Hadasa Yamile Dzul Uuh
Expediente 372/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 372/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 03/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Hadasa Yamile Dzul Uuh
Actuaciones
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido el acuerdo pronunciado en este juicio de amparo el veintinueve de marzo del año en curso; por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia en términos del artículo 2 de la misma; se declara que el expresado proveído que SOBRESEYÓ fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. En consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que no existe trámite pendiente en el presente expediente, y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes, archívese como asunto totalmente concluido; hágase la anotación respectiva en la carátula del expediente original y en el Libro respectivo. En cumplimiento al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que en virtud de que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo, no obra documento original y no se tramitó el incidente de suspensión relativo por no haberse solicitado, y se encuentra dentro de la hipótesis establecida en el citado artículo del Acuerdo General, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los tres años a que se refiere la parte inicial del numeral referido. Asimismo, en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. Finalmente, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, el cual es destruible, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos agréguese el oficio signado por la Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, así como las constancias que acompañó al mismo, de las que se advierte que dicha autoridad, al rendir su informe justificado, manifestó que es cierto el acto que se le reclamaba, pero agregó, que no en los términos en los que lo reclamó la parte quejosa, pues con fecha diez de marzo del año en curso se acordó lo conducente respecto a la prueba de ratificación pendiente de desahogo dentro del expediente laboral 892/2015. En concreto se advierte que el diez de marzo de la presente anualidad, se regularizó el procedimiento para el desahogo de las pruebas ofrecidas por las partes en el juicio laboral de origen y se fijó, el veintinueve de abril de dos mil veintiuno a las trece horas con treinta minutos, para el desahogo de la prueba de ratificación a cargo de la aquí quejosa, con respecto a los originales de la nómina correspondiente al período comprendido del dieciséis de enero al quince de noviembre, ambos de dos mil quince. Documentales a la que esta juzgadora le otorga valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º, toda vez que fueron emitidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Ahora bien, el acto reclamado en el presente asunto consiste en la omisión de la junta responsable de dictar el correspondiente laudo en el juicio laboral de origen. En relación con los actos omisivos reclamados en una demanda de amparo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia con número de tesis 99/2018, señaló lo siguiente: "ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos". Del criterio anterior se puede advertir, que el Alto Tribunal determinó, que el juzgador de amparo en el capítulo de existencia del acto reclamado, debe analizar las manifestaciones de la autoridad responsable al rendir su informe, esto es, si niega la omisión reclamada, con la justificación de que no estaba en posibilidad de actuar, se debe verificar esta circunstancia, esto es, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución. Con ese marco de referencia y como quedó precisado, la junta responsable al rendir su informe justificado, aceptó la existencia de la omisión reclamada, esto es, reconoció que no había dictado el laudo correspondiente; sin embargo, agregó que la omisión reclamada no era en los términos planteados por la quejosa, pues con fecha diez de marzo del año en curso se acordó lo conducente respecto a la prueba de ratificación pendiente de desahogo dentro del expediente laboral 892/2015, y con el propósito de demostrar que esa omisión todavía no le era atribuible, remitió una constancia del juicio laboral como apoyo a sus manifestaciones. Del contenido de la jurisprudencia ya indicada, así como de las manifestaciones de la responsable al rendir su informe justificado, y del contenido de las constancias que remitió, consistente en copia certificada del acuerdo de fecha diez de marzo del dos mil veintiuno, mediante el cual, regularizó el juicio de origen respecto a la prueba de ratificación pendiente de desahogo, se desprende que la omisión apuntada por la titular de la acción constitucional, es inexistente por las siguientes razones. Como se indicó en el párrafo inmediato anterior, del análisis realizado a dicha constancia se deduce, que la manifestación de certeza de la responsable en relación con la omisión alegada por la parte quejosa, de que no se ha dictado el laudo respectivo se debe en cierta forma, en la medida que el juicio laboral se encuentra en la fase de pruebas, pues la última actuación que obra en la controversia laboral es de fecha diez de marzo de la presente anualidad. Con base en lo anterior, es correcta la aceptación de la responsable de la omisión reclamada, pues no había dictado el laudo respectivo al momento de presentarse la demanda de amparo; sin embargo, si bien es cierto que la responsable admitió la existencia de la omisión del dictado del laudo correspondiente, también lo es, que el juicio de origen no se