Harold David López Cobos
Expediente 869/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 15 actuaciones registradas, la última del 20 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 869/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 20/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Harold David López Cobos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Incidental
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de julio de dos mil veintitrés. Del estado de autos se advierte que ya se dictó interlocutoria en este incidente, asimismo que el dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, se ordenó el archivo del juicio de amparo al que pertenece; en tal virtud, se ordena el archivo del presente cuaderno incidental como asunto concluido. En atención a lo anterior, en relación a su valoración documental y con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, que entró en vigor al día siguiente; en específico su artículo 34 (Orden de archivo), este Órgano Jurisdiccional determina la valoración respectiva en términos del artículo 17, fracción III, inciso b) (Incidentes de suspensión en los que se haya concedido la medida cautelar definitiva), por lo tanto: a) No tiene relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado; b) Procédase a la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, una vez que cuente con más de seis meses de haberse ordenado el archivo c) En cuanto al original de este incidente es conservable; d) Transcurridos tres años de ordenado el archivo, transfiérase al depósito documental que, para tal efecto designe el Área coordinadora de archivos. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Finalmente, téngase al Secretario haciendo constar que en el presente asunto no se aportaron documentos originales, conforme a la certificación de cuenta. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, ha transcurrido el término previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes haya recurrido la sentencia, en la que se negó el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso Harold David López Cobos; por lo tanto, con fundamento en el artículo 2° de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA, para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En virtud de lo anterior, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente; en específico su artículo 35 (Orden de archivo), este juzgador determina la valoración respectiva en términos del artículo 18, fracción I, inciso b) (juicios de amparo en los que se haya negado o concedido la protección constitucional), por lo tanto: a) No tiene relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado, por lo que es susceptible de depuración. b) Transcurridos tres años de ordenado el archivo, dentro de los noventa días siguientes se deberá depurar este expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al asunto y la resolución que otorga la autoridad de cosa juzgada. c) Terminado el proceso de depuración, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Se hacer constar que en este expediente no obran documentos originales exhibidos por las partes. Por último, devuélvase al titular de la Subdelegación Oaxaca, del Instituto Mexicano del Seguro Social, las constancias que remitió como justificación a su informe; solicitándole acuse de recibo. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno. Del estado de autos no se advierte que se haya girado oficio a la responsable Jefe de la Oficina para Cobros de la Subdelegación del Instituto Mexicano del Seguro Social Oaxaca, en ausencia del Titular de la citada Subdelegación, de la sentencia dictada en el presente asunto, por tanto, gírese oficio en el que se deberá de transcribir la sentencia de que se trata. NOTIFÍQUESE.
- Principal
VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo número 869/2021; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de demanda. HAROLD DAVID LÓPEZ COBOS, por derecho propio, mediante demanda de amparo presentada el seis de agosto de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en esta población, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto reclamado del Titular de la Subdelegación del Instituto Mexicano del Seguro Social Oaxaca, con sede en Oaxaca de Juárez, consistente en: "ACTOS RECLAMADOS. La determinación de baja de sujeto de aseguramiento contenida en el oficio número DAP/219101950200/989, de fecha 14 de julio de 2021. La falta de notificación del procedimiento mediante el cual se me da de baja como sujeto asegurado, pues nunca se me fue notificado algún documento previamente." Que estima violatorios de los derechos humanos contenidos en los artículos 1°, 4º, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión de la demanda de amparo. En auto de nueve de agosto de dos mil veintiuno, este Juzgado Federal admitió la demanda de amparo, solicitó informe justificado a la autoridad responsable, dio intervención al Agente del Ministerio Público Federal adscrito a este Juzgado, y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional; en términos del oficio SEADS/615/2021, de siete de julio de dos mil veintiuno, del secretario ejecutivo de adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, se informó a las partes que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el siete de julio de dos mil veintiuno, acordó la adscripción del juez Marco Antonio Vignola Conde, como