Guzmán Ibarra Corral

Expediente 1571/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 4 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1571/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
27/11/2023

Partes del expediente

  • Guzmán Ibarra Corral

Actuaciones

  1. Principal

    Audiencia y resolución constitucional En Hermosillo, Sonora, a las nueve horas con treinta y un minutos del veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, quien actúa en unión de Juan de Dios Velasco Romero, secretario con quien autoriza y da fe de sus actos, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, declaró abierta la presente audiencia sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia de ley, el secretario relaciona las constancias que obran en autos y da cuenta al juez con el escrito inicial de demanda, las constancias de emplazamiento a juicio de las partes e informes con justificación rendidos por las responsables. Revisado el estado de autos, se advierte que en auto de admisión, se estimó que dada la naturaleza del acto reclamado, no existe tercero interesado. Asimismo, se hace constar que el presente juicio se tramitó en términos de lo dispuesto por los artículos 115 y 118 de la ley de la materia, y por auto treinta y uno de octubre del año en curso, se agregó el informe justificado de las autoridades responsables; asimismo, certifico que no existen escritos pendientes de acuerdo y que el expediente electrónico se encuentra debidamente integrado. El juez acuerda: se tiene por hecha la relatoría anterior y por visto el contenido de la certificación que antecede, para los efectos legales conducentes; y, en relación con la inexistencia de tercero interesado, se justifica lo determinado, dado que en el caso no se actualiza ninguno de los supuestos que establece el artículo 5, fracción III de la Ley de Amparo. A continuación, se declara abierto el periodo de pruebas, se da cuenta con las pruebas documentales ofertadas por la parte quejosa, así como las documentales ofrecidas por el jefe de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, quien además ofertó la confesional expresa, presuncional en su triple aspecto, e instrumental de actuaciones. El juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas por su propia naturaleza las citadas probanzas. Cerrada la etapa de pruebas y abierta la de alegatos, se hace constar que las partes no los formularon. El juez acuerda: téngase por perdido el derecho para expresarlos; se cierra esta fase y se procede a dictar la resolución respectiva. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 1571/2023 A-I; y, Antecedentes y trámite del juicio de amparo Por escrito depositado el seis de octubre de dos mil veintitrés, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, y remitido al nueve siguiente, por razón de turno, a este juzgado, Guzmán Ibarra Corral solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos que reclama del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad y otra autoridad. Por proveído de diez de octubre siguiente, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó a las autoridades responsables informe justificado; se dio a la representación social de la adscripción la intervención legal que le compete y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional; la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. Competencia Este órgano judicial es competente para resolver el presente juicio de derechos, de conformidad con los artículos 103, fracción I, 107, fracciones IV y VII, de la Constitución Federal; 1, 6, 33, fracción IV, 37, párrafo tercero, y 107, fracción I, de la Ley de Amparo; 49, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que se impugnan actos de cuya ejecución se verifica dentro del ámbito territorial donde ejerce jurisdicción este Juzgado Federal, circunstancia que lo dota de competencia. Precisión de los actos reclamados Del estudio integral del expediente y con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisan como actos reclamados, los siguientes: Del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora y del subdirector de Pensiones, Jubilaciones y Prestaciones de dicho Instituto, el descuento sobre el monto del importe relativo al pago de la jubilación a partir del mes de octubre de dos mil veintitrés y subsecuentes, con motivo de la aplicación del artículo 25, fracción I, de la Ley 38 del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (en lo sucesivo ISSSTESON), por concepto de "Servicio Médico". Existencia del acto reclamado Es cierto el acto reclamado atribuido a las autoridades pertenecientes al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, rendido por conducto del jefe de la Unidad Jurídica, no obstante que al rendir su informe, aceptó parcialmente la existencia de este; además, dicha certeza se desprende de las constancias exhibidas por la parte quejosa y la propia autoridad mencionada, de las que se desprende que se realiza la deducción de un porcentaje de su pensión mensual por concepto de servicio médico. Es así, más aún que el artículo 96, en su fracción IV, de la Ley del ISSSTESON, refiere: "Artículo 96. El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora tendrá las siguientes funciones: (.) Otorgar jubilaciones y pensiones;" De dicho numeral, se desprende que el ISSSTESON, es el encargado de otorgar las pensiones correspondientes; por tanto, si bien, existe un departamento encargado de realizar la deducción que refiere la parte quejosa, dicho instituto tiene la obligación de vigilar que la pensión que se otorgue, deba contener las deducciones debidamente legitimadas, y las citadas autoridades responsables, tienen mayor jerarquía que las áreas en que se divide el instituto quien otorga el pago pensionario al aquí quejoso, entidad de la cual es responsable su director y, por tanto, su representante en términos del artículo 109, fracciones I, V, de la Ley del ISSSTESON. Causas de improcedencia -infundadas- En este apartado debe examinarse si existe alguna causal que torne improcedente el juicio de derechos