Haysam Saadalla Wahba Mossad

Expediente 1509/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1509/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
13/09/2023

Partes del expediente

  • Haysam Saadalla Wahba Mossad

Actuaciones

  1. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo, a trece de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de los autos, así como del contenido de la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no manifestó inconformidad respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo en proveído de catorce de agosto de dos mil veintitrés. En consecuencia, con fundamento en los artículos 202 y 205 de la Ley de Amparo, se tiene por consentida la resolución que declara cumplida la ejecutoria de amparo. Por tanto, al no existir actuación alguna por realizar, ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en el precepto 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo definitivo como asunto totalmente concluido. Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que el presente asunto no es de relevancia documental, porque no está en el catálogo de los señalados en su artículo 15. Así mismo, en términos de los artículos 12, 14 y 17, fracción III, inciso a) del Acuerdo General antes citado, toda vez que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa, el expediente relativo es conservable en forma íntegra, por lo que, el mismo será transferido a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran TRES AÑOS de haberse dictado el acuerdo de asunto concluido, término que se computara a partir de que surta efectos la notificación de tal declaratoria. Hágase constar lo anterior en la carátula respectiva, en términos del diverso artículo 34. Por último, realícense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.

  2. Principal

    TODA VEZ QUE DE LA RAZÓN ACTUARIAL QUE ANTECEDE SE ADVIERTE QUE LA PARTE QUEJOSA, NO COMPARECIÓ A LAS INSTALACIONES DE ESTE JUZGADO FEDERAL A NOTIFICARSE DEL PROVEIDO DE 31 DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS, DICTADO EN EL JUICIO EN EL QUE SE ACTÚA; EN CONSECUENCIA, SE PROCEDE A NOTIFICARLE EL REFERIDO PROVEÍDO A DICHA PARTE POR MEDIO DE LISTA, EL CUAL ENUNCIA: " lo procedente es sobreseer en la presente instancia constitucional, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia. Ante el sobreseimiento decretado, este órgano jurisdiccional se encuentra legalmente impedido para estudiar los conceptos de violación, pues el sentido de este fallo imposibilita el análisis de las cuestiones del fondo del asunto. Notifíquese personalmente". NOTIFÍQUESE

