Hallym Orella Nájera
Expediente 420/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 5 actuaciones registradas, la última del 6 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 420/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 06/08/2021
Partes del expediente
- Hallym Orella Nájera
- Presidente de la Junta Especial Número Cuarenta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
EJECUTORIA. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que las partes legitimadas no interpusieron recurso de revisión contra la sentencia dictada el diecinueve de julio de dos mil veintiuno, en el expediente en el que se actúa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. Sin que sea obstáculo para lo anterior, que no obre en autos las constancias de notificación de las autoridades responsables Presidente y Actuario, ambos adscritos a la Junta Número Cuarenta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, respecto de los oficios 24603/2021 y 24604/021, que contienen la resolución dictada en el presente juicio de amparo; en virtud que, como lo refiere el artículo 87 de la Ley de Amparo, las autoridades responsables sólo pueden interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente al acto que a cada una de ellas se haya reclamado; de ahí que, las responsables y las demás partes, sólo están legitimadas a recurrir los fallos de amparo que le son adversos; consecuentemente, si en el caso se decretó el sobreseimiento en el juicio, es evidente que el mismo no afecta a las citadas autoridades responsables, por ende, no están legitimadas para interponer recurso en contra del referido auto, por lo que se estima, como se dijo, que el mismo ha causado ejecutoria. Tiene apoyo lo anterior en la Tesis, cuyo rubro y texto son: "REVISIÓN, RECURSO DE. LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO CONTRA UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO. Tomando en cuenta que los recursos previstos por la Ley de Amparo, fueron consagrados por el legislador con el propósito de reparar los perjuicios sufridos por las partes en el juicio, con motivo de las determinaciones ilegalmente adoptadas por el órgano encargado de su tramitación; y que cuando se decreta el sobreseimiento en un juicio de amparo, queda intocado el acto reclamado y se dejan las cosas en el estado que guardaban antes del ejercicio de la acción constitucional; dicha resolución a quien en todo caso podría parar perjuicio sería al quejoso, pero no al tercero perjudicado ni a la autoridad responsable. Al segundo, porque las cosas quedan en el estado que se encontraban antes de promover el juicio, y a la última, porque no vincula su actuación en algún sentido, ni juzga sobre la constitucionalidad del acto reclamado, por lo que el primero es el único que está legitimado para interponer el recurso de revisión contra un fallo de sobreseimiento." ARCHIVO DEL EXPEDIENTE. Ahora, en razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el inciso a), del artículo 21, Capitulo Octavo, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se sobreseyó en el juicio de amparo; además de que no tiene relevancia documental para su conservación. Como lo disponen los artículos 21, 22, 23 y 24, todos del capítulo Octavo y 35, del capítulo Décimo Tercero, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de control físicos y electrónicos respectivos; y, una vez que transcurran tres años, destrúyase el expediente, debiéndose remitir el acta correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Todo aquél soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán consideradas como documentos originales". NOTIFÍQUESE.
- Principal
Audiencia y Sentencia Constitucional En Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a las ONCE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL DIECINUEVE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO, día y hora señalados para la celebración de la audiencia constitucional en los autos del juicio de amparo 420/2021, el licenciado José Daniel Serrano Meléndez, Secretario del Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, encargado del despacho, en términos del artículo 161, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por vacaciones del titular, autorizadas mediante oficio CCJ/ST/1077/2021, de veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, con las facultades derivadas de la interpretación que del artículo citado realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada en la página 716 del Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA", asistido de la Secretaria con quien actúa y da fe, licenciada Annais Elena López Maya, sin la comparecencia personal de ninguna de las partes, ni representante de las mismas, la declaró abierta. Acto continuo, la Secretaria hizo relación y dio lectura de las constancias de autos y de los informes con justificación rendidos por las autoridades responsables Presidente y Actuario, ambos adscritos a la Junta Número Cuarenta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, mediante el cual el primero de los citados anexa copia certificada de dos cédulas de notificación de veintinueve de junio de dos mil veintiuno, que obran en autos del expediente laboral 154/2020, las cuales serán valoradas al momento de dictarse la resolución que corresponda. EL SECRETARIO ENCARGADO DEL DESPACHO ACUERDA: Téngase por hecha la relación y lectura de las constancias que obran en autos, y por rendidos