humanos, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, según lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo; de lo cual este juzgador debe ocuparse independientemente de que ese examen sea propuesto o no por los interesados. Lo anterior, se encuentra sustentado en la jurisprudencia 814, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, tomo VI, página 553, de rubro: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO". En el caso, el Instituto responsable, hace valer las causales de improcedencia que derivan del artículo 61, de la Ley de Amparo, a saber, las relativas a las fracciones XIII y XIV, relacionadas con el consentimiento expreso y tácito de la norma controvertida, pues substancialmente argumenta que el quejoso tuvo conocimiento del descuento que se le efectúa desde el primer pago pensionario que se le hizo. El ordinal antes indicado dispone que el juicio de derechos es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquéllos contra los que no se promueva el medio de control constitucional dentro del plazo que señala el numeral 17 del referido ordenamiento legal. Ahora, en el caso, la actualización de las citadas causas la autoridad responsable las hace derivar de la circunstancia de que la parte quejosa tuvo conocimiento de la norma impugnada desde que recibió el dictamen donde le fue concedida la pensión, así como el primer importe de esta. Sin embargo, del recibo de pago correspondiente a octubre de dos mil veintitrés, exhibido por la parte quejosa, se advierte el monto de la pensión mensual otorgada y la deducción correspondiente por concepto de servicio médico, pero sin señalar el sustento legal de este último. Por tanto, al no estar acreditado que la parte quejosa haya tenido conocimiento completo del acto reclamado en la fecha en que se emitió su dictamen de pensión, pues, se insiste, no se advierte que conociera el sustento, para determinar si la presentación de la demanda fue oportuna, por lo que debe atenderse a la fecha de conocimiento manifestada en la demanda de amparo -dos de octubre de dos mil veintitrés-. No obstante que obra dictamen de pensión, y en cuyo resolutivo primero se otorgó la pensión tipo jubilatoria, y que se le haría el descuento por concepto de servicio médico que la ley establece en el artículo 25 fracción I; lo cierto es que, no se establece el porcentaje ni cantidad que habría de descontarse, y tampoco se advierte que se haya notificado al hoy quejoso el referido dictamen de pensión, a efecto de computar el plazo para la presentación de la demanda. En ese tenor, resulta aplicable la jurisprudencia con registro electrónico 163172, número 115/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ". Bajo esa óptica, si en el escrito inicial de demanda el quejoso manifestó bajo protesta de decir verdad que tuvo conocimiento del acto de aplicación de la norma impugnada, hasta el dos de octubre de dos mil veintitrés, sin que las autoridades responsables hayan desvirtuado dicha circunstancia, mientras que la demanda de amparo se presentó el seis de octubre de dos mil veintitrés, queda patente que su promoción fue oportuna, esto es, dentro del plazo de quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo. Por consiguiente, al no quedar demostrado el consentimiento de la parte quejosa respecto de los actos reclamados en trato, no se acreditan las causas de improcedencia previstas por el artículo 61, fracciones XIII y XIV, de la Ley de Amparo. Finalmente, al no advertirse actualizada diversa causa de improcedencia a las invocadas, procede analizar su legalidad, al tenor de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa. Consideraciones jurídicas Para atender con adecuada información el problema planteado, es pertinente destacar, a título de antecedentes, que la parte quejosa tiene el carácter de pensionado ante el ISSSTESON, y recibe una pensión mensual menos una deducción, la cual tiene fundamento en el artículo 25 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora. En el caso particular, el quejoso reclama el referido descuento que establece el precepto legal mencionado, en específico su fracción I, por un cargo del cuatro por ciento sobre el monto de la pensión que percibe, por concepto de servicio médico, así como los subsecuentes. Contra dicho descuento la parte quejosa hace valer, esencialmente, el concepto de violación siguiente: Que el artículo que tilda de inconstitucional infringe el derecho humano a la salud y a la seguridad social, toda vez que condiciona a pagar una cuota a fin de que pueda disfrutar del resto de prestaciones que otorga la Ley del ISSSTESON, como lo es el derecho a los servicios médicos, entre otros, y, por ende, su aplicación -a pensionados y jubilados- desvirtúa el carácter solidario del sistema de retiro al que pertenece, pues se contrapone a su propia racionalidad, al imponer cargas económicas a sujetos pasivos con el objeto de cubrir gastos de seguridad social, de acuerdo con lo sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 27/2016. En este punto, debe hacerse énfasis en señalar que la parte quejosa formula conceptos de violación encaminados a evidenciar que la norma que regula el descuento de su pensión es ilegal, dado que el Pleno del Alto Tribunal, en la acción de inconstitucionalidad 19/2015, declaró la invalidez de algunos artículos de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California y que tales preceptos son idénticos al artículo 25, fracción I, de la Ley 38 del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora. Lo anterior denota su clara intención en instar la acción constitucional contra un acto administrativo sustentado en una norma general, lo que no constituye un amparo contra leyes; no obstante, es importante recordar que conforme al criterio establecido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 139/2017, producto de la contradicción de tesis 124/2017, es factible combatir el descuento que la responsable le efectuó a su pensión por concepto de servicio médico, así como los subsecuentes, en razón de su inminente realización, toda vez que la norma que regula dicha deducción