Hazael Cerecer Loaiza
Expediente 2138/2016 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de febrero de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 2138/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 22/02/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Hazael Cerecer Loaiza
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que el quejoso **, hubiese recurrido el auto de veinte de diciembre de dos mil dieciséis, por medio del cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°, se declara que dicho auto de sobreseimiento ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. Atento a lo anterior, y previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Por consiguiente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo vigésimo primero, fracción IV, capítulo cinco, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y toda vez que se sobreseyó en el presente juicio de garantías, se declara que este expediente es susceptible de destrucción. Esto, porque del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, ni contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que por el sentido de la decisión adoptada tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica, por lo que no es necesaria su conservación. Más aún, no contiene información reservada, ni existen documentos originales exhibidos por las partes, lo que deberá hacerse constar en la carátula del presente expediente. Notifiquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a nueve de enero de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo, del que se advierte que mediante razón actuarial de veintinueve de diciembre de dos mil dieciséis, signada por el Actuario Judicial adscrito al Juzgado Segundo Penal de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial, en el Estado de Morelos, se advierte que no le fue posible llevar a cabo la diligencia encomendada en auto de veinte de diciembre de la anualidad anterior, toda vez que el quejoso ************, egreso del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, el diecisiete de diciembre de ese mismo año, por haber alcanzado la libertad absoluta, en cumplimiento al oficio ****/2016, signado por el Encargado de la Coordinación General de Centros Federales, en suplencia del Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado, Prevención y Readaptación Social. En consecuencia, con fundamento en el numeral 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena hacer del conocimiento de dicha parte, el auto en comento y los subsecuentes, por medio de las listas de acuerdos que se fijan en un lugar visible de este Juzgado Federal. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veinte de diciembre de dos mil dieciséis. Vista la notificación realizada a la parte quejosa respecto del acuerdo dictado el dieciséis de diciembre actual, dentro del presente juicio de amparo, en la cual refiere lo siguiente: "LA SUSCRITA ACTUARIA DA FE QUE EL QUEJOSO MANIFIESTA DESISTIRSE DE LA DEMANDA DE AMPARO." Por lo tanto, dado que la autoridad ante la que realizó dicha manifestación, actúa en ejercicio de las facultades que legalmente le corresponden y es un funcionario con fe pública, resulta innecesario ordenar su ratificación, ya que sólo traería como consecuencia el retraso inútil del juicio de amparo en que se actúa. Por tanto, téngase al quejoso desistiéndose a su más entero perjuicio de esta contienda constitucional, por lo que, con apoyo en el arábigo 63, fracción I, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento del presente juicio de amparo. En mérito de lo que antecede, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DIECISIETE DE ENERO DE DOS MIL DIECISIETE. En tales condiciones, tomando en consideración que el peticionario de amparo ** se encuentra privado de su libertad en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (CEFEREPSI), con sede en Ayala, Morelos, con fundamento en el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese atento despacho al Juez Penal de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial en el Estado de Morelos en Turno, con residencia en Cuautla, Morelos, para que en auxilio de las labores de este Juzgado de Distrito, comisione a uno de los Actuarios de su adscripción, a fin de que se constituya en el referido Centro, y por su conducto notifique al quejoso Hazael Cerecer Loaiza, este proveído, que en copia simple se acompaña; habilitándose días y horas inhábiles para llevar a cabo la diligencia encomendada, en términos del tercer párrafo del artículo 21 de la ley de la materia. Una vez hecho lo anterior, solicítese de la manera más atenta al Juez encargado de la diligencia, devuelva a este órgano jurisdiccional, las constancias de notificación respectivas. Por último, glósense únicamente para que obren como correspondan y surtan los efectos legales conducentes el telegrama y con el oficio remitidos por el Director General del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, por medio de los cuales, en atención al requerimiento formulado en auto de diecisiéis de diciembre de la presente anualidad, informa el cumplimiento a la suspensión de plano concedida al quejoso; sin que haya lugar a emitir pronunciamiento en relación a su contenido, pues como quedó precisado en párrafos precedentes, se sobreseyó el presente juicio de amparo. Notifíquese; y cúmplase.