Hada Rodríguez Rodríguez
Expediente 459/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 8 actuaciones registradas, la última del 4 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 459/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 04/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Hada Rodríguez Rodríguez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
día y hora señalados para la CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL en el juicio de amparo 459/2022; el Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, ..., asistido de ..., Secretario que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declara abierta sin la asistencia de las partes. A continuación el Secretario hace relación de las constancias que obran agregadas en autos, y da cuenta con: A) Demanda de amparo; B) Oficio por el que las responsables rindieron su informe justificado; y, C) Emplazamiento del tercero interesado. Al efecto se acuerda: Téngase por hecha la relación que antecede para los efectos legales conducentes. A continuación se procede a la apertura del período probatorio, en el que se hace constar que la accionante ofreció las documentales anexas a su demanda. Al efecto se acuerda: Se admiten y desahogan las probanzas aludidas atento a su propia y especial naturaleza. Al no haber más elementos de convicción por desahogar, se cierra el presente periodo y se abre la etapa de alegatos, donde se hace constar que ninguna de las partes los formuló y que la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no intervino; por lo que se cierra esta etapa. Con lo anterior, se da por terminada la audiencia que firma el Juez con el Secretario que da fe para constancia legal, procediendo a dictar la resolución correspondiente. Doy fe.
- Principal
V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 459/2022, promovido por ..., por propio derecho, contra actos del Juez y Actuario adscritos al Juzgado Vigésimo Noveno Civil de Proceso Escrito de la Ciudad de México; y, R E S U L T A N D O: Primero. Demanda. El once de mayo de dos mil veintidós, la parte quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos considerados violatorios de sus derechos tutelados en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Federal. Segundo. Admisión. El doce de mayo posterior, se admitió la demanda, se dio intervención a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; se requirió informe justificado; y, se señaló parte tercera interesada. La representante social de la Federación adscrita no intervino, se tuvieron por rendidos los informes justificados, se emplazó a la parte tercera interesada; y, finalmente, la audiencia constitucional se celebró en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: Primero. Competencia. El suscrito juzgador es legalmente competente para resolver, conforme los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 37 y 107 de la Ley de Amparo, pues se trata de un juicio constitucional indirecto promovido contra actos derivados de un proceso de naturaleza civil, tramitado ante un tribunal residente en la Ciudad donde el suscrito ejerce jurisdicción. Segundo. Litis. Conforme a la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, el acto reclamado es: La accionante se ostenta tercera extraña auténtica al juicio especial hipotecario ..., del índice del Juzgado Vigésimo Noveno Civil de Proceso Escrito de la Ciudad de México; y reclama todo lo actuado, particularmente, la falta de emplazamiento y los actos tendentes a desposeerla del inmueble ubicado en ... . Tercero. Existencia. Las autoridades responsables aceptaron la existencia de los actos reclamados; certeza corroborada con la copia certificada del proceso natural remitida, de valor probatorio pleno, acorde a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo. Cuarto. Causales de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que se debe estudiar de oficio antes de las cuestiones de fondo, lo aleguen o no las partes, acorde al artículo 62 de la ley de la materia. El juicio es improcedente por falta de interés jurídico de la parte quejosa, conforme al artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.]" Acorde al precepto transcrito, para la procedencia del juicio de amparo proveniente de tribunales judiciales, se requiere como presupuesto procesal, que el peticionario acredite el interés perjuicio o afectación que resienta en su esfera jurídica, de manera personal y directa, con la ejecución de los actos reclamados, para acudir ante el órgano jurisdiccional competente a demandar su tutela, lo cual se traduce como el interés jurídico que la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Carta Magna, considera para determinar la procedencia o improcedencia de la controversia constitucional planteada. Esto es, la acción de amparo exige como presupuesto o condición esencial para su procedencia, entre otros, la existencia de un perjuicio que afecte a la persona o los derechos de la quejosa; además, el juicio de amparo procede siempre a instancia de parte agraviada, debiendo entenderse por perjuicio para los efectos del amparo, la lesión directa en los intereses jurídicos de una persona, o bien una ofensa, un daño, una afectación indebida derivada de una ley o de un acto de autoridad, que