Haydee Gabriela Ortiz Bárcenas

Expediente 1439/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1439/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
04/10/2022

Partes del expediente

  • Haydee Gabriela Ortiz Bárcenas

Actuaciones

  1. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo; cuatro de octubre de dos mil veintidós. CAUSA ESTADO DETERMINACIÓN. Vista la certificación de cuenta, y como ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98, en relación con el diverso 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, sin que se haya recurrido el acuerdo través del cual se desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada legislación, se declara que dicho proveído ha causado estado. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y el registro en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. ARCHIVO. Con fundamento en los dispositivos 3, último párrafo y 214 de la Ley de Amparo, ya que el expediente físico coincide fiel e íntegramente con su original, en su oportunidad, archívese el presente sumario como concluido. Con apoyo en lo dispuesto en los artículos 12 y 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente es destruible, al haberse desechado la demanda que le dio origen....M-IV

  2. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo; veinte de septiembre de dos mil veintidós. RADICACIÓN Y EXPEDIENTE. Visto el escrito de demanda presentado por ... y ..., ... y ..., los últimos tres de apellidos ..., contra actos del Tribunal Laboral del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1439/2022-IV-A; asimismo, dese de alta el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)..DESECHAMIENTO. De un análisis integral de la demanda se advierte la actualización de una causa de improcedencia manifiesta e indudable; por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es desecharla de plano. En efecto, el precepto citado es del tenor siguiente: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De lo transcrito se advierte la obligación del juez de distrito de realizar un examen integral de la demanda de amparo, con la finalidad de determinar si el juicio de derechos fundamentales es procedente, pues de lo contrario dicha demanda debe ser desechada, ya que la acción constitucional sólo está reservada para aquellos casos previstos en el numeral 107 de la Ley de Amparo. Además, debe tenerse en cuenta que el diverso 62 del cuerpo de leyes en cita impone la obligación al juzgador de amparo de analizar oficiosamente las causas de improcedencia que advierta, pues estas son de orden público y por ello su estudio es imperativo. No obstante, es necesario aclarar que el desechamiento de la demanda de garantías se encuentra condicionado a que la actualización de la o las causales de improcedencia sea manifiesta e indudable, es decir, que debe ser clara, evidente por sí misma, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio; tal como lo consideró el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, en la jurisprudencia número XVII.2o. J/11, emitida por publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Enero de 1999, página 648, Novena Época, cuyo rubro es: DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA..Precisado lo anterior, se estima que, en el caso, se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia derivada de la interpretación sistemática del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracciones V y VII, ambos de la Ley de Amparo, en virtud de que la resolución reclamada no produce una afectación personal, real y directa en la esfera de derechos del interesado, en virtud de que no tiene el carácter de definitiva, dentro de las actuaciones relacionadas con el procedimiento iniciado a fin de resolver qué autoridad es competente para conocer de la acción familiar de origen. A fin de explicar tal conclusión, a continuación, se reproducen las porciones normativas invocadas: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.] VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento del asunto. [.]. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 239/2014, emitió criterio en relación con la interpretación del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, determinando que el juicio de amparo biinstancial es procedente contra de los actos de autoridad que determinen declinar o inhibir la competencia o el conocimiento de un asunto, siempre que sean definitivos, ya que es hasta ese momento procesal cuando se produce una afectación personal, real y directa al gobernado. En dicha ejecutoria el Pleno del Máximo Tribunal refirió: En efecto, este Alto Tribunal considera que la norma en cuestión, no podría interpretarse literalmente y aseverar, como se dijo, que por el sólo hecho de que el legislador omitió hacer mayor precisión al respecto, el juicio de amparo procederá siempre e indefectiblemente cuando se reclamen actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, soslayando para ello los principios rectores del juicio de amparo