  3. Principal

    Visto el escrito que antecede, se tiene a ********************, en representación de ********************, de nacionalidad ********************, promoviendo demanda de amparo contra actos que reclaman del Subrepresentante Federal del Instituto Nacional de Migración, en la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y otra autoridad. Fórmese expediente y regístrese con el número ********************/2023-II, del índice de este juzgado federal; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente -S.I.S.E-. SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO. Con fundamento en los artículos 15, 125, 126, 127, fracción II, 162 y 164, de la Ley de Amparo, se concede a ********************, la suspensión de oficio y de plano de los actos reclamados: "1) La ilegal e inconstitucional "acta rechazo" para ingresar a Territorio Nacional en contra del quejoso: ******************** de nacionalidad ********************. 2) La ilegal e inconstitucional privación de la libertad del quejoso: ******************** por más de 36 horas. 3) La ilegal e inconstitucional incomunicación del quejoso ******************** a quien no le permiten comunicarse con sus abogados ni sus familiares. 4) La ilegal e inconstitucional falta de suministro de alimentos en contra de ******************** quien se queja de que las autoridades responsables se han abstenido de proporcionarle alimentos suficientes desde que fue privado de la libertad, ya que únicamente le dan de comer una vez al día. 5) La ilegal e inconstitucional situación de falta de higiene y hacinamiento en la que tienen privado de su libertad al quejoso ******************** por más de 36 horas. 6) La ilegal e inconstitucional retención de sus documentos." En atención a la naturaleza de los actos reclamados, este órgano de control constitucional concede la suspensión de oficio y/o plano, para los términos siguientes: Que el quejoso quede a disposición de la autoridad migratoria correspondiente para que se continúe con el procedimiento respectivo, tomando en consideración lo previsto en el capítulo VI "De los Derechos de los Alojados en las Estaciones Migratorios" de la Ley de Migración. Mientras el quejoso este alojado en la estancia migratoria, se le garanticen los derechos que la legislación de dicha materia prevé en su artículo 109, los que, de manera enunciativa más no limitativa, son: se le facilite un traductor o intérprete, en caso de que no hable o no entienda el idioma español; acceda a comunicación telefónica; reciba los alimentos y artículos de aseo necesarios, así como medicamentos en caso de ser necesarios; pueda ser visitado por su representante; y, todas aquellas acciones que tengan como fin conservar la dignidad, vida e integridad física del quejoso. Sirve de apoyo a lo precedente, por analogía, la jurisprudencia P./J. 80/2007, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 15, del Tomo XXVI, correspondiente al mes de diciembre de dos mil siete, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Administrativa, con número de registro 170578, de rubro: "SUSPENSIÓN DE OFICIO. PROCEDE DECRETARLA DE PLANO CONTRA LA EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS ORDENADA POR UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA CON FUNDAMENTO EN LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN.". Se precisa y reitera que, en términos de los artículos 150 y 163 de la Ley de Amparo, el efecto de esta medida cautelar no impide la continuación del procedimiento de donde emana el acto reclamado y su finalidad, pues éste es de orden público y no es susceptible de suspenderse, por lo tanto, la medida suspensional no incide sobre los actos que dan por concluida la medida privativa de libertad, como puede ser su extinción o terminación por las causas legales, ni sobre los diversos actos que le son coetáneos, como la resolución migratoria o la puesta en libertad del quejoso. Con fundamento en el artículo 160 de la Ley de Amparo, dado que la suspensión tiene por objeto de que no se ejecute la deportación, para efectos de operatividad de la medida cautelar decretada en favor de ********************, el quejoso queda a disposición de este órgano de control constitucional por lo que hace a su libertad personal, en el lugar en que actualmente se encuentra privado de su libertad y a disposición de la autoridad responsable, para que, de ser procedente, se continúe con el respectivo procedimiento migratorio. No obstante, de conformidad con los citados preceptos, la suspensión decretada no tiene el alcance jurídico para otorgar la libertad deambulatoria al quejoso, puesto que, en su caso y previa ratificación del ocurso inicial, así como de constatar el motivo por el que se encuentra privado de su libertad, dicha situación será valorada en el momento procesal oportuno. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 80/2007 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 15, del Tomo XXVI, correspondiente al mes de diciembre de dos mil siete, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Administrativa, con número de registro 170578, de rubro: "SUSPENSIÓN DE OFICIO. PROCEDE DECRETARLA DE PLANO CONTRA LA EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS ORDENADA POR UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA CON FUNDAMENTO EN LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN." En la inteligencia que queda bajo la más estricta responsabilidad de las autoridades responsables las medidas que adopten a fin de que el quejoso reciba, de presentar algún padecimiento, la atención médica adecuada bajo las circunstancias del caso concreto. Asimismo, las autoridades responsables deberán adoptar las medidas que estimen necesarias a fin de que salvaguarden en todo momento el orden público y seguridad del sitio donde se encuentra el quejoso, sólo en el caso de que se estuviera en presencia de situaciones de hecho y de derecho ajenas a aquellas que fueron proporcionadas por el promovente en su escrito de demanda. Es decir, si las autoridades responsables contaran con información distinta a la proporcionada por el promovente, que revelara algún grado de peligrosidad del quejoso, en ese sentido deberán adoptar las medidas necesarias a fin de que se proteja tanto la integridad de los agraviados, como el orden público y seguridad del sitio en el que deban ser resguardados. Lo anterior, no implica que las autoridades responsables, de considerarlo pertinente, determinen si el justiciable reúne los requisitos establecidos en la norma migratoria para su legal estadía en el país, por lo que el procedimiento respectivo debe continuar. SE