se haga a los derechos o intereses de un particular. En este entendido, la procedencia del juicio de amparo en contra de un acto dictado por una autoridad debe referirse a la existencia de una parte agraviada; es decir, a la existencia de una afectación de los intereses jurídicos de un particular. Un acto puede engendrar una situación jurídica concreta en beneficio o en perjuicio de una o varias personas en relación con la formación, modificación o extinción de una relación de derecho; por tanto, cuando con su emisión produce un acto jurídico que afecta a uno o varios individuos, en su persona o patrimonio, creando, modificando o extinguiendo en su perjuicio una situación jurídica concreta, el juicio de amparo es procedente, y en contrario sentido, cuando por su sola emisión no afecta la esfera jurídica del particular, el juicio de amparo es improcedente, puesto que la acción constitucional de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto, en términos del artículo 6o. de la ley de la materia. Igualmente, el interés jurídico debe estar plenamente acreditado y no inferirse con base en presunciones, siguiendo la jurisprudencia 2a./J. 16/94, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones." En la especie, la parte quejosa se ostenta tercera extraña auténtica al juicio especial hipotecario ..., del índice del Juzgado Vigésimo Noveno Civil de Proceso Escrito de la Ciudad de México; y reclama particularmente los actos de desposesión del inmueble ubicado en ... . Tal planteamiento impuso a la solicitante el deber de demostrar fehacientemente, ser titular del derecho de propiedad, porque la procedencia de la acción constitucional está sujeta a que este derecho derive de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto de la ley que lo genere y debe tener una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho y además sea oponible a terceros. En efecto, para que un gobernado pueda resultar beneficiado con la protección federal cuando es tercero extraño a un procedimiento donde se ordenó la desposesión de un inmueble, es necesario que acredite un derecho subjetivo derivado de la ley o un acto jurídico de fecha cierta, pues sólo así, se estimaría lesionada su esfera jurídica de derechos y obligaciones que conforman su patrimonio. Para tales fines, la quejosa presentó los siguientes documentos: Acta de matrimonio de veintidós de diciembre de dos mil dieciocho, celebrado bajo el régimen patrimonial de bienes separados con ... . Contrato de capitulaciones de cuatro de enero de dos mil diecinueve. Documentos que son insuficientes, para acreditar el derecho alegado en la demanda de amparo, como se explica. Respecto del acta del registro civil se acredita por una parte el vínculo matrimonial bajo el régimen de separación de bienes entre la accionante y el demandado en el juicio natural, empero, por sí sola no prueba alguna figura jurídica o precepto legal constitutivo del derecho a poseer. De modo que aunque el adquirente hubiere sido el contrayente de la ahora quejosa, por ese solo hecho no puede estimarse que corresponda a la impetrante la defensa proindiviso de esos bienes, de modo que no cuenta con un derecho real y objetivo susceptible de ser protegido en la instancia constitucional, con motivo del vínculo matrimonial, pues estimar de lo contrario contravendría el consentimiento de los cónyuges conforme a la literalidad de sus declaraciones, lo que permite concluir que las esferas patrimoniales son autónomas y por ello, esa circunstancia no favorece a la quejosa. Por lo cual, al amparo del documento relacionado, la quejosa no cuenta con un derecho real y objetivo susceptible de ser protegido en la instancia constitucional, con motivo del vínculo matrimonial, pues estimar de lo contrario contravendría el consentimiento de los cónyuges conforme a la literalidad de sus declaraciones. Por otra parte, el contrato de capitulaciones de cuatro de enero de dos mil diecinueve, tampoco es apto para constituir el derecho alegado. La Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizó que el Código Civil establece que la sociedad conyugal puede comprender también los bienes futuros que los cónyuges llegaran a adquirir, donde debe constar en escritura pública la constitución de la sociedad, cuando los esposos pacten hacerse copartícipes o transferirse la propiedad de bienes, que ameriten tal requisito para que la traslación sea válida. Lo cual no es necesario cuando en las capitulaciones matrimoniales sólo pacten hacerse copartícipes (entre los contrayentes), de bienes inmuebles que obtengan posteriormente durante el matrimonio, pues esa exigencia carecería de motivo ante la incertidumbre de llegar a obtener tales bienes, e induciría a los esposos a celebrar el matrimonio bajo el régimen de separación de bienes, rehuyendo una formalidad innecesaria. Tales argumentos se encuentran inmersos en la tesis de rubro: "CAPITULACIONES MATRIMONIALES, FORMALIDADES EN EL OTORGAMIENTO DE LAS.". Caso diverso es que las capitulaciones deban surtir efectos frente a terceros, para lo cual es necesario constar en documento de fecha cierta; en ese aspecto, tienen una estrecha similitud con la compraventa, con la salvedad que la ausencia de esa formalidad (constar en escritura pública o estar inscrita en el Registro