es similar a la declarada inconstitucional en la jurisprudencia P./J 27/2016 (10a). Ahora bien, previo a calificar los conceptos de violación formulados, debe resolverse la siguiente interrogante. ¿Puede concederse la protección constitucional cuando en la demanda de amparo se señale como acto reclamado el descuento al monto de una pensión de seguridad social fundado en un artículo declarado inconstitucional por jurisprudencia, así como los subsecuentes donde se pretenda aplicar la misma norma general respecto de la misma pensión? A fin de resolver el problema planteado, resulta relevante traer al contexto las consideraciones fácticas y jurídicas que sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 124/2017. Para abordar el estudio, destacó que en sesión de diecinueve de abril de dos mil diecisiete, resolvió la diversa contradicción de tesis 223/2016, donde se analizó una cuestión relacionada con la que se dilucidaría en la contradicción invocada. Así, en dicho fallo el punto a dilucidar consistió en determinar si en los juicios de amparo indirecto en los que se impugnara la aplicación del artículo 51, segundo párrafo, de la Ley del Instituto Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado abrogada, y no se señalara esa norma general como acto reclamado, los efectos de la concesión del amparo debían limitarse al acto de aplicación, o también implicaban la restitución por actos anteriores al reclamado y la vinculación de la autoridad en la futura desaplicación de dicho precepto legal respecto de los descuentos subsecuentes a los que habían sido objeto de reclamo. Al respecto, emitió la jurisprudencia 2a./J. 45/2017 (10a.). Para arribar a esa conclusión, la Segunda Sala se basó en las siguientes premisas generales: De conformidad con las reglas del juicio de amparo indirecto, la inaplicación de una norma a futuro de la esfera jurídica del quejoso únicamente es propia del juicio de amparo contra normas generales. Existe la posibilidad de que, sin que se haya reclamado la norma general, se impugnen actos concretos de aplicación. En esos casos, los efectos del amparo únicamente podrán recaer sobre los actos concretos sin que implique la inaplicación a futuro de la norma de la esfera jurídica del quejoso. Una vez definida la litis en el juicio de amparo no puede variarse fuera de las propias reglas aplicables a ese juicio, dado que el órgano de amparo debe abocarse exclusivamente a resolver la controversia particular que ha sido planteada, en atención al principio de congruencia, además que generaría un desequilibrio procesal grave entre las partes. Si bien el artículo 78 de la Ley de Amparo autoriza al órgano de amparo a especificar qué medidas adicionales a la inaplicación de una norma general, éstas únicamente se aplican a los juicios de amparo en los que se cuestiona la constitucionalidad de una norma general. Únicamente pueden ser materia del juicio de amparo los actos reclamados por la parte quejosa desde la presentación de la demanda o actos que hubiesen sido incorporados a la litis por el órgano de amparo en suplencia de la queja, acorde a las reglas procesales respectivas, y que así se precisaran en el acto de admisión de la demanda o en un acto procesal posterior, pero siempre y cuando se solicite informe justificado a las autoridades responsables y se corra traslado, en su caso, a los terceros interesados y al Ministerio Público de la Federación. Los lineamientos constitucionales que rigen al juicio de amparo contienen mandatos claros respecto al contenido de la sentencia de amparo y a los efectos y medidas que deben incorporarse en ella, sin que se autorice a variar o complementar lo planteado en la demanda de amparo. Ni la Constitución, ni la Ley de Amparo, ni el Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a esta última, autorizan la incorporación de cuestiones no litigadas durante el juicio en una sentencia, pues ello iría contra los principios de congruencia, debido proceso y legalidad, tutelados en los artículos 14, 16 y 17 constitucionales. La concesión del amparo contra los actos de aplicación de leyes declaradas inconstitucionales en jurisprudencia no comprende a la norma general declarada inconstitucional si ésta no fue señalada como acto reclamado. Sólo tiene por efecto que, en observancia de la jurisprudencia, no se aplique la ley a un acto concreto, sin poder comprender algún otro. Pueden existir actos impugnados donde se aplique el artículo declarado inconstitucional que, por su naturaleza alcancen a pagos futuros de las pensiones, pero esa consecuencia deriva del propio contenido del acto de aplicación, mas no de los efectos extensivos ajenos a éste, o propios del amparo contra normas generales. Estos últimos sí implican desincorporar la disposición impugnada de la esfera jurídica del quejoso, lo que impide volverla a aplicar en su perjuicio en cualquier acto futuro, sea que derive o no del mismo acto de aplicación. En ese sentido, concluyó que cuando el amparo se promueva en contra de los actos de aplicación de un artículo declarado inconstitucional por jurisprudencia, el efecto de la protección no puede llevarse al extremo de impedir su aplicación futura en términos del artículo 78 de la Ley de Amparo, ni afectar un acto distinto al reclamado, cuya constitucionalidad no haya sido impugnada en la demanda de amparo. Así, estableció que ello impediría desconocer los principios de relatividad y congruencia que rigen al juicio de amparo, porque dichos principios no permiten declarar la insubsistencia de actos que no fueron impugnados, ni permite que por el solo hecho de que exista una jurisprudencia que declara inconstitucional algún precepto normativo, alcance a invalidar actos que no fueron objeto de reclamo por la parte quejosa. En esencia, en esa contradicción definió que cuando en un juicio de amparo indirecto se impugnara un ulterior acto de aplicación consistente en el descuento periódico de una pensión de seguridad social de la parte quejosa, con fundamento en una norma general declarada inconstitucional por jurisprudencia, la protección constitucional no podía ser