REQUIERE INFORME RELATIVO A LA SUSPENSIÓN DE PLANO. Ante ello, de acuerdo con los artículos 143 y 154 de la ley de la materia, requiérase a la(s) autoridad(es) responsable(s) para que, en el plazo de veinticuatro horas, contado a partir de la notificación de este acuerdo, informe(n) y remita(n) fotocopia certificada de las constancias idóneas con las que acrediten el cumplimiento a esta medida cautelar. Apercibida (s) de que, en caso de ser omisa, o bien, de no manifestar oportunamente el impedimento legal que le asista, la persona física que ocupe el cargo de la autoridad requerida, se hará acreedora a las sanciones previstas en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo. Asimismo, se le hace saber que el informe de cumplimiento a la suspensión de oficio y de plano decretada en este auto, es distinto al informe justificado que en su momento pudiera llegar a requerirse. EXHORTO Ahora bien, toda vez que el quejoso se encuentra detenido en la Estación Migratoria Provisional de la Terminal 1, del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Benito Juárez, conocida como "la Burbuja" con domicilio en Av. Capitán Carlos León S/N, México (Lic. Benito Juárez), Venustiano Carranza, C.P. 15620 de la Ciudad de México; con fundamento en los artículos 297 fracción II, 298, 299 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, ENVÍESE EXHORTO AL JUZGADO OCTAVO DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO, para que, en auxilio de las labores de este juzgado, comisione a un actuario judicial de su adscripción para que se constituya en las instalaciones de la Estación Migratoria Provisional de la Terminal 1, del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Benito Juárez, conocida como "la Burbuja"; a fin de que, efectúe lo siguiente: Realice la entrega de los oficios (anexo) que contienen la medida cautelar concedida de plano para su cumplimiento efectivo por parte de las autoridades responsables, a quienes se encuentran dirigidos estos y les requiera informen la situación jurídica que actualmente guardan el quejoso, en relación con su libertad personal; Se constituya en las instalaciones de la Estación Migratoria Provisional de la Terminal 1, del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Benito Juárez, conocida como "la Burbuja", con el objeto de que: Localice al quejoso y en dicho acto, de fe de la integridad física de aquel y condiciones en las que se encuentra y en su caso constate si aquel habla o no el idioma español. Por otra parte, se concede al juzgado exhortado amplias facultades legales a efecto de que tome las medidas necesarias para que la comunicación oficial en que se actúa sea devuelta debidamente diligenciada; asimismo, habilita al juzgado que conozca de la presente comunicación, días y horas inhábiles para la práctica de la diligencia encomendada. Ahora, considerando que el quejoso ********************, es de nacionalidad ********************, con fundamento en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de garantizar al directo quejoso el acceso efectivo a la justicia, seguridad jurídica y derecho de defensa, este órgano reserva facultad al juez que conozca del presente asunto, atendiendo a la competencia que en líneas siguientes se plateara, para proveer lo relativo a la ratificación y en su caso las prevenciones necesarias, hasta en tanto, aquel resuelva sobre la necesidad o no, de la designación de un intérprete en el idioma que habla el quejoso, a saber, ********************. SE DECLINA COMPETENCIA No obstante lo anterior, de la lectura integral de la demanda de amparo, este órgano jurisdiccional estima que carece de competencia por cuestión de territorio para conocer del asunto. Antecedentes. El promovente del amparo precisa que los actos reclamados se hacen consistir en los siguientes: "1) La ilegal e inconstitucional "acta rechazo" para ingresar a Territorio Nacional en contra del quejoso: ******************** de nacionalidad ********************. 2) La ilegal e inconstitucional privación de la libertad del quejoso: ******************** por más de 36 horas. 3) La ilegal e inconstitucional incomunicación del quejoso ******************** a quien no le permiten comunicarse con sus abogados ni sus familiares. 4) La ilegal e inconstitucional falta de suministro de alimentos en contra de ******************** quien se queja de que las autoridades responsables se han abstenido de proporcionarle alimentos suficientes desde que fue privado de la libertad, ya que únicamente le dan de comer una vez al día. 5) La ilegal e inconstitucional situación de falta de higiene y hacinamiento en la que tienen privado de su libertad al quejoso ******************** por más de 36 horas. 6) La ilegal e inconstitucional retención de sus documentos." Al respecto, bajo protesta de decir verdad el promovente del amparo expuso que el quejoso ********************, se encuentra detenido en las instalaciones de la Estación Migratoria Provisional de la Terminal 1, de Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Benito Juárez, conocida como "la Burbuja".. RAZONES DE LA INCOMPETENCIA. La competencia constituye un presupuesto procesal cuya resolución reviste la mayor importancia, debido a que define, qué juez es el competente, la naturaleza del negocio y las leyes aplicables para su tramitación y resolución, dado que de examinarse hasta la revisión y resultar cierta la violación, implicaría la reposición de todo el procedimiento, conforme al artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo, con el propósito de que el Juez haga el planteamiento de incompetencia correspondiente. Conviene señalar que para que un Juez tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto, se precisa que, hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento, con preferencia a los demás jueces y tribunales del mismo grado. Las leyes procesales señalan ciertos criterios para determinar la competencia y, normalmente, se habla de competencia por razón de la materia, la cuantía, el grado y el territorio. La Ley de Amparo prevé diversos tipos de competencia: a) Competencia por territorio; b) Competencia por materia; c) Competencia por grado; d) Competencia auxiliar; y, e) Competencia concurrente. De la clasificación anterior que define la competencia de los Tribunales de la Federación, interesa destacar la primera, es decir, la definida por razón de territorio. En relación con lo anterior, es necesario conocer los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 37 de la Ley de Amparo, en los que se prevé lo siguiente: "107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia". "37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". De