Hagop Samgochian Djebochlian
Expediente 1478/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 19 de diciembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1478/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 19/12/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Hagop Samgochian Djebochlian
Actuaciones
- Principal
Agréguese el escrito signado por la quejosa mediante el cual desahoga la prevención realizada en el presente asunto; atento a lo anterior, se provee: Desechamiento. De acuerdo con el artículo 113 de la Ley de Amparo, la jueza de distrito está obligada a examinar la demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, si se toma como punto de partida de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Al respecto, es aplicable la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 448, Tomo XVI, julio de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 186605, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO". Ahora, de la lectura integral realizada a la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado se hizo consistir en: La sentencia de siete de noviembre de dos mil veintitrés, emitida por la Quinta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, que revocó el auto de veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve, dictado por el Juez Trigésimo Noveno Civil de Proceso Escrito del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en el expediente 775/2016, y ordenó girar exhorto a fin de desahogar la prueba pericial de las codemandadas sobre la escritura pública que obra en el archivo general de notarías del Estado de Morelos. En esas condiciones, la suscrita juzgadora advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con lo dispuesto en el 107, fracción V, interpretado a contrario sensu de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte (.)". De la interpretación de las porciones normativas reproducidas, se concluye que el juicio de amparo indirecto sólo procede contra actos en el juicio que tengan efectos de imposible reparación, es decir, aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados o convenciones internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, cuyos efectos ya no pueden repararse en el curso del procedimiento del que derivan, como sería por ejemplo el embargo trabado en bienes del quejoso, la imposición de una multa, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, etcétera. Luego, conforme a los artículos transcritos, un acto con efectos de imposible reparación es aquél que afecta de modo directo e inmediato los derechos fundamentales consagrados en la constitución y en los tratados; en oposición a los actos intraprocesales que no reúnen estas características para por sí mismos dañar a los gobernados, puesto que sus efectos pueden o no manifestarse en el contenido de la sentencia respectiva, en cuyo caso podrán interponerse recursos e incluso combatirlos en la vía de amparo que corresponda. Así, los actos procesales que sobre las cosas o las personas, no tienen el carácter de irreparables mientras la afectación no incida directamente en sus derechos sustantivos y exista la posibilidad legal que el afectado obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones, ya que en este caso los efectos intraprocesales producidos por aquellas actuaciones desaparecen, esto es, dichos actos únicamente producen efectos de carácter formal o ********** e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vistas a obtener un fallo favorable. De acuerdo con el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, ahora ya se define con precisión lo que se debe entender por actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, pues son aquéllos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados de los que el Estado Mexicano sea parte; por lo que ahora, el legislador no dejó a la interpretación del Poder Judicial de la Federación determinar cuándo se produce una afectación irreparable, como sucedió antaño, sino que fue taxativo al señalar qué debe entenderse por dicha cuestión jurídica. Conforme a lo expuesto, los actos aquí combatidos, por su naturaleza, carecen de tales efectos, pues se trata de actuaciones procesales que no tienen efectos materiales sobre los derechos sustantivos tutelados en la Constitución y en las convenciones internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, al existir la posibilidad de que la resolución que ponga fin al juicio de origen, sea favorable al quejoso. Por tanto, si los actos reclamados en el presente asunto, se hacen consistir en la sentencia de alzada que revocó el auto del juzgador primigenio y ordenó girar exhorto a fin de desahogar la prueba pericial de las codemandadas sobre la escritura pública que obra en el archivo general de notarías del Estado de Morelos. Es inconcuso que dicha determinación no constituye un acto dentro del juicio cuyos efectos sea de imposible reparación, que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados de los que el Estado Mexicano sea parte, porque sólo ocasionan consecuencias de carácter adjetivo que no necesariamente llegarán a trascender al resultado del fallo, amén de que esas determinaciones no privan del derecho de defensa a las partes, ni alteran las cuestiones debatidas y existe la posibilidad de que la parte quejosa al desahogarse el periodo de pruebas en el juicio de origen la resolución que ahí se dicte sea favorable a los intereses del impetrante, pudiendo quedar la violación procesal insubsistente al resolverse en juicio, y si la resolución le fuera desfavorable podría reclamarla vía amparo directo. Así, no obstante que, como acontece en el presente