Hamdamov Shahboz Makhmudjonovich
Expediente 867/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 9 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 867/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 23/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Hamdamov Shahboz Makhmudjonovich
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siendo las nueve horas con cuarenta y siete minutos del veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés, hora y día señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional del juicio de amparo 867/2023, el juez ***, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca, asistido del licenciado ******, secretario de Juzgado que autoriza y da fe, procede a celebrar la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, sin asistencia personal o virtual de alguna de las partes. Abierta la audiencia, el secretario dio lectura a la demanda y demás constancias de autos; además CERTIFICA: Que durante la tramitación de este juicio de amparo, ninguna de las partes hizo manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, contenido en los artículos 6, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Acto continuo el juez acuerda: Téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales procedentes y, respecto a la falta de oposición de las partes para la publicación de sus datos personales, resuélvase lo procedente al dictarse la sentencia respectiva. A continuación, abierto el período probatorio, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas documentales de la autoridad responsable, Jefa del Departamento de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Oaxaca, las que anexó al rendir su informe respecto a la suspensión de oficio y de plano, así como al rendir su informe justificado. Acto posterior, abierto el periodo de alegatos, el secretario CERTIFICA: Que las partes no formularon alegatos; por lo que, el Juez acuerda: se tiene por efectuada la certificación que antecede para los efectos legales conducentes, con lo cual se ordena cerrar este período y, se procede a emitir la siguiente sentencia. VISTOS los autos, para resolver en sentencia el juicio de amparo indirecto 867/2023, que promovió ***** a través de Celia Javier Juárez; y, RESULTANDO: Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el seis de septiembre de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, y que se turnó a este juzgado el mismo día, ****, promovió demanda de amparo a favor de ****, contra actos reclamados al Titular de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en la Ciudad de Oaxaca de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración (INM) en Estado de Oaxaca y otras autoridades, consistentes en: La detención y/o retención e incomunicación; así como, la deportación. Segundo. Trámite de la demanda. El seis de septiembre de dos mil veintitrés, se concedió la suspensión de oficio y de plano respecto de los actos reclamados y se ordenó ratificar la demanda de amparo. Tercero. Previa ratificación, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables, se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional que antecede. Cuarto. El tres de octubre de dos mil veintitrés, se tuvo como autoridades inexistentes a las señaladas por el quejoso como: 1. Subdirector de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración de la Ciudad de Oaxaca de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración. 2. Subdirector de Operación, Seguridad y Custodia de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en la Ciudad de Oaxaca de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración. Por tanto, se ordenó suspender todo tipo de comunicación procesal al respecto. CONSIDERANDO: Primero. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca, es legalmente competente para conocer y resolver el juicio de amparo, con fundamento en los artículos 103, fracción I y 107, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 49 y 56, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, Acuerdo General 23/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como el Acuerdo 45/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el acuerdo 3/2013, en sus artículos segundo, fracción XIII, números 1, 2 y 3, así como el cuarto, fracción XIII, segundo párrafo, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, toda vez que el acto reclamado es de naturaleza administrativa y su ejecución tuvo lugar en la demarcación geográfica en que se ejerce competencia. Segundo. Precisión de los actos reclamados. Acorde con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto reclamado. En ese sentido, del análisis integral de la demanda de amparo e informes justificados, se advierte que la parte quejosa reclama: 1.- La incomunicación de la cual era objeto al estar alojado en la Estación Migratoria de Oaxaca. 2.- El alojamiento (Que la denominó como la detención y retención). 3.