Hannia Arlenn Gómez Sánchez

Expediente 1004/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 6 actuaciones registradas, la última del 25 de septiembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1004/2018
Año
2018
Actuaciones
6
Última actuación
25/09/2018

Partes del expediente

  • Hannia Arlenn Gómez Sánchez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; en veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho. Visto el estado de autos y la certificación secretarial que antecede, con fundamento en los artículos 86, de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la citada Ley, se acuerda: Como la parte quejosa no recurrió dentro del término legal el auto de treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho (fojas 21 a la 24), en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en este juicio, se declara que ha causado estado para los efectos legales procedentes. Atento al dispositivo 214 de la Ley de Amparo vigente, archívese como asunto concluido. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción II, del diverso punto Vigésimo Primero, ambos del Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se reitera, se trata de un asunto que se sobreseyó fuera de audiencia; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. 2. Transferir el expediente principal, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho. Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos el informe justificado firmado por el suplente del Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje y secretario auxiliar de amparo, ambos con domicilio en esta ciudad, mediante el cual remiten copia certificada del proveído de veintiuno de agosto en curso, emitido dentro del juicio laboral de origen **** del índice de dicha junta. Documental a la que se le concede valor probatorio pleno, en términos de lo que establecen los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2. Ahora bien, del estado de autos se desprende que, la parte quejosa ****, reclama, esencialmente, de la autoridad responsable, lo siguiente: 1. La inactividad procesal en el juicio laboral de origen *** del índice de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con domicilio en esta ciudad, dado que dicha junta en la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas se reservó a pronunciarse sobre la admisión o desechamiento. En ese contexto, en el caso, este operador jurídico determina que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que a continuación se transcribe: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial, o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica (.)". El precepto trascrito alberga la improcedencia del juicio de amparo cuando se promueve contra un acto de autoridad que con posterioridad se consuma de un modo irreparable, esto, por haber operado un cambio de situación jurídica. La fracción en estudio contempla un supuesto de irreparabilidad del acto reclamado, pero se refiere a la jurídica, no a la física, que hace imposible la restauración de las cosas al estado en que se encontraban con anterioridad a la consumación de tal acto. Lo anterior es así, debido a que en realidad no existiría imposibilidad física alguna para reparar las violaciones que hubiera ocasionado un acto de autoridad por la circunstancia de que la situación jurídica hubiese cambiado, pues el amparo que contra aquél se concediera bien podría alcanzar en sus efectos a esta nueva situación y aún invalidarla, pero permitir tales efectos haría factible que se destruyeran actos de autoridad que quizá tuvieran un fundamento y una motivación que al no formar parte o ya no poder ser parte de la litis constitucional, no serían valorados en el juicio en que la sentencia de amparo fuese pronunciada y que posiblemente fueran justificados. A esta breve conclusión se debe agregar que el cambio de situación jurídica también resulta del