Hassen Montes Tlacuilo

Expediente 618/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 7 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
618/2022
Año
2022
Actuaciones
7
Última actuación
31/05/2022

Partes del expediente

  • Hassen Montes Tlacuilo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, treinta y uno de mayo de dos mil veintidós. Del estado procesal que guardan los autos, así como de la certificación de cuenta, se advierte que ninguna de las partes recurrió el auto de sobreseimiento fuera de audiencia de nueve de mayo de dos mil veintidós, dictado en este juicio; con apoyo en los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2º, de la Ley de Amparo, se declara que el referido auto ha causado estado. En consecuencia, dense los avisos de rigor, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. De conformidad con el inciso b) del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el expediente principal en que se actúa es susceptible de DESTRUCCIÓN en el plazo de tres años, ya que se dictó una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. De igual manera, como lo dispone el artículo 35 del Acuerdo General en comento, indíquese la leyenda de la valoración que corresponda en la carátula del expediente y verifíquese que el expediente electrónico generado con la FIREL como el impreso, sea incorporada cada promoción a fin de que coincida en su totalidad. Se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Instrumento de soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda". Se hace la precisión de que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará físicamente al archivo el expediente en que se actúa. Una vez que ocurra lo anterior, comisiónese al Secretario encargado de la mesa, para que revise y certifique si las constancias de autos coinciden con las del expediente electrónico, en términos del artículo 35 del referido Acuerdo General. Finalmente, con fundamento en los artículos 3° de la Ley de Amparo y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el presente proveído se firmará de manera electrónica, debiendo agregarse a las constancias las evidencias criptográficas correspondientes. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Pantoja Salazar, Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, encargado del Despacho de conformidad con el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de la licencia otorgada a la titular de este Juzgado en el punto cuarto del Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de mayo del año en curso, ante Greta Santos Hernández, Secretaria que autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, nueve de mayo de dos mil veintidós. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, se tiene por recibido el oficio de los Magistrados Presidente y Representante del Estado, del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, a través del cual rinden su informe justificado y designan delegados. Atento a lo anterior, se tiene a las autoridades responsables, rindiendo su informe justificado, de conformidad con el artículo 117 de la ley de la materia. Con fundamento en el artículo 119, de la Ley de Amparo, se tiene a las autoridades responsables ofreciendo la constancia que acompañan a su informe justificado. Asimismo, con fundamento en el artículo 9, de la Ley de amparo, se les tiene designando como delegados a las personas que mencionan en el oficio de cuenta. Ahora, de las copias certificadas que remitió la autoridad responsable en cita -las que adquieren valor probatorio pleno, de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2°-, se advierte que por auto de veinte de abril de dos mil veintidós el Tribunal responsable radicó la demanda presentada el diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno, por Hassen Montes Tlacuilo, asignándole el número de juicio laboral D-805/2021, la admitió a trámite sólo por cuanto hace al demandado Ayuntamiento de Santa Clara Ocoyucan, Puebla y, ordenó girar exhorto a la Jueza de Exhortos de la Zona Metropolitana del Poder Judicial del Estado, a efecto de que proceda a emplazar a la parte demandada. De lo antes narrado, este órgano jurisdiccional advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, conforme a los razonamientos que a continuación se exponen: Primeramente, conviene destacar que el precepto legal invocado, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del citado ordenamiento se infiere que para efectos del juicio de amparo, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presenta en el momento en que la autoridad responsable revoca el acto que la parte quejosa señaló como reclamado, o bien, cuando crea o constituye una situación jurídica que destruye la que dio motivo a la promoción del juicio de amparo, de tal manera que por esa nueva situación se restituya a la parte quejosa en el goce del derecho violado. Además, para que tal causa de improcedencia del juicio de amparo se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto tildado de inconstitucional no hubiere vulnerado la esfera jurídica del particular. Del análisis integral de la demanda se advierte que la parte quejosa reclama la omisión de dictar auto de inicio respecto de la demanda presentada el diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno, en la oficialía común del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, a la cual se le asignó el número de expediente D-805/2021. Consecuentemente, el Tribunal responsable por auto de veinte de abril de dos mil veintidós radicó la demanda presentada el diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno, por Hassen Montes Tlacuilo -aquí quejoso- asignándole el número de juicio laboral D-805/2021, la admitió a trámite sólo por cuanto hace al demandado Ayuntamiento de Santa Clara Ocoyucan, Puebla y, ordenó girar exhorto a la Jueza de Exhortos de la Zona Metropolitana del Poder Judicial del Estado, a efecto de que proceda a emplazar a la parte demandada; lo que se acredita con las constancias remitidas por la autoridad responsable. Como puede