titular de este órgano jurisdiccional, con efectos a partir del dieciséis de agosto del presente año. TERCERO. Ampliación de demanda de amparo. En escrito presentado en este Juzgado Federal el seis de septiembre de dos mil veintiuno, HAROLD DAVID LÓPEZ COBOS, amplió la demanda de amparo, señalando como autoridad responsable al Jefe de la Oficina para Cobros de la Subdelegación del Instituto Mexicano del Seguro Social Oaxaca, en ausencia del Titular de esa Subdelegación, de quien reclamó: "La resolución contenida en el oficio DAP/219101950200/989, citando los artículos 1, 2, fracción VI, inciso c), 4, 142, fracción III, 149, 154 y 155, primer párrafo, fracción XX, párrafos primero y segundo, y séptimo transitorio, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social. Que estima violatorio de los derechos humanos contenidos en los artículos 1°, 14, 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. CUARTO. Tramite del juicio de amparo. En auto de siete de septiembre de dos mil veintiuno, se admitió la ampliación de demanda, solicitó el informe justificado a la autoridad responsable, dio intervención al Agente del Ministerio Público Federal adscrito a este Juzgado, y se ordenó emplazar en su carácter de tercero interesado a Omar Amador Vásquez. Lo que se realizó en sus términos. Seguido el trámite respectivo, la audiencia constitucional tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General número 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece y reformado mediante Acuerdo General 45/2016, de ese propio órgano colegiado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de octubre de dos mil dieciséis; tomando en consideración que el acto reclamado fue dictado por una autoridad que tiene su domicilio dentro de la circunscripción territorial en la que este órgano de control constitucional ejerce competencia. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Con apoyo en lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el cual prevé que las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener "(.) La fijación clara y precisa del acto reclamado; (.)", es necesario delimitar los actos combatidos que se desprenden de la demanda. En ese sentido, se advierte que HAROLD DAVID LÓPEZ COBOS, reclama del Titular de la Subdelegación del Instituto Mexicano del Seguro Social Oaxaca, con sede en Oaxaca de Juárez: La determinación de baja de sujeto de aseguramiento contenida en el oficio número DAP/219101950200/989, de fecha catorce de julio de dos mil veintiuno, en la que se citan los artículos 1, 2, fracción VI, inciso c), 4, 142, fracción III, 149, 154 y 155, primer párrafo, fracción XX, párrafos primero y segundo, y séptimo transitorio, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social. La falta de notificación del procedimiento mediante el cual se le da de baja como sujeto asegurado del IMSS. TERCERO. Existencia de actos reclamados. El Jefe de la Oficina para Cobros de la Subdelegación del Instituto Mexicano del Seguro Social Oaxaca, en ausencia del Titular de esa Subdelegación, convino en la existencia de los actos reclamados: 1. La determinación de baja de sujeto de aseguramiento contenida en el oficio DAP/219101950200/989; 2. La falta de notificación del procedimiento por el cual se le da de baja como sujeto asegurado. Por lo tanto, se tienen por ciertos los actos reclamados. CUARTO. Análisis de fondo del asunto. En sus conceptos de violación, el quejoso manifiesta, medularmente, que el acto reclamado contenido en el oficio DAP/219101950200/989, vulnera los derechos humanos de audiencia, legalidad y seguridad jurídica, previstos en los artículos 14, párrafo segundo, y 16, párrafo primero, de la Constitución Federal, porque el Instituto Mexicano del Seguro Social lo da de baja como trabajador inscrito en el régimen obligatorio del seguro social, sin otorgarle oportunidad ni plazo al trabajador para que, previamente a que se le dé de baja, manifieste lo que a su derecho convenga en relación con su aseguramiento. El segundo párrafo del artículo 14 de la Norma Fundamental, establece: "Artículo 14. ... Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. ..." De la norma constitucional inserta se advierte que para que una persona pueda ser privada de la libertad, propiedades, posesiones o derechos, se requiere que el acto privativo sea consecuencia de un juicio seguido ante tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Las formalidades esenciales del procedimiento a las que hace alusión el citado precepto constitucional, son aquellas que garantizan una adecuada y oportuna defensa previa al acto privativo y que se traducen en los siguientes requisitos: a) la notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; b) la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; c) la oportunidad de alegar; y d) el dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia P./J. 47/95, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en página 133, Tomo II, diciembre 1995, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro digital 200234, de rubro y texto: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga 'se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento'. Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado.". Es, precisamente, el derecho de audiencia previsto en el artículo 14, segundo párrafo, de la Constitución Federal, el que exige a las autoridades que, en ejercicio de sus atribuciones, emitan actos que constituyan privación de la libertad, de la propiedad, de las posesiones o de los derechos de las personas, la obligación de conceder a los gobernados la oportunidad de ser escuchados en defensa de sus intereses, antes de dictar el acto de privación. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha distinguido los actos privativos de los actos de molestia, precisando que para los primeros se exige el respeto al derecho de audiencia, y para los segundos no. Ello se advierte de la jurisprudencia P./J. 40/96, visible en página 5, Tomo IV, julio de 1996, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro digital: 200080, de rubro y texto: "ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA. ORIGEN Y EFECTOS DE LA DISTINCIÓN. El artículo 14 constitucional establece, en su segundo párrafo, que nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; en tanto, el artículo 16 de ese mismo Ordenamiento Supremo determina, en su primer párrafo, que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Por consiguiente, la Constitución Federal distingue y regula de manera diferente los actos privativos respecto de los actos de molestia, pues a los primeros, que son aquellos que producen como efecto la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado, los autoriza solamente a través del cumplimiento de determinados requisitos precisados en el artículo 14, como son, la existencia de un juicio seguido ante un tribunal previamente establecido, que cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento y en el que se apliquen las leyes expedidas con anterioridad al hecho juzgado. En cambio, a los actos de molestia que, pese a constituir afectación a la esfera jurídica del gobernado, no producen los mismos efectos que los actos privativos, pues sólo restringen de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos, los autoriza, según lo dispuesto por el artículo 16, siempre y cuando preceda mandamiento escrito girado por una autoridad con competencia legal para ello, en donde ésta funde y motive la causa legal del procedimiento. Ahora bien, para dilucidar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un acto de autoridad impugnado como privativo, es necesario precisar si verdaderamente lo es y, por ende, requiere del cumplimiento de las formalidades establecidas por el primero de aquellos numerales, o si es un acto de molestia y por ello es suficiente el cumplimiento de los requisitos que el segundo de ellos exige. Para efectuar esa distinción debe advertirse la finalidad que con el acto se persigue, esto es, si la privación de un bien material o inmaterial es la finalidad connatural perseguida por el acto de autoridad, o bien, si por su propia índole tiende sólo a una restricción provisional." En el caso concreto, el oficio DAP/219101950200/989 reclamado, se emitió con fundamento en los artículos 17, segundo párrafo, y 251, primer párrafo, fracción XI, de la Ley del Seguro Social, entre otros. El artículo 17, segundo párrafo, de la Ley del Seguro Social, establece: "Artículo 17. Al dar los avisos a que se refiere la fracción I del artículo 15 de esta ley, el patrón puede expresar por escrito los motivos en que funde alguna excepción o duda acerca de sus obligaciones, sin que por ello quede relevado de pagar las cuotas correspondientes. El instituto, dentro de un plazo de cuarenta y cinco días hábiles, notificará al patrón la resolución que dicte y, en su caso, procederá a dar de baja al patrón, al trabajador o a ambos, así como al reembolso correspondiente. La información que proporcionen los patrones para su registro podrá ser analizada por el instituto, a fin de verificar la existencia de los supuestos y requisitos establecidos en esta ley. Si el instituto determina que no se dan los supuestos previstos en el artículo 12, fracción I de esta ley, notificará al presunto patrón para que éste, en el plazo de cinco días hábiles manifieste lo que a su derecho convenga y, en el caso de que no desvirtúe tales situaciones, el instituto procederá a dar de baja al presunto patrón, a los presuntos trabajadores o a ambos. En el caso anterior, el instituto aplicará los importes pagados a resarcir sus gastos de administración y de operación, quedando a salvo los derechos del presunto trabajador para reclamar, en su caso, los importes que hayan sido depositados en la cuenta individual abierta a su nombre, en los términos de la presente ley." De la norma transcrita se advierte lo siguiente: El patrón, al dar los avisos a que se refiere el artículo 15, fracción I, de la Ley del Seguro Social, puede expresar los motivos en que funde alguna excepción o duda acerca de sus obligaciones en el régimen de seguridad social. El Instituto Mexicano del Seguro Social, dentro del plazo de cuarenta y cinco días hábiles, notificará al patrón la resolución que dicte respecto de la excepción o duda planteada; en dicha resolución, el instituto procederá, en su caso, a dar de baja al patrón, al trabajador o a ambos. El indicado instituto, con el objeto de verificar la existencia de los supuestos y requisitos legales de registro, podrá analizar la información proporcionada por los patrones. Cuando el instituto estime que no se satisfacen los supuestos de aseguramiento a que se refiere el artículo 12, fracción I, de la Ley del Seguro Social, requerirá al patrón para que éste en el plazo de cinco días hábiles proporcione