correspondiente), no impide que se verifiquen los efectos traslativos de dominio, pasando la propiedad del bien de un cónyuge al otro. Por el contrario, la validez de la traslación respecto de terceros, será válida si consta en escritura pública, y no entre los propios otorgantes, ya que fue entre ellos quienes (en uso de su libertad contractual) decidieron realizar la transmisión del dominio respectiva entre sí. En el caso la promovente presentó capitulaciones matrimoniales, sin embargo, como se precisó, para que éstas sean efectivas contra terceros deben contar con fecha cierta de cuando se realizó, lo cual se logra, en los siguientes casos: a) A partir del día en que se celebran ante fedatario público o funcionario autorizado; b) A partir del día en que se incorpore o inscriba en un registro público; y c) Desde la muerte de los que firmaron. De manera que, si no se actualiza alguno de estos supuestos, al documento no se le puede dar ningún valor jurídico ante terceros, por carecer de certeza de la fecha que se celebró. Con la documental exhibida por la quejosa no se acredita la causa generadora de la propiedad sobre el inmueble que se defiende, pues es indispensable que el derecho derive de un título de fecha cierta y el pacto exhibido no reúne esas características por ser un pacto privado; de tal modo, que sólo produce efectos jurídicos entre las partes que intervinieron en su celebración, mas no frente a terceros. Sirve de fundamento la jurisprudencia VI.2o.C. J/308, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, que expresa: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. EL DOCUMENTO PRIVADO DE FECHA INCIERTA ES INSUFICIENTE PARA DEMOSTRARLO. Si quien se queja en el amparo indirecto de haber sido afectado en sus derechos de propiedad y posesión de un bien inmueble, y exhibe un contrato privado de compraventa, con tal documento no puede tenerse por demostrado, de manera fehaciente, su interés jurídico pues, para que ello ocurra, resulta necesario que el referido título sea de fecha cierta, lo que acontece a partir del día en que un documento de tal naturaleza se inscribe en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio correspondiente, desde la muerte de cualquiera de los firmantes, o bien desde la fecha en que el documento se entrega a un funcionario público por razón de su oficio pues, en caso contrario, tal documento sólo produce efectos jurídicos entre las partes que originalmente intervinieron en la operación contractual, mas no frente a terceros, dado que la circunstancia de no tener fecha cierta, imposibilita determinar si el embargo y su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de que se duele el quejoso, fueron actos anteriores o posteriores a la adquisición del bien litigioso. Y ello es así por resultar claro, que la fuerza convictiva de un título privado, que contiene un acto traslativo de dominio no abarca la fecha en que aparezca realizada la enajenación cuando éste es de fecha incierta, por no reunir ninguno de los apuntados requisitos." En consecuencia, la exhibición de las capitulaciones celebradas entre los cónyuges son insuficientes para acreditar el interés de la parte quejosa, cuando ésta ostenta la calidad de tercera extraña al juicio, pues ello imposibilita determinar con certeza si es anterior o posterior al reclamo de que se duele, además de que con ese documento sólo acreditaría la existencia de un acuerdo de voluntades entre dos particulares respecto de un inmueble, pero no así la fecha cierta, lo cual garantiza la legalidad y certeza jurídica que debe imperar en este tipo de operaciones y evita que el juicio de amparo sea utilizado con fines desleales. Lo anterior se robustece, con la jurisprudencia 1a./J. 24/2008, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aplicada analógicamente, que dice: "ARRENDAMIENTO. CUANDO EL QUEJOSO RECLAMA EL DESPOSEIMIENTO DE UN INMUEBLE QUE DICE POSEER EN CALIDAD DE ARRENDATARIO, OSTENTÁNDOSE COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO NATURAL, SI EL CONTRATO EXHIBIDO CARECE DE FECHA CIERTA, ES INSUFICIENTE POR SÍ MISMO PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que los documentos privados en los que se hacen constar actos traslativos de dominio, para tener eficacia probatoria y surtir efectos contra terceros requieren ser de fecha cierta, cuya razón toral radica en garantizar la legalidad y certeza jurídica que debe imperar en ese tipo de operaciones, evitando que el juicio de amparo se utilice con fines desleales. Ahora bien, la circunstancia de que la legislación secundaria, en lo general, no exija que los contratos de arrendamiento se celebren o ratifiquen ante fedatario público o bien, se inscriban ante un Registro Público, no implica que tales documentos, per se, adquieran autenticidad y eficacia probatoria frente a terceros, pues ello significaría conferirles valor probatorio pleno, aun cuando dada su naturaleza de documentos privados, en los que únicamente intervienen las partes que los suscriben, es posible que contengan una fecha anterior o posterior a la verdadera, en perjuicio de terceros. Así, la exigencia mencionada debe prevalecer tratándose de documentos que consignan contratos traslativos de uso, como el arrendamiento, independientemente de que lo