constitucional y legalmente previstos, entre los que destacan, que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y que el mismo cumpla con el principio de definitividad, pues de interpretarla de esa manera, se podrían desencadenar consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y se contravendría la regularidad constitucional que busca preservar dicho medio extraordinario de defensa. [.] En ese contexto, al no ser posible acudir a la interpretación gramatical de la norma, por las razones dadas; entonces, el método para definir el alcance que debe dársele al artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo vigente, en relación con la procedencia del juicio de amparo contra actos de autoridad en los que se determine declinar o inhibir la competencia, no puede ser otro que el que sea más acorde con los principios fundamentales previstos en la Constitución Federal y que rigen al juicio de amparo. Esto, pues no puede pasarse por alto que en el artículo 107 constitucional están instituidas las bases que deben reglamentarse en la legislación secundaria para la procedencia del juicio de amparo indirecto, encomendándose al Congreso de la Unión la obligación de desarrollar con toda precisión en la ley secundaria las instituciones y principios constitucionales que rigen el amparo, con la única condición, como se dijo, de mantener intactos sus principios y fines, es decir, sí puede desarrollarlos y ampliar su contenido, pero siempre que ese ulterior desarrollo o ampliación no pugne con el espíritu constitucional que los creó. En tal virtud, si el legislador al crear la fracción VIII del artículo 107 de la Ley de Amparo, únicamente introdujo como hipótesis de procedencia del juicio de amparo indirecto: ... Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, sin hacer mayores especificaciones al respecto; luego, es necesario acudir, como se dijo, a la aplicación del principio de interpretación de la ley conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al Texto Supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico. Así, considerando que en la Constitución Federal se clasificaron las reglas establecidas para regular la procedencia del juicio biinstancial en contra de actos dictados en un juicio o en un procedimiento, según su carácter sustantivo y material, en oposición a su carácter adjetivo y formal, a que produzcan una afectación real y actual a la esfera jurídica del gobernado y que dicho acto goce de definitividad, en congruencia con el principio de concentración de violaciones procesales antes mencionado previsto en la Ley de Amparo; entonces, es de colegirse que por más que en la fracción VIII del artículo 107 de la Ley de Amparo, de manera destacada el legislador introdujo la posibilidad de combatir actos de autoridad en los que se determine inhibir o declinar la competencia, ello no significa, de facto, que el juicio de amparo resulte procedente, pues antes debe superar un test de procedibilidad establecido no sólo en el artículo 107 de la Ley de Constitución Política de este país, sino en diversas disposiciones constitucionales y reglamentarias. Situados en la parte en la que debe definirse si el acto de que se trata produce una afectación real, actual y de manera inmediata en la esfera jurídica del gobernado, debe constatarse si dicho acto es definitivo. [.] De lo anterior, se desprende que ya sea que una autoridad o tribunal se declare incompetente para conocer de un determinado asunto, o bien, que ello sea consecuencia de la formulación de una cuestión competencial, como las referidas, en cualquier caso existe un trámite que debe llevarse a cabo dentro del procedimiento o juicio e incluso, existen medios de defensa ordinarios que deben agotarse (cuando estén previstos), y no será hasta que la primera de las condiciones se actualice o, en su caso, se interpongan y se resuelvan los recursos correspondientes cuando podrá considerarse que el acto de que se trata es definitivo y, por ende, ponderar si produce una afectación personal, real y directa en la esfera de derechos del interesado, lo que se actualizará, en el caso a examen, hasta que la autoridad a favor de la cual se declina competencia, la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando el órgano requerido se inhibe en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria). [.] Ello, pues como se vio, en una cuestión de competencia están involucradas al menos dos autoridades, y cada una de ellas puede determinar si acepta o rechaza la competencia que le fue planteada por la otra; y el hecho de que el numeral en examen expresamente no lo determine así, no significa que sea posible impugnar cada una de las decisiones que las autoridades van tomando en el trámite de esas cuestiones, porque ello implicaría asumir una interpretación que no es congruente con los principios rectores del juicio de amparo contenidos en la Carta Magna, ni así tampoco con uno de los fines que previó el legislador en la reforma en materia de amparo, que tiene que ver, precisamente, con