extensiva a actos futuros que no fueron señalados como reclamados, porque la inaplicación de una norma únicamente era factible en el amparo contra leyes. Ahora, en la contradicción que se invoca, estableció que se abordaría la cuestión relativa a si era posible otorgar el amparo cuando la parte quejosa reclamaba en su demanda de amparo, además de los descuentos donde se aplicó dicha disposición, los subsecuentes que se pretendían realizar con fundamento en ese mismo precepto. Así, indicó que de conformidad con el artículo 107, fracción I, de la Constitución, el juicio de amparo se seguía a instancia de parte agraviada, siempre que se alegara que el acto que se señalaba como reclamado le afectara su esfera jurídica de forma directa o, en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. En consecuencia, estableció que como había dicho, uno de los requisitos para la procedencia del juicio de amparo era que el acto que se señalaba como reclamado en la demanda de amparo ocasionara una afectación en la esfera jurídica del particular de forma actual y directa o, en virtud de su especial situación frente al orden jurídico, respecto del cual, el órgano jurisdiccional concedería o negaría la protección constitucional. Argumentó que para dilucidar el tema objeto de dicha contradicción, era necesario precisar si jurídicamente era factible conceder la protección constitucional cuando en la demanda de amparo se señalaban como reclamados actos futuros, cuya realización aún no se materializaba en perjuicio del quejoso. En virtud de lo anterior, refirió que la procedencia del juicio de amparo contra actos futuros, encontraba su fundamento en el contenido del artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo. Relató que era menester precisar lo que se entendía como actos futuros, así como los pronunciamientos de esa Suprema Corte en torno a su procedencia para efectos del juicio de amparo. En ese sentido, estableció que los actos futuros se solían clasificar en dos tipos: de realización incierta y los inminentes. Así, destacó que los actos de realización incierta se habían definido como aquellos donde sólo existía la posibilidad de que sucedieran, por lo que aún no existía afectación alguna a la esfera jurídica del particular y no se tenía plena certeza de su realización. Mientras que los actos futuros inminentes, subrayó que eran aquellos cuya existencia era indudable, es decir, había plena certeza de su realización, faltando únicamente para su ejecución, la materialización de ciertas formalidades. La certeza de realización del acto inminente estribaba en ser una consecuencia necesaria de un acto concreto ya existente que afectaba los intereses jurídicos del quejoso. Acentuó que el juicio de protección constitucional no procedía contra cualquier acto que se tratara de ejecutar, en términos del artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, sino únicamente a aquellos que les revestía la característica de inminencia. Así pues, resumió que en el juicio de amparo indirecto es factible reclamar actos futuros, pero con la condición de que éstos sean inminentes, es decir, que se tenga plena certeza de su ejecución, pues el juicio constitucional es improcedente cuando los actos que se reclamen sean inciertos y únicamente probables, porque la mera posibilidad de su realización no implica un perjuicio para la parte quejosa. Asimismo, refirió que en la jurisprudencia 2a./J. 168/2005, había definido que cuando en la demanda de amparo se señalara un acto futuro como reclamado, ante la duda sobre su carácter de inminente, ésta debía admitirse para efecto de verificarse con los elementos probatorios aportados en la audiencia constitucional, si eran inciertos o inminentes, pues de lo contrario se le privaría al quejoso de instar una acción constitucional contra un acto que le causara perjuicio. Ante tales consideraciones, el Alto Tribunal afirmó que ya se había pronunciado sobre la posibilidad de que en un juicio de amparo se otorgara la protección constitucional contra actos futuros de realización inminente, al estimar que éstos sí le ocasionan un agravio a la parte quejosa en su esfera jurídica, el cual debía ser reparado integralmente conforme a la finalidad última del juicio de amparo que busca que la persona afectada no vuelva a sufrir la misma violación a sus derechos humanos. Además, consideró que cuando en una demanda de amparo se señalaba como actos reclamados los descuentos periódicos al monto de una pensión de seguridad social de la parte quejosa subsecuentes a los ya realizados al momento de la presentación de la demanda o de su ampliación, con fundamento en preceptos declarados inconstitucionales por jurisprudencia, sí les revestía la característica de ser inminentes y, por tanto, procedía conceder el amparo contra éstos, en atención a los siguientes razonamientos: Los pagos de las pensiones en materia de seguridad social se caracterizan, por ser actos de tracto sucesivo, es decir, que se configuran momento a momento, dado que su liquidación deriva de la cuantificación efectuada por la autoridad administrativa, donde se determina el monto que le corresponderá al beneficiario de manera periódica. Cabe destacar que los actos de tracto sucesivo son aquellos que se prolongan a lo largo del tiempo, es decir, existe la realización de acciones periódicas dirigidas a un solo fin; se caracterizan por tener unidad y no se agotan con el cese de uno de ellos, pues se reiteran de manera que siguen produciendo sus efectos a futuro. De lo anterior se sigue que la afectación recaída a los descuentos mensuales efectuados a una pensión fundados en una norma declarada inconstitucional integran actos de tracto sucesivo, porque la conducta de la autoridad implica la materialización de no entregar el monto debido de la pensión de forma periódica y su descuento obedece directamente a un mandato legal, que al no haberse inaplicado de la esfera jurídica del quejoso, sigue siendo de obligatorio acatamiento para la autoridad administrativa. Por consiguiente, la concesión de la protección constitucional para el único efecto de que