- La deportación (Que denominó como devolución o expulsión). Tercero. Existencia de los actos. La Jefa del Departamento de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Migración en Oaxaca, en representación del Encargado de la Sub-Representación Local del Instituto Nacional de Migración en Oaxaca, al rendir su informe justificado negó la existencia de los actos reclamados; sin embargo, del contenido de su informe se advierte que el aquí quejoso fue puesto a su disposición el cinco de septiembre de dos mil veintitrés, al no haber acreditado su legal estancia en el país; por tanto, fue alojado en la Sub representación Local del Instituto Nacional de Migración en Oaxaca; por lo que en esa misma fecha, se sujetó a procedimiento administrativo migratorio. Lo que desvirtúa la negativa de la autoridad responsable; teniéndose por cierto el acto que se le reclama. Corrobora lo anterior, las constancias remitidas en apoyo a su informe, documental a la que se concede valor probatorio pleno, por ser documento público, conforme a lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y por consiguiente, hacen prueba plena." Cuarto. Causal de improcedencia. La improcedencia es una institución procesal que impide analizar la constitucionalidad del acto reclamado; por ende, su estudio es de oficio, preferente y de orden público, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Ahora, por lo que hace a los actos reclamados, consistentes en: 1.- La incomunicación de la cual era objeto la parte quejosa, al estar alojada en la Estación Migratoria de Oaxaca. 2.- El alojamiento (Que la denominó como la detención o retención). Se materializa la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que prevé: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;." Dicha causal de improcedencia se actualiza cuando la autoridad responsable emite un acto que destruye la inacción reclamada, de forma total e incondicional; de modo tal, que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación a los derechos fundamentales de la parte quejosa, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, pues la razón que justifica la improcedencia de mérito es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de una omisión que ha dejado de existir por la acción de la autoridad. En el caso, la parte quejosa reclama actos relacionados con el alojamiento temporal en una estación migratoria; que se originaron con motivo de la detención realizada por el agente del Instituto Nacional de Migración, el cinco de septiembre de dos mil veintitrés; todo lo cual, por consecuencia, le impidió gozar del derecho de libre tránsito, así como restringió la libertad personal de la persona migrante. Sin embargo, de la información proporcionada por la jefa del Departamento de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Migración, se aprecia que al quejoso se le instruyó el procedimiento administrativo INM/OROAX/SRLOAX/EP/PRE/1291/2023, en virtud que es persona extranjera y no cuenta con documentos que acrediten su legal estancia en México. Asimismo, el quejoso egresó de la Sub representación Local del Instituto Nacional de Migración en Oaxaca el seis de septiembre de dos mil veintitrés en virtud de la suspensión de oficio y de plano decretada a su favor. En esas circunstancias, es claro que al momento de la presentación de la demanda de amparo -seis de septiembre de dos mil veintitrés-, si bien la parte quejosa se encontraba restringida en cuanto a su libertad personal y de tránsito, con motivo del alojamiento temporal en una estación migratoria; también es verídico que, posteriormente, fue puesta en libertad bajo las medidas de seguridad correspondientes bajo custodia provisional. De donde, se concluye, que en la especie cesaron total e incondicionalmente los efectos de los actos combatidos, ya que lo pretendido por el promovente al iniciar el juicio de amparo, era que cesaran los actos que restringían su libertad personal con motivo del alojamiento provisional en una estación migratoria; sin embargo, esos actos cesaron al momento en que salió de dicha estación migratoria; esto es, el seis de septiembre de dos mil veintitrés. De modo que al sobrevenir la causa de improcedencia invocada, procede decretar el sobreseimiento en este juicio de amparo de conformidad con la fracción V, del artículo 63 de la Ley de Amparo. Es aplicable, en lo conducente la jurisprudencia 2a./J. 59/99 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal" Quinto. Estudio de fondo. De las constancias remitidas por la autoridad responsable, con pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se obtienen los siguientes antecedentes. 1. Mediante oficio de cinco de septiembre de dos mil veintitrés, el Jefe del Departamento de Control Migratorio dejó a disposición del Encargado de la Sub Representación Local del Instituto Nacional de Migración en Oaxaca, al aquí quejoso ****, quien fue detenido en esa fecha dado que no acreditó contar con documentación que permita su legal estancia en el País. 2. También se hizo saber al quejoso los derechos de los alojados en las estaciones migratorias, firmando al calce del formato correspondiente. 4. El cinco de septiembre de dos mil veintitrés, se emitieron los acuerdos de presentación del quejoso y alojamiento temporal. 