la necesidad de no obstaculizar el desarrollo de los procedimientos ordinarios. Así, cuando una de las partes en un procedimiento ordinario tiene la pretensión de que sea una determinada autoridad u órgano jurisdiccional el que conozca del asunto, y no otra, la afectación se produce cuando la autoridad correspondiente llega a la determinación de que es competente y acepta la competencia declinada, o bien, acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto. Esto es, en la cuestión de competencia por declinatoria, cuando la autoridad correspondiente considera que, efectivamente, no es competente, emitirá una declaratoria. Y en el caso de la inhibitoria, si la autoridad o tribunal que no está conociendo del asunto estima que sí es competente, solicitará a la que conozca de aquel que se inhiba. No obstante, la declaratoria o la solicitud en uno u otro caso, no constituyen aún determinaciones susceptibles de impugnarse a través del juicio de amparo indirecto, ya que ello se estaría supeditando a un acto cuya afectación no se ha materializado, porque las decisiones mediante las cuales una autoridad declina competencia a favor de otra, o requiere a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto, no tiene como consecuencia forzosa la aceptación de la competencia, sea por declinatoria o inhibitoria, porque bien podría darse el caso de que se rechace aquélla y será hasta en ese momento cuando se produzca una afectación personal y directa a la esfera de derechos del gobernado. En conclusión, será hasta ese momento cuando la incidencia en los derechos de los gobernados cobre una especial relevancia, con independencia de que la incompetencia sea por razón de la vía, del fuero, de la materia o del territorio, ya que si bien alguna de ellas podría traer como consecuencia que un procedimiento o juicio se tramite no sólo por una autoridad incompetente sino con base en reglas distintas a las del fuero al que originalmente corresponde; la afectación personal y directa que representa una cuestión competencial, en los términos indicados, se produce precisamente cuando tales actos en los que se determinen declinar o inhibir la competencia o el conocimiento de un asunto, sean aquellos en los que la autoridad a favor de la cual se declina competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando el órgano requerido se inhibe en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria) y no antes." Como se observa, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, actuando en Pleno, precisó que la competencia se entiende como el conjunto de facultades que la ley otorga a una autoridad para actuar en un determinado sentido. Esto es, es un presupuesto de validez de todo acto, procedimiento o juicio, ya que se trata de una condición necesaria para que se pueda desarrollar un procedimiento o un proceso judicial, caso en el cual, la autoridad tiene la obligación de comprobar que está facultada para resolver un determinado conflicto de intereses y, de no ser así, debe declararse de oficio incompetente. Aunque, adicionalmente las partes tienen la facultad para cuestionar la competencia de una autoridad administrativa o jurisdiccional. Explicó que, si bien existen dos formas de cuestionar la competencia en un proceso administrativo o jurisdiccional, ambas tienen la misma finalidad, esto es, precisar qué órgano es el facultado para conocer de un determinado asunto, siguen procedimientos distintos: (a) la declinatoria se plantea ante la autoridad que está conociendo del asunto, solicitando que se abstenga de conocer de éste y envíe el expediente correspondiente a la que se considera competente. Por otro lado, (b) la inhibitoria se plantea ante la autoridad que no está conociendo del asunto, pero que se estima competente, solicitándole que, mediante oficio, se dirija a la autoridad que está conociendo del asunto, pero que se estima incompetente, con el objeto de que se inhiba en su conocimiento, y remita los autos correspondientes. No obstante, también refirió que, en ambos supuestos, se pueden dar diversos resultados, dependiendo de los cuales, se determinará la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, siendo éstos los siguientes: 1. Si la autoridad o tribunal ante el cual se planteó la declinatoria se declara incompetente, debe remitir los autos a la autoridad o tribunal que considere que lo es; sin embargo, esta última puede aceptar la competencia declinada o rechazarla. Si se da lo primero, se avocará al conocimiento del asunto. Si se da lo segundo, regresará el asunto a la autoridad declinante para que ella siga conociendo del mismo o iniciar el conflicto competencial a fin de que se decida qué autoridad conocerá del asunto de origen. 