se le restituya a la parte quejosa las cantidades que indebidamente le fueron descontadas en aplicación de la norma declarada como inconstitucional no impide que no se vuelvan a realizar en el futuro esos mismos descuentos a su pensión y, por ende, el agravio que no fue tolerado por el quejoso puede continuar permanentemente, pese haberse reclamado en la demanda de amparo. En ese contexto, la certeza jurídica y, por tanto, su inminencia, estriba en la circunstancia de que el pago de una pensión de seguridad social se realiza de manera periódica al igual que los descuentos correspondientes con base en la legislación aplicable, que de no declararse inválida debe continuar siendo el fundamento para realizar las liquidaciones periódicas correspondientes, sin que obste la circunstancia de que exista un amparo contra determinado número de descuentos, pues la normativa aplicable sigue rigiendo en la determinación de la cuantía de la pensión correspondiente. Asimismo, al ser de carácter inminente produce al quejoso un agravio actual, pues si bien los descuentos subsecuentes aún no se aplican en perjuicio a su esfera jurídica, como se dijo, al no haberse impugnado la ley y subsistir el dictamen o resolución donde se determina el descuento, hay certeza de que la autoridad administrativa está obligada a realizar los descuentos subsecuentes, máxime si la ley no ha sido invalidada o desaplicada de la esfera jurídica del quejoso. Por otra parte, refirió que si bien en la contradicción de tesis 223/2016, dicha Segunda Sala había determinado que en los casos donde se reclamaran actos ulteriores de aplicación consistentes en descuentos a una pensión de seguridad social donde se aplicó un artículo declarado inconstitucional por jurisprudencia, los efectos del amparo no podían hacerse extensivos a futuro, se partió de la premisa consistente en que los efectos del amparo únicamente podían recaer en la litis fijada en el amparo, de conformidad con los principios de congruencia y relatividad. Así, argumentó que en el caso concreto en estudio se partiría del supuesto de que en la demanda de amparo los descuentos aún no realizados sí fueron reclamados por la quejosa y, por ende, sí formaron parte de la litis, por lo que de ninguna manera se estaría variando, ni implica un desequilibrio para las partes, porque se le brindaría oportunidad a las autoridades responsables de rendir su informe justificado donde inclusive pueden combatir el carácter de inminentes de los actos reclamados. Con lo anterior, concluyó que no significaba que la circunstancia de otorgar la protección constitucional contra descuentos subsecuentes implicaba la inaplicación futura de una norma general en la esfera jurídica del quejoso, pues la concesión del amparo comprende exclusivamente a los actos derivados del acto de aplicación o subsecuentes respecto del mismo monto pensionario que motivó la concesión del amparo. Ello significaba que la norma que fundó los actos reclamados podría ser válidamente aplicada en la esfera jurídica del quejoso en el otorgamiento de otras prestaciones de seguridad social u otros actos que no hayan formado parte de la litis del amparo. Por tanto, resumió que cuando en la demanda de amparo se señalaban como actos reclamados los descuentos subsecuentes a los efectuados con anterioridad a la presentación de la demanda o su ampliación, fundados en preceptos declarados inconstitucionales por jurisprudencia, se debía conceder la protección constitucional para el efecto de que se reintegraran a la parte quejosa los descuentos ya efectuados señalados como acto de aplicación, aun cuando fueran posteriores a la presentación de la demanda o su ampliación, así como para que ya no se realizaran descuentos posteriores a la pensión respecto de la cual se solicitó el amparo. Consecuentemente, concluyó que cuando en un juicio de amparo indirecto se reclamara un ulterior acto de aplicación consistente en un descuento efectuado al monto de una pensión de seguridad social fundado en un artículo declarado inconstitucional por jurisprudencia, los efectos del amparo únicamente debían consistir en que dicha ley no se aplicara al caso concreto, sin poder comprender la inaplicación de la norma respecto de actos futuros cuando no fueron objeto de reclamo, pues ello es propio del juicio de amparo contra leyes. Sin embargo, estableció en definitiva que cuando en la demanda de amparo se señalaran expresamente como acto reclamado los descuentos subsecuentes a los ya efectuados al momento de la presentación de la demanda o de su ampliación, sí procedía conceder el amparo contra ellos, al ser inminentes, pues existía certeza de su realización al ser actos de tracto sucesivo, cuya materialización se configuraba en cada periodo en el que se debía efectuar el pago correspondiente, el cual seguiría fundándose en la norma general que no había sido inaplicada de la esfera jurídica de la quejosa. Tales consideraciones se sintetizaron en la jurisprudencia 139/2017, producto de la contradicción de tesis 124/2017, cuyo rubro y texto son: "PENSIONES. PROCEDE OTORGAR EL AMPARO PROMOVIDO CONTRA LOS DESCUENTOS FUTUROS E INMINENTES EN APLICACIÓN DE UNA NORMA GENERAL DECLARADA INCONSTITUCIONAL POR JURISPRUDENCIA, SIEMPRE QUE SE HAYAN SEÑALADO COMO ACTOS RECLAMADOS. Cuando en un juicio de amparo indirecto se reclame un ulterior acto de aplicación consistente en un descuento efectuado al monto de una pensión de seguridad social fundado en un artículo declarado inconstitucional por jurisprudencia, los efectos de la protección constitucional únicamente deben consistir en que dicha ley no se aplique al caso concreto, sin poder extenderlos respecto de actos futuros, pues ello es propio del juicio de amparo contra normas generales. Sin embargo, cuando en la demanda de amparo se señalen como actos reclamados los descuentos subsecuentes a los realizados con anterioridad a su presentación o a su ampliación, es jurídicamente posible que los efectos del fallo protector comprendan a dichos descuentos futuros al monto periódico de la misma pensión por ser inminentes; por tanto, en ese caso debe