5. El seis de septiembre siguiente la Representante Local del Instituto Nacional de Migración en Oaxaca resolvió la deportación del quejoso, al encuadrar su conducta en lo dispuesto por el artículo 144, fracción I de la Ley de Migración, por internarse al país sin la documentación requerida a través de un lugar no autorizado para el tránsito internacional de personas, haciéndole saber que contra esa determinación procede el recurso de revisión previsto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Sexto. Estudio de los conceptos de violación. Los conceptos de violación formulados por la parte quejosa resultan infundados, en atención a las siguientes consideraciones. En el caso, el quejoso fue alojado provisionalmente en una estación migratoria, no por la comisión de un delito o falta administrativa a los Reglamentos gubernativos o de Policía, sino debido a la revisión migratoria que se le realizó, pues en su calidad de extranjero no acreditó que su estancia en el territorio nacional mexicano estuviera regularizada. Por ese motivo, no son aplicables las disposiciones relativas a las faltas administrativas, sino de una situación irregular en el país. Ahora bien, el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Artículo 11. Toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. El ejercicio de este derecho estará subordinado a las facultades de la autoridad judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general de la República, o sobre extranjeros perniciosos residentes en el país. Toda persona tiene derecho a buscar y recibir asilo. El reconocimiento de la condición de refugiado y el otorgamiento de asilo político, se realizarán de conformidad con los tratados internacionales. La ley regulará sus procedencias y excepciones". Dicho precepto constitucional reconoce el derecho de toda persona a la libre circulación dentro del territorio nacional mexicano, como una condición indispensable para el libre desarrollo de la persona, la cual cuenta con al menos cuatro dimensiones: La libertad de circulación en el territorio nacional; La libertad de escoger residencia; La libertad de salir de cualquier país, incluso el propio; y, El derecho a entrar en su propio País. El precepto constitucional anterior reconoce entonces el derecho de circular de manera libre por todo el territorio nacional, pero ese derecho fundamental, al igual que los demás derechos, no es absoluto, sino que encuentra algunas limitaciones para los casos de personas migrantes. En el caso, como ya se dijo, la restricción a los derechos de libertad personal y de libre circulación de la parte quejosa obedeció a las acciones de verificación en la sala última de espera y área pública del Aeropuerto Internacional de Oaxaca, donde no acreditó su regular estancia en el territorio nacional, motivo por el cual fue trasladado a la Sub Representación Local del Instituto Nacional de Migración en Oaxaca, a fin de resolver su situación migratoria. Así, el cinco de septiembre de dos mil veintitrés, la autoridad migratoria dictó acuerdos de inicio de Procedimiento Administrativo Migratorio y presentación del quejoso ante el Instituto Nacional de Migración, por virtud del cual se decretó su alojamiento temporal, mientras se procedía a resolver el procedimiento migratorio, en términos del artículo 68 de la Ley de Migración. A partir de esa presentación, el Instituto Nacional de Migración contaba con el plazo de quince días hábiles para resolver la situación migratoria del justiciable, de conformidad con el primer párrafo del artículo 111 de la Ley de Migración. No obstante, el seis de septiembre de dos mil veintitrés se resolvió su situación migratoria, donde la representante Local del Instituto Nacional de Migración en Oaxaca decretó su deportación, que es la medida dictada por ese Instituto, en la que se ordena la salida del territorio nacional de un extranjero y se determina el período durante el cual no podrá reingresar. Lo anterior, porque la conducta del extranjero quejoso actualizó las hipótesis del artículo 144, fracción I, de la Ley de Migración, debido a que se concluyó que es una persona extranjera que se internó en el país sin la documentación requerida y a través de un lugar no autorizado para el tránsito internacional. El artículo citado establece: "Artículo 144. Será deportado del territorio nacional el extranjero presentado que: I. Se haya internado al país sin la documentación requerida o por un lugar no autorizado para el tránsito internacional de personas". De lo expuesto es posible concluir que no existe violación al artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque la situación migratoria del quejoso se encuentra restringida y determinada en la Ley de Migración. Es orientadora al respecto la tesis aislada 2a. CXXVIII/2015 (10a.), con registro digital: 2010428, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el título y contenido siguientes: "RESTRICCIONES CONSTITUCIONALES AL GOCE Y EJERCICIO DE LOS DERECHOS Y LIBERTADES. ADICIONALMENTE A QUE SE TRATEN DE UNA MANIFESTACIÓN EXPRESA DEL CONSTITUYENTE MEXICANO QUE IMPIDE SU ULTERIOR PONDERACIÓN CON OTROS INSTRUMENTOS INTERNACIONALES, TAMBIÉN SE ENCUENTRAN JUSTIFICADAS EN EL TEXTO DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. Conforme a lo resuelto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la contradicción de tesis 293/2011 (*), las restricciones constitucionales al goce y ejercicio de los derechos y libertades prevalecen sobre la norma convencional, sin dar lugar a emprender algún juicio de ponderación posterior; razonamiento que generó, a su vez, que esta Segunda Sala emitiera el criterio jurisprudencial número 2a./J. 119/2014 (10a.) (**), relativo a que son inoperantes aquellos agravios en los cuales se pretenda desconocer el texto de la Ley Fundamental cuando se esté en presencia de una disposición que contenga una restricción, prohibición, limitación o excepción constitucional. Ahora bien, adicional a ello, de lo previsto en los numerales 30 y 32.