Haide Carolina Méndez Caicedo

Expediente 371/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 5 actuaciones registradas, la última del 4 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
371/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
04/05/2022

Partes del expediente

  • Coordinación General de la Mexicana de Ayuda a Refugiados
  • Haide Carolina Méndez Caicedo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Zapopan, Jalisco, cuatro de mayo de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por remisión expresa del artículo 2 de este último ordenamiento, se acuerda: Causa estado interlocutoria. De la certificación secretarial que antecede, así como del estado de autos, se advierte que ha transcurrido el término señalado en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes en dicho plazo haya recurrido la resolución de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós. Ahora, con el fin de lograr el debido cumplimiento de la ejecutoria de amparo -respetándose con ello el procedimiento derivado de los artículos 107, fracción XVI, constitucional, y del 192 al 197 de la ley de la materia-, se indica, de forma puntual, a la autoridad o autoridades responsables y/o a la autoridad o autoridades vinculadas, los actos que deben verificar y/o ejecutar para cumplimentar el fallo, que en la especie consisten en: ".para que acrediten fehacientemente, con los documentos que estimen pertinentes, haber realizado el pago a la parte quejosa de las cantidades aludidas con anterioridad, con las precisiones efectuadas en torno a las deducciones que deberán calcular, bajo el apercibimiento de que de no cumplir con lo anterior, se continuará con el procedimiento que prevé el artículo 193 de la Ley de Amparo.". Establecido lo anterior, se requiere a las autoridades responsables, para que en el término de tres días legalmente computados, a partir de que se le comunique el presente proveído, cumpla cabalmente con cada uno de los deberes impuestos en la sentencia de amparo, y en consecuencia, liquiden al quejoso conforme a los lineamientos establecidos en la interlocutoria del incidente innominado, dictada en el presente asunto y lo acrediten de manera fehaciente ante este órgano de control constitucional. Es aplicable, en lo conducente, la Jurisprudencia 2a./J. 9/2016 (10a) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 27, febrero de 2016, Tomo I, página 832 de rubro y texto: "SENTENCIAS DE AMPARO. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER TOTAL, ATENTO A LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y DE EXHAUSTIVIDAD. Acorde al nuevo sistema en materia de cumplimiento de sentencias de amparo, establecido por el legislador en la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, dicho cumplimiento debe ser total, sin excesos o defectos; por tanto, tratándose del pronunciamiento de sentencias o laudos, éstos deben contener la declaración de la autoridad en relación con la solución integral del conflicto conforme a los principios de congruencia y de exhaustividad, que obligan a dirimir todas las cuestiones litigiosas, entre las que se encuentran tanto las que son materia de ejecución de la sentencia de amparo, como las que quedaron definidas o intocadas por la propia ejecutoria; de ahí que la autoridad debe reiterarlas en la sentencia o laudo que cumplimente". Apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, dentro del plazo otorgado, entonces, de conformidad con los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente al valor correspondiente a CIEN UNIDADES de Medida y Actualización a la data en que se le haga efectiva dicha sanción, 1 en cuyo caso, si no cumple con la sentencia de amparo 1 En términos del artículo 26 del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los aun después de habérsele impuesto la multa, ello implicará que se remita el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito competente, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación del cargo que ostenta y será puesto a disposición del juez de Distrito que corresponda, para que actúe en consecuencia, con apoyo en lo dispuesto en el numeral 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con el 193 de la ley de la materia. Medida de apremio que equivale a la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional), la cual se obtiene de multiplicar por cien el valor de la Unidad de Medida y Actualización, siendo este de $96.22 (noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional). Finalmente, tocante al escrito signado por Gabriel Romero Tamayo, autorizado en amplios términos de la parte quejosa, dígasele que deberá estarse a lo acordado en párrafos previos. Notifíquese

  2. Principal

    Zapopan, Jalisco, cinco de abril de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por remisión expresa del artículo 2 de este último ordenamiento, se acuerda: Se remite expediente original. Se tiene por recibido el oficio de cuenta, que remite el Actuario del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, y en atención a su solicitud, vía oficio, remítasele el cuaderno original del presente incidente de suspensión, lo anterior, para la substanciación del recurso de queja interpuesto en autos. Fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente. Se comisiona a la Analista Jurídico SISE. Finalmente, con independencia de lo antes ordenado, se instruye a la Analista Jurídico SISE adscrita a este órgano jurisdiccional, a fin de que verifique que se encuentre habilitada la consulta del expediente electrónico al Tribunal Colegiado de referencia, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese; y, cúmplase.