las normas transcritas se advierten tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito para conocer de juicios de amparo, a saber: Será competente el Juez de Distrito del lugar en que se ejecute, trate de ejecutarse, se esté ejecutando, deba tener ejecución o se haya ejecutado el acto reclamado. Será competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda cuando el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito, o bien, si ha comenzado a ejecutarse en uno y sigue ejecutándose en otro. Será competente el Juez de Distrito ante el que se haya presentado la demanda cuando el acto reclamado no requiera ejecución material. Así las cosas, para fijar la competencia por territorio de los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo es necesario establecer, en primer lugar, si el acto reclamado tiene una ejecución material, es decir, si trae aparejada alguna ejecución. En el caso, los actos impugnados son negativos, pues en ellos las autoridades están alojando al quejoso en la Estación Migratoria Provisional de la Terminal 1, del Aeropuerto de la Ciudad de México, Benito Juárez, conocida como "la Burbuja"; sin embargo, lo cierto es que dichos actos conllevan un principio de ejecución. En efecto, se trata de actos negativos con efectos positivos, pues aunque en apariencia, sólo conllevan un no hacer, una abstención o negativa por parte de la autoridad, en realidad producen consecuencias propias de un acto positivo sobre la esfera de derechos del quejoso e, incluso, sobre su persona. Ahora, aun cuando dicho actuar constituye, en apariencia, un acto de carácter negativo, mientras la autoridad continúe con la negativa que se le combate, se seguirá ejecutando materialmente la afectación a los derechos del quejoso. De esta manera, los actos reclamados conllevan un principio de ejecución, ya que el quejoso se encuentra bajo un procedimiento administrativo en la Estación Migratoria Provisional de la Terminal 1, del Aeropuerto de la Ciudad de México, Benito Juárez, conocida como "la Burbuja", se traduce e implica necesariamente una afectación positiva, en la medida en que tienen efectos que permiten su materialización sobre el quejoso. Una vez precisado lo anterior, debe atenderse a la regla prevista en el artículo 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo, que establece que es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. En el presente caso, la retención del quejoso se realiza en la Ciudad de México, no así en el Estado de Hidalgo; es decir, en la Estación Migratoria Provisional de la Terminal 1, del Aeropuerto de la Ciudad de México, Benito Juárez, conocida como "la Burbuja", lugar que a decir del promovente del amparo se encuentra detenido el quejoso; máxime que las autoridades responsables que señalan también tienen residencia en la Ciudad de México. Así las cosas, como se señaló, debido a que el quejoso se encuentra bajo un procedimiento administrativo en la Estación Migratoria Provisional de la Terminal 1, del Aeropuerto de la Ciudad de México, Benito Juárez, conocida como "la Burbuja", ello conlleva efectos positivos, que se traducen y se concretan en la Ciudad de México, lugar en el cual se encuentra retenido el quejoso. Al respecto resulta aplicable, por analogía, la tesis l. 1o.P. 35 P (10a.), cuyo contenido es del tenor literal siguiente: "COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE DEVOLVER UN INMUEBLE LIBERADO DE ASEGURAMIENTO MINISTERIAL. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERZA JURISDICCIÓN EN EL LUGAR EN EL QUE SE UBIQUE DICHO BIEN, POR SER EL SITIO DONDE SE ESTA EJECUTANDO LA AFECTACIÓN A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL QUEJOSO." CONCLUSIÓN. Por las razones expuestas este Juzgado de Distrito carece de competencia, por razón de territorio, para conocer de la demanda de amparo en cuestión. Con fundamento en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 37 de la Ley de Amparo, en concordancia con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este Juzgado de Distrito con residencia en la Ciudad de México, declina competencia a favor de un JUEZ DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EN TURNO. Se aplica a lo anterior, la tesis IV.1o.A. J/3 A (11a.) del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, Undécima Época, Materia Común, Administrativa, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 21, Enero de 2023, Tomo VI, página 6138, de rubro: "MIGRANTE. CUANDO SE RECLAMA SU DETENCIÓN, LA COMPETENCIA RECAE EN UN JUZGADO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA SI NO EXISTE DATO CIERTO DE SU DEPORTACIÓN NI CAUSA PENAL QUE LA JUSTIFIQUE." Por tanto, remítase el presente expediente, así como el escrito de demanda y anexos, fórmese cuaderno de antecedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y estese en espera de la determinación que adopte el Juez que se considera competente. NOTIFICACION DEL AUTO Como lo solicita se autoriza como domicilio procesal el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación a través del usuario ******************** así como la consulta del expediente electrónico y la realización de notificaciones personales por el mismo medio. De igual forma, toda vez que se encuentran satisfechos los requisitos que regulan el acceso al expediente electrónico, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 36 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se otorgan los permisos correspondientes a la parte actora, a efecto de que pueda consultar el expediente electrónico con el usuario de referencia, así como se le realicen las notificaciones que se ordenen por la misma vía, inclusive las de carácter personal, por lo que se instruye el alta correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, se tiene por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la ley de Amparo, al profesionista ********************, al acreditar contar con el registro de cédula correspondiente en el sistema que se lleva para tal efecto en los Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito y en términos restringidos del citado artículo a las demás personas que señala por carecer de dicho registro. Por otra parte, proporciona el correo electrónico feromeromalpicaabogado@gmail.com, y número telefonico para que se establezca el contacto respectivo, de conformidad con el artículo 2°, fracción XIX, del Acuerdo General 13/2020, circunstancia de la que se toma conocimiento para los efectos que legales que correspondan. Notifíquese y por usuario ********************.

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