criterio antes descrito para definir el concepto de autoridad para los efectos del juicio de garantías, ya que sobre el particular el artículo 5º, fracción II, de la Ley de Amparo vigente prevé que tiene tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Lo anterior quiere decir que a partir de la entrada en vigor de la llamada Nueva Ley de Amparo, para definir cuándo se está en presencia de una autoridad con esa naturaleza formal, para los efectos del juicio de garantías, debe considerarse si al dictar, ordenar, ejecutar, tratar de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omitir realizar el acto que de efectuarse produciría esto último, el ente u organismo del Estado, viole los derechos humanos y las garantías otorgadas para su protección por la Carta Magna o los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano, sea que produzca una afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso, de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por su parte, el invocado artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo vigente en su segundo párrafo dispone lo siguiente: "Para los efectos de esta ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." La anterior porción normativa revela entonces que tratándose de actos provenientes de entidades estatales o incluso provenientes de quienes carecen formalmente de tal naturaleza, para ser considerados como procedentes de una autoridad para los efectos del juicio de amparo, no solamente debe verificarse si al dictar, ordenar, ejecutar o tratar de ejecutar el acto que cree, modifique o extinga situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omitir realizar el acto que de efectuarse produciría esto último, violen los derechos fundamentales constitucional y convencionalmente protegidos, sino también habrá de confirmarse si las funciones que despliega al realizar tales conductas están determinadas por una norma general. En ese sentido, de lo narrado por el quejoso, da cuenta de que el impuesto predial, cuya base a su vez se constituye por el valor catastral según lo dispone el artículo 12, fracción III, de la Ley Número 638 de Ingresos para el Municipio de Acapulco, para el ejercicio fiscal de dos mil veintiuno, no fue determinado por la autoridad municipal en el ejercicio de sus atribuciones fiscales, sino que fue el propio contribuyente quien se autoliquidó. Lo anterior adquiere relevancia entonces porque la pretendida determinación que se atribuye a la Directora de Catastro relativa al valor catastral a que se refiere la cuenta 003-004-036-0007 no puede ponderarse de manera aislada sino como parte de la propuesta planteada por la autoridad municipal sobre el importe del impuesto predial, ya que ?se insiste? el importe de tal base no se fijó en forma unilateral y obligatoria y en todo caso, el entero de tal contribución sólo habilita al interesado para impugnar la norma que regule su cálculo. Al respecto es aplicable la tesis de jurisprudencia 2a./J. 153/2007 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 367, tomo XXVI, Agosto de 2007, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AMPARO CONTRA LEYES. LA AUTOLIQUIDACIÓN DE UNA CONTRIBUCIÓN NO ES UN ACTO IMPUTABLE A LAS AUTORIDADES EJECUTORAS, AUNQUE SÍ CONSTITUYE UN ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY A PARTIR DEL CUAL EMPIEZA A CORRER EL PLAZO PARA PROMOVER EL AMPARO. La existencia de un acto de autoridad no puede hacerse derivar de la actitud del particular frente al mandato legal, sino de la conducta observada por la propia autoridad; por tanto, la circunstancia de que el quejoso haya presentado la declaración de pago de un impuesto, con la cual acredita la autoaplicación de la ley, no conduce a tener por ciertos los actos de determinación y cobro atribuidos a las autoridades ejecutoras. Lo anterior, aun cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la autoliquidación de una contribución constituye un acto de aplicación de la ley, pues ello no significa que tal cumplimiento de la norma por el particular deba ser atribuido a la autoridad, sino solamente que, para efecto de computar el plazo de impugnación constitucional, puede servir de base el hecho de que el particular se coloque por sí mismo en el supuesto previsto por la ley, sin necesidad de un acto específico de la autoridad aplicadora." Más aún, tampoco debe perderse de vista que la obtención del valor catastral se encuentra regulado en el artículo 44 de la Ley Número 266 de Catastro para los Municipios del Estado de Guerrero, en tanto que los artículos 16, fracción I, y 42, fracción III, de la aludida legislación permiten que a petición del interesado o de oficio se lleve a cabo el proceso de valuación o revaluación catastral, de modo que el gobernado no queda en estado de indefensión para el caso de que hubiera dado cumplimiento a la obligación del pago del impuesto predial y estime que se determinó indebidamente el valor catastral que sirve como base de aquel tributo, habida cuenta que el importe de dicho impuesto no derivó de una determinación de la