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se desprende que los Estados Parte han dispuesto que las restricciones convencionalmente permitidas, son aquellas que por razones de interés general se dictaren en las leyes domésticas, con el propósito para el cual han sido establecidas, además de resultar ineludibles por razones de seguridad y por las justas exigencias del bien común, en una sociedad democrática. En este sentido, las restricciones constitucionales encuentran sustento también en el propio texto del instrumento internacional en cita, pues se tratan de una manifestación soberana del Constituyente Originario o del Poder Revisor de la Norma Fundamental, en el que se incorporan expresamente este tipo de finalidades en la Constitución General." Por otra parte, la resolución de deportación multicitada, se encuentra fundada y motivada. En principio, debe destacarse que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 16 constitucional, todo acto de autoridad que pretenda incidir en la esfera de derechos de las personas, debe encontrarse debidamente fundado y motivado. La fundamentación implica la cita de los preceptos jurídicos que establecen la hipótesis que genera la emisión del acto reclamado; en tanto que motivación es la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto. Por tanto, para que exista una adecuada fundamentación y motivación, es necesaria la subsunción entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso, lo que permite sostener que ambos conceptos están vinculados, en razón de que no puede existir motivación si es inexistente la adecuación entre el hecho y la norma legal. Esos requisitos -fundamentación y motivación- tienen por objeto otorgar seguridad jurídica a las determinaciones de las autoridades; aspecto que es indispensable en un sistema democrático, ya que solo de esa forma se podrá constatar que sus decisiones no son arbitrarias. Expuesto lo anterior, resulta evidente para este órgano que el acto reclamado, consistente en la resolución mediante la cual se determinó la deportación de la persona extranjera, ahora quejoso, de nacionalidad uzbeka, por adecuar su conducta a la hipótesis contemplada en el artículo 144 fracción I de la Ley de Migración, se encuentra debidamente fundada y motivada. Cabe destacar que la deportación es la decisión administrativa mediante la cual determina que debe ser expulsado, físicamente, un migrante del territorio nacional, aun en contra de su voluntad, como consecuencia de su ilegal estancia. Asimismo, no obstante que la deportación sea decretada por las autoridades migratorias, debe basarse en hechos ciertos que justifiquen la necesidad de tal medida, acorde con la hipótesis prevista en el artículo 144, fracción I, de la Ley de Migración, antes citado. En el caso, la representante Local del Instituto Nacional de Migración en Oaxaca, al emitir esa resolución, sostuvo que se encontraba acreditada la nacionalidad del quejoso; esto es, es uzbeka. Asimismo, la conducta que desplegó encuadra en lo señalado en los artículos 43, fracción II, y 144, fracción I, de la Ley de Migración, que disponen: "Artículo 43. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 42 de este ordenamiento, las autoridades migratorias podrán negar la expedición de la visa, la internación regular a territorio nacional o su permanencia a los extranjeros que se ubiquen en alguno de los siguientes supuestos: I. II.- Cuando no cumplan con los requisitos establecidos en esta Ley, su Reglamento y otras disposiciones jurídicas aplicables; ." "Artículo 144. Será deportado del territorio nacional el extranjero presentado que: Se haya internado al país sin la documentación requerida o por un lugar no autorizado para el tránsito internacional de personas;" De igual manera, por cuanto hace a la motivación empleada, la autoridad responsable, expuso las siguientes causas que tuvo en consideración para la emisión del acto: El quejoso ingresó al país de forma irregular. b) No se localizó registro electrónico de ingreso o egreso del quejoso en el país. En el caso concreto, de las constancias remitidas por la autoridad, se advierte que el quejoso no cuenta con la documentación necesaria para ingresar al territorio mexicano, pues aun cuando se le dio la oportunidad de aportar elementos de prueba para acreditar su legal estancia, no ofrecó prueba alguna. Aunado a que, la autoridad responsable