verse, a juicio de este órgano jurisdiccional, se estima que cesaron los efectos del acto reclamado. Esto es así, porque el veintidós de marzo de dos mil veintidós el quejoso promovió el presente juicio de amparo para reclamar a los Magistrados que integran el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, la omisión de dictar auto de inicio respecto de la demanda presentada el diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno, en la oficialía común del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, a la cual se le asignó el número de expediente D-805/2021. Sin embargo, como se precisó en párrafos precedentes el Tribunal responsable, el veinte de abril de dos mil veintidós radicó la demanda presentada el diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno, por Hassen Montes Tlacuilo -aquí quejoso- asignándole el número de juicio laboral D-805/2021, la admitió a trámite sólo por cuanto hace al demandado Ayuntamiento de Santa Clara Ocoyucan, Puebla y, ordenó girar exhorto a la Jueza de Exhortos de la Zona Metropolitana del Poder Judicial del Estado, a efecto de que proceda a emplazar a la parte demandada. Sobre esa base, aun cuando al promoverse la demanda de amparo -veintidós de marzo de dos mil veintidós- existía la omisión de dictar auto de inicio respecto de la demanda presentada el diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno, en la oficialía común del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, a la cual se le asignó el número de expediente D-805/2021, lo cierto es que, con posterioridad - veinte de abril de dos mil veintidós - el Tribunal responsable emitió auto de inicio en los términos antes precisados; es claro que la presente acción constitucional se torna improcedente, ya que con la actuación destacada se produjo una situación idéntica a la que obtendría el quejoso con una eventual sentencia concesoria de amparo. Por tanto, si la circunstancia aquí apuntada sobrevino después de la presentación de la demanda de amparo (veintidós de marzo de dos mil veintidós), es inconcuso que en el presente caso han cesado los efectos del acto reclamado pues las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la presunta violación constitucional; es decir, como si la omisión no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional. Norma el criterio, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, junio de 1999, de rubro siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Asimismo, es aplicable la jurisprudencia 2a/J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, del Semanario judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, marzo de 2003, del rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." En tales condiciones, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 del citado ordenamiento legal. Lo anterior a efecto de no retrasar la impartición de la justicia pronta y expedita, en contravención con lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que promulga dichos principios, pues de continuar con el juicio de amparo en que se actúa, celebrar la audiencia constitucional y dictar el sobreseimiento relativo en ella, resultaría ocioso y atentatorio de dichos principios que prevé esa norma fundamental contrariándose con ello el espíritu del artículo 93, fracción IV, de la ley de la materia, cuando en tal caso se deben de evidenciar supuestos de mayor entidad como serían que no se surta la causa de improcedencia invocada, lo cual en la especie sí acontece; o que existan datos que hagan desaparecer la referida causal, lo cual no se demuestra; entre tanto, el sobreseimiento decretado más bien, como se señaló, es acorde a los principios fundamentales establecidos en el citado artículo 17 constitucional. Ahora, la causa por la que se sobresee en el presente juicio, de ningún modo transgrede los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni pugnan el principio pro homine, previsto en el reformado artículo 1° de la misma, ni con lo establecido en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que esencialmente protege el derecho al acceso efectivo a la justicia; lo anterior, toda vez que dicho principio, consiste en aplicar la institución jurídica más benéfica para la persona, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 56/2014, emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, de veintitrés de mayo de dos mil catorce, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo II, de rubro siguiente: "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL." Por lo tanto, se deja sin efecto la fecha de la audiencia constitucional que se encontraba señalada a las nueve horas con treinta y nueve minutos del trece de mayo de dos mil veintidós. Háganse las anotaciones correspondientes, en el libro de gobierno y el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, con fundamento en los artículos 3° de la Ley de Amparo y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el presente proveído se firmará de manera electrónica, debiendo agregarse a las constancias las evidencias criptográficas correspondientes. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma María Guadalupe Cruz Arellano, Juez Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante Greta Santos Hernández, Secretaria que autoriza. Doy fe.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, nueve de mayo de dos mil veintidós. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, se tiene por recibido el oficio de los Magistrados Presidente y Representante del Estado, del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, a través del cual rinden su informe justificado y designan delegados. Atento a lo anterior, se tiene a las autoridades responsables, rindiendo su informe justificado, de conformidad con el artículo 117 de la ley de la materia. Con fundamento en el artículo 119, de la Ley de Amparo, se tiene a las autoridades responsables ofreciendo la constancia que acompañan a su informe justificado. Asimismo, con fundamento en el artículo 9, de la Ley de amparo, se les tiene designando como delegados a las personas que mencionan en el oficio de cuenta. Ahora, de las copias certificadas que remitió la autoridad responsable en cita -las que adquieren valor probatorio pleno, de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2°-, se advierte que por auto de veinte de abril de dos mil veintidós el Tribunal responsable radicó la demanda presentada el diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno, por Hassen Montes Tlacuilo, asignándole el número de juicio laboral D-805/2021, la admitió a trámite sólo por cuanto hace al demandado Ayuntamiento de Santa Clara Ocoyucan, Puebla y, ordenó girar exhorto a la Jueza de Exhortos de la Zona Metropolitana del Poder Judicial del Estado, a efecto de que proceda a emplazar a la parte demandada. De lo antes narrado, este órgano jurisdiccional advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, conforme a los razonamientos que a continuación se exponen: Primeramente, conviene destacar que el precepto legal invocado, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del citado ordenamiento se infiere que para efectos del juicio de amparo, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presenta en el momento en que la autoridad responsable revoca el acto que la parte quejosa señaló como reclamado, o bien, cuando crea o constituye una situación jurídica que destruye la que dio motivo a la promoción del juicio de amparo, de tal manera que por esa nueva situación se restituya a la parte quejosa en el goce del derecho violado. Además, para que tal causa de improcedencia del juicio de amparo se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto tildado de inconstitucional no hubiere vulnerado la esfera jurídica del particular. Del análisis integral de la demanda se advierte que la parte quejosa reclama la omisión de dictar auto de inicio respecto de la demanda presentada el diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno, en la oficialía común del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, a la cual se le asignó el número de expediente D-805/2021. Consecuentemente, el Tribunal responsable por auto de veinte de abril de dos mil veintidós radicó la demanda presentada el diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno, por Hassen Montes Tlacuilo -aquí quejoso- asignándole el número de juicio laboral D-805/2021, la admitió a trámite sólo por cuanto hace al demandado Ayuntamiento de Santa Clara Ocoyucan, Puebla y, ordenó girar exhorto a la Jueza de Exhortos de la Zona Metropolitana del Poder Judicial del Estado, a efecto de que proceda a emplazar a la parte demandada; lo que se acredita con las constancias remitidas por la autoridad responsable. Como puede verse, a juicio de este órgano jurisdiccional, se estima que cesaron los efectos del acto reclamado. Esto es así, porque el veintidós de marzo de dos mil veintidós el quejoso promovió el presente juicio de amparo para reclamar a los Magistrados que integran el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, la omisión de dictar auto de inicio respecto de la demanda presentada el diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno, en la oficialía común del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, a la cual se le asignó el número de expediente D-805/2021. Sin embargo, como se precisó en párrafos precedentes el Tribunal responsable, el veinte de abril de dos mil veintidós radicó la demanda presentada el diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno, por Hassen Montes Tlacuilo -aquí quejoso- asignándole el número de juicio laboral D-805/2021, la admitió a trámite sólo por cuanto hace al demandado Ayuntamiento de Santa Clara Ocoyucan, Puebla y, ordenó girar exhorto a la Jueza de Exhortos de la Zona Metropolitana del Poder Judicial del Estado, a efecto de que proceda a emplazar a la parte demandada. Sobre esa base, aun cuando al promoverse la demanda de amparo -veintidós de marzo de dos mil veintidós- existía la omisión de dictar auto de inicio respecto de la demanda presentada el diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno, en la oficialía común del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, a la cual se le asignó el número de expediente D-805/2021, lo cierto es que, con posterioridad - veinte de abril de dos mil veintidós - el Tribunal responsable emitió auto de inicio en los términos antes precisados; es claro que la presente acción constitucional se torna improcedente, ya que con la actuación destacada se produjo una situación idéntica a la que obtendría el quejoso con una eventual sentencia concesoria de amparo. Por tanto, si la circunstancia aquí apuntada sobrevino después de la presentación de la demanda de amparo (veintidós de marzo de dos mil veintidós), es inconcuso que en el presente caso han cesado los efectos del acto reclamado pues las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la presunta violación constitucional; es decir, como si la omisión no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional. Norma el criterio, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, junio de 1999, de rubro siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Asimismo, es aplicable la jurisprudencia 2a/J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, del Semanario judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, marzo de 2003, del rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." En tales condiciones, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 del citado ordenamiento legal. Lo anterior a efecto de no retrasar la impartición de la justicia pronta y expedita, en contravención con lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que promulga dichos principios, pues de continuar con el juicio de amparo en que se actúa, celebrar la audiencia constitucional y dictar el sobreseimiento relativo en ella, resultaría ocioso y atentatorio de dichos principios que prevé esa norma fundamental contrariándose con ello el espíritu del artículo 93, fracción IV, de la ley de la materia, cuando en tal caso se deben de