Hannia Guadalupe Hernández
Expediente 1135/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1135/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 24/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Hannia Guadalupe Hernández
- Juana Cruz Torres
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el auto de tres de diciembre de dos mil veintiuno, dictado en este juicio de amparo por el que se sobreseyó fuera de audiencia el mismo. En consecuencia, se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno respectivo. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como la captura de datos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así mismo, de autos se advierte que, las partes no exhibieron documentos que deban devolverse en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valorización, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte. Valoración. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el cuaderno principal del presente juicio de amparo es susceptible de destrucción, al ubicarse en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso a), del citado acuerdo, ya que se sobreseyó en este asunto. Por tanto, deberá de procederse a su destrucción una vez cumplidos tres años de haberse dictado el presente proveído, de conformidad con el precepto legal en cita. Relevancia documental. Finalmente, atendiendo al contenido del artículo 15, último párrafo, del citado Acuerdo, a criterio de este juzgado se considera que el presente expediente carece de relevancia documental.
- Principal
agréguese el informe justificado que rinde Zilka Alfaro Valencia, apoderada general para pleitos y cobranzas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; en el que manifiesta que no es cierto el acto reclamado, en virtud de que el veintinueve de noviembre del año en curso mediante oficio 024.300.302.6.3267/2021, emitió respuesta al escrito de trece de diciembre de dos mil diecinueve a la parte quejosa, el cual fue debidamente notificado a las promoventes. Delegados. Con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo, se tienen como delegados de la citada autoridad a los profesionistas que menciona en su informe de cuenta y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. Señala datos de contacto. Téngasele a la citada autoridad por proporcionando el correo electrónico que indica, para atender asuntos respecto del presente juicio de amparo; en la inteligencia de que dicha información tiene como propósito de que el personal de actuaría establezca contacto con los interesados para generar las condiciones adecuadas a efecto de que las notificaciones que deban practicárseles resulten fehacientes, rápidas y seguras para la salud de los intervinientes. Estado de los autos Ahora bien, vista la totalidad de las actuaciones que obran en el presente juicio es posible establecer que el impetrante reclama del Subdelegado de Prestaciones Económicas, Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene y Subjefa del Departamento de Pensiones Seguridad e Higiene, todos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado: a). La omisión de acordar al escrito presentado por las quejosas Juana Cruz Torres y Hannia Guadalupe Hernández, el trece de diciembre de dos mil diecinueve. De igual forma, de las copias certificadas que exhibe la autoridad oficiante, se advierte que mediante oficio 024.300.302.6.3267/2021, emitió respuesta al escrito de trece de diciembre de dos mil diecinueve a la parte quejosa, el cual fue debidamente notificado a las promoventes. Causal de improcedencia Al respecto se estima ha sobrevenido la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, la cual constituye una cuestión de orden público y estudio preferente, de conformidad con lo establecido en el numeral 62 del ordenamiento legal en cita. El numeral 61, fracción XXI, de la ley de la materia, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". De conformidad con la disposición legal antes transcrita, el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos del acto reclamado, hipótesis definida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J 9/98, como aquella que se surte cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Caso concreto Acorde con tal premisa, se estima que el acto reclamado de la autoridad responsable, consistente en la omisión del Subdelegado de Prestaciones Económicas, Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene y Subjefa del Departamento de Pensiones Seguridad e Higiene, todos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, de acordar el escrito presentado por las quejosas Juana Cruz Torres y Hannia Guadalupe Hernández, el trece de diciembre de dos mil diecinueve, cesó en sus efectos de manera total que permite considerar como desaparecida la violación al principio de justicia pronta contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En efecto, de las constancias que remitió la responsable se advierte que mediante oficio 024.300.302.6.3267/2021, emitió respuesta al escrito de trece de diciembre de dos mil diecinueve a la parte quejosa, el cual fue debidamente notificado a las promoventes. Con base en la justipreciación de las indicadas constancias es posible concluir que la omisión de acordar el escrito presentado el trece de diciembre de dos mil diecinueve, de lo que se quejó la parte quejosa, cesó en sus consecuencias al haberse emitido la respuesta correspondiente. De ahí que las cosas se restituyeron al estado que guardaban antes de la violación como si se hubiera concedido la protección federal solicitada acorde con el artículo 77 de la Ley de Amparo. Por tal motivo, como se adelantó, no es factible emprender estudio sobre constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, dado que éste cesó en sus consecuencias y, por ende, se actualiza la causa de improcedencia antes invocada. Máxime que, en el presente asunto, no procede la ampliación de demanda respecto de la respuesta dada por la autoridad responsable al escrito de trece de diciembre de dos mil diecinueve, toda vez que una vez conocida la respuesta a su petición, y de estimar que no satisface su interés, el quejoso debe acudir a la vía ordinaria laboral, en materia de seguridad social, a hacer valer lo que a sus interese convenga. Es aplicable a la anterior consideración la jurisprudencia 2ª./J. 59/99, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Así como, por las razones jurídicas que la integran, la tesis aislada I.2o.P.4 K (10a.), del texto: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. SE ACTUALIZA ESTA CAUSAL CUANDO LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA SUSTITUYE PROCESALMENTE A LA DICTADA EN PRIMERA. El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, prevé la improcedencia del juicio por cesación de efectos. Esta causal se actualiza en dos supuestos; por revocación, cuando la propia autoridad destruye en forma total, incondicional y material los efectos del acto; y, por sustitución procesal, cuando los efectos del acto cesan, con motivo de que sobreviene un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, cuya firmeza se da por el posterior acto. Por tal motivo, debe sobreseerse en el juicio de amparo, por actualizarse la segunda de las hipótesis de improcedencia por cesación de efectos, respecto de la resolución dictada por una autoridad de primera instancia, cuando ésta se combate a través de algún medio de impugnación, cuyo sistema recursivo permita pronunciarse sobre el tema a debate, con base en la misma legislación en que se sustentó el fallo cuestionado. Esto es así, porque la resolución de segunda instancia incide y sustituye procesalmente los efectos generados por la dictada en primera instancia". Sobreseimiento fuera de audiencia Así las cosas, al actualizarse la causa de improcedencia indicada, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 63, fracción V, de la Ley de Amparo, y a fin de no retardar la impartición de justicia, se sobresee el presente juicio de amparo fuera de la audiencia constitucional, y se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las diez horas con treinta minutos del siete de diciembre de dos mil veintiuno. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de Jurisprudencia 2a./J. 10/2003, que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Notifíquese personalmente.