2. Por otro lado, en la cuestión de competencia por inhibitoria, si la autoridad o tribunal ante el cual se planteó considera que es competente, dirigirá un oficio a la autoridad o tribunal que esté conociendo del asunto, solicitándole que se abstenga de ello y remita los expedientes del caso; sin embargo, esta autoridad o tribunal también puede aceptar o rechazar inhibirse en el conocimiento respectivo. Si acepta, remitirá los autos a la primera. Si rechaza la inhibitoria, entonces continuará conociendo del asunto. Como se ve, para que sea procedente el juicio amparo indirecto, tratándose de cuestiones de competencia, no basta con que una autoridad la decline, o bien, pida a otra que se inhiba en el conocimiento de algún asunto; sino que, la afectación que produzca tal determinación debe ser definitiva. Cabe precisar que se tratará de un acto definitivo la determinación en que el órgano al que se declinó la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria); o bien, aquella en el que la autoridad acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), pues sería hasta entonces cuando se producen todas las consecuencias del acto reclamado y, por tanto, se ha causado una afectación personal y directa a la esfera de la parte interesada. De tal ejecutoria derivó la jurisprudencia P./J. 17/2015, visible en la página 5, del Libro 21, Agosto de 2015, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que es del siguiente tenor: AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Aunque en la porción normativa indicada el legislador introdujo expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aquélla no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumpla con el principio de definitividad, pues bajo esa interpretación podrían desencadenarse consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y contravenirse la regularidad constitucional que se busca preservar con dicho medio extraordinario de defensa. En ese sentido, de la interpretación conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al Texto Supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, se concluye que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas." Como se ve, para que sea procedente el juicio de amparo, tratándose de cuestiones de competencia, no basta con que una autoridad la decline, o bien, pida a otra que se inhiba en el conocimiento de algún asunto, sino que la afectación que produzca tal determinación debe ser definitiva; es por ello que, aquellas determinaciones que acontezcan a lo largo de la serie de actos procesales que forman parte del procedimiento de incompetencia que no constituyan la resolución definitiva, se consideran actos que no son de imposible reparación, debido a que no afecta materialmente y de manera actual derechos sustantivos. Lo anterior, conforme a lo establecido en el criterio jurisprudencial P./J. 37/2014 (10a.), sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mismo que puede ser consultado en la página 39, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; de rubro: PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Efectivamente, ese tipo de resoluciones durante el procedimiento competencial (no definitivas) no afectan de manera inmediata al promovente dado que sus efectos se verán reflejados hasta el momento en el que la autoridad jurisdiccional que corresponda, determine si aceptará la competencia declinada en su favor, pues la afectación que, hasta este momento se le provoca, se traduce en aspectos meramente procesales, no así sustantivos; por esas razones, se afirma, no son de imposible reparación. En el caso, los quejosos reclaman el auto de once de agosto del año en curso, emitido en el juicio laboral 947/2022, del índice del Tribunal Laboral del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, en la cual se declaró incompetente para conocer de la demanda presentada por los aquí quejosos, al señalar que era un Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Hidalgo, quien debería conocer de dicho escrito inicial, al haberse demandado prestaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social. Como se observa, en el caso no se actualiza la hipótesis de procedencia del juicio de amparo, ya que la determinación adoptada por el Tribunal Laboral del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, en la que se declaró incompetente no es definitiva. Se asevera de esa forma, porque la determinación en la que el tribunal citado declinó la competencia a favor de un Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Hidalgo, no tiene como consecuencia necesaria que dicha autoridad acepte el conocimiento del asunto. De ahí que, pudiera darse el caso, que el Tribunal Laboral Federal de referencia decida no aceptar la competencia que le fue declinada por su homólogo local. De esta manera, ante la declinatoria realizada a favor del Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Hidalgo, se pueden presentar los siguientes supuestos: a) Que acepte la competencia declinada, y b) Que la rechace. De ocurrir el primer supuesto, se estaría ante la presencia de un nuevo acto; y de rechazarla, podría generarse un conflicto competencial, por lo que, sería lo resuelto en el mismo, lo que, en su caso, constituiría el acto definitivo. Por lo anterior, se estima que la determinación combatida en la presente