Hans Konrad Horn García
Expediente 879/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 5 actuaciones registradas, la última del 27 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 879/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 27/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Hans Konrad Horn García
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
"...Boca del Río, Veracruz, veintisiete de marzo de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio de cuenta. El secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz, informa que en el recurso de queja 771/2022 de su índice, la Superioridad declaró infundado ese medio de impugnación, interpuesto por ********** parte quejosa, contra el auto de siete de octubre de dos mil veintidós, que desechó la demanda de amparo. Acúsese recibo vía electrónica. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). A fin de integrar el presente juicio, obténgase del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, copia de la resolución emitida en el recurso de queja 771/2022, por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad. ARCHIVO. Una vez integradas las notificaciones del presente proveído, archívese este asunto como totalmente concluido... Notifíquese...".
- Principal
Boca del Río, Veracruz, diez de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese el oficio de cuenta. El Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Administrativa del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz informa que en dicho órgano se admitió el recurso de queja interpuesto por *** -parte quejosa-, contra el auto de siete de octubre de dos mil veintidós, que desechó la demanda de amparo. Registrándolo con el número Q.A. 771/2022. Notifíquese.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veinticinco de octubre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito signado por **********, parte quejosa. Interpone recurso de queja contra el proveído de siete de octubre de dos mil veintidós en que se desechó la demanda. Asimismo formula agravios. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, se da entrada al recurso y ríndase el informe relativo a la queja de que se trata. Manifestando que es cierto el acto reclamado, cuya legalidad se sostiene por sus propios fundamentos y consideraciones. Remítase -vía electrónica- al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, en turno, a través de su Oficina de Correspondencia Común, con sede en Boca del Río, Veracruz, el ocurso de expresión de agravios, así como las constancias que integran el expediente en que se actúa para su resolución. Habilítense las herramientas "Vincular con otro Órgano", para que tenga acceso a la totalidad del expediente. Notifíquese.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, siete de octubre de dos mil veintidós. Fórmese expediente con la demanda de amparo promovida por **********, contra actos del 1. Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, y otras autoridades. Regístrese con el número 879/2022-IX que le correspondió. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo. Captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). No se soslaya que la demanda es promovida por ********* por propio derecho como se hizo constar en el proemio de la demanda y capítulo relativo a la parte quejosa. Sin embargo, también es signada por el autorizado ***********, quien en el ocurso constitucional refiere se adhiere a la demanda, al ser profesionista independiente en ejercicio de la licenciatura en Derecho y al haber sido designado abogado patrono en diversos asuntos radicados ante los Juzgados Sexto de Primera Instancia y Décimo Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Mercantil, ambos del distrito judicial de Veracruz, Veracruz, con la ejecución de los actos reclamados resiente afectación en sus derechos. Lo anterior daría motivo para prevenir la demanda conforme a lo dispuesto por el artículo 114 de la Ley de Amparo. Sin embargo, dado el sentido de la determinación que se adoptará resulta innecesario proceder en estos términos, pues aun cuando se desahogara satisfactoriamente no cambiaría el sentido, como se expone a continuación. DESECHAMIENTO. Ahora, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, esta potestad federal tiene la obligación de examinar el escrito de demanda y de encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia deberá desecharla de plano. Congruente con ello, se advierte la actualización de una causa de improcedencia en el presente sumario constitucional que se analizará a continuación. En el caso, de la lectura íntegra de la demanda, se advierte el quejoso combate: Del Consejo de la Judicatura del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa: La Sesión Extraordinaria celebrada el doce de septiembre de dos mil veintidós. El Acuerdo tomado por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia en dicha sesión publicado el tres de octubre de dos mil veintidós, en el número extraordinario trescientos noventa y dos (392), tomo cinco (V), de la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, en la que se determinó trasladar a los Juzgados señalados como responsables a un municipio diverso que está en el mismo distrito judicial. Hacer nugatorio el acceso a la justicia, trasladando el juzgado donde se tramita el juicio donde es parte demandada, en los expedientes 222/2021 y/o 176/2015 (mencionados en los apartados de acto