- Principal
Agréguese a estos autos el oficio 885/2021, que remite la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito, mediante el cual remite testimonio del voto concurrente formulado por el Magistrado José Pablo Pérez Villalba en el amparo en revisión penal 161/2021. Asimismo, agréguese a estos autos el oficio 884/2021, y anexo de cuenta que remite la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito, y en atención a su contenido se provee: Ténganse por recibidos los autos del juicio de amparo 543/2020-V y el testimonio de la ejecutoria de cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, pronunciada por el Tribunal Colegiado en cita, en el toca de revisión 161/2021, de su índice. Acúsese recibo, agréguese el cuaderno de antecedentes; háganse las anotaciones correspondientes; notifíquese a las partes la llegada de estos autos y el contenido de la sentencia que se acompaña al oficio de cuenta en la que se resuelve: "[.] PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Sotero Padrón Sánchez, contra el acto y la autoridad precisados en el resultando de esta ejecutoria, para los efectos expuestos en el último considerando de la sentencia recurrida. [.]". Solicitud de cumplimiento. En ese contexto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable, el cumplimiento de la sentencia de amparo dictada en este juicio constitucional, para que dentro del plazo de tres días informe al respecto, o en su caso, la imposibilidad debidamente justificada para no hacerlo. Apercibimiento. Se apercibe a la responsable, que de no remitir tal información en el plazo señalado, se le impondrá una multa con base a lo estipulado en el artículo 258 de la citada Ley, consistente en cien Unidades de Medida y Actualización vigentes a que se refiere el artículo tercero transitorio del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, de conformidad con lo establecido en el artículo 244 de la ley de la materia y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito, para el trámite de la inejecución de sentencia.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por ************, contra actos del Subdelegado de Prestaciones Económicas del instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación San Luis Potosí, y otras autoridades; con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal; 1°, fracción I, 107, 108, 112, 115 y 117, de la Ley de Amparo, se admite la demanda; fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado, bajo el consecutivo 1135/2021-I, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Sin que haya lugar a formar por separado incidente de suspensión, toda vez que no se solicita. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de la materia, pídase informe justificado a las autoridades responsables. Se señalan las diez horas con treinta minutos del siete de diciembre de dos mil veintiuno, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de la parte quejosa la documental que adjunta a su escrito de cuenta, la que se tiene por desahogada dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de dar nueva cuenta al celebrarse la audiencia constitucional. De igual forma, en términos del numeral 13 de la ley de la materia, se tiene a Juana ************** como representante común de la parte quejosa, sin perjuicio de que pueda ser sustituido por otro. Exhortación a tramitar asuntos "en línea". Con apoyo en los artículos 12 y 13 del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". Datos de contacto que provisionalmente deben proporcionar las partes. En tanto las partes tramitan u obtienen cualquiera de las firmas electrónicas de referencia, deben proporcionar igualmente en breve lapso un número telefónico y una cuenta de correo electrónico, tanto propios como de otros particulares que tengan participación en el proceso, con el propósito de que el personal de actuaría establezca contacto con los interesados para generar las condiciones adecuadas a efecto de que las notificaciones que deban practicárseles resulten fehacientes, rápidas y seguras para la salud de los intervinientes. Información sobre consulta de expedientes o comparecencias. Asimismo, de conformidad con el artículo 3 del citado Acuerdo General 21/2020, hágase del conocimiento de las partes, que para el caso en que consideren necesario asistir presencialmente a este Juzgado, que en el Portal de Servicios en Línea está habilitado un micrositio denominado "Servicios jurisdiccionales", se encuentra el sistema "Agenda OJ", donde aparecen fechas y horarios disponibles para la generación de citas a fin de consultar expedientes o desahogar comparecencias o requerimientos. Uso de aparatos electrónicos. Se autoriza a las partes, previa constancia que se deje en autos, el uso de medios electrónicos y digitales respecto de las constancias que obran en este expediente, en la inteligencia que las copias que se obtengan no tendrán validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circulación 12/2009.
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