requiera o no la ley, pues de otro modo únicamente surtirán efectos entre los contratantes. En congruencia con lo anterior, el contrato de arrendamiento que carece de fecha cierta es insuficiente por sí mismo para acreditar el interés jurídico en el amparo, cuando el quejoso reclama el desposeimiento de un inmueble que dice poseer en calidad de arrendatario ostentándose como tercero extraño al juicio natural, pues resulta imposible determinar con certeza si dicho contrato es anterior o posterior al reclamo. Sin que lo anterior impida que el interés jurídico se acredite con otras pruebas, a juicio del Juez de Distrito." Además, la parte quejosa no acreditó fehacientemente tener la posesión del inmueble, y en el supuesto no concedido de que efectivamente la tuviera, este sólo hecho también sería insuficiente para considerar procedente el estudio de la constitucionalidad de los actos de autoridad, pues tratándose de casos en que el agraviado se ostenta como tercero extraño a juicio, aduciendo tener la posesión de un bien por virtud de un contrato, es indispensable la plena comprobación de que dicho título tiene fecha cierta, para oponerse frente a terceros, pues la posesión sin derecho sólo puede tenerse como simple detentación, y por tanto no protegida a través del juicio constitucional. Al respecto se cita la jurisprudencia P./J. 1/2002, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "TERCERO EXTRAÑO. INTERÉS JURÍDICO. NO LO ACREDITA LA DETENTACIÓN MATERIAL DEL INMUEBLE." Finalmente, respecto la copia de la escritura pública treinta y dos mil cuatrocientos cuarenta y nueve, donde se protocolizó el contrato de compraventa con garantía hipotecaria, celebrado entre ... y la moral ..., al ser una reproducción simple no puede surtir efecto jurídico alguno, por la forma en que está confeccionada (sin certificación). Al respecto, se invoca la jurisprudencia 2a./J. 21/98 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. LAS COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES, POR SÍ SOLAS, NO LO ACREDITAN. Conforme a lo dispuesto por el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, el valor probatorio de las fotografías de documentos, o de cualesquiera otras aportadas por los descubrimientos de la ciencia, cuando carecen de certificación, queda al prudente arbitrio judicial como indicios. Esta Suprema Corte, en diversas tesis de jurisprudencia, ha sostenido que el quejoso debe probar fehacientemente su interés jurídico, por ello debe estimarse que las copias fotostáticas sin certificación son insuficientes para demostrarlo, si no existe en autos otro elemento que, relacionado con aquéllas, pudiera generar convicción de que el acto reclamado afecta real y directamente los derechos jurídicamente tutelados del quejoso." También la tesis XX.8 K, de la Novena Época, con Registro: 204771, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, Julio de 1995, Materia(s): Común, página 225, que establece: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. CARECEN DE VALOR PARA DEMOSTRAR EL INTERÉS JURÍDICO EN JUICIO LAS. Las copias fotostáticas simples, carecen de valor probatorio y por ende, son insuficientes para acreditar el interés jurídico del actor en el juicio." En estas condiciones, al no afectarse el interés jurídico de la parte quejosa, se actualiza la causal de improcedencia a que se ha hecho referencia y con fundamento en el artículo 63 fracción V en relación con el precepto 61 fracción XII ambos de la Ley de Amparo, debe SOBRESEERSE EL JUICIO. No es obstáculo la admisión de la demanda de garantías, pues ello no impide el análisis de las causales de improcedencia, como la que ahora se advierte, máxime que se acreditó plenamente una vez que se tuvieron a la vista las constancias del informe justificado remitidas. Asimismo, conforme al sentido de este fallo es innecesario atender los conceptos de violación formulados en la demanda de garantías, porque la declaración de sobreseimiento impide hacerlo. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 1028, del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que dice: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente." Sobreseimiento extensivo a los actos de ejecución reclamados, pues no se combaten por vicios propios, sino en vía de consecuencia; conforme a la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos de las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan el carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios" Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73 a 76, 217 y 218 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: Único. Se sobresee el juicio promovido por ..., contra actos del Juez y Actuario adscritos al Juzgado Vigésimo Noveno Civil de Proceso Escrito de la Ciudad de México, precisados en el segundo considerando, por las razones indicadas en el diverso último de esta sentencia. Notifíquese como legalmente corresponda. Lo sentencia y firma ..., Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, ante ..., Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, en términos de los artículos 3º de la Ley de Amparo, y 28 del Acuerdo General 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, hasta hoy quince de agosto de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.