avance que ha tenido un juicio o procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, compuesto por diversas etapas procesales que guardan relación entre sí. Esto es, el cambio de situación jurídica a que se hace referencia se presenta cuando habiéndose complementado una etapa procesal en todas sus partes, queda superada, dando pauta a que se inicie el siguiente conjunto de actos que conforman una nueva etapa o situación jurídica, o bien, cuando concluye definitivamente el juicio o procedimiento relativo. Entonces, la sana intelección del precepto normativo en estudio, permite concluir que los elementos con los que se integra la causa de improcedencia que regula, son los siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento jurisdiccional, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica y, por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Mediante la concurrencia de tales elementos se configura la causa de improcedencia en estudio, que de cobrar aplicación en un caso específico, evidentemente el juicio de garantías resultaría improcedente. **** Ahora, de la constancia que remite la autoridad compareciente, es decir, del proveído de veintiuno de agosto del año en curso, emitido dentro del juicio laboral de origen **** del índice de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con domicilio en esta ciudad, se desprende que en esa data la aquí quejosa ****z, compareció ante la junta obrera responsable a desistirse de todas y cada una de las prestaciones intentadas en su demanda laboral, por lo que la junta responsable ordenó el archivo del referido juicio de origen. En ese orden, es inconcuso que ante la inactividad procesal que reclama la quejosa en el sentido de que no ha hecho pronunciamiento la junta responsable sobre la admisión o desechamiento de pruebas ofrecidas en el juicio laboral de origen, ha operado un cambio de situación jurídica, esto dentro del procedimiento laboral de referencia; de modo que la afectación en la esfera de derechos de la parte quejosa quedó consumada de modo irreparable, por virtud de esa nueva situación jurídica al desistirse de su demanda laboral la aquí quejosa. Es por las razones apuntadas que deben estimarse irreparablemente consumadas las violaciones alegadas por la parte quejosa, lo que de suyo impide examinar la constitucionalidad de la dilación reclamada, sin afectar la situación creada por el nuevo mandato que la sustituyó, ya que este es autónomo e independiente dados sus propios fundamentos, pero sobre todo porque con motivo de la emisión de este mandato es que el acto aquí impugnado ha dejado de surtir sus efectos. En estas condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia señalada y ante los motivos manifiestos e indudables de improcedencia, da lugar a SOBRESEER EN EL JUICIO FUERA DE AUDIENCIA, en términos del numeral 61, fracción XVII de la Ley de Amparo. Por otro lado, es menester destacar que el análisis de las causas de improcedencia, constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que no configura una denegación de justicia; además, las causas de improcedencia establecidas en la Ley de Amparo tienen una existencia justificada, en la medida en que, atendiendo al objeto del juicio, a la oportunidad en que puede promoverse, o bien, a los principios que lo regulan, reconocen la imposibilidad de examinar el fondo del asunto, lo que no lesiona el derecho a la administración de justicia, ni el de contar con un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro medio de defensa efectivo. *** Por las razones asentadas en líneas precedentes, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con diez minutos del dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho. Notifíquese por lista al tercero interesado; personalmente a la parte quejosa y a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y mediante oficio a la autoridad responsable.