la información para justificar lo contrario. Si el patrón no desvirtúa que no se dan los supuestos de aseguramiento, el instituto procederá a dar de baja al patrón, a los trabajadores o a ambos. Lo anterior revela que el Instituto Mexicano del Seguro Social sigue el procedimiento de verificación únicamente con la participación del patrón, porque éste es el sujeto obligado, conforme al artículo 15 de la Ley del Seguro Social, de dar aviso al indicado instituto del alta de sus trabajadores al régimen de seguridad social. El citado artículo 15 establece: "Artículo 15. Los patrones están obligados a: I. Registrarse e inscribir a sus trabajadores en el instituto, comunicar sus altas y bajas, las modificaciones de su salario y los demás datos, dentro de plazos no mayores de cinco días hábiles; II. Llevar registros, tales como nóminas y listas de raya en las que se asiente invariablemente el número de días trabajados y los salarios percibidos por sus trabajadores, además de otros datos que exijan la presente ley y sus reglamentos. Es obligatorio conservar estos registros durante los cinco años siguientes al de su fecha; III. Determinar las cuotas obrero patronales a su cargo y enterar su importe al instituto; IV. Proporcionar al instituto los elementos necesarios para precisar la existencia, naturaleza y cuantía de las obligaciones a su cargo establecidas por esta ley y los reglamentos que correspondan; V. Permitir las inspecciones y visitas domiciliarias que practique el instituto, las que se sujetarán a lo establecido por esta ley, el código y los reglamentos respectivos. VI. Tratándose de patrones que se dediquen en forma permanente o esporádica a la actividad de la construcción, deberán expedir y entregar a cada trabajador constancia escrita del número de días trabajados y del salario percibido, semanal o quincenalmente, conforme a los periodos de pago establecidos, las cuales, en su caso, podrán ser exhibidas por los trabajadores para acreditar sus derechos. Asimismo, deberán cubrir las cuotas obrero patronales, aun en el caso de que no sea posible determinar el o los trabajadores a quienes se deban aplicar, por incumplimiento del patrón a las obligaciones previstas en las fracciones anteriores, en este último caso, su monto se destinará a la Reserva General Financiera y Actuarial a que se refiere el artículo 280, fracción IV de esta ley, sin perjuicio de que a aquellos trabajadores que acreditaren sus derechos, se les otorguen las prestaciones diferidas que les correspondan; VII. Cumplir con las obligaciones que les impone el capítulo sexto del título II de esta ley, en relación con el seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez; VIII. Cumplir con las demás disposiciones de esta Ley y sus reglamentos, y IX. Expedir y entregar, tratándose de trabajadores eventuales de la ciudad o del campo, constancia de los días laborados de acuerdo a lo que establezcan los reglamentos respectivos. Las disposiciones contenidas en las fracciones I, II, III y VI no son aplicables en los casos de construcción, ampliación o reparación de inmuebles, cuando los trabajos se realicen en forma personal por el propietario, o bien, obras realizadas por cooperación comunitaria, debiéndose comprobar el hecho, en los términos del reglamento respectivo. La información a que se refieren las fracciones I, II, III y IV, deberá proporcionarse al instituto en documento impreso, o en medios magnéticos, digitales, electrónicos, ópticos, magneto ópticos o de cualquier otra naturaleza, conforme a las disposiciones de esta ley y sus reglamentos." Del numeral reproducido deriva que los patrones están obligados, entre otros aspectos, a registrarse e inscribir a sus trabajadores en el Instituto Mexicano del Seguro Social; comunicar sus altas y bajas, así como las modificaciones al salario; llevar registros, como nóminas o listas de rayas, en los que asienten el número de días trabajados y los salarios percibidos por sus trabajadores; y proporcionar al instituto los elementos necesarios para determinar la existencia, naturaleza y cuantía de las obligaciones a su cargo. Esto es, el artículo 15 citado, impone exclusivamente al patrón las obligaciones relacionadas con la inscripción y registro de sus trabajadores, la elaboración de los documentos relativos a la relación de trabajo como el pago y periodo de salarios y la de proporcionar al instituto los elementos necesarios para la verificación de los supuestos de aseguramiento. Luego, resulta inconcuso que el procedimiento previsto en el artículo 17 de la Ley del Seguro Social, únicamente puede seguirse con el patrón, porque, se insiste, es éste el obligado a generar y proporcionar la información al instituto, relativa al aseguramiento de los trabajadores, existiendo así una relación sólo entre el Instituto Mexicano del Seguro Social y el patrón obligado. Es decir, si conforme al artículo 12 de la Ley del Seguro Social -antes transcrito-, el hecho que genera la obligación de inscribir en el régimen obligatorio del seguro social es la existencia de una relación de trabajo, y el patrón tiene la obligación de generar los documentos relacionados con esa relación laboral, tales como nóminas y listas de raya, con los que se demuestra el pago y periodo de salario; es lógico que el instituto para verificar los supuestos de aseguramiento, siga el procedimiento únicamente con el patrón, porque de esta manera determinará el