los informes con justificación relacionados en la cuenta anterior, sin perjuicio que sean tomadas en consideración al momento de dictar sentencia en el presente juicio de amparo. Seguidamente SE ABRE EL PERIODO PROBATORIO. Donde la Secretaria da de nuevo cuenta con las copias certificadas de dos cédulas de notificación de veintinueve de junio de dos mil veintiuno, que obran en autos del expediente laboral 154/2020, remitidas por el Presidente de la Junta Número Cuarenta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad. EL SECRETARIO ENCARGADO DEL DESPACHO ACUERDA: Ténganse en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo, por ofrecida, admitida y en virtud de su especial naturaleza por desahogadas las pruebas documentales relacionadas anteriormente, sin perjuicio que sean tomadas en consideración de acuerdo a las reglas de adminiculación y valoración de la prueba. SE CIERRA EL PERIODO PROBATORIO. Seguidamente, SE ABRE EL PERIODO DE ALEGATOS. Sin que las partes los hayan formulado. SE CIERRA EL PERIODO DE ALEGATOS. A continuación, el Secretario en encargado del despacho procede a dictar la sentencia correspondiente: Vistos para resolver el juicio de amparo indirecto 420/2021-V, promovido por Hallym Orella Nájera, contra actos del Presidente y Actuario, ambos adscritos a la Junta Número Cuarenta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad; y; R E S U L T A N D O PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el dos de junio de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez, y de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, y en la misma data, en la oficialía de partes de este Juzgado de Distrito, Hallym Orella Nájera, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto y autoridades que a continuación se precisan: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES.- Señalo como Autoridades Responsables: PRESIDENTE DE LA JUNTA NÚMERO CUARENTA Y NUEVE DE LA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE.- Con domicilio conocido en palacio Federal, Colonia Centro (parque central) en esta Ciudad. Como Ordenadora. ACTUARIO ADSCRITO A LA JUNTA NÚMERO CUARENTA Y NUEVE DE LA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE.- Con domicilio conocido en palacio Federal, Colonia Centro (parque central) en esta Ciudad. Como Ejecutora. IV.-ACTO RECLAMADO- De la Autoridad Responsable como ejecutora, reclamo LA NEGATIVA U OMISIÓN PARA EMPLAZAR A JUICIO EN EL EXPEDIENTE LABORAL 154/2020, radicado en la Junta número Cuarenta y Nueve de la federal de Conciliación y Arbitraje y de la autoridad ordenadora reclamo la falta de cumplimiento al proveído mediante el cual ordena el emplazamiento a la demandada". (sic) La parte quejosa narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos transgredidos, principalmente los reconocidos en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. ADMISIÓN DE DEMANDA Y TRÁMITE. El tres de junio de dos mil veintiuno, este Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales, a quien por razón de turno le tocó conocer de la demanda planteada, la tuvo por recibida, la registró en el Libro de Gobierno bajo el número 420/2021-V, y la admitió a trámite; solicitó los informes con justificación a las autoridades responsables, dio la intervención que por ley corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, y fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. C O N S I D E R A N D O S: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, es legalmente competente para resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones VII y XII, de la Constitución Federal, artículos 37 y 107, de la Ley de Amparo; 49, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 3/2013, relacionado con el diverso 16/2016, pronunciados por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos, en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la cuestión efectivamente planteada en esta instancia lo constituye: a) La omisión del Presidente y Actuario, ambos adscritos a la Junta Número Cuarenta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, de emplazar a la parte demandada en el expediente laboral 154/2020. Tiene aplicación por identidad jurídica, la tesis que adelante se trascribe: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." TERCERO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. El Secretario de Acuerdos en funciones de Juez Segundo Especializado en Materia Burocrática del Poder Judicial del Estado con sede en esta ciudad, negó la existencia del acto que se le reclama en esta vía, sin embargo de las manifestaciones que realizó se advierte que es cierto el acto reclamado, pues refiere que a la fecha de presentación de la demanda no habían sido emplazados los demandados Afore XXI Banorte S.A. de C.V. y Comisión Federal de Electricidad, en el expediente laboral 154/2020. Circunstancia que se ve corroborada con las constancias remitidas por la primera de las citadas autoridades en apoyo a su informe con justificación, consistentes en copia certificada de dos cédulas de notificación realizadas a Afore XXI Banorte S.A. de C.V. y Comisión Federal de Electricidad, de veintinueve de junio de dos mil veintiuno, que obran en autos del expediente laboral 154/2020; documentales a las que se les otorga valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo según su numeral 2°. El valor jurídico del informe con justificación encuentra apoyo en las Jurisprudencias siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. IMPROCEDENCIA. Con fundamento en el artículo 62, de la Ley de Amparo, se deben analizar las causas de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa; de orden público y estudio preferente. Sirve de apoyo, por las razones que la integran, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "IMPROCEDENCIA. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A ESTUDIAR OFICIOSAMENTE TODAS Y CADA UNA DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Si el Juez de Distrito no encuentra causal de improcedencia que amerite su estudio oficioso para sobreseer en el juicio, no está obligado a hacerse cargo del estudio de todas y cada una de las contempladas en el artículo 73 de la Ley de Amparo, ya que el último párrafo de dicho precepto no lo obliga a que analice todos y cada uno de los supuestos de improcedencia contenidos en la ley, bastando que estudie y se pronuncie sobre las causales específicamente invocadas por las partes y las que oficiosamente considere aplicables, para tener por satisfecho el precepto en comento." Así, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, lo que conlleva a sobreseer el juicio, en relación con el numeral 63, fracción V, del ordenamiento citado, que establecen lo siguiente: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)". "ARTÍCULO 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el Capítulo anterior." De una interpretación a los preceptos legales transcritos, se arriba a la convicción que la causal de improcedencia del juicio de garantías, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. La referida improcedencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el numeral 77, de la ley reglamentaria de los artículo 103 y 107, de la Constitución General de la República; es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que en el caso, la omisión de las responsables en emplazar a la parte demandada dentro del expediente laboral 154/2020, deja de afectar la esfera jurídica del quejoso de referencia, al cesar su actuación omisa, lo que implica no sólo la detención definitiva del acto negativo de la autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, pues es patente que la razón que justifica la referida improcedencia no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite declarar insubsistente o sin efecto por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal Bajo este tenor, se afirma que la citada causal de improcedencia se actualiza, pues, a la fecha de la presentación de la demanda de garantías, es decir, el dos de junio de dos mil veintiuno, era evidente la existencia del acto reclamado a las autoridades responsables Presidente y Actuario, ambos adscritos a la Junta Número Cuarenta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad. Sin embargo, la primera de las citadas responsables, al momento de rendir su informe justificado, anexó dos cédulas de notificación realizadas a Afore XXI Banorte S.A. de C.V. y Comisión Federal de Electricidad, de veintinueve de junio de dos mil veintiuno, que obran en autos del expediente laboral 154/2020, de las cuales se advierte que se les notifica y corre traslado con copia del acuerdo de seis de mayo de dos mil veintiuno, acuerdo de veinticinco de noviembre del mismo año, auto de radicación y copia cotejada de la demanda inicial; documentales que adquieren valor probatorio, conforme a los artículos 129, 197 y 202, primera parte, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, sin que esto implique el análisis de la legalidad en que se realizaron las mismas. Así, es indudable que ha cesado el efecto del acto reclamado consistente en la omisión de emplazar a la parte demandada en el expediente laboral 154/2020, supuesto que, como se dijo, de las constancias que remitió el Presidente de la Junta Número Cuarenta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, las cuales han sido valoradas en términos de ley, quedó acreditado que el veintinueve de junio de dos mil veintiuno, notificó y corrió traslado a las demandadas Afore XXI Banorte S.A. de C.V. y Comisión Federal de Electricidad, con copia del acuerdo de seis de mayo de dos mil veintiuno, acuerdo de veinticinco de noviembre del mismo año, auto de radicación y copia cotejada de la demanda inicial. En tal virtud, es claro que tal situación actualiza la causa de improcedencia del juicio de amparo, en términos del artículo 61, fracción XXI, de la Ley de la Materia, pues la omisión de la que se dolía desapareció, de ahí que, la autoridad responsable, dejó de agraviar la esfera jurídica de aquélla, en razón que el acto omisivo atribuido, ya no se encuentra surtiendo efectos. Sustenta lo anterior, la Jurisprudencia, de rubro y texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Asimismo, la Jurisprudencia, del siguiente tenor: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Con lo anterior, quedó evidenciado que la responsable el veintinueve de junio de dos mil veintiuno, notificó y corrió traslado a las demandadas Afore XXI Banorte S.A. de C.V. y Comisión Federal de Electricidad, con copia del acuerdo de seis de mayo de dos mil veintiuno, acuerdo de veinticinco de noviembre del mismo año, auto de radicación y copia cotejada de la demanda inicial; ello trae como consecuencia la cesación de los efectos del acto reclamado, por lo que se actualiza la causal de improcedencia antes invocada. La razón que justifica el sobreseimiento de