Hamde Jordani Sdir Moreno
Expediente 259/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 21 actuaciones registradas, la última del 7 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 259/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 21
- Última actuación
- 07/06/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en La Laguna · La Laguna
Partes del expediente
- Hamde Jordani Sdir Moreno
Actuaciones
Las 4 más recientes de 21.
- Principal
Vista la certificación puesta en esta fecha por la secretaria de este juzgado, se advierte que ya transcurrió el término a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto el recurso de revisión que establece el artículo 81, fracción I, inciso d), de la propia ley; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto de treinta de abril de dos mil dieciocho, por el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, causa estado por ende, se dejan sin efectos las medidas cautelares decretados en el incidente de suspensión; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido, en virtud de no haberse ordenado un hacer, no hacer o tolerar a la autoridad responsable, por lo que, no existe actuación pendiente por realizar. No obsta a lo anterior que no se haga referencia al cómputo respecto a las autoridades responsables, pues de conformidad con el artículo 87 de la ley de la materia, éstas sólo podrán interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente el acto que se les haya reclamado y, en el caso, se determinó conforme a derecho sobreseer fuera de audiencia en este juicio; de ahí que no se surte la hipótesis establecida para que las responsables puedan recurrir la sentencia de que se trata. Por otra parte, en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009 del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de fecha quince de octubre de dos mil nueve; hágase del conocimiento de las partes, que el presente expediente principal de acuerdo a sus particularidades es susceptible de DESTRUCCIÓN, una vez transcurridos los cinco años que establece la fracción II del punto vigésimo primero del aludido acuerdo, contados a partir de esta fecha, toda vez que el presente asunto no tiene relevancia documental, a virtud de que no se trata de delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni de aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales, no es relativo a conflictos laborales colectivos trascendentes y tampoco se considera que en el se haya adoptado alguna resolución que tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, con base en lo dispuesto por la fracción III, del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el cuaderno original del incidente de suspensión derivado del presente juicio de amparo es susceptible de DEPURACIÓN, toda vez que en el mismo se concedió la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa, UNA VEZ TRANSCURRIDOS LOS CINCO AÑOS, a que hace referencia el párrafo que antecede. Por último, háganse las anotaciones conducentes en los libros de gobierno respectivos. Notifíquese; mediante oficio a la autoridad responsable.
- Incidental
Por recibido el oficio 349/2018-I signado por la secretaria de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito, con sede en esta ciudad, al cual acompaña copia certificada del testimonio de la resolución dictada por dicha superioridad, con motivo del recurso de queja interpuesto por el tercero interesado... hágase del conocimiento de las partes que al substanciar dicho recurso, el tribunal de alzada resolvió: "PRIMERO. Se CONFIRMA la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se CONCEDE la suspensión definitiva solicitada por... en contra de los actos que reclama del Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Torreón, con residencia en esta ciudad, por los motivos expuestos en el considerando tercero de la resolución recurrida". Acúsese recibo de estilo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado. Notifíquese; mediante oficio a la autoridad responsable.
- Principal
se notifica por lista al quejoso y representante legal especial del menor F.J.C.S Marco Tulio de Edgargo Rosas Herrera : Por recibido el oficio de cuenta signado por el Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Familiar, con residencia en esta ciudad, mediante el cual acompaña las copias que le fueron solicitadas en auto de veinticinco de abril del año en curso, en tales condiciones, se le tiene dando cumplimiento a dicho proveído. Ahora bien, el acto reclamado se hizo consistir esencialmente, en el proveído dictado dentro de la audiencia preparatoria de diecinueve de febrero de dos mil dieciocho, en la que el juez resolvió fijar provisionalmente una convivencia entre su menor hija F.J.C.S. con su padre Diego Salvador Campa Fernández, los días sábados de las doce a las dieciocho horas, dentro de los autos del divorcio incausado 1456/2017 del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Materia Familiar, con sede en esta ciudad. En ese contexto, de las constancias que el juez responsable acompañara al oficio de cuenta, las cuales merecen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, se advierte que las partes Hamde Jordania Sdir Moreno y Diego Salvador Campa Fernández, el diecisiete de abril del año en curso, celebraron un convenio de convivencia y pensión alimenticia respecto de la menor hija F.J.C.S., el cual fue ratificado ante la presencia judicial y en auto de veintiséis de abril de dos mil dieciocho, el juez responsable aprobó el convenio en todas y cada una de sus partes por no estar contrario a derecho, a la moral ni a las buenas costumbres, elevándolo a la categoría de sentencia firme con efectos de cosa juzgada y ordenó el archivo del expediente 1456/2017, de donde emanan los actos reclamados; del que se infiere que en el presente caso, han cesado los efectos del acto reclamado, por actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, el cual dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" De la interpretación relacionada de lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXI y el artículo 77, ambos de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causal de improcedencia del juicio de amparo consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario, que se destruyan todos sus efectos, de tal modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Por tanto, si en la especie, se advierte que el Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Familiar, con sede en esta ciudad, aprobó el referido convenio en todas y cada una de sus partes por no estar contrario a derecho, a la moral ni a las buenas costumbres, elevándolo a la categoría de sentencia firme con efectos de cosa juzgada; entonces, es inconcuso, que cesaron los actos reclamados. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis jurisprudencial 2a./J. 59/99 de la Novena época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 38, tomo IX, de junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". De igual manera, tiene aplicación al caso la jurisprudencia número 2a./J. 9/98 de la Novena época, sustentada por la mencionada Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 210, tomo VII, de febrero de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Asimismo, en apoyo a lo expuesto se invoca, la tesis aislada P. CL/97 de la Novena época, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 71, tomo VI, de noviembre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice lo siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". En consecuencia, al no existir una materia específica en la que pudiera recaer la sentencia protectora que se llegare a dictar y la consecuente ociosidad de atender las cuestiones planteadas por actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el 63 fracción V de la Ley de Amparo, lo que procede en el caso es decretar el SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio de garantías. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 10/2003 de la Novena época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 386, tomo XVII, de marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone lo siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previo la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Sin que resulte obstáculo para determinar lo anterior, el hecho de que se señalaron las doce horas del veintidós de mayo de dos mil dieciocho, para llevar a cabo la celebración de la audiencia constitucional en este juicio, se deja sin efectos la misma, pues al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido criterio firme en el sentido de que resulta procedente decretar el sobreseimiento fuera de audiencia, cuando dentro del desarrollo del procedimiento de amparo, subyace una causal de improcedencia de forma notoria y manifiesta, de ahí que, por mayoría de razón resulta procedente decretar el sobreseimiento del juicio, si a la fecha en que ha de celebrarse la audiencia aparece demostrada una causal de improcedencia notoria. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA, ASESOR JURÍDICO, TERCERO INTERESADO Y AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL ADSCRITO; MEDIANTE OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Así lo acordó y firma la licenciada Marta Elena Barrios Solís, Juez Primero de Distrito en la Laguna, asistida de la secretaria licenciada Maribel Villanueva Salas, que autoriza las actuaciones y da fe. Doy fe.
