Haydee Aquino Cervantes

Expediente 260/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 14 actuaciones registradas, la última del 4 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
260/2022
Año
2022
Actuaciones
14
Última actuación
04/11/2022

Partes del expediente

  • Gilberto Arroyo Aquino
  • Haydee Aquino Cervantes

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, cuatro de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese el oficio signado electrónicamente por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, recibido en línea; y en virtud de que dicho oficio cumple con las formalidades que establece el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, provéase lo conducente. En atención a su contenido, téngasele haciendo de conocimiento que causó firmeza el acuerdo de ocho de agosto pasado dictado en el expediente 598/2022 de su índice estadístico, en donde se declaró sin materia el recurso de queja interpuesto por Jorge Luis Reyna Reyes, en su carácter de Director Jurídico de Servicios de Salud de Veracruz, en representación del 2. Secretario de Salud del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa. Sin necesidad de acusar recibo, en virtud de que la autoridad oficiante toma nota de la recepción de la comunicación de que se trata con la constancia que le arroja el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el asunto como totalmente concluido. Comuníquese lo anterior a las partes, para los efectos legales procedentes. Por otra parte, del estado procesal de autos se advierte que mediante proveído de cuatro de agosto del año en curso, este juzgado declaró que causó estado el acuerdo de veintidós de junio hogaño, en donde se decretó el sobreseimiento en este juicio fuera de la audiencia constitucional, y se reservó de proveer lo relativo al archivo, hasta en tanto se resolviera el recurso de queja mencionado en líneas precedentes, lo que en el caso ya aconteció, por lo que, el suscrito acuerda: Con fundamento en el artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General) se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a) del ordenamiento en cita. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en la carátula del expediente, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley.

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, once de agosto de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado electrónicamente por el secretario de acuerdos adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, atento a su contenido, recibido en línea; y en virtud de que cumple con las formalidades que establece el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, provéase lo conducente. En atención a su contenido, se tiene a la Superioridad acusando recibo del oficio 24993, con el que se le remitió el recurso de queja interpuesto en autos en contra del acuerdo de tres de marzo de este año, el cual se radicó con el número de queja 598/2022, e informando que se declaró sin materia dicho medio de impugnación; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. En esa virtud, estese a la espera de que dicho auto de Presidencia cause firmeza, a fin de acordar lo que en derecho corresponde en el presente asunto. Notifíquese en términos de ley.

  3. Principal

    Boca del Río, Veracruz, cuatro de agosto de dos mil veintidós. En atención a la certificación con que se me da cuenta, se obtiene que el doce de julio del presente año feneció el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera interpuesto el recurso de revisión que establece el artículo 81, fracción I, inciso d) de la citada ley, en contra del auto de veintidós de junio del año en curso, por el que se decretó el sobreseimiento en este juicio fuera de la audiencia constitucional. Por tanto, con apoyo en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la mencionada ley, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 2º de la misma Ley de Amparo, SE DECLARA QUE DICHO AUTO HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales correspondientes. Sin que sea obstáculo a la anterior determinación la circunstancia que no obren en autos los acuses de recibo relativos a las autoridades foráneas residentes en la Ciudad de México, y Xalapa, Veracruz, ya que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 87 de la Ley de Amparo, la autoridad responsable carece de legitimación para interponer recurso de revisión, y sólo podrán interponerlo contra la sentencia que afecte directamente el acto que de ellas se hayan reclamado; sin embargo, el presente asunto al haberse sobreseído es evidente que no les afecta y por tal motivo no interpondrán el citado recurso. Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora, de autos se advierte que se encuentra pendiente de remitir a la Superioridad el recurso de queja interpuesto por el Director Jurídico de Servicios de Salud de Veracruz, en representación del Secretario de Salud de Veracruz, con sede en Xalapa, en contra del acuerdo de tres de marzo de la presente anualidad. Sin embargo, atendiendo a lo determinado en el sumario, estos es, que ha causado firmeza el auto que sobreseyó fuera de audiencia en el presente asunto, el suscrito estima razonable a este momento remitir, mediante oficio el mencionado recurso al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito en turno, con residencia en esta ciudad de Boca del Río, Veracruz, al que se adjunta el legajo de copias certificadas que contienen la demanda de amparo, auto recurrido de tres de marzo de dos mil veintidós, del acuerdo en donde se dio trámite a dicho medio de impugnación (informe materia de la queja) del auto de sobreseimiento y del presente acuerdo, así como el escrito original del autorizado de la parte quejosa (registro 6126 anexo al recurso) a través del cual hace diversas manifestaciones que guardan relación con el recurso de queja interpuesto en autos en contra del auto que concedió la suspensión de plano, a fin de que sean tomados en consideración como en derecho proceda por el Tribunal Colegiado que por turno le corresponda conocer del aludido medio de impugnación, para los efectos legales procedentes. En otro aspecto, se reserva de proveer lo relativo al archivo del presente expediente, esto es, en términos de lo previsto en el artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, hasta en tanto se resuelva el recurso de queja en cuestión. Notifíquese en términos de ley.