autoridad municipal sino de la propuesta que al efecto le planteó al interesado. En consecuencia, no es factible estimar que la propuesta planteada por la autoridad municipal en torno al importe del impuesto predial, cuya base es el valor catastral, se ubique en el supuesto previsto en el artículo 5º, fracción II, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo la tesis XXI.2o.P.A.96 A que integró el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa Del Vigésimo Primer Circuito, consultable en la página 3166, del Tomo XXX, septiembre de 2009, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "PREDIAL. LAS PROPUESTAS DE DECLARACIÓN PARA EL PAGO DEL IMPUESTO RELATIVO EMITIDAS POR LA AUTORIDAD COMPETENTE DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, NO CONSTITUYEN ACTOS DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De acuerdo con los artículos 14 y 16 de la Ley de Hacienda Municipal Número 677; 28 a 32 y 34 del Código Fiscal Municipal Número 152, ambos del Estado de Guerrero, y cuarto transitorio de la Ley Número 547 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el ejercicio fiscal de 2008, se advierte que las propuestas de declaración para el pago del impuesto predial denominadas: "liquidación del impuesto predial", emitidas por la autoridad competente del citado Municipio, no representan el producto final de la manifestación de la voluntad de aquélla, pues sólo tienen como propósito facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de los contribuyentes, por lo que existe la posibilidad de que éstos paguen una cantidad mayor o, incluso, menor al monto propuesto en dicha declaración. Por tanto, no constituyen actos de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de garantías indirecto que se promueva en su contra ante los Juzgados de Distrito, de conformidad con el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los numerales 1o., fracción I y 11 de la Ley de Amparo." Bajo ese argumento, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio, la cual es manifiesta porque se puede determinar con base en los elementos aportados con la demanda e indudable porque se tiene la certeza de que aun cuando se admitiera a trámite la demanda y se desahogaran pruebas en la audiencia constitucional, no se formaría una convicción diversa a la que se sostiene en este auto; lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo. No escapa del conocimiento de este juzgador la jurisprudencia 2a./J. 22/94, que integró la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 267, Tomo XXXII, Julio de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "AVALÚO CATASTRAL. SU ELABORACIÓN Y NOTIFICACIÓN AFECTA EL INTERÉS JURÍDICO DEL GOBERNADO POR LO QUE ES SUSCEPTIBLE DE IMPUGNARSE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 22/94). El avalúo catastral es el acto mediante el cual se determina el valor fiscal de los predios y construcciones adheridas a éstos. Dicho valor fiscal generalmente sirve de sustento para establecer la base gravable del impuesto predial y, en consecuencia, para fijar la obligación tributaria a cargo del particular. Así, la valuación del predio constituye un requisito indispensable para que la autoridad administrativa pueda emitir la liquidación correspondiente. En este orden de ideas, es claro que la simple elaboración y, en su caso, notificación del avalúo genera un perjuicio inmediato al particular, pues si aquél se elabora en forma incorrecta o ilegal, tendrá como consecuencia la determinación, también incorrecta o ilegal, de un crédito por concepto de impuesto predial. De aquí la importancia de que se reconozca que tal acto administrativo afecta de modo cierto e inmediato el interés jurídico del particular, quien puede acudir al juicio de garantías en términos del artículo 114, fracción II, primer párrafo, de la Ley de Amparo. Es importante apuntar que el hecho de que se reconozca que el avalúo catastral afecta de modo cierto e inmediato el interés jurídico del particular, no significa que cuando se reclame en un juicio de amparo indirecto, éste indefectiblemente será procedente, pues el juzgador deberá verificar, en cada caso, que no se actualice alguna causa de improcedencia concreta. Así por ejemplo, podría darse el supuesto de que en contra del avalúo existiera un medio ordinario de defensa que tuviera que agotarse previamente a acudir al juicio de amparo, o que la demanda se hubiera presentado fuera del plazo que establece el artículo 21 de la Ley de Amparo." Sin embargo, dicho criterio no resulta aplicable al caso, porque ?como se deriva de los lineamientos de la ejecutoria que le dieron origen?, el mismo se integró a partir de dos aspectos a saber: el primero en torno al análisis del avalúo catastral como acto administrativo, es decir, aquel desplegado por la autoridad administrativa en el uso de sus atribuciones por el cual se determina el valor fiscal de los predios y construcciones adheridas a éstos; y, el segundo con motivo del perjuicio inmediato que provocaría la incorrecta o ilegal elaboración de dicho avalúo catastral al reflejarse el monto de un crédito fiscal por concepto de impuesto predial, lo que en el caso no aconteció, pues como se indicó, se trató de una autoliquidación. Más aun, tampoco se advierte que el entero del impuesto autoliquidado provocara una afectación económica relevante en tanto que, como lo reconoce el propio promovente, no existió diferencia sustantiva en el monto pagado del impuesto predial de los ejercicios fiscales dos mil veinte y dos mil veintiuno; y en todo caso, de sostenerse lo contrario, de cualquier manera, conforme a los lineamientos de la propia jurisprudencia invocada, sería necesario que la parte quejosa agotara el medio ordinario de defensa previsto para impugnar los actos administrativos. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Roberto Posada, número 08, interior 101, en la colonia Centro, en esta ciudad; por autorizados en términos amplios del artículo 12, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, a Ramón Antonio Bermúdez Wong, Leticia Rodríguez Bustos, Horacio Vargas Beltrán, Jorge Luis Valente Pérez, cuyas cédulas se encuentran registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que los acredita como profesionales del derecho; y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a Juan Iván Valente Pérez, por no cumplir con el requisito anterior; sin perjuicio de que lo satisfaga con posterioridad; y, en los mismos términos a Jorge Valente Nava por así haberlo solicitado. DATOS DE CONTACTO. De igual forma, téngase por proporcionados los correos electrónicos que al efecto indica, en términos del artículo 5, fracción I, en relación con el 22, fracción II del mencionado Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, es decir únicamente para comunicaciones no procesales. USO DE APARATOS ELECTRONICOS. Asimismo, de conformidad con la circular 12/2009, del Consejo de la Judicatura Federal, de fecha dieciocho de marzo de dos mil nueve, se autoriza a los profesionistas que menciona en su escrito de demanda se impongan de los autos del presente expediente mediante el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Por otra parte, con fundamento en el artículo 21, último párrafo de la ley de la materia, se comisiona al actuario judicial para que las notificaciones de carácter personal, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles. INFORMACIÓN GENERAL. De conformidad con los artículos 22, fracción I, 28 y 29 del Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado en cuanto a su vigencia, así como a los turnos y horarios escalonados para el trabajo presencial, por sus similares 25/2020, 37/2020 y 1/2021, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración los avances tecnológicos, continúen con la tramitación de este asunto mediante el esquema de "juicio en línea". En la inteligencia que para ello, deben solicitar la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de as resoluciones, mismas que este órgano jurisdiccional debe autorizar, para lo cual proporcionarán el nombre de usuario para el uso del sistema de los servicios en línea. Además, se informa a la quejosa que de acuerdo a los artículos 5, fracción I y 22, fracción II del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, tratándose de comunicaciones no procesales se puede brindar atención a las personas justiciables vía telefónica y mediante mensajes por dispositivos móviles y correos electrónicos, por lo que se le invita para que proponga formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea propios, a través de los cuales se pueda entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrase y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente. Del mismo modo, se les informa a las partes que acorde al numeral 3 del referido Acuerdo General 21/2020, para la consulta del expediente de manera física y entrega de documentos previamente deberán generar una cita, para lo cual habrán de ingresar al Portal de Servicios en Línea en el micrositio de "Servicios Jurisdiccionales", en el apartado "Agenda OJ", a fin de obtener fecha y hora para tal fin, y una vez concluido el proceso el sistema les proporcionara un Código QR que permitirá su ingreso al órgano jurisdiccional (y en su caso el de otra persona autorizada al expediente), mismo que estará condicionado a que quien acuda se identifique como la persona a cuyo nombre se generó la cita. En el entendido de que el acceso podrá restringirse a quienes acudan fuera del horario previsto y a quienes no cumplan los requisitos para pasar los filtros sanitarios. No obstante lo anterior, en la planta baja del edificio A, en que se encuentra este órgano jurisdiccional se habilitara una Oficialía de Partes Común para la recepción de promociones presentadas físicamente para el público en general y para quien carece de una cita, ello de conformidad con el artículo 12 del citado acuerdo general. Notifíquese personalmente.LO QUE NOTIFICO POR ESTE MEDIO, A LA PARTE QUEJOSA, PARA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCENTES...
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