concederse el amparo para el efecto de que se reintegren a la quejosa los descuentos señalados como actos reclamados, en los que se incluyen los subsecuentes hasta que se cumplimente la ejecutoria, así como para que ya no se realicen los posteriores descuentos al monto periódico de la misma pensión respecto de la cual se solicite el amparo." Pues bien, el precedente invocado resulta apto para resolver la litis en el presente caso, en virtud de que se reclama el descuento de una pensión mensual que percibe la parte quejosa bajo concepto de servicio médico, el cual se sustenta en el precepto legal 25, fracción I, de la Ley 38 del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, así como las subsecuentes deducciones que se generen bajo la misma percepción. Ello es así, ya que como lo afirmó el Alto Tribunal, su materialización es inminente, puesto que el pago de una pensión de seguridad social se realiza de manera periódica al igual que los descuentos correspondientes con base en la legislación aplicable, como en el caso, el descuento del concepto de servicio médico, que de no declararse inválida debe continuar siendo el fundamento para realizar las liquidaciones periódicas correspondientes. La citada Segunda Sala del Alto Tribunal, al resolver la solicitud de reasunción de competencia 147/2019, solicitada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, determinó que sobre el tema -inconstitucionalidad del artículo 25, fracción I, de la Ley 38 del ISSSTESON-, ya había dilucidado tal cuestión, al resolver en la acción de inconstitucionalidad 19/2015, en la que determinó que los artículos 16 y 25 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (ISSSTECALI), al establecer cargos económicos en las pensiones de los jubilados, contravenían los derechos de igualdad y no discriminación. Así, subrayó que ya había invalidez de normas que exigían a los pensionados la aportación mediante descuentos en su pensión, para cubrir, entre otros gastos, el de servicio médico, de ahí que no procedía la reasunción de competencia solicitada, sino que dichos criterios resultaban orientadores por resolver la problemática planteada. En ese sentido, lo resuelto en la solicitud de reasunción en comento, dejó establecido que existe precedente respecto de la inconstitucionalidad de las normas que tienen como efecto el descuento de cantidades en las pensiones de los jubilados con el propósito de cubrir ciertos servicios como el médico. Igualmente, que ya no es necesario pronunciarse particularmente por parte del Alto Tribunal respecto de la inconstitucionalidad del artículo reclamado de la Ley 38 del ISSSTESON, porque ya había resuelto dicho tópico. Establecido lo anterior, se concluye que es posible abordar el estudio respecto de la inconstitucionalidad del precepto en el que se funda el descuento reclamado así como los subsecuentes que se realizarán de forma inminente habida cuenta que sobre el fundamento que sustenta dichas deducciones la Corte ya se pronunció sobre su ilegalidad con base en otra norma similar. En tal contexto, resulta fundado el concepto de violación sintetizado en el principio del presente considerando, y suficiente para conceder el amparo solicitado. Es así, pues el descuento a los pensionados o pensionistas, como cuota del seguro de enfermedades no profesionales y de maternidad, en términos de la fracción I del artículo 25 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, vulnera el derecho a la seguridad social, ya que dicha norma local, conforme al criterio del Alto Tribunal, establece una medida contraria a los derechos a la igualdad y no discriminación, reconocidos en los artículos 116, fracción VI y 123, apartado A, fracción XXIX y B, fracción XI, de la Constitución Federal, al no estar constitucionalmente permitidos los descuentos a los pensionados para contribuir a las prestaciones de seguridad social, a las cuales ya cotizaron como trabajadores en activo, por lo que debe cesar su aplicación por parte de la autoridad administrativa. Dichas consideraciones fueron acogidas en la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, cuyo rubro dice: "DESCUENTO DE LA CUOTA DEL SEGURO DE ENFERMEDADES NO PROFESIONALES Y DE MATERNIDAD A LOS PENSIONADOS O PENSIONISTAS. EL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 25, FRACCIÓN I, DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA, VULNERA EL DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL [APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA TEMÁTICA P./J.27/2016 (10a.)]" Además, en la ejecutoria dictada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el veintisiete de octubre de dos mil quince, al resolver la acción de inconstitucionalidad 19/2015, consideró entre otros aspectos, lo que a continuación se transcribe: "SEGUNDO CONCEPTO DE INVALIDEZ. Inconstitucionalidad de la obligación a los pensionados de aportar un porcentaje de su pensión percepción para diversos usos. (Artículo 16, tercer y cuarto párrafos, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California) El artículo impugnado literalmente dispone lo siguiente: "Artículo 16. Todo trabajador comprendido en el artículo 1o. de este ordenamiento, deberá aportar al instituto una cuota obligatoria del salario base de cotización, acorde a lo establecido en las Leyes que regulan a los trabajadores que se señalan en las fracciones I y II, apartado B, del artículo 99 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California. "Dicho porcentaje se aplicará a los rubros siguientes: "I. Para cubrir el Seguro de Enfermedades No Profesionales y de Maternidad, y "II. Para tener derecho a las prestaciones señaladas en las fracciones III a XI y XIII a XIV del artículo 4o. "Los pensionados y pensionistas cubrirán al Instituto, previo descuento que se realice, un porcentaje de su pensión que disfrute destinada a la reserva técnica prevista en el artículo 126 para el régimen de pensiones y jubilaciones. "Dichas cuotas serán las que se establezcan en las Leyes que regulan a los trabajadores que se señalan en las fracciones I y II, apartado B, del artículo 99 