evidenciar supuestos de mayor entidad como serían que no se surta la causa de improcedencia invocada, lo cual en la especie sí acontece; o que existan datos que hagan desaparecer la referida causal, lo cual no se demuestra; entre tanto, el sobreseimiento decretado más bien, como se señaló, es acorde a los principios fundamentales establecidos en el citado artículo 17 constitucional. Ahora, la causa por la que se sobresee en el presente juicio, de ningún modo transgrede los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni pugnan el principio pro homine, previsto en el reformado artículo 1° de la misma, ni con lo establecido en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que esencialmente protege el derecho al acceso efectivo a la justicia; lo anterior, toda vez que dicho principio, consiste en aplicar la institución jurídica más benéfica para la persona, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 56/2014, emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, de veintitrés de mayo de dos mil catorce, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo II, de rubro siguiente: "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL." Por lo tanto, se deja sin efecto la fecha de la audiencia constitucional que se encontraba señalada a las nueve horas con treinta y nueve minutos del trece de mayo de dos mil veintidós. Háganse las anotaciones correspondientes, en el libro de gobierno y el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, con fundamento en los artículos 3° de la Ley de Amparo y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el presente proveído se firmará de manera electrónica, debiendo agregarse a las constancias las evidencias criptográficas correspondientes.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, once de abril de dos mil veintidós. De la certificación de cuenta se advierte que ninguna de las partes recurrió la sentencia dictada en este juicio; por tanto, con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2º de la Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia ha causado ejecutoria. Ahora bien, de los efectos del fallo protector se advierte que se concedieron para que el Secretario de Salud Federal, por sí o por conducto de quien corresponda, en razón de sus funciones y competencia, realice lo siguiente: ".1. Garantice el respeto al derecho a la salud de la parte quejosa, cuestión que implica que aplique a favor de los menores quejosos la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la prevención de la COVID-19 en México, de conformidad con el Comunicado a la población 23/2021, de veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, emitido por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios -por el que ésta dictaminó procedente la modificación a las condiciones de autorización para el uso de emergencia de la vacuna Pfizer-BioNTech, para su posible aplicación a los menores a partir de los doce años sin comorbilidades-. 2. Para cumplir íntegramente con el punto anterior, deberá llevar a cabo las acciones necesarias para que apliquen a los menores quejosos 1) B.V.V.M., 2) C.A.M.M., 3) A.Y.M.M., 4) L.P.P., 5) V.R.P.P., 6) S.V.R., 7) J.M.P.M., 8) R.L.S., 9) J.G.R., 10) ********************, 11) E.C.C., 12) A.M.P.M., 13) ********************., y 14) ********************, la vacuna autorizada para los menores de entre 12 y 17 años de edad establecida en la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la prevención de la COVID-19 en México, lo que involucra que: 2.1 Previamente a la aplicación del biológico respectivo, deberá hacer una valoración de los menores de edad y determinar si físicamente y de acuerdo a sus estados de salud son candidatos a la aplicación de la misma y en sus modalidades (tipo o marca de vacuna), así como las dosis que les correspondan. 2.2 Realizada la valoración mencionada en el punto anterior, deberá señalar día, hora y lugar en el que deban presentarse para ser inoculados, indicándoles las medidas sanitarias que deberán observar al momento de acudir al lugar que se establezca para tal efecto." En ese sentido, visto el estado procesal de autos y las constancias que obran en el presente sumario, se observa que mediante auto de ocho de diciembre de dos mil veintiuno, se tuvo al Director del Hospital General Dr. Eduardo Vázquez N., informando que se aplicó la segunda dosis de la vacuna PfizerBioNTech a los menores B.V.V.M., C.A.M.M., A.Y.M.M., L.P.P., V.R.P.P., S.V.R., J.M.P.M., R.L.S., J.G.R., E.C.C., A.M.P.M. Por tanto, a la presente fecha, se encuentra pendiente que se aplique el esquema completo de vacunación a los menores ********************, ********************. y ********************, puesto que no obra constancia con la que se acredite que se les inoculado con la primera o segunda dosis según les corresponda; aunado a que en distintas actuaciones se ha requerido a los quejosos, para que informen si los mencionados menores ya cuentan con el esquema completo, sin que, de igual manera, se hayan atendido los requerimientos formulados. En consecuencia, requiérase a ******************** en representación del menor ********************; ******************** en representación de la menor ********************.; y, ******************** en representación del menor ********************, para que en el término de tres días, siguientes a la notificación del presente proveído, informen si los menores de su representación ya cuentan con el esquema completo de vacunación, con el apercibimiento, que de no hacerlo en el término indicado, podrá declararse cumplida la sentencia de amparo por falta de interés procesal. Para lo anterior, con fundamento en el precepto 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que el actuario judicial adscrito a este juzgado, cumpla con lo ordenado. Asimismo, se comisiona al actuario correspondiente entablar comunicación a través del correo electrónico proporcionado en el escrito inicial de demanda, levantando la certificación correspondiente para constancia legal. ..

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