referencia no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que ya no afecta en la esfera jurídica del justiciable que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Lo anterior, atendiendo a que el acto reclamado se analiza en atención a la etapa en la que se ubique el procedimiento del cual emana, de lo cual la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su criterio 2a. CV/2013 (10a.), de la Décima Época, visible en el Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, página 732, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, estableció que los alcances de la protección constitucional en determinado juicio de amparo, deben atenderse en relación a la etapa procedimental en la que se ubique el acto reclamado, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, a saber: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." En ese orden de ideas, como se dijo, al haberse actualizado la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, lo que procede es sobreseer en el presente juicio de garantías respecto al acto reclamado a las autoridades responsables Presidente y Actuario, ambos adscritos a la Junta Número Cuarenta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, con fundamento en el numeral 63, fracción IV, de la mencionada Ley de la Materia. QUINTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. De conformidad con los artículos 1, 5 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, conforme con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales, será considerada como información confidencial, la que no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello. Por lo que para que este órgano jurisdiccional, en calidad de sujeto obligado, pueda permitir el acceso a dicha información confidencial, se deberá requerir el consentimiento de los particulares titulares de la misma; salvo las excepciones que para tal efecto prevé el diverso numeral 117 de la citada ley. Por tanto, de conformidad con los artículos 118 y 119, en relación con el Tercero Transitorio de la citada ley, la publicación de la presente sentencia es pública a partir del día de hoy, en versión pública, y a través del módulo de captura del Sistema Integral se Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de distrito, conforme a los artículos Primero y Segundo del Acuerdo General 87/2003 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como en la circular 1/2004 de la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos del nombrado Consejo de la Judicatura Federal; al efecto, se ordena al secretario glosar al presente juicio la constancia de captura de la resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 103 y 107, constitucionales, 73 a 75, y 124, de la Ley de Amparo vigente, se; R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de garantías promovido por Hallym Orella Nájera, contra el acto que reclamó del Presidente y Actuario, ambos adscritos a la Junta Número Cuarenta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, por las razones y fundamentos expuestos en el considerando cuarto de este fallo. SEGUNDO. La presente resolución será publicable en términos de lo establecido en el último considerando de esta sentencia. NOTIFÍQUESE. Así lo resolvió y firman de manera electrónica, con fundamento en lo previsto por el artículo 22, párrafo primero del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el licenciado José Daniel Serrano Meléndez, Secretario del Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, encargado del despacho, en términos del artículo 161, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por vacaciones del titular, autorizadas mediante oficio CCJ/ST/1077/2021, de veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, con las facultades derivadas de la interpretación que del artículo citado realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada en la página 716 del Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA", quien actúa con la licenciada Annais Elena López Maya, Secretaria que autoriza y certifica que el presente acuerdo, así como las promociones que, en su caso, lo generaron, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
Agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado por ........ autorizado de la parte quejosa en el presente asunto, por medio del cual realiza manifestaciones en relación al informe rendido por la responsable. Al efecto, con fundamento en el artículo 124, de la Ley de Amparo, se tienen por hechas las manifestaciones de la parte quejosa en vía de alegatos, sin perjuicio de hacer relación de ellos en la audiencia constitucional.
- Principal
NOTIF POR LISTA AL QUEJOSO.Agréguese a los autos el oficio de cuenta remitido por el Jefe de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Chiapas, en representación del Delegado Estatal en Chiapas, del instituto de seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad, ...... informa que dentro de la estructura orgánica del instituto, no cuenta con la figura de notificador, así también por sanidad se están tomando las medidas protocolarias debido a la pandemia; ........ pide a este órgano jurisdiccional solicite al quejoso ....... presentarse ante el mencionado instituto, ....... a fin que se pueda hacer la notificación respectiva del contenido del oficio de folio ....... téngase a la autoridad oficiante en vías de cumplimiento. .......
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