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California." La parte actora considera que el artículo 16, tercer y cuarto párrafos, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, transgreden los artículos 1o. y 123, apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución Federal, así como el artículo 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el 26 del Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos, ya que se vulnera el derecho de igualdad en materia de seguridad social, y los principios de previsión social y equidad, al obligarse a los pensionados al igual que los trabajadores en activo a un porcentaje de sus respectivas percepciones para cubrir el monto de las prestaciones establecidas en la ley y los gastos de administración correspondientes. Lo anterior, argumentan, implica un trato inequitativo entre un trabajador en activo y un pensionado, pues la cuota impuesta al trabajador en activo se justifica ya que su economía no se ve afectada al poder incrementar su salario escalando puestos o compaginar su función con otra labor, mientras que el pensionado, sólo puede ver incrementado el monto de su pensión en proporción al porcentaje que aumenta el salario mínimo general de la zona. Agrega el argumento de que la finalidad de todo fondo de pensiones radica en que cuando se haya otorgado la pensión, ésta se cuantifique con base en las aportaciones realizadas durante la vida laboral y en relación con el porcentaje correspondiente a los años trabajados. Lo anterior es fundado, ya que la norma reclamada aplica deducciones a los trabajadores en activo así como a los pensionados o pensionistas, por lo que existe un trato igual respecto de categorías distintas que no se encuentra justificado constitucionalmente. De un análisis de los artículos constitucionales y convencionales citados por el promovente, se advierte que los mismos se refieren de manera principal al principio de igualdad y no discriminación y en específico al artículo 123, donde se establecen las bases mínimas para la seguridad social, fijándose los rubros mínimos que ésta debe de cubrir, que incluyen el concepto de jubilación. Por su parte, este Tribunal encuentra que los artículos 26, 28 y 29 del convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo,(12) establecen que la edad prescrita para acceder a las prestaciones de vejez no deberá exceder de una cierta edad (75 años) y que tiene un mínimo de años de cotización. Todos los demás elementos que se contienen en el apartado B del artículo 123, se refieren a derechos, garantías y bases mínimas de los trabajadores en activo, tales como: duración de la jornada diaria, días de descanso, vacaciones, escalafón, salarios, etcétera, los cuales no aplican ya a los jubilados o pensionados. Así, resulta evidente para este Tribunal que la situación de trabajador en activo es un rango de edades y de años laborales en los que el trabajador se desarrolla con ciertos derechos y expectativas que en el momento en el que su vida laboral activa termina desaparecen. En el caso de Baja California, todo trabajador al servicio del Estado debe aportar al instituto una cuota obligatoria del salario base de cotización, que sirve para cubrir seguro médico y de maternidad, y otras prestaciones de seguridad social. Por su parte, los pensionados y pensionistas deberán cubrir al instituto un porcentaje de su pensión -cuyas cuotas serán determinadas en las leyes correspondientes- que será destinado para cubrir diversos gastos y servicios del instituto. Al resolver la acción de inconstitucionalidad 101/2014, este Tribunal Pleno determinó que el descuento de montos de las pensiones que corresponden a los pensionados para el mantenimiento del fondo de pensiones es inconstitucional ya que genera una situación desigual entre el trabajador en activo y el pensionado. Tenemos que a nivel constitucional al trabajador en activo se le atribuyen ciertas características como: la percepción de un salario por un trabajo personal subordinado, la potencialidad de ascenso por escalafón, la suma de años por antigüedad, así como la expectativa de derecho de que cuando se cubran los requisitos de edad y tiempo de cotización pueda acceder a una jubilación. Por otro lado, al pensionado, ya no se le atribuyen ninguna de estas características, ya que su ingreso sólo dependerá de lo fijado por la ley y de los distintos índices para su actualización y ya no de los elementos que componen una relación de trabajo subordinada, por lo que ya no puede esperar una mejora o cambio en sus prestaciones. Finalmente, la aportación que el trabajador en activo hace al fondo de seguridad social, en este caso por solidaridad en cuentas colectivas, para el posterior pago de estos montos de pensión o, es durante el transcurso de su vida activa y no cuando ya está en esa condición de pensionado, esto es, un pensionado no aporta para su propia pensión o jubilación o para los trabajadores en activo que en un futuro vayan a estar en esa condición. Se advierte que el artículo 2o., fracciones XI y XII, de la ley impugnada hace una distinción entre pensionados y pensionistas, al determinar que los primeros son los trabajadores retirados definitivamente, mientras que los segundos son las personas que reciben el importe de una pensión, originada por tener el carácter de familiar o dependiente económico del trabajador fallecido o pensionado fallecido.