reclamado y antecedentes) del índice del Juzgado Sexto de Primera Instancia del Décimo Séptimo Distrito Judicial de Veracruz. Los actos tendientes a limitar el acceso del abogado autorizado, pues se limita el ejercicio profesional como licenciado en Derecho postulante, desempeña de forma independiente y habitual en la tramitación, sustanciación y seguimiento al juicio antes señalado. La orden e inminente traslado de los Juzgados Sexto de Primera Instancia y Décimo Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Mercantil, ambos del Distrito Judicial de Veracruz, Veracruz a Ciudad Cardel, municipio de La Antigua, Veracruz. La omisión de poner a disposición de las partes litigantes las herramientas tecnológicas necesarias para realizar el trámite en línea o digital de los juicios que se encuentran radicados ante las propias responsables, conculcando su derecho humano al trabajo y acceso a la justicia. La negativa de acceder y expedir justicia. En virtud que el acuerdo de doce de septiembre pasado combatido, no prevé la posibilidad de impulsar los juicios que se encuentren en trámite, a través de vías electrónicas o digitales. Restringiendo el ejercicio de su profesión. La negativa de acceder y expedir justicia. En virtud que el acuerdo de doce de septiembre pasado combatido, no prevé reasignación de los expedientes que se encuentran en trámite a otros juzgados en funciones, en Veracruz, Veracruz. Las consecuencias de hecho y de derecho que dicho traslado conlleva. Congruente con ello, el suscrito advierte en forma notoria e indudable la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con los diversos numerales 5°, fracción I y 107, fracción I, éste en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo, así como el 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establecen lo siguiente: LEY DE AMPARO "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso." CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.]" Conforme los preceptos legales invocados, el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten el interés jurídico o legítimo del quejoso y contra normas generales que requieran un acto posterior al inicio de su vigencia. Es parte en el juicio de amparo el quejoso. Tiene tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo. Siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de la Ley de Amparo. Y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica. Ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Persona quien estará legitimada para instar la acción constitucional. Así, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad. Lo que se entiende, para efectos del amparo, en la preexistencia de un derecho legítimamente tutelado por la Ley. O bien, de un interés legítimo individual o colectivo, que al ser transgredido por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional de amparo para demandar el cese de esa violación. Tal afectación, se itera, debe ser real y actual en la esfera jurídica del gobernado. Ya sea de manera directa (a un derecho subjetivo) o en virtud de la especial situación que tiene frente al orden jurídico (a un interés legítimo). Aunado a lo anterior, en términos del artículo 107, fracción I, Constitucional, el acceso al juicio de amparo se encuentra supeditado a la necesaria demostración de un interés (jurídico o legítimo) en la tramitación y resolución del proceso de amparo, con miras a obtener una sentencia protectora que redunde en un beneficio a la esfera jurídica de la parte quejosa. Los actos reclamados ya quedaron precisados. En la especie, el promovente [Hanks Konrad Horn García] aduce ser demandado en los expedientes 222/2021 y 176/2015 del cronológico del Juzgado Sexto de Primera Instancia, de Veracruz, en Veracruz. El autorizado [**********], refiere tener reconocida calidad de abogado patrono en dichos juicios. Por su parte, el "Acuerdo que autoriza el cambio de domicilio de órganos jurisdiccionales a la Ciudad Judicial de Cardel, Ver" solo determinó el cambio de domicilio de dicho juzgado con sede en la zona conurbada de Veracruz, a la Ciudad Judicial Cardel, Veracruz, sito en Carretera Federal Nautla-Cardel, en la localidad de Cabezas, municipio de Puente Nacional, Veracruz, código postal 91653. Lo que se aprecia del Acuerdo combatido y constituye un hecho notorio dada su publicación en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz el tres de octubre de dos mil veintidós, número extraordinario trescientos noventa y dos (392). De ahí que el reclamo no les causa un agravio personal y directo. Es así porque, tanto al impetrante como al autorizado (abogado patrono) con la emisión del Acuerdo citado y su consecuente ejecución, no resienten una afectación real y actual en su esfera jurídica. Su existencia no vulnera alguno de los derechos fundamentales tutelados en la Constitución Federal. Como pueden ser la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad o la posesión, acceso a la justicia. Lo anterior, dado que necesariamente quien solicite la protección de la Justicia Federal debe probar que la dolencia constitucional conculca alguno de los derechos que en su favor tutela el orden jurídico. Y la decisión administrativa de organización interna tomada por el Poder Judicial del Estado de Veracruz, no está sujeta a prueba. Es evidente su realización. Pero esas medidas no pueden estar sujetas al interés individual de las personas. Ni siquiera bajo el concepto de interés legítimo. Aún y