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio signado por el Secretarito del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativo del Decimoctavo Circuito en el Estado de Morelos, mediante el cual devuelve los autos del juicio de amparo 534/2015-III; asimismo, remite el testimonio de la ejecutoria de nueve de diciembre del año en curso, dictada por el tribunal aludido, derivado del amparo en revisión A.R.A. 75/2016 antes 582/2015 en cuyos puntos resolutivos se determinó: "". En ese contexto, acúsese el recibo de estilo correspondiente a la superioridad, glósese el cuaderno de antecedentes respectivo y hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales procedentes. En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por el dispositivo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°, se declara que la sentencia dictada en el presente asunto, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales a que haya lugar. Lo anterior, comuníquese a las partes, y hágase la anotación correspondiente en el Libro de Gobierno. Ahora bien, con fundamento en el artículo 192, de la Ley de Amparo , requiérase a las autoridades responsables para que dentro del término de quince días, contado a partir del momento al en que reciban el oficio correspondiente de este acuerdo, cumplan con la ejecutoria de amparo, es decir, deberán de realizar lo siguiente: a) La Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos: ".que no se aplique a la quejosa la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, específicamente en sus artículos 119 a 125 (que establecen el pago impuesto adicional del impuesto sobre adquisición de bienes). Asimismo, se precisa que la protección constitucional es relativa al acto de aplicación, consistente en el pago que por concepto del impuesto adicional relativo al diverso sobre adquisición de bienes inmuebles, efectuó el peticionario de garantías, recibido por la Tesorería Municipal de Jiutepec, Morelos por lo que, al momento en que la citada responsable tenga conocimiento oficial de que la presente sentencia ha causado ejecutoria, tal y como lo establece el artículo 192 de la Ley que rige el juicio constitucional, deberá realizar lo siguiente: Devolver al quejoso la cantidad que pagó por concepto del impuesto adicional relativo al Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles, esto es, los $3,000.00 (tres mil pesos 00/100 M.N.), con motivo de la aplicación de los artículos 119 a 125 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, según se advierte de la copia certificada del oficio expedido por la Tesorería Municipal de Jiutepec, Morelos. Cabe señalar, que en el presente caso no ha lugar a actualizar los montos citados en los incisos que anteceden, toda vez que el artículo 31, párrafo cuarto , del Código Fiscal del Estado de Morelos, establece que cuando el factor de actualización que se obtenga de dividir el índice nacional de precios al consumidor del mes anterior al de la emisión de la presente sentencia entre el mes anterior al de la fecha de pago, sea inferior a uno, el factor de actualización que se aplicará al monto de las contribuciones será uno, lo cual acontece en el presente caso, de conformidad con las operaciones aritméticas que a continuación se detallan: Mes más reciente (Tomando en cuenta la presente fecha) Entre Mes anterior (De acuerdo a la fecha de pago 31 de Marzo de 2015) Factor de actualización Mayo de 2015 / Febrero de 2015 0.996470811 115.764 116.174 Cantidad cobrada Por Factor de actualización Cantidad total a pagar $3,000.00 * 1 $3,000.00 b) La Subsecretaria de Ingresos dependiente de la Secretaría de Hacienda del Estado, deberá realizar lo siguiente: Se deje de aplicar al quejoso Víctor Manuel Muñiz Ramírez, el artículo 77, fracción II, de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos. De conformidad con el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a/J. 29/2012 (10a), del rubro "DERECHOS POR SERVICIOS. EFECTOS QUE PRODUCE LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR INCONSTITUCIONALDAD DE LA LEY QUE PREVÉ EL MECANISMO DE CÁLCULO DE LA TASA QUE FIJA EL PAGO DE AQUÉLLOS.", respecto de la fracción II del artículo 77, de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, el efecto del amparo no puede traducirse en liberar al contribuyente de la totalidad del pago del derecho por el servicio proporcionado por el Estado, en virtud de que para respetar los principios tributarios de proporcionalidad y equidad contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario que todos los individuos contribuyan al gasto público en la medida de su capacidad contributiva o, en el caso del pago de derechos, por el servicio recibido. De esa forma, como el artículo 77, fracción II, de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos declarado inconstitucional, fija como tarifa a pagar la de $6,000.00 (seis mil pesos 00/100 moneda nacional), pero en el diverso numeral 78, fracción V, de la misma ley, vigente al día veinte de febrero de dos mil quince -fecha en la cual se llevó a cabo la retención por concepto del derecho por inscripción previsto en el artículo 77, fracción II, de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos-, se prevé que tratándose de la inscripción de títulos traslativos de dominio, se aplicará la tasa correspondiente, pero sin que en ningún caso sea inferior a $638.00 (seiscientos treinta y ocho pesos 00/100 moneda nacional); la restitución el goce del derecho constitucional violado sólo implica que la parte quejosa deje de pagar la tarifa de $6,000.00 (seis mil pesos 00/100 moneda nacional), pero sin relevarla de la obligación de enterar la cuota fija mínima. Esto es, el monto pagado menos la cantidad de $638.00 (seiscientos treinta y ocho pesos 00/100 moneda nacional) -en el caso que nos ocupa, debe tomarse en cuenta que los derechos por inscripción versaron respecto de un lote de terreno, por lo cual el monto