- Principal
(AVISO) EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ PERSONALMENTE O POR CONDUCTO DE QUIEN LEGALMENTE LO REPRESENTE EN EL TÉRMINO DE DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL LOCAL DE ESTE JUZGADO, AL AVISO QUE SE DEJÓ EL 22 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA SENTENCIA CON ENGROSE DE 15 DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS, QUE EN SÍNTESIS DICE: "V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 459/2022, promovido por ..., por propio derecho, contra actos del Juez y Actuario adscritos al Juzgado Vigésimo Noveno Civil de Proceso Escrito de la Ciudad de México; y, R E S U L T A N D O: Primero. Demanda. El once de mayo de dos mil veintidós, la parte quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos considerados violatorios de sus derechos tutelados en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Federal. Segundo. Admisión. El doce de mayo posterior, se admitió la demanda, se dio intervención a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; se requirió informe justificado; y, se señaló parte tercera interesada. La representante social de la Federación adscrita no intervino, se tuvieron por rendidos los informes justificados, se emplazó a la parte tercera interesada; y, finalmente, la audiencia constitucional se celebró en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: Primero. Competencia. El suscrito juzgador es legalmente competente para resolver, conforme los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 37 y 107 de la Ley de Amparo, pues se trata de un juicio constitucional indirecto promovido contra actos derivados de un proceso de naturaleza civil, tramitado ante un tribunal residente en la Ciudad donde el suscrito ejerce jurisdicción. Segundo. Litis. Conforme a la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, el acto reclamado es: La accionante se ostenta tercera extraña auténtica al juicio especial hipotecario ..., del índice del Juzgado Vigésimo Noveno Civil de Proceso Escrito de la Ciudad de México; y reclama todo lo actuado, particularmente, la falta de emplazamiento y los actos tendentes a desposeerla del inmueble ubicado en ... . Tercero. Existencia. Las autoridades responsables aceptaron la existencia de los actos reclamados; certeza corroborada con la copia certificada del proceso natural remitida, de valor probatorio pleno, acorde a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo. Cuarto. Causales de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que se debe estudiar de oficio antes de las cuestiones de fondo, lo aleguen o no las partes, acorde al artículo 62 de la ley de la materia. El juicio es improcedente por falta de interés jurídico de la parte quejosa, conforme al artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.]" Acorde al precepto transcrito, para la procedencia del juicio de amparo proveniente de tribunales judiciales, se requiere como presupuesto procesal, que el peticionario acredite el interés perjuicio o afectación que resienta en su esfera jurídica, de manera personal y directa, con la ejecución de los actos reclamados, para acudir ante el órgano jurisdiccional competente a demandar su tutela, lo cual se traduce como el interés jurídico que la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Carta Magna, considera para determinar la procedencia o improcedencia de la controversia constitucional planteada. Esto es, la acción de amparo exige como presupuesto o condición esencial para su procedencia, entre otros, la existencia de un perjuicio que afecte a la persona o los derechos de la quejosa; además, el juicio de amparo procede siempre a instancia de parte agraviada, debiendo entenderse por perjuicio para los efectos del amparo, la lesión directa en los intereses jurídicos de una persona, o bien una ofensa, un daño, una afectación indebida derivada de una ley o de un acto de autoridad, que se haga a los derechos o intereses de un particular. En este entendido, la procedencia del juicio de amparo en contra de un acto dictado por una autoridad debe referirse a la existencia de una parte agraviada; es decir, a la existencia de una afectación de los intereses jurídicos de un particular. Un acto puede engendrar una situación jurídica concreta en beneficio o en perjuicio de una o varias personas en relación con la formación, modificación o extinción de una relación de derecho; por tanto, cuando con su emisión produce un acto jurídico que afecta a uno o varios individuos, en su persona o patrimonio, creando, modificando o extinguiendo en su perjuicio una situación jurídica concreta, el juicio de amparo es procedente, y en contrario sentido, cuando por su sola emisión no afecta la esfera jurídica del particular, el juicio de amparo es improcedente, puesto que la acción constitucional de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto, en términos del artículo 6o. de la ley de la materia. Igualmente, el interés jurídico debe estar plenamente acreditado y no inferirse con base en presunciones, siguiendo la jurisprudencia 2a./J. 16/94, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones." En la especie, la parte