vía constitucional no puede considerarse como un acto definitivo, pues ello ocurrirá hasta que el Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Hidalgo, determine si acepta el conocimiento del asunto; de ahí que la resolución combatida no ha producido una afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte quejosa que haga procedente el juicio de amparo indirecto, pues únicamente se declaró incompetente para conocer de la demanda laboral instaurada por los aquí quejosos. Así, se tiene que el juicio biinstancial no procede contra una de las resoluciones que recaigan mientras se decide el aspecto de competencia, es decir, qué autoridad conocerá de la demanda promovida, sino sólo respecto de una que sea firme y definitiva, que es la que causa una afectación de imposible reparación, en términos de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, con la que se relaciona la diversa fracción VIII, dada la estrecha vinculación existente entre ambas; de modo que la determinación de la autoridad en la cual declina conocer del asunto no pueda considerarse definitiva hasta en tanto la otra lo acepte, al constituir solamente un aspecto dentro de un procedimiento que lesiona, en todo caso, derechos adjetivos y no afecta material y directamente los derechos de carácter sustantivo de la parte quejosa, pues incluso, de no aceptar esta última esa competencia, podría suscitarse un conflicto que tendría que resolverse, según el ordenamiento aplicable, por una autoridad diversa. Lo anterior, encuentra apoyo en la tesis VII.1o.A.5 K (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 18, Mayo de 2015, Tomo III, página 2105, que es del siguiente tenor: AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LAS RESOLUCIONES QUE RECAIGAN EN EL PROCEDIMIENTO DE INCOMPETENCIA, SI NO SE TRATA DE UNA QUE SEA FIRME Y DEFINITIVA, QUE CAUSE UNA AFECTACIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. Como en una cuestión de competencia participan diversas autoridades y cada una puede emitir resoluciones que determinen inhibirla o declinarla, o bien, aceptar o rechazar el conocimiento del asunto, aun cuando el artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo prevé que el juicio de amparo indirecto procede contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, no es factible que aquél proceda contra cada una de las resoluciones que recaigan mientras se decide dicho aspecto, sino sólo respecto de una que sea firme y definitiva, que es la que causa una afectación de imposible reparación, en términos de la fracción V del precepto referido, con la que ha de relacionarse aquella fracción VIII, dada la estrecha vinculación existente entre ambas; de modo que la determinación de la autoridad en la cual declina conocer del asunto no pueda considerarse definitiva hasta en tanto la otra lo acepte, al constituir solamente un aspecto dentro de un procedimiento que lesiona, en todo caso, derechos adjetivos y no afecta directamente los de carácter sustantivo, pues, incluso, de no aceptar esta última esa competencia, podría suscitarse un conflicto que tendría que resolverse, según el ordenamiento aplicable, por una autoridad diversa. De esta manera, al quedar acreditada de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia contemplada en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción VIII, del propio ordenamiento, interpretado a la luz de la jurisprudencia P./J. 17/2015, procede desechar de plano la demanda presentada por ... y ..., .. y .., los últimos tres de apellidos ... Es importante señalar que la causa de improcedencia invocada es manifiesta porque, como se expuso, se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda. Además, es indudable porque se tiene la certeza y plena convicción de que efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda de amparo y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa. Por ello, se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 113 de la Ley de Amparo, que permite desechar de plano la demanda de amparo indirecto al advertirse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Sirve de apoyo la jurisprudencia I.1o.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890, Tomo VII, Mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. CONTINUIDAD DEL TRABAJO A DISTANCIA O TELETRABAJO. Para preservar la salud de los servidores públicos y usuarios, como regla general el personal de este juzgado continuara´ laborando de manera remota a través de medios electrónicos y solo por excepción lo hará de manera presencial. Esto significa que las partes únicamente tendrán acceso a las instalaciones judiciales cuando ello resulte estrictamente necesario y se haya agendado la cita correspondiente, sobre la base que para la atención al público no se dispone de la plantilla completa del personal. ATENCIÓN DE MANERA PRESENCIAL Y CON PREVIA CITA. La presencia física de las partes únicamente se admitirá: a) cuando el órgano jurisdiccional lo determine genere la cita correspondiente y b) cuando las partes