encontraba en la fase correspondiente para que se emitiera el fallo respectivo del que se duele la agraviada, sino en una etapa anterior. Pues de las constancias que remite no consta que se hubiere certificado que ya no quedan pruebas pendientes por desahogar, a fin de estar en aptitud de cerrar la instrucción y emitir el proyecto de resolución en forma de laudo. Lo anterior es así, puesto que la última actuación dentro del procedimiento es de fecha diez de marzo del año en curso, en la que se regularizó el juicio de origen respecto a la prueba de ratificación pendiente de desahogo y se señaló fecha y hora para que tenga verificativo la referida probanza a cargo de la aquí quejosa. Como se advierte de lo narrado, la autoridad laboral se encontraba imposibilitada de emitir el laudo respectivo, toda vez que el procedimiento laboral de origen, no estaba en estado de resolución, pues incluso al momento de que la quejosa accionó este juicio constitucional, no se había otorgado un término para que presentaran las partes sus alegatos, de ahí que resulte inexistente el acto reclamado, pues se reitera, aun cuando la responsable aceptó la omisión apuntada, es decir, la falta del dictado del laudo respectivo, ello obedeció a causas no atribuibles, pues no se encontraba en la condiciones de emitirlo, ya que la etapa procesal hasta el momento de presentarse la demanda de amparo, era la del período de pruebas, tal como lo establece el artículo 884, fracción V, de la Ley Federal del Trabajo, quedando pendiente otorgar un término para alegar, que incluso, en este último momento procesal, tampoco se tenía las condiciones para emitir el fallo respectivo, pues de conformidad con el ordinal 885 de la citada ley obrera, una vez transcurrido el término de alegatos, y previa certificación del secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, se dará vista a las partes por el término de tres días para que expresen su conformidad con dicha certificación. Y en el supuesto caso de que las partes no manifestaran cuestión alguna, de oficio se declarará cerrada la instrucción (artículo 885, párrafo segundo, de la Ley Federal del Trabajo), pues de lo contrario, esto es, que la partes acrediten que alguna o algunas pruebas ofrecidas no se desahogaron, la junta con citación de las mismas, señalará dentro de los ocho días siguientes, día y hora para su desahogo. Finalmente, desahogadas las pruebas pendientes, las partes formularán alegatos dentro de las veinticuatro horas siguientes (artículo 885, párrafo primero, de la Ley Federal del Trabajo). En ese orden de ideas, es claro que al momento en que se presentó la demanda de amparo, que dio origen a este juicio, el procedimiento laboral se encontraba en la fase de conclusión de desahogo de pruebas, esto es, no se se había cerrado la instrucción del juicio laboral, para que se tuvieran las condiciones de emitir el fallo correspondiente, por tal motivo, es que la omisión apuntada por la parte quejosa, resulte inexistente. En las relatadas consideraciones, al resultar inexistente el acto reclamado, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia, en el presente juicio de amparo por lo que respecta al acto reclamado de la autoridad responsable; en consecuencia, se deja sin efectos la fecha y hora señalada para la audiencia constitucional esto es las DIEZ HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL VEINTE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por ******, contra el acto que reclama de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad; y con apoyo en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 37, 107, 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, SE ADMITE LA DEMANDA; en consecuencia, fórmese expediente, regístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado como juicio de amparo I-372/2021; dese la intervención legal que le compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, a quien se hará entrega de una copia simple de la demanda. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase informe con justificación a la autoridad señalada como responsable, el que deberán rendir por escrito o en medios magnéticos, dentro de los quince días siguientes a la legal notificación de este acuerdo, en el cual, expondrá las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado y acompañará, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyar dicho informe; apercibida que de no rendir su informe dentro del término fijado o lo hagan sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio, se le impondrá una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la misma legislación, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Asimismo, con fundamento en los artículos 63 y 64 del ordenamiento legal citado, requiérase a la autoridad responsables para que en el supuesto de que hubiera alguna causa de sobreseimiento, la comunique de inmediato a esta Juzgadora, y de ser posible, acompañe las constancias que la acrediten; apercibida que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa de treinta a trescientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con artículo 251 de la citada Ley de la Materia. Se hace del conocimiento de las autoridades requeridas que, dada la situación de contingencia presentada con motivo del fenómeno de salud pública derivado del coronavirus (COVID-19), que obligó a restringir el acceso al público a las instalaciones de este órgano jurisdiccional, el informe requerido podrán rendirlo vía correo electrónico a la dirección oficial 3jdo14cto@correo.cjf.gob.mx, o bien, vía interconexión. En