cuando se alegue ser parte en algún proceso [**********] o tener calidad de abogado patrono o autorizado [**********] como es el caso. El interés en que un órgano jurisdiccional se sitúe en un determinado sitio o no sea reubicado, es propio de políticas públicas que no deben sujetarse a la voluntad de los particulares. Además, respecto de sus manifestaciones consistentes en que el Acuerdo en comento afecta el acceso y expedición de justicia, no causa perjuicio real y definitivo a la esfera jurídica de la parte quejosa. Resulta un acto futuro de realización incierta. Lo aprobado por dicho Acuerdo únicamente incide en el cambio de domicilio del juzgado en el que ********** aduce es parte demandada y ********** ser abogado patrono. No obstante, el asunto radicado ante el aludido órgano jurisdiccional continuará con su trámite de manera normal. Por lo que se le seguirá brindando el servicio de acceso a la justicia. Lo cual se precisa en virtud que el planteamiento del quejoso se basa en suponer no tendrá un eficaz acceso a la justicia por el cambio de domicilio del juzgado en cuestión. Igualmente, se estima no se demuestra el interés legítimo de la parte quejosa, el cual ha sido definido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse -en caso de concederse el amparo- en un beneficio jurídico en favor de la parte quejosa derivado de una afectación a su esfera de derechos en sentido amplio. Esto es, el interés con el que promueve la demanda de amparo no está diferenciado con el de alguna otra persona. Pues el quejoso no resiente una afectación en su esfera jurídica que implique una posible concesión del amparo le generará un beneficio inmediato. Su planteamiento conlleva la posibilidad de que ocurran ciertos hechos. Limita su pretensión en un interés simple derivado de su condición de gobernado. Sustenta un interés igual al de los demás integrantes de la sociedad. Sin características especiales de la situación que guarda frente al orden jurídico y lo coloque en un punto diferenciado (cualificado, actual, real y jurídicamente relevante) de la situación general. De ahí que el interés que ostenta el peticionario es simple o jurídicamente irrelevante. Porque en caso de una eventual concesión de amparo, sus efectos no podrían traducirse en un beneficio inmediato para el interesado. Y, por ende, no supone afectación alguna a su esfera jurídica en algún sentido. Sostenerlo de otra manera llevaría al eventual supuesto de que la ubicación de los juzgados o tribunales estaría sujeta al arbitrio o control de los quejosos, pudiendo éstos plantear tantas hipótesis como intereses tuvieran. Y además el amparo no podría implicar restituir en lo individual ni colectivo a un grupo cuya pretensión fuera situar en determinada residencia a un juzgado y luego a otro que quisiera radicara en diverso lugar. Por tanto, se estima que a la parte peticionaria de amparo le asiste únicamente un interés simple. No así el legítimo o el jurídico. En razón que el cambio de domicilio del Juzgado con sede en Veracruz, Veracruz a la Ciudad Judicial de Cardel, Veracruz, no le causa un agravio personal y directo. Tampoco afecta a su esfera jurídica en modo alguno. Lo reclamado no le impide continuar de manera normal con el asunto donde tiene intervención. Contrario a lo que aduce, se le seguirá brindando el servicio de acceso a la justicia en el juzgado correspondiente y continuará con la secuela procesal del litigio radicado en ese órgano jurisdiccional. Sin que sea dable exigir a través del amparo a manera de una omisión la falta de elementos tecnológicos para acceder a la justicia en línea en esos órganos jurisdiccionales o dentro del Poder Judicial Estatal en general. Tal tópico también atañe a gestiones de administración internas del propio órgano del estado. No estando en presencia de un mandato constitucional de actuar en un determinado sentido -como el caso de las omisiones legislativas- que esté siendo incumplido. Mucho menos que eso suceda específicamente en la esfera jurídica del promovente de amparo. Esta determinación se corrobora tomando en consideración que la tutela judicial efectiva prevista en el artículo 17 de la Constitución Federal, entendida como el derecho público subjetivo de todo gobernado para acceder dentro de los plazos y términos que fijen las leyes a los tribunales independientes e imparciales a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten las formalidades esenciales del procedimiento, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión, no se transgrede con la emisión y ejecución del Acuerdo reclamado. Como se ha explicado, el asunto donde tiene intervención el aquí quejoso Hanks Konrad Horn García [como parte demandada] y Adolfo de Jesús Sánchez Gomar como abogado continuará con su trámite de manera normal. Máxime que es criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que el órgano legislativo puede establecer válidamente las condiciones para el acceso a los tribunales, siempre y cuando gocen de fundamento en la ley. Los razonamientos expuestos con antelación, ponen de relieve lo manifiesto de la improcedencia del juicio constitucional. La cual resulta indudable. Cuenta habida que, en opinión de quien esto resuelve, no resultaría factible formarse una convicción diversa. Independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes, dados los lineamientos del Alto Tribunal. En consecuencia, con apoyo en el arábigo 113 del ordenamiento legal en cita, se