  3. Principal

    Zapopan, Jalisco, cinco de abril de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por remisión expresa del artículo 2 de este último ordenamiento, se acuerda: Autoridad cumple requerimiento. Se tiene por recibido el oficio signado por la Secretario General del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, mediante el cual, en atención al requerimiento de veinticinco de marzo de dos mil veintidós, remite las constancias ahí solicitadas, con su contenido dése vista a las demás partes para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar; sin perjuicio de relacionarlo al celebrarse la audiencia constitucional. Se forma cuaderno de pruebas Finalmente, para un mejor manejo del expediente se ordena formar un cuaderno de pruebas con las constancias remitidas por la responsable. Notifíquese

  4. Principal

    Zapopan, Jalisco, veintitrés de marzo de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por remisión expresa del artículo 2 de este último ordenamiento, se acuerda: Se califica cumplimiento. De la certificación secretarial que antecede, así como del estado de autos, se advierte que mediante acuerdo de veinticuatro de enero de dos mil veintidós, se dio vista a la parte quejosa y tercera interesada con las constancias que en cumplimiento al fallo protector aportó la autoridad responsable; lo anterior, para que dentro del término de tres días manifestara(n) lo que a su interés legal conviniera, con el apercibimiento de que en caso de ser omisa(s), este órgano jurisdiccional se pronunciaría sobre el cumplimiento únicamente con las constancias que integran este expediente. Ahora bien, no obstante que el mencionado acuerdo se notificó a la parte quejosa el uno de febrero del año en curso y a la tercera interesada el veintitrés de febrero de dos mil veintidós, fue(ron) omisa(s) en emitir pronunciamiento al respecto. Sin embargo, toda vez que, en términos de los artículos 196 y 214 de la Ley de Amparo, el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, y es obligación de los tribunales pronunciarse sobre el mismo, para estar en aptitud de determinar si la sentencia de amparo se encuentra cumplida, es necesario destacar las directrices establecidas en el fallo protector, y precisar los deberes impuestos en éste y, con base en ello, determinar si la autoridad señalada como responsable dio el cumplimiento esperado. En este orden de ideas, se tiene que este órgano jurisdiccional emitió sentencia en treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, misma que fue recurrida en revisión y resuelta por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, en sesión de catorce de octubre de dos mil veintiuno, en la que confirmó la concesión de amparo emitida por este Juzgado, para los mismos efectos precisados en la sentencia impugnada, los cuales son los siguientes: "A) Deje insubsistente la determinación de diecisiete de marzo de dos mil veinte y, previamente a resolver, en caso de que no obren, requiera al juez de origen para que remita la totalidad de las constancias que deben constar en el expediente *** especialmente las relacionadas con el diverso ***. B) Una vez hecho lo anterior, emita otra en la que, tomando en cuenta la totalidad de las constancias del juicio de origen, con plenitud de jurisdicción, determine lo que en Derecho proceda, en el entendido de que podrá tomar las medidas que estime pertinentes con el fin de proveer con mayor precisión lo conducente en relación a la procedencia o improcedencia de la pensión alimenticia provisional." Al respecto, por cuanto hace al cumplimiento, por oficio 152/2022, el Presidente de la Séptima Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, remitió, entre otras constancias, la determinación emitida el veintiuno de enero de dos mil veintidós, en el toca de apelación ***, de la que se advierte que luego de dejar insubsistente la determinación de diecisiete de marzo de dos mil veinte, emitió otra en la que, con plenitud de jurisdicción, determinó lo conducente en relación a la procedencia o improcedencia de la pensión alimenticia provisional del juicio natural ***. Constancias que, de conformidad con los artículos 129 y 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo dispone su artículo 2°, este juzgador, en uso de la facultad otorgada para la justipreciación de pruebas, considera que tienen valor probatorio pleno, dado su carácter de documentos públicos, expedido por autoridad en ejercicio legal de sus funciones y con motivo de ellas, que contiene la existencia regular de membretes, sellos y firmas que así lo demuestran. Así, atento al marco fáctico que antecede y de la comparación entre los efectos ordenados en el fallo, y la actuación de la autoridad responsable frente a éstos, se demuestra que se cumplió con la totalidad de los efectos ahí contenidos; por tanto, resulta evidente que las responsables no incurrieron en exceso, porque no se extralimitaron en el cumplimiento, ya que no fueron más allá de lo ordenado en la ejecutoria; ni existe defecto, dado que no hubo deficiencia en el actuar de la entidad obligada al cumplimiento. Se ordena hacer del conocimiento de la parte quejosa el presente proveído, para los efectos de los artículos 201, fracción I y 202 de la ley en cita. Archivo. En atención a lo anterior, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, de conformidad a lo dispuesto en el cuarto párrafo del artículo 196, en relación con el 214 de la ley de la materia; y, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Destino del cuaderno principal. Asimismo, como no existen constancias pendientes de agregarse al presente expediente, con apoyo en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé el artículo 15 del citado acuerdo general. De igual forma, se destaca que en el presente asunto se concedió el amparo solicitado, por lo que es susceptible de depuración, lo que podrá hacerse una vez transcurridos tres años, como lo indica el referido punto, debiéndose hacer las anotaciones en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo, esto con fundamento en el artículo dieciocho, fracción I, inciso b), del aludido acuerdo general. Destino de los cuadernos incidentales. Por otra parte, por lo que respecta a los cuadernos del incidente de suspensión, se considera conforme al artículo 21, inciso c), del acuerdo en comento, que el cuaderno original del incidente de suspensión es destruible, una vez transcurridos tres años, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, en virtud de que se negó la suspensión solicitada. En tanto que el duplicado es susceptible de destrucción en términos del artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General en cita, lo que podrá hacerse una vez transcurridos seis meses. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

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