- Principal
Se notifica auto al tercero interesado Diego Salvador Campa Fernández. Torreón, Coahuila, treinta de abril de dos mil dieciocho. Por recibido el oficio de cuenta signado por el Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Familiar, con residencia en esta ciudad, mediante el cual acompaña las copias que le fueron solicitadas en auto de veinticinco de abril del año en curso, en tales condiciones, se le tiene dando cumplimiento a dicho proveído. Ahora bien, el acto reclamado se hizo consistir esencialmente, en el proveído dictado dentro de la audiencia preparatoria de diecinueve de febrero de dos mil dieciocho, en la que el juez resolvió fijar provisionalmente una convivencia entre su menor hija F.J.C.S. con su padre Diego Salvador Campa Fernández, los días sábados de las doce a las dieciocho horas, dentro de los autos del divorcio incausado 1456/2017 del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Materia Familiar, con sede en esta ciudad. En ese contexto, de las constancias que el juez responsable acompañara al oficio de cuenta, las cuales merecen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, se advierte que las partes Hamde Jordania Sdir Moreno y Diego Salvador Campa Fernández, el diecisiete de abril del año en curso, celebraron un convenio de convivencia y pensión alimenticia respecto de la menor hija F.J.C.S., el cual fue ratificado ante la presencia judicial y en auto de veintiséis de abril de dos mil dieciocho, el juez responsable aprobó el convenio en todas y cada una de sus partes por no estar contrario a derecho, a la moral ni a las buenas costumbres, elevándolo a la categoría de sentencia firme con efectos de cosa juzgada y ordenó el archivo del expediente 1456/2017, de donde emanan los actos reclamados; del que se infiere que en el presente caso, han cesado los efectos del acto reclamado, por actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, el cual dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" De la interpretación relacionada de lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXI y el artículo 77, ambos de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causal de improcedencia del juicio de amparo consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario, que se destruyan todos sus efectos, de tal modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Por tanto, si en la especie, se advierte que el Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Familiar, con sede en esta ciudad, aprobó el referido convenio en todas y cada una de sus partes por no estar contrario a derecho, a la moral ni a las buenas costumbres, elevándolo a la categoría de sentencia firme con efectos de cosa juzgada; entonces, es inconcuso, que cesaron los actos reclamados. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis jurisprudencial 2a./J. 59/99 de la Novena época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 38, tomo IX, de junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". De igual manera, tiene aplicación al caso la jurisprudencia número 2a./J. 9/98 de la Novena época, sustentada por la mencionada Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 210, tomo VII, de febrero de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Asimismo, en apoyo a lo expuesto se invoca, la tesis aislada P. CL/97 de la Novena época, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 71, tomo VI, de noviembre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice lo siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". En consecuencia, al no existir una materia específica en la que pudiera recaer la sentencia protectora que se llegare a dictar y la consecuente ociosidad de atender las cuestiones planteadas por actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el 63 fracción V de la Ley de Amparo, lo que procede en el caso es decretar el SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio de garantías. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 10/2003 de la Novena época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 386, tomo XVII, de marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone lo siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previo la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Sin que resulte obstáculo para determinar lo anterior, el hecho de que se señalaron las doce horas del veintidós de mayo de dos mil dieciocho, para llevar a cabo la celebración de la audiencia constitucional en este juicio, se deja sin efectos la misma, pues al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido criterio firme en el sentido de que resulta procedente decretar el sobreseimiento fuera de audiencia, cuando dentro del desarrollo del procedimiento de amparo, subyace una causal de improcedencia de forma notoria y manifiesta, de ahí que, por mayoría de razón resulta procedente decretar el sobreseimiento del juicio, si a la fecha en que ha de celebrarse la audiencia aparece demostrada una causal de improcedencia notoria. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA, ASESOR JURÍDICO, TERCERO INTERESADO Y AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL ADSCRITO; MEDIANTE OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Así lo acordó y firma la licenciada Marta Elena Barrios Solís, Juez Primero de Distrito en la Laguna, asistida de la secretaria licenciada Maribel Villanueva Salas, que autoriza las actuaciones y da fe. Doy fe.
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