mínimo es el de $638.00 (seiscientos treinta y ocho pesos 00/100 moneda nacional) ya referido-, al ser la tarifa menor que puede cobrarse por concepto de derecho por inscripción del acto jurídico de enajenación de inmuebles, en términos del mencionado numeral 78, fracción V, de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, cantidad que la Secretaría de Hacienda de la entidad -por conducto de la autoridad que determine o competa deberá devolver la cantidad consagrada por concepto de "Derechos de inscripción al registro público de la propiedad", en el comprobante fiscal digital por internet de fecha veinte de febrero de dos mil quince, en el cual aparece como emisor "GREGORIO ALEJANDRO GÓMEZ MALDONADO", y como receptor "VÍCTOR MANUEL MUÑIZ RAMÍREZ". Resulta oportuno aclarar en este momento, que en términos de la antes citada jurisprudencia número 2a/J. 29/2012 (10a), de la Segunda Sala del Alto Tribunal, se estima que la cuota fija mínima correcta es la cantidad de $638.00 (seiscientos treinta y ocho pesos 00/100 moneda nacional) -prevista en el artículo 78, fracción V, de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos-, y no la diversa de $64.00 (sesenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional) -contenida en las fracciones VII y VII del artículo 77 de la codificación en cita-, en tanto que esta última obedece a un beneficio racional que va en función del "patrimonio familiar", y, por su parte, la primer cuota de mérito es la específicamente prevista como cantidad mínima en tratándose de derechos por concepto de inscripción de títulos traslativos de dominio, como ocurre en el caso de la hipótesis que señala el precepto declarado inconstitucional en la consideración novena de esta ejecutoria -artículo 77, fracción II, de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos-. Se previene a las responsables que de no cumplir con lo que aquí se ordena, podrán incurrir en la hipótesis que establece el artículo 267, fracción I, de la Ley de la Materia, que dice: "Artículo 267. Se impondrá pena de cinco a diez años de prisión, multa de cien a mil días, en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos a la autoridad que dolosamente: I. Incumpla una sentencia de amparo o no la haga cumplir.". Todo lo anterior, siguiendo los lineamientos establecidos en la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 2007918, de rubro siguiente: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO." Por otra parte, de conformidad con el artículo 192, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se ordena requerir al Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, la Secretaria de Hacienda del Estado de Morelos y al Presidente Municipal de Jiutepec, Morelos, a efecto de que, en su carácter de superiores jerárquicos, ordenen a la Subsecretaría de Ingresos de que se trata y a la Tesorería de dicho municipio, correspondientes, debiendo hacer uso de todos los medios a su alcance, incluso las prevenciones y sanciones que conforme a las disposiciones aplicables puede formular e imponer, respectivamente, para conseguir ese cumplimiento. Apercibiendo a las autoridades responsables, así como a sus superiores jerárquicos, para el caso de desacato a tal requerimiento, se le impondrá a cada uno como medida de apremio, una multa por la cantidad equivalente a CIEN Unidades de Medida y Actualización , en términos de lo dispuesto por el artículo 258 de la Ley de Amparo. Por su contenido jurídico, es aplicable la tesis jurisprudencial I.9o.A. J/3 (10a.), consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 4, Marzo de 2014, Tomo II, página 1380, que a la letra dice: "CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. CONFORME AL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE LA MATERIA, NO BASTA QUE EL SUPERIOR JERÁRQUICO EMITA UN OFICIO EN EL QUE INDIQUE QUE GIRÓ UNA ORDEN A LA AUTORIDAD DIRECTAMENTE OBLIGADA, SINO QUE DEBE DEMOSTRAR HABER HECHO USO DE TODOS LOS MEDIOS A SU ALCANCE, INCLUSO PREVENCIONES Y SANCIONES, PUES DE LO CONTRARIO SE HACE ACREEDOR A LA IMPOSICIÓN DE UNA MULTA Y, EN SU CASO, A LA SEPARACIÓN DEL CARGO Y SU CONSIGNACIÓN ANTE UN JUEZ DE DISTRITO. Dentro de la Ley de Amparo, en particular en su artículo 192, se establecieron mecanismos necesarios para que las ejecutorias en la materia sean puntualmente cumplidas, entre ellos, que el órgano judicial al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable también lo hará respecto del superior jerárquico de aquélla, para que le instruya cumplir con la sentencia, bajo el apercibimiento de que, de no hacerlo, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados en la propia ley, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades que su subordinada. En este sentido, acorde con los criterios que sobre el tema ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no basta que el superior jerárquico emita un oficio en el que indique que giró una orden a la autoridad directamente obligada al cumplimiento del fallo protector, para que se consideren colmadas sus obligaciones en la etapa de ejecución de una sentencia protectora de derechos humanos, sino que debe demostrar haber hecho uso de todos los medios a su alcance, incluso de las prevenciones y sanciones, que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer, a fin de constreñirla al debido cumplimiento de las ejecutorias de amparo, pues de lo contrario se hace acreedor a las sanciones previstas en la propia ley, esto es, la imposición de una multa y, en su caso, a la separación del cargo y su consignación ante un Juez de Distrito." Notifíquese.
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