desecha la demanda de amparo promovida por ********** y ********** al encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Finalmente, se estima necesario señalar que similar criterio sostuvo el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, al resolver la queja 354/2022 de su índice en sesión de veinticinco de agosto de dos mil veintidós. En la cual el planteamiento derivó de un juicio de amparo promovido por una persona en su calidad de parte dentro de un procedimiento jurisdiccional, donde el acto reclamado consistió en diverso Acuerdo que determina el cambio de domicilio del juzgado de primera instancia que conocía de dicho sumario. DOMICILIO. Se tiene como lugar para oír y recibir notificaciones el señalado en el escrito constitucional, de conformidad con el numeral 27 de la Ley de Amparo. AUTORIZADOS. Atento a la certificación secretarial e cuenta, se tiene con tal carácter, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a **********, ********** y **********. Con las restricciones que determina la parte final del segundo párrafo de dicho numeral a los restantes autorizados. LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Se comunica a las partes, con fundamento en los artículos 1 a 16, 66, fracción II, 68, 71 y 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el diverso 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en lo dispuesto por los numerales 5 a 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (en términos del transitorio tercero de la referida Ley Federal), que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio, constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona de conformidad con el artículo 6 del reglamento en comento, con la salvedad de lo previsto en la fracción V del artículo 110 de la ley federal citada; en la inteligencia que de existir alguna oposición en términos del artículo 117 de dicha ley y 8 del reglamento, la unidad administrativa que tenga el expediente bajo resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Tomando en consideración que no existe impedimento legal para que las partes, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoricen, puedan hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el secretario del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2°, en relación con el 3° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles, las cuales no causarán contribución alguna. En el entendido que para tales efectos se deberá atender al sistema de citas, previsto en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal (prorrogado por el diverso 21/2022), relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de julio de dos mil veinte. UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN. La referencia al salario mínimo como unidad de cuenta a que se haga referencia en el presente sumario, estará sujeta al Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el sentido que éste debe entenderse como Unidad de Medida y Actualización cuyo cálculo se encuentra regulado de acuerdo al procedimiento previsto en los numerales 3, 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, y su valor vigente fue establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de conformidad al numeral 23 fracción XX Bis de su Reglamento Interior, publicado el diez de enero de dos mil veintidós en el Diario Oficial de la Federación, entrando en vigor a partir del uno de febrero siguiente. DÍAS Y HORAS HABILITADOS. Con apoyo en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos. JUICIO EN LÍNEA. En términos del numeral 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal (prorrogado por el diverso 21/2022), se exhorta a las partes a que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, al cual se puede ingresar desde la liga: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/. En el cual, conforme al diverso artículo 29 del citado Acuerdo, es necesario que, por sí o a través de sus representantes o autorizados con facultades expresas para hacerlo, soliciten mediante promoción física o electrónica desde el propio Portal, la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones. En el entendido que quienes actualmente actúen en un expediente bajo el modelo tradicional, pueden en cualquier momento transitar hacia el modelo de juicio en línea. La actuación por este medio requiere la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. Además, se les invita propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea (p. ej. la aplicación WhatsApp), tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. En el entendido que con la entrada en vigor del Acuerdo General 21/2020 citado, solo se atenderán las promociones de las partes que cuenten con firma autógrafa -presentadas a través de las Oficialías de Partes Comunes- o electrónica recibidas a través del portal respectivo del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
Quedan 1 actuación en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz · 8,165 expedientes
- GUSTAVO VENTURA PORRAS y Otros.877/2015
- Guztavo Azamar Chontal373/2018
- Hammurabi Hugo Calderón Sánchez263/2018
- Hammurabi Hugo Calderón Sánchez882/2015
- Hammurabi Hugo Calderón Sánchez261/2017
- Hammurabi Hugo Calderón Sánchez155/2016
- Hassan Martínez Cuervo351/2020
- Heberto Rafael Cruz Vadillo1034/2023
- Héctor Adrián Laffite Pichardo472/2019
- Héctor Alejandro Huerta Romero688/2015
- Hector Antonio Cruz625/2016
- Héctor Armando Castro278/2016