verificó que no existían registros en la plataforma institucional de sistema del Instituto Nacional de Migración, ni en el sistema electrónico de trámites migratorios, que sustentara la legal presencia del directo quejoso en el territorio nacional. En ese tenor, la autoridad se basó en hechos ciertos para justificar la necesidad de la medida decretada y señalar que el quejoso se internó en el país sin la documentación requerida, lo cual provocaba su deportación. De lo anterior se colige que, la autoridad expuso los motivos y circunstancias que tuvo para la emisión del acto reclamado, para determinar deportar al ahora quejoso. De igual manera, fue acertado que la autoridad responsable impusiera la restricción al quejoso para internarse en territorio nacional por cinco años, pues la misma se encuentra justificada en razón de la determinación de deportación emitida, acorde con lo señalado por el artículo 244 del Reglamento de la Ley de Migración: "Artículo 244. Para efectos del penúltimo párrafo del artículo 144 de la Ley, la autoridad migratoria, a fin de determinar el período de restricción de ingreso al territorio nacional de personas extranjeras a quienes se haya resuelto su deportación, tomará en consideración las circunstancias especiales de cada caso, particularmente: I. Si la persona extranjera ingresó al territorio nacional sin la autorización correspondiente de la Secretaría, el plazo de restricción será de uno a cinco años; [.]" Advirtiéndose que la restricción para ingresar a México resulta ser una consecuencia de la deportación decretada, cuya temporalidad se encuentra estipulada en el Reglamento de la Ley de Migración y su aplicación queda al arbitrio de la autoridad correspondiente, siempre y cuando se haya acreditado que el extranjero haya infringido las leyes nacionales, lo que en el caso ocurrió; por lo que se infiere que se encuentra debidamente justificada. En esas circunstancias, se insiste que la autoridad responsable fundó y motivó correctamente su proceder, como lo refiere el artículo 16 constitucional. Expuesto lo anterior, también se advierte que se respetaron las formalidades esenciales del procedimiento contenidas en el párrafo segundo del artículo 14 constitucional y que, según la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aquéllas consisten en: 1. La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2. La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas; 3. La oportunidad de alegar; y 4. El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. Al efecto se invoca la jurisprudencia 1a./J. 11/2014 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 3, febrero de 2014, Tomo I, página 396, de rubro y texto: "DERECHO AL DEBIDO PROCESO. SU CONTENIDO. Dentro de las garantías del debido proceso existe un "núcleo duro", que debe observarse inexcusablemente en todo procedimiento jurisdiccional, y otro de garantías que son aplicables en los procesos que impliquen un ejercicio de la potestad punitiva del Estado. Así, en cuanto al "núcleo duro", las garantías del debido proceso que aplican a cualquier procedimiento de naturaleza jurisdiccional son las que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha identificado como formalidades esenciales del procedimiento, cuyo conjunto integra la "garantía de audiencia", las cuales permiten que los gobernados ejerzan sus defensas antes de que las autoridades modifiquen su esfera jurídica definitivamente. Al respecto, el Tribunal en Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 47/95, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, diciembre de 1995, página 133, de rubro: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.", sostuvo que las formalidades esenciales del procedimiento son: (i) la notificación del inicio del procedimiento; (ii) la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; (iii) la oportunidad de alegar; y, (iv) una resolución que dirima las cuestiones debatidas y cuya impugnación ha sido considerada por esta Primera Sala como parte de esta formalidad. Ahora bien, el otro núcleo es identificado comúnmente con el elenco de garantías mínimo que debe tener toda persona cuya esfera jurídica pretenda modificarse mediante la actividad punitiva del Estado, como ocurre, por ejemplo, con el derecho penal, migratorio, fiscal o administrativo, en donde se exigirá que se hagan compatibles las garantías con la materia específica del asunto. Por tanto, dentro de esta categoría de garantías del debido proceso, se identifican dos especies: la primera, que corresponde a todas las personas independientemente de su condición, nacionalidad, género, edad, etcétera, dentro de las que están, por ejemplo, el derecho a contar con un abogado, a no declarar contra sí mismo o a conocer la causa del procedimiento sancionatorio; y la segunda, que es la combinación del elenco mínimo de garantías con el derecho de igualdad ante la ley, y que protege a aquellas personas que pueden encontrarse en una situación de desventaja frente al ordenamiento jurídico, por pertenecer a algún grupo vulnerable, por ejemplo, el derecho a la notificación y asistencia consular, el derecho a contar con un traductor o intérprete, el derecho de las niñas y los niños a que su detención sea notificada a quienes ejerzan su patria potestad y tutela, entre otras de igual naturaleza. Consecuentemente, ante lo infundado de los conceptos de violación, procede negar el amparo y protección de la Justicia Federal. Séptimo. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 1°, fracción I, 73, 74, 75 y 217 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: Primero. Se sobresee el juicio de amparo promovido por ***, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta sentencia. Segundo. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a *****; por las razones expuestas en el considerando sexto de esta sentencia. Tercero. En su oportunidad, dése cumplimiento al último considerando de este fallo, en los términos ahí precisados. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a la autoridad responsable.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos, el oficio signado por la Jefa del Departamento de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Migración en Oaxaca, mediante el cual, en cumplimiento a lo requerido el treinta de octubre de este año, informa que el directo quejoso ********************, incumplió con las obligaciones que le fueron requeridas, a saber: Proporcionar un domicilio en el lugar de residencia del Juzgado de Distrito y de la autoridad Migratoria. En el plazo de tres días deberá exhibir carta responsiva de algún ciudadano y organización social Mexicana; Deberá comparecer ante la autoridad migratoria los días martes y jueves en un horario de 10:00 a 14:00 horas o al día siguiente si fuera inhábil; y, No deberá abandonar la demarcación territorial de su residencia sin autorización previa, hasta en tanto se resuelva en definitiva su Procedimiento Administrativo Migratorio y como tal su Juicio de Garantías. En consecuencia, se le tiene a la autoridad responsable dando cumplimiento a lo solicitado. Notifíquese por lista electrónica.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal del expediente, se advierte que para hoy se encuentra señalada la audiencia constitucional; sin embargo, en aras de contar con las constancias necesarias para resolver en este asunto, dado el acto reclamado y el sentido del informe justificado, con fundamento en el artículo 75, de la Ley de Amparo, en relación con el 297, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, requiérase a la Jefa del departamento de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Migración, en Oaxaca, para que, dentro del plazo de tres días, informe si el directo quejoso Hamdamov Shahboz Makhmudjonovich ha cumplido con las presentaciones ante dicha autoridad, que se le impuso como medida de seguridad; y, de ser así, remita en copia certificada, las constancias que así lo acrediten. Sirve de fundamento a lo anterior, de acuerdo al artículo 6° transitorio de la Ley de Amparo, la jurisprudencia P./J. 17/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 108, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Febrero de 1997, Novena Época, de rubro: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO". Se le apercibe, que, de no cumplir con el requerimiento ordenado, se le impondrá una multa equivalente a CIEN unidades de medida de actualización, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Por ello, para dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional, señalada para hoy y se fijan las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y SIETE MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE NOVIEMBRE DE ESTE AÑO, para su celebración. Notifíquese por lista electrónica.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, seis de octubre de dos mil veintitrés. Diferimiento de la audiencia constitucional. Visto el estado de autos, de los que se advierte que para el día de hoy se encuentra programada la celebración de la audiencia constitucional; sin embargo, de la certificación de cuenta se aprecia, que se encuentra transcurriendo el plazo de ocho días concedido en auto de tres de octubre de dos mil veintitrés, con el informe justificado rendido por la autoridad responsable Jefa del departamento de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Migración, en Oaxaca. En esas condiciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, la audiencia constitucional señalada para hoy se difiere y, en su lugar, se fijan las ONCE HORAS CON VEINTISÉIS MINUTOS DEL TREINTA DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su celebración. Notifíquese por lista electrónica.
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Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca · 12,117 expedientes
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- Guzmán Eugenio Reyes Juárez1758/2016
- Guzmán Ramírez Ramírez714/2016
- Guzmán Ramírez Ramírez168/2022
- Habacuc Humberto Merino Silva1312/2015
- Hada Nery Crespo Flores2087/2015
- Hamdamov Shahboz Makhmudjonovich870/2023
- Harizu Leilani Méndez Díaz123/2021
- Harón Edgardo Ramírez López518/2017
- Harón Edgardo Ramírez López778/2017
- Hashiel Vásquez Pérez252/2019
- Haydee Hernández Torres1953/2015