cumplimiento que la ley impone al propio patrón y no al trabajador, quien no tiene obligación alguna en ese sentido. Por tanto, el artículo 17, segundo párrafo, de la Ley del Seguro Social, no prevee la participación del trabajador en el procedimiento regulado en el citado precepto legal. Sin embargo, ello no contraviene el derecho de audiencia previsto en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado que el trabajador no tiene obligación alguna ante el Instituto Mexicano del Seguro Social de proporcionar los documentos relativos a su aseguramiento o inscripción en el régimen obligatorio. Sin que ello impida, que el Instituto Mexicano del Seguro Social, una vez seguido el procedimiento con el patrón obligado, si considera que no se satisfacen los supuestos de aseguramiento y decreta la baja del patrón, del trabajador o de ambos, ordene notificar la resolución correspondiente tanto al patrón como al trabajador afectado, como ordenó en el caso concreto. Además, de que en la resolución reclamada se precisó, que en caso de no estar conformes el patrón o el trabajador, con esa resolución administrativa, el medio de defensa procedente para impugnarla es el recurso de inconformidad, cuyo plazo de interposición es de quince días hábiles siguientes al de su notificación, el cual debe interponerse ante el Consejo Consultivo del Órgano de Operación Administrativa desconcentrada Estatal Oaxaca, del Instituto Mexicano del Seguro Social, de conformidad con el artículo 294 de la Ley del Seguro Social, y 1, 2, 4, 5 y 6, del Reglamento del Recurso de Inconformidad, o bien, podrá optar por promover juicio contencioso administrativo ante la Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa competente en esta ciudad, cuyo plazo de interposición es de cuarenta y cinco días hábiles siguientes a aquel en el que haya surtido efectos la notificación de la presente. En las relatadas consideraciones, ante lo infundado de los conceptos de violación examinados y al no advertirse deficiencia de la queja que deba suplirse, lo que procede es negar el amparo solicitado, contra: la determinación de baja de sujeto de aseguramiento contenida en el oficio DAP/219101950200/989; y la falta de notificación del procedimiento por el cual se le da de baja como sujeto asegurado. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 116/2018 (10a.), sustentada por la segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en página 914, Libro 60, Noviembre 2018, Tomo II, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, registro digital 2018365, de rubro y texto siguientes: "SEGURO SOCIAL. EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 17 DE LA LEY RELATIVA, AL DAR INTERVENCIÓN ÚNICAMENTE AL PATRÓN EN EL PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DE LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN LA FRACCIÓN I DEL NUMERAL 12 DEL MISMO ORDENAMIENTO, NO CONTRAVIENE EL DERECHO DE AUDIENCIA DE LOS TRABAJADORES. El artículo 17, párrafo segundo, de la Ley del Seguro Social establece el procedimiento de verificación de los requisitos legales de registro, para lo cual, el Instituto Mexicano del Seguro Social podrá analizar la información proporcionada por el patrón, y si determina que no satisface los supuestos de aseguramiento a que se refiere el diverso 12, fracción I, del mismo ordenamiento, por considerar que no existe una relación laboral entre el patrón y el asegurado, requerirá al presunto patrón para que, en un plazo de 5 días hábiles, proporcione la información que demuestre lo contrario; y, en caso de no desahogarse satisfactoriamente ese requerimiento, el Instituto procederá a dar de baja al presunto patrón, a los presuntos trabajadores o a ambos. De lo anterior, se advierte que este procedimiento de verificación se sigue únicamente con la participación del patrón, lo que obedece a que en términos del artículo 15 de la ley citada, es él quien está obligado, entre otros aspectos, a registrarse e inscribir a sus trabajadores, comunicar altas y bajas, modificaciones salariales, llevar registros de días trabajados y salarios percibidos, y proporcionar los elementos necesarios para determinar la existencia, naturaleza y cuantía de las obligaciones. Por tanto, el segundo párrafo del artículo 17 señalado, al no prever la participación del trabajador en el procedimiento que regula, no contraviene su derecho de audiencia reconocido en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que la información materia de investigación es la proporcionada por el patrón, por lo que sólo a él concierne ejercer el derecho de defensa." Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 1º, 73, 74, 75 y 124 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E : ÚNICO. Se NIEGA EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL a HAROLD DAVID LÓPEZ COBOS, contra los actos reclamados al Titular de la Subdelegación del Instituto Mexicano del Seguro Social Oaxaca, con sede en Oaxaca de Juárez, consistente en: La determinación de baja de sujeto de aseguramiento contenida en el oficio número DAP/219101950200/989, de fecha catorce de julio de dos mil veintiuno; y la falta de notificación del procedimiento de verificación, mediante el cual se le da de baja como sujeto asegurado del IMSS; conforme a lo expuesto en el último considerando de esta sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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