consecuencia, se señalan las DIEZ HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL VEINTE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO, para la celebración de la audiencia constitucional; en el entendido que la misma se llevará a cabo sin la presencia de las partes, salvo en el caso que deba desahogarse alguna prueba con intervención de éstas; para lo cual, de estimarlo necesario, las partes deberán hacerlo del conocimiento de este Juzgado con la debida anticipación, para llevarla a cabo mediante el sistema de videoconferencia, ajustándose a lo previsto por el artículo 124 de la Ley de Amparo, y bajo los lineamientos que establece el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del Expediente Electrónico y el uso de Videoconferencias en todos los asuntos competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Determinación que no depara afectación a las partes, al estar en posibilidad de presentar sus alegatos de manera escrita. Por otro lado, la notificación del presente acuerdo se realizará, por única ocasión, por oficio a las autoridades, ya sea vía interconexión de contar con la herramienta relativa o bien, mediante correo electrónico institucional con oficio generado electrónicamente de conformidad con el artículo 67 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, sin que posteriormente haya necesidad de emitir oficio a la autoridad responsable para notificarles el señalamiento de una nueva fecha y hora para el desahogo de la audiencia constitucional, porque tal determinación no tendrá la trascendencia de una notificación personal, a la que equivale a una comunicación por oficio. Por consiguiente, en caso de que se llegue a diferir la celebración de la referida audiencia, la fecha y horas acordadas nuevamente para ese efecto, la podrán consultar en la página de internet https://www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/expedientes/circuitos.asp?Cir=38&Exp=1, con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2ª./J 176/2012 (10a), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 1253, Materia Común, Décima Época, enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que cita: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." Respecto a la Agente del Ministerio Público adscrita, es un hecho notorio para esta juzgadora, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria la ley de Amparo, que en el expediente varios 1/2021 del índice de este juzgado, la licenciada Rossana Rosemary Rosas Ricalde, Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado Tercero de Distrito, proporcionó como correo electrónico para realizarle alguna notificación el siguiente rossana.rosas@pgr.gob.mx; en tal virtud, se ordena notificar a la representante social el presente acuerdo y los subsecuentes que sean necesarios durante la contingencia sanitaria, en el correo electrónico: rossana.rosas@pgr.gob.mx. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que señala para tal fin en la demanda de amparo, y como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Yara Elizabeth Arceo May y Abraham Reynaldo Puerto Andueza, y a los restantes mencionados en la misma con las limitaciones que establece el último párrafo del citado numeral, hasta en tanto acrediten el registro de sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Asimismo, la parte quejosa proporciona el correo electrónico selenediazm@hotmail.com. Ahora, con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida la prueba presuncional en su doble aspecto y la instrumental de actuaciones, para ser valoradas y tomadas en consideración al celebrarse la audiencia constitucional. Asimismo, de conformidad con la circular 12/2009, emitida por el Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza al quejoso y sus autorizados, el uso de aparatos electrónicos como cámaras, escáneres o lectores, al momento de la consulta de los presentes autos, siempre y cuando sea con la supervisión del personal de este Juzgado, previo señalamiento de la actuación que pretenda reproducir. Ahora bien, teniendo en cuenta que, constituye un hecho evidente que la pandemia subsiste como un peligro para la salud, de modo que el esquema de reactivación en los órganos jurisdiccionales, no se realiza en un contexto de "normalidad" y, por tanto, se privilegia el trabajo a distancia, haciendo necesaria la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional; con fundamento en los artículos 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, debiendo ajustar su trámite a lo establecido al respecto en el diverso acuerdo general 12/2020; esto es, para que continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica, para lo cual deberán proporcionar correctamente el nombre del usuario con el que se registren en el referido Portal y, solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como que se les notifiquen electrónicamente las determinaciones emitidas en este, conforme lo establecen los artículos 34 y 55 del referido acuerdo general 12/2020. Asimismo, se invita a las partes a que, a la brevedad, propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Desde este momento y con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de la materia invocada, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario Judicial de este Juzgado Federal realice las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conllevan al retraso de las actuaciones judiciales. Finalmente, no se tramita el incidente de suspensión relativo en atención a que no se solicitó.
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