gestionen y obtengan la cita respectiva. EXHORTO A LAS PARTES PARA LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO EN LÍNEA. Para facilitar la pronta resolución del juicio, las partes deben procurar su continuación en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma, antes FIEL), indistintamente, por lo que se les previene para que a la mayor brevedad posible, de no haberlo hecho, formulen la solicitud respectiva. SE EXHORTA A LAS PARTES A MEJORAR LA COMUNICACIÓN PARA FACILITAR EL TRÁMITE DEL JUICIO. Se exhorta a las partes para que soliciten el acceso al expediente electrónico en el presente asunto y que las notificaciones se le practiquen vía electrónica, para lo cual deberán señalar el «nombre de usuario» que al efecto se le proporcione al registrarse en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, acorde a los artículos 16, 17, 18, 35 y 55 del Acuerdo General 12/2020 relacionados con el diverso 22 del Acuerdo General 21/2020. REQUERIMIENTO DE NÚMERO TELEFÓNICO MÓVIL Y CORREO ELECTRÓNICO. Con fundamento en la fracción I del artículo 5 del acuerdo general de referencia, se requiere a las partes para que, dentro del término de tres días, proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico a fin de que personal de este juzgado federal establezca contacto, en caso de ser necesario, en la inteligencia de que, por certeza jurídica, las notificaciones únicamente se practicarán por lista o de manera electrónica, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; sin embargo, en caso de considerarlo necesario, se entablará comunicación no procesal con las partes, cuyo contenido deberá registrarse y de ser necesario incorporarse al expediente previa certificación, en términos de lo dispuesto por el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, por lo que para tal efecto se tomarán en consideración los datos de contacto proporcionados por las partes, para acordar previamente la práctica de notificaciones personales o diligencias, siempre que ello se estime pertinente para el éxito de éstas y la seguridad de quienes intervengan en la misma, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020. PUBLICACIÓN DE LISTAS. Dado que aún no se permitirá la entrada normal de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet, adicionalmente este juzgado remitirá por correo electrónico a la administración las listas a publicar las cuales serán colocadas en la entrada del edificio para consulta de los interesados. LUGAR PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Y AUTORIZADOS. Como lo señaló la parte quejosa, se tiene como lugar para recibir notificaciones, las listas que se publican diariamente en este juzgado, y para los mismos efectos a ... y .... REPRESENTANTE COMÚN. Con fundamento en lo establecido en el artículo 13 de la Ley de Amparo, se designa como representante común de la parte quejosa a .... GLOSA DE PROMOCIONES SIN ACUERDO. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena al secretario que proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente a certificar y agregar a los autos aquellas promociones donde resulte inútil dictar acuerdo. Lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas). HABILITACIÓN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con fundamento en el numeral 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para efectuar las notificaciones que se ordenen realizar en el presente juicio de amparo. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Desde este momento se autoriza la expedición de copias que se soliciten durante el trámite en el presente juicio, con independencia de que en solicitudes ulteriores se autorice a otras personas para recibirlas, distintas de las autorizadas para tales efectos en la demanda de amparo; lo anterior, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2 de la Ley de Amparo. En ese sentido, se hace del conocimiento de las partes que de conformidad con la fracción II, del artículo 6, del Acuerdo General 21/2020 antes citado, éstas o sus representantes y personas autorizadas, según las reglas de las leyes aplicables, podrán generar citas a través del sistema "Agenda OJ", para consultar expedientes, realizar el trámite correspondiente a la obtención de copias, así como desahogar requerimientos o comparecencia que les hayan sido exigidas por el órgano jurisdiccional. Esquema de trabajo que continuará en vigor hasta en tanto se emitan disposiciones generales en contrario o que modifiquen el modelo de atención presencial basado en citas contemplado en el precitado Acuerdo General. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. En atención al principio de economía procesal y, de conformidad con la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, desde este momento se autoriza a las partes para hacer uso de cámaras fotográficas, lectores de láser u otros medios electrónicos, para la reproducción de los acuerdos y resoluciones dictados en el presente sumario....M-IV

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