quejosa se ostenta tercera extraña auténtica al juicio especial hipotecario ..., del índice del Juzgado Vigésimo Noveno Civil de Proceso Escrito de la Ciudad de México; y reclama particularmente los actos de desposesión del inmueble ubicado en ... . Tal planteamiento impuso a la solicitante el deber de demostrar fehacientemente, ser titular del derecho de propiedad, porque la procedencia de la acción constitucional está sujeta a que este derecho derive de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto de la ley que lo genere y debe tener una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho y además sea oponible a terceros. En efecto, para que un gobernado pueda resultar beneficiado con la protección federal cuando es tercero extraño a un procedimiento donde se ordenó la desposesión de un inmueble, es necesario que acredite un derecho subjetivo derivado de la ley o un acto jurídico de fecha cierta, pues sólo así, se estimaría lesionada su esfera jurídica de derechos y obligaciones que conforman su patrimonio. Para tales fines, la quejosa presentó los siguientes documentos: Acta de matrimonio de veintidós de diciembre de dos mil dieciocho, celebrado bajo el régimen patrimonial de bienes separados con ... . Contrato de capitulaciones de cuatro de enero de dos mil diecinueve. Documentos que son insuficientes, para acreditar el derecho alegado en la demanda de amparo, como se explica. Respecto del acta del registro civil se acredita por una parte el vínculo matrimonial bajo el régimen de separación de bienes entre la accionante y el demandado en el juicio natural, empero, por sí sola no prueba alguna figura jurídica o precepto legal constitutivo del derecho a poseer. De modo que aunque el adquirente hubiere sido el contrayente de la ahora quejosa, por ese solo hecho no puede estimarse que corresponda a la impetrante la defensa proindiviso de esos bienes, de modo que no cuenta con un derecho real y objetivo susceptible de ser protegido en la instancia constitucional, con motivo del vínculo matrimonial, pues estimar de lo contrario contravendría el consentimiento de los cónyuges conforme a la literalidad de sus declaraciones, lo que permite concluir que las esferas patrimoniales son autónomas y por ello, esa circunstancia no favorece a la quejosa. Por lo cual, al amparo del documento relacionado, la quejosa no cuenta con un derecho real y objetivo susceptible de ser protegido en la instancia constitucional, con motivo del vínculo matrimonial, pues estimar de lo contrario contravendría el consentimiento de los cónyuges conforme a la literalidad de sus declaraciones. Por otra parte, el contrato de capitulaciones de cuatro de enero de dos mil diecinueve, tampoco es apto para constituir el derecho alegado. La Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizó que el Código Civil establece que la sociedad conyugal puede comprender también los bienes futuros que los cónyuges llegaran a adquirir, donde debe constar en escritura pública la constitución de la sociedad, cuando los esposos pacten hacerse copartícipes o transferirse la propiedad de bienes, que ameriten tal requisito para que la traslación sea válida. Lo cual no es necesario cuando en las capitulaciones matrimoniales sólo pacten hacerse copartícipes (entre los contrayentes), de bienes inmuebles que obtengan posteriormente durante el matrimonio, pues esa exigencia carecería de motivo ante la incertidumbre de llegar a obtener tales bienes, e induciría a los esposos a celebrar el matrimonio bajo el régimen de separación de bienes, rehuyendo una formalidad innecesaria. Tales argumentos se encuentran inmersos en la tesis de rubro: "CAPITULACIONES MATRIMONIALES, FORMALIDADES EN EL OTORGAMIENTO DE LAS.". Caso diverso es que las capitulaciones deban surtir efectos frente a terceros, para lo cual es necesario constar en documento de fecha cierta; en ese aspecto, tienen una estrecha similitud con la compraventa, con la salvedad que la ausencia de esa formalidad (constar en escritura pública o estar inscrita en el Registro correspondiente), no impide que se verifiquen los efectos traslativos de dominio, pasando la propiedad del bien de un cónyuge al otro. Por el contrario, la validez de la traslación respecto de terceros, será válida si consta en escritura pública, y no entre los propios otorgantes, ya que fue entre ellos quienes (en uso de su libertad contractual) decidieron realizar la transmisión del dominio respectiva entre sí. En el caso la promovente presentó capitulaciones matrimoniales, sin embargo, como se precisó, para que éstas sean efectivas contra terceros deben contar con fecha cierta de cuando se realizó, lo cual se logra, en los siguientes casos: a) A partir del día en que se celebran ante fedatario público o funcionario autorizado; b) A partir del día en que se incorpore o inscriba en un registro público; y c) Desde la muerte de los que firmaron. De manera que, si no se actualiza alguno de estos supuestos, al documento no se le puede dar ningún valor jurídico ante terceros, por carecer de certeza de la fecha que se celebró. Con la documental exhibida por la quejosa no se acredita la causa generadora de la propiedad