caso, se aleguen violaciones a los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violación de carácter adjetivo, pues no se trata de alguna determinación autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste. En ese tenor, cuando en el juicio de amparo se aduce violación a tales derechos, debe considerarse la naturaleza jurisdiccional del acto reclamado, emitido conforme a la regulación procesal y sustantiva correspondientes, por lo que tales prerrogativas no se ven materialmente afectados, como se deduce de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo. Al establecerse en dicha norma que el juicio de amparo indirecto procede contra actos en juicio, cuyos efectos sean de imposible reparación, y que por éstos debe entenderse a los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Ley Fundamental o tratados en los que el Estado Mexicano sea parte; ello implica que no cualquier afectación a estos derechos es apta o suficiente para justificar la procedencia del amparo, pues debe tratarse de una afectación material o directa. Los derechos fundamentales de audiencia o debido proceso, y de autoridad competente, al tratarse de actos materialmente jurisdiccionales, incluso, el de acceso efectivo a la jurisdicción, no son de aplicación y eficacia material inmediata, sino que ello se logra a través de la regulación normativa secundaria, pues es en las codificaciones procesales en las que se detallan y determinan los procedimientos que deben cumplirse para la tutela de los derechos sustantivos de los gobernados, ya que en ellas se contienen la forma y términos en que aquéllos pueden ejercerse. En los actos jurisdiccionales, que derivan de procedimientos legalmente regulados, es posible que la inobservancia de las normas procesales pueda trascender a una afectación de los derechos fundamentales reglamentados en las leyes secundarias; casos en los que se está ante una vulneración al principio de seguridad jurídica y al derecho del gobernado a la legalidad de todo acto autoritario que afecte su esfera jurídica, en forma de molestia o de privación. La afectación a los derechos humanos previstos en preceptos constitucionales o convencionales, que son la base de la regulación secundaria que los reglamenta o detalla, cuando se trata de actos jurisdiccionales en cuya emisión deban acatarse las normas secundarias, adjetivas o sustantivas correspondientes, no puede darse de manera directa o material, sino cuando se vulnera la legalidad esperada de todo acto de autoridad, de modo que esa violación a derechos humanos previstos en la constitución o en convenciones internacionales, se da en forma indirecta o formal al infringirse las normas que de manera inmediata regulan el quehacer de las autoridades jurisdiccionales. Además, el Alto Tribunal ha puntualizado que acorde a la Ley de Amparo, sólo la violación de derechos sustantivos o de afectación material al gobernado, son considerados de imposible reparación; y, en el caso, las determinaciones que aquí se combaten no afectan materialmente tales prerrogativas, puesto que no se restringe o suprime algún derecho de esta naturaleza o priva de ellos. Ahora, en efecto, el juicio de amparo indirecto solamente procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, y que por éstos debe entenderse a los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Ley Fundamental o tratados en los que el Estado Mexicano sea parte; ello implica que no cualquier afectación a estos derechos es apta o suficiente para justificar la procedencia del amparo, pues debe tratarse de una afectación material o directa; lo que en el caso no sucede, como se ha visto. Ilustra lo anterior, la tesis sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 1947, Libro 19, junio de 2015, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2009302, de rubro: "AMPARO CONTRA ACTOS DENTRO DE JUICIO. SÓLO PROCEDE CUANDO EXISTE UNA AFECTACIÓN MATERIAL A DERECHOS SUSTANTIVOS TUTELADOS EN LA CONSTITUCIÓN O EN LOS TRATADOS, Y NO CUANDO SE TRATE DE UNA EVENTUAL VIOLACIÓN FORMAL O INDIRECTA (INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE)". Habida cuenta que, se insiste, se trata de violaciones intraprocesales, las cuales pueden ser resarcidas al momento de emitirse la sentencia respectiva en el procedimiento de origen, la cual, de serle desfavorable, estará en aptitud de impugnar por medio del recurso ordinario previsto en la ley aplicable, o en su caso, en la vía de amparo que corresponda, de considerar que dicha violación trascendió al resultado del fallo. Por tanto, es evidente que se actualiza la causa de improcedencia invocada, pues es requisito de procedibilidad del juicio de amparo indirecto que la afectación de esos derechos sea material y debe traducirse o reflejarse en una mutación o cambio en la esfera jurídica de la quejosa, lo que no acontece. En consecuencia, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, al resultar incuestionable que en el presente juicio se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista por el ordinal 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA en estudio. Notifíquese electrónicamente al quejoso.
- Principal
Notifíquese electrónicamente al quejoso. MESA* III
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · 8,798 expedientes
- Gustavo Navarro Licea531/2014
- Gustavo Perez Carcamo84/2015
- Gustavo Rubio Vazquez900/2017
- Gustavo Sánchez Cruz454/2021
- Gustavo Tovar Gonzalez258/2022
- Habib Achar Tusie1256/2019
- Haide Méndez Vargas762/2023
- Haim Mizrahi Jeuacha938/2018
- Haim Mizrahi Jeuacha562/2017
- Haim Mizrahi Jeuacha1340/2019
- Hanna Ladizimsy Mochon11/2018
- Hanna Ladizinsky Mochon250/2018