  4. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veintidós de junio de dos mil veintidós. Del estado procesal de autos, se advierte que Haydee Aquino Cervantes en representación de su menor hijo de iniciales G.A.A., promovió el presente juicio de amparo en contra de los actos del Titular de la Secretaría de Salud Federal, en la Ciudad de México y otras autoridades, de quienes reclamó: En ese contexto, el que suscribe advierte que se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)." El citado numeral establece que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. La cesación de efectos del acto reclamado se actualiza cuando la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación o conducta omisiva, lo que debe entenderse que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho humano violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Por tanto, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Sirve de fundamento, la jurisprudencia: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Ahora bien, de lo dispuesto en los artículos 63, fracción V, y 81, fracción I, inciso d) ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 61 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Para resolver sobre la actualización de la causa de improcedencia que se estima, es oportuno tener como hecho notorio la página oficial de la Secretaría de Salud https://mivacuna.salud.gob.mx, de donde se obtiene que a la fecha, para los menores de cinco años de edad o más, está abierto el registro para ser inoculados con la vacuna contra el virus SARS-Cov2 que causa la enfermedad Covid-19. De ahí que, ya se encuentra disponible el registro para que los menores de edad de cinco años o más, puedan realizar el registro para que sean inoculados con la vacuna contra el virus que causa la enfermedad Covid-19. Lo anterior, con apoyo en los artículos 88, 188 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En efecto, el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles establece que los hechos notorios pueden ser invocados por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por su parte, el diverso numeral 188 del Código Federal de Procedimientos Civiles dispone que para acreditar hechos o circunstancias en relación con el negocio que se ventila, pueden las partes presentar fotografías, escritos o notas taquigráficas, y, en general, toda clase de elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia. Asimismo, el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, reconoce como prueba la información generada o comunicada que conste en medios electrónicos, ópticos o en cualquier otra tecnología. Sirve de fundamento, la tesis de jurisprudencia: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR. Los datos que aparecen en las páginas electrónicas oficiales que los órganos de gobierno utilizan para poner a disposición del público, entre otros servicios, la descripción de sus plazas, el directorio de sus empleados o el estado que guardan sus expedientes, constituyen un hecho notorio que puede invocarse por los tribunales, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; porque la información generada o comunicada por esa vía forma parte del sistema mundial de diseminación y obtención de datos denominada "internet", del cual puede obtenerse, por ejemplo, el nombre de un servidor público, el organigrama de una institución, así como el sentido de sus resoluciones; de ahí que sea válido que los órganos jurisdiccionales invoquen de oficio lo publicado en ese medio para resolver un asunto en particular." Bajo esa tesitura, si se toma en consideración que el directo quejoso de iniciales G.A.A., a la presente fecha cuenta con una edad mayor de seis años (de acuerdo con lo manifestado en la demanda de amparo por su representante legal y que se corrobora con el acta de nacimiento que anexó a aquélla) es evidente que ya se encuentra dentro del parámetro de edad establecido por la política nacional de vacunación para el acceso a la vacuna contra Covid-19; lo que constituye el acto reclamado esencial del presente juicio de amparo. En esa virtud, se estima que las omisiones reclamadas en esta instancia relativas a implementar y dictar las medidas preventivas para llevar a cabo un esquema vacunación a favor de los menores de cinco años o más, a efecto de evitar el contagio causado por el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19, así como la omisión de aplicar dicha vacuna, además de la diversa omisión de garantizar el derecho a la salud y a la vida de la parte quejosa, han cesado en sus efectos, puesto que el menor quejoso, a la fecha en que se emite el presente acuerdo, está en posibilidad de vacunarse contra el virus SARS-CoV-2, previo registro en la página electrónica de internet https://mivacuna.salud.gob.mx/index.php, en la espera de que en el lugar de su residencia, se señale fecha, hora y lugar para llevar a cabo la vacunación correspondiente. Lo cual implica que las autoridades responsables a la fecha han efectuado las gestiones para incluir en el esquema de vacunación a los menores de cinco años o más, a efecto de evitar el contagio causado por el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19, y dotarlos de la posibilidad de que les sea aplicada dicha vacuna a efecto de evitar el contagio y la propagación de citado virus protegiendo la salud, la vida y supervivencia del directo menor quejoso. En consecuencia, como quedó precisado, al haberse actualizado una causa de improcedencia notoria e indudable, es evidente que nada puede impedir el sobreseimiento en el juicio en que se actúa, lo cual cumple con lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley de Amparo, por tanto, es posible hacerlo fuera de audiencia; además, tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tiene aplicación al caso, la tesis de la Segunda Sala del Más Alto Tribunal de Justicia del País, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y una vez que cause estado el presente acuerdo, en su oportunidad, archívese este asunto como concluido. En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para el día de hoy a las nueve horas con diez minutos del veintidós de junio de dos mil veintidós. Notifíquese en términos de ley.

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