sobre el inmueble que se defiende, pues es indispensable que el derecho derive de un título de fecha cierta y el pacto exhibido no reúne esas características por ser un pacto privado; de tal modo, que sólo produce efectos jurídicos entre las partes que intervinieron en su celebración, mas no frente a terceros. Sirve de fundamento la jurisprudencia VI.2o.C. J/308, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, que expresa: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. EL DOCUMENTO PRIVADO DE FECHA INCIERTA ES INSUFICIENTE PARA DEMOSTRARLO. Si quien se queja en el amparo indirecto de haber sido afectado en sus derechos de propiedad y posesión de un bien inmueble, y exhibe un contrato privado de compraventa, con tal documento no puede tenerse por demostrado, de manera fehaciente, su interés jurídico pues, para que ello ocurra, resulta necesario que el referido título sea de fecha cierta, lo que acontece a partir del día en que un documento de tal naturaleza se inscribe en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio correspondiente, desde la muerte de cualquiera de los firmantes, o bien desde la fecha en que el documento se entrega a un funcionario público por razón de su oficio pues, en caso contrario, tal documento sólo produce efectos jurídicos entre las partes que originalmente intervinieron en la operación contractual, mas no frente a terceros, dado que la circunstancia de no tener fecha cierta, imposibilita determinar si el embargo y su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de que se duele el quejoso, fueron actos anteriores o posteriores a la adquisición del bien litigioso. Y ello es así por resultar claro, que la fuerza convictiva de un título privado, que contiene un acto traslativo de dominio no abarca la fecha en que aparezca realizada la enajenación cuando éste es de fecha incierta, por no reunir ninguno de los apuntados requisitos." En consecuencia, la exhibición de las capitulaciones celebradas entre los cónyuges son insuficientes para acreditar el interés de la parte quejosa, cuando ésta ostenta la calidad de tercera extraña al juicio, pues ello imposibilita determinar con certeza si es anterior o posterior al reclamo de que se duele, además de que con ese documento sólo acreditaría la existencia de un acuerdo de voluntades entre dos particulares respecto de un inmueble, pero no así la fecha cierta, lo cual garantiza la legalidad y certeza jurídica que debe imperar en este tipo de operaciones y evita que el juicio de amparo sea utilizado con fines desleales. Lo anterior se robustece, con la jurisprudencia 1a./J. 24/2008, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aplicada analógicamente, que dice: "ARRENDAMIENTO. CUANDO EL QUEJOSO RECLAMA EL DESPOSEIMIENTO DE UN INMUEBLE QUE DICE POSEER EN CALIDAD DE ARRENDATARIO, OSTENTÁNDOSE COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO NATURAL, SI EL CONTRATO EXHIBIDO CARECE DE FECHA CIERTA, ES INSUFICIENTE POR SÍ MISMO PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que los documentos privados en los que se hacen constar actos traslativos de dominio, para tener eficacia probatoria y surtir efectos contra terceros requieren ser de fecha cierta, cuya razón toral radica en garantizar la legalidad y certeza jurídica que debe imperar en ese tipo de operaciones, evitando que el juicio de amparo se utilice con fines desleales. Ahora bien, la circunstancia de que la legislación secundaria, en lo general, no exija que los contratos de arrendamiento se celebren o ratifiquen ante fedatario público o bien, se inscriban ante un Registro Público, no implica que tales documentos, per se, adquieran autenticidad y eficacia probatoria frente a terceros, pues ello significaría conferirles valor probatorio pleno, aun cuando dada su naturaleza de documentos privados, en los que únicamente intervienen las partes que los suscriben, es posible que contengan una fecha anterior o posterior a la verdadera, en perjuicio de terceros. Así, la exigencia mencionada debe prevalecer tratándose de documentos que consignan contratos traslativos de uso, como el arrendamiento, independientemente de que lo requiera o no la ley, pues de otro modo únicamente surtirán efectos entre los contratantes. En congruencia con lo anterior, el contrato de arrendamiento que carece de fecha cierta es insuficiente por sí mismo para acreditar el interés jurídico en el amparo, cuando el quejoso reclama el desposeimiento de un inmueble que dice poseer en calidad de arrendatario ostentándose como tercero extraño al juicio natural, pues resulta imposible determinar con certeza si dicho contrato es anterior o posterior al reclamo. Sin que lo anterior impida que el interés jurídico se acredite con otras pruebas, a juicio del Juez de Distrito." Además, la parte quejosa no acreditó fehacientemente tener la posesión del inmueble, y en el supuesto no concedido de que efectivamente la tuviera, este sólo hecho también sería insuficiente para considerar procedente el estudio de la constitucionalidad de los actos de autoridad, pues tratándose de casos en que el agraviado se ostenta como tercero extraño a juicio, aduciendo tener la posesión