  3. Principal

    CON ESTA FECHA SE LE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE TREINTA Y UNO DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, QUE DICE: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho. Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos el informe justificado firmado por el suplente del Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje y secretario auxiliar de amparo, ambos con domicilio en esta ciudad, mediante el cual remiten copia certificada del proveído de veintiuno de agosto en curso, emitido dentro del juicio laboral de origen **** del índice de dicha junta. Documental a la que se le concede valor probatorio pleno, en términos de lo que establecen los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2. Ahora bien, del estado de autos se desprende que, la parte quejosa ****, reclama, esencialmente, de la autoridad responsable, lo siguiente: 1. La inactividad procesal en el juicio laboral de origen *** del índice de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con domicilio en esta ciudad, dado que dicha junta en la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas se reservó a pronunciarse sobre la admisión o desechamiento. En ese contexto, en el caso, este operador jurídico determina que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que a continuación se transcribe: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial, o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica (.)". El precepto trascrito alberga la improcedencia del juicio de amparo cuando se promueve contra un acto de autoridad que con posterioridad se consuma de un modo irreparable, esto, por haber operado un cambio de situación jurídica. La fracción en estudio contempla un supuesto de irreparabilidad del acto reclamado, pero se refiere a la jurídica, no a la física, que hace imposible la restauración de las cosas al estado en que se encontraban con anterioridad a la consumación de tal acto. Lo anterior es así, debido a que en realidad no existiría imposibilidad física alguna para reparar las violaciones que hubiera ocasionado un acto de autoridad por la circunstancia de que la situación jurídica hubiese cambiado, pues el amparo que contra aquél se concediera bien podría alcanzar en sus efectos a esta nueva situación y aún invalidarla, pero permitir tales efectos haría factible que se destruyeran actos de autoridad que quizá tuvieran un fundamento y una motivación que al no formar parte o ya no poder ser parte de la litis constitucional, no serían valorados en el juicio en que la sentencia de amparo fuese pronunciada y que posiblemente fueran justificados. A esta breve conclusión se debe agregar que el cambio de situación jurídica también resulta del avance que ha tenido un juicio o procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, compuesto por diversas etapas procesales que guardan relación entre sí. Esto es, el cambio de situación jurídica a que se hace referencia se presenta cuando habiéndose complementado una etapa procesal en todas sus partes, queda superada, dando pauta a que se inicie el siguiente conjunto de actos que conforman una nueva etapa o situación jurídica, o bien, cuando concluye definitivamente el juicio o procedimiento relativo. Entonces, la sana intelección del precepto normativo en estudio, permite concluir que los elementos con los que se integra la causa de improcedencia que regula, son los siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento jurisdiccional, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica y, por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Mediante la concurrencia de tales elementos se configura la causa de improcedencia en estudio, que de cobrar aplicación en un caso específico, evidentemente el juicio de garantías resultaría improcedente. **** Ahora, de la constancia que remite la autoridad compareciente, es decir, del proveído de veintiuno de agosto del año en curso, emitido dentro del juicio laboral de origen **** del índice de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con domicilio en esta ciudad, se desprende que en esa data la aquí quejosa ****z, compareció ante la junta obrera responsable a desistirse de todas y cada una de las prestaciones intentadas en su demanda laboral, por lo que la junta responsable ordenó el archivo del referido juicio de origen. En ese orden, es inconcuso que ante la inactividad procesal que reclama la quejosa en el sentido de que no ha hecho pronunciamiento la junta responsable sobre la admisión o desechamiento de pruebas ofrecidas en el juicio laboral de origen, ha operado un cambio de situación jurídica, esto dentro del procedimiento laboral de referencia; de modo que la afectación en la esfera de derechos de la parte quejosa quedó consumada de modo irreparable, por virtud de esa nueva situación jurídica al desistirse de su demanda laboral la aquí quejosa. Es por las razones apuntadas que deben estimarse irreparablemente consumadas las violaciones alegadas por la parte quejosa, lo que de suyo impide examinar la constitucionalidad de la dilación reclamada, sin afectar la situación creada por el nuevo mandato que la sustituyó, ya que este es autónomo e independiente dados sus propios fundamentos, pero sobre todo porque con motivo de la emisión de este mandato es que el acto aquí impugnado ha dejado de surtir sus efectos. En estas condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia señalada y ante los motivos manifiestos e indudables de improcedencia, da lugar a SOBRESEER EN EL JUICIO FUERA DE AUDIENCIA, en términos del numeral 61, fracción XVII de la Ley de Amparo. Por otro lado, es menester destacar que el análisis de las causas de improcedencia, constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que no configura una denegación de justicia; además, las causas de improcedencia establecidas en la Ley de Amparo tienen una existencia justificada, en la medida en que, atendiendo al objeto del juicio, a la oportunidad en que puede promoverse, o bien, a los principios que lo regulan, reconocen la imposibilidad de examinar el fondo del asunto, lo que no lesiona el derecho a la administración de justicia, ni el de contar con un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro medio de defensa efectivo. *** Por las razones asentadas en líneas precedentes, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con diez minutos del dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho. Notifíquese por lista al tercero interesado; personalmente a la parte quejosa y a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y mediante oficio a la autoridad responsable.

  4. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; treinta de agosto de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los autos, de los cuales se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido al tercero interesado ***, para que señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, sin que lo haya hecho; por lo que, se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de de dieciséis de agosto de dos mil dieciocho (fojas 7-9). En ese sentido, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, notifíquesele por lista de acuerdos este proveído, así como las subsecuentes determinaciones, aun las de carácter personal, en tanto señale domicilio en esta ciudad para tal efecto, salvo que se actualice el supuesto del artículo 26, fracción I, inciso k), de la ley en la materia. NOTIFÍQUESE.

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