de un bien por virtud de un contrato, es indispensable la plena comprobación de que dicho título tiene fecha cierta, para oponerse frente a terceros, pues la posesión sin derecho sólo puede tenerse como simple detentación, y por tanto no protegida a través del juicio constitucional. Al respecto se cita la jurisprudencia P./J. 1/2002, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "TERCERO EXTRAÑO. INTERÉS JURÍDICO. NO LO ACREDITA LA DETENTACIÓN MATERIAL DEL INMUEBLE." Finalmente, respecto la copia de la escritura pública treinta y dos mil cuatrocientos cuarenta y nueve, donde se protocolizó el contrato de compraventa con garantía hipotecaria, celebrado entre ... y la moral ..., al ser una reproducción simple no puede surtir efecto jurídico alguno, por la forma en que está confeccionada (sin certificación). Al respecto, se invoca la jurisprudencia 2a./J. 21/98 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. LAS COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES, POR SÍ SOLAS, NO LO ACREDITAN. Conforme a lo dispuesto por el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, el valor probatorio de las fotografías de documentos, o de cualesquiera otras aportadas por los descubrimientos de la ciencia, cuando carecen de certificación, queda al prudente arbitrio judicial como indicios. Esta Suprema Corte, en diversas tesis de jurisprudencia, ha sostenido que el quejoso debe probar fehacientemente su interés jurídico, por ello debe estimarse que las copias fotostáticas sin certificación son insuficientes para demostrarlo, si no existe en autos otro elemento que, relacionado con aquéllas, pudiera generar convicción de que el acto reclamado afecta real y directamente los derechos jurídicamente tutelados del quejoso." También la tesis XX.8 K, de la Novena Época, con Registro: 204771, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, Julio de 1995, Materia(s): Común, página 225, que establece: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. CARECEN DE VALOR PARA DEMOSTRAR EL INTERÉS JURÍDICO EN JUICIO LAS. Las copias fotostáticas simples, carecen de valor probatorio y por ende, son insuficientes para acreditar el interés jurídico del actor en el juicio." En estas condiciones, al no afectarse el interés jurídico de la parte quejosa, se actualiza la causal de improcedencia a que se ha hecho referencia y con fundamento en el artículo 63 fracción V en relación con el precepto 61 fracción XII ambos de la Ley de Amparo, debe SOBRESEERSE EL JUICIO. No es obstáculo la admisión de la demanda de garantías, pues ello no impide el análisis de las causales de improcedencia, como la que ahora se advierte, máxime que se acreditó plenamente una vez que se tuvieron a la vista las constancias del informe justificado remitidas. Asimismo, conforme al sentido de este fallo es innecesario atender los conceptos de violación formulados en la demanda de garantías, porque la declaración de sobreseimiento impide hacerlo. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 1028, del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que dice: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente." Sobreseimiento extensivo a los actos de ejecución reclamados, pues no se combaten por vicios propios, sino en vía de consecuencia; conforme a la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos de las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan el carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios" Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73 a 76, 217 y 218 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: Único. Se sobresee el juicio promovido por ..., contra actos del Juez y Actuario adscritos al Juzgado Vigésimo Noveno Civil de Proceso Escrito de la Ciudad de México, precisados en el segundo considerando, por las razones indicadas en el diverso último de esta sentencia. Notifíquese como legalmente corresponda. Lo sentencia y firma ..., Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, ante ..., Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, en términos de los artículos 3º de la Ley de Amparo, y 28 del Acuerdo General 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, hasta hoy quince de agosto de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe."
- Principal
Visto el estado procesal de autos, se advierte que no es posible celebrar la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, por el motivo asentado en la certificación de cuenta; en consecuencia, se difiere y se fijan las once horas con diez minutos del cuatro de julio de dos mil veintidós, para su verificativo. Considerando que esta determinación no contiene requerimiento con apercibimiento o petición para las autoridades responsables, ni actualiza algún supuesto del artículo 26 de la Ley de Amparo, no es necesario enviarles oficio, y con fundamento en la fracción III del citado numeral, se ordena notificarles por lista este auto. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Segunda Sala del Alto Tribunal, Décima Época, Materias(s): Común, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." NOTIFÍQUESE.
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