(13) Esta distinción no modifica el análisis de igualdad a realizar, toda vez que ambas categorías están constituidas por beneficiarios que tienen el derecho a recibir una pensión en términos de ley por el simple hecho de que el trabajador realizó las aportaciones correspondientes al régimen de pensiones. Por tanto, se entiende que el reclamo aplica para los beneficiarios de una pensión, independientemente de si se trata del trabajador jubilado directamente o de alguno de sus beneficiarios. Desde esta perspectiva, los pensionados o pensionistas se encuentran en situaciones distintas a los trabajadores en activo, y no existe una justificación constitucional que permita que a estos individuos que se encuentran en situaciones distintas se les trate de la misma manera, cobrándoles para el pago de sus mismas pensiones. El artículo 1o. de la Constitución, en sus párrafos primero y quinto, establecen el principio de igualdad y no discriminación el cual, para ser limitado o configurado por parte del legislador mediante la generación de un trato desigual para personas iguales o igual para personas desiguales, tienen que encontrar una justificación constitucionalmente legítima, en especial cuando la distinción entre tipos de sujetos es realizada por la misma Constitución, como en el caso ya analizado del artículo 123. Sin embargo, este Tribunal considera que esta justificación no se encuentra en la Constitución Federal, ni es posible desprenderla de las convenciones aplicables al caso que se analiza. No se desconoce que la reforma se haya justificado por los problemas financieros en que se encuentra el instituto estatal y la necesidad del establecimiento de un porcentaje de aportación por parte de los jubilados para el fondo de pensiones con el fin de asegurar su viabilidad económica y del cobro futuro de las pensiones, lo que posteriormente se avaló por el Congreso Local en el procedimiento legislativo, si bien es una situación de suma gravedad sobre la cual se deben encontrar soluciones, no constituye una finalidad constitucional legítima para limitar o desaparecer la distinción analizada entre jubilados o pensionados y trabajadores en activo y generar un trato igual en lo que corresponde a las aportaciones para el fondo de pensiones del Estado. La estructura del sistema de pensiones del Estado de Baja California, al ser de beneficio definido de conformidad a las fórmulas que determine la ley, hace que sea muy complicado justificar constitucionalmente la posibilidad de hacer descuentos sobre las pensiones, puesto que la actualización del estatus de pensionado o pensionista debe ser suficiente para darle acceso de forma íntegra a los montos de pensión que se fijaron de forma previa. Cuando un trabajador está en activo y recibiendo un salario, el mismo aporta una cantidad para el día en que se pensione, y este sistema está establecido para crear un fondo solidario para sufragar pensiones y servicios; y cuando el trabajador se retira lo que se crea es un derecho a obtener una pensión, que en el presente caso se vería reducida al volverle a pedir al pensionado o pensionista una cantidad para un sistema de pensiones del que él ya no está participando activamente, sino pasivamente. La norma reclamada aplica deducciones tanto a los trabajadores en activo que a los pensionados o pensionistas, por lo que existe un trato igual respecto de categorías distintas que no se encuentra justificado constitucionalmente, independientemente de que los porcentajes de descuento a trabajadores sean distintos que los de los pensionados o pensionistas.(15) El problema de constitucionalidad planteado reside en que se pretenda hacer descuentos a los pensionados y pensionistas y no propiamente el monto de los descuentos que se llevan a cabo. Los pensionados aportaron durante toda su vida para recibir un beneficio en forma de una pensión por retiro, razón por la cual no es posible exigir que sigan contribuyendo al fondo de retiro u otros servicios, tal y como lo hacían cuando tenían el estatus de trabajadores. La circunstancia de establecer la obligación a los pensionados o pensionistas de contribuir al propio sistema de pensiones va en contra la racionalidad del sistema de retiro por beneficio definido que consiste en aportar para recibir una pensión definida en el momento del retiro. En este sentido, los costos para sostener el sistema (servicios, pensiones, gastos administrativos, etc.) deben ser calculados para ser considerados en las cuotas que aportan los trabajadores en activo. Esto significa que se debe excluir del régimen a los pensionados y pensionistas de forma absoluta, ya que de lo contrario éste se convierte en un sistema circular que desvirtúa su carácter solidario. De este modo, al existir una clara diferencia entre trabajadores en activo y los pensionados/pensionistas y no encontrarse una justificación constitucionalmente legítima para un trato que no reconozca esta diferencia, este tribunal considera que este concepto de invalidez es fundado y, por tanto, debe declararse la invalidez del párrafo tercero y párrafo cuarto de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, para quedar como sigue: Ver votación 5 (.) Por lo expuesto y fundado, SE RESUELVE: PRIMERO. Es procedente y parcialmente fundada la acción de inconstitucionalidad 19/2015 promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. SEGUNDO. Se declara la invalidez de los artículos 10 y 16, párrafos tercero y cuarto, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California. TERCERO. Se declara la invalidez por extensión de los artículos 2, fracción II, en la porción normativa que indica "así como el que debe cubrir el pensionado o pensionista", y 122, fracción II, en la porción normativa que señala "pensionados y pensionistas", de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California; así como de los diversos 2, fracción II, en la porción normativa que cita "así como el que debe cubrir el pensionado o pensionista", 9 y 11, fracción I, de la Ley que Regula a los Trabajadores que refiere la Fracción I, apartado B, del Artículo 99 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, en Materia de Seguridad Social; y de los artículos 2, fracción II, en la porción normativa que refiere "así como el que debe cubrir el pensionado o pensionista", 7 y 9, fracción I, de la Ley que Regula a los Trabajadores que refiere la Fracción II, apartado B, del Artículo 99 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, en Materia de Seguridad Social." De la citada ejecutoria derivó la jurisprudencia P./J. 27/2016 (10a.), cuyo rubro y texto a continuación se citan: "APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL. EL ARTÍCULO 16, PÁRRAFOS TERCERO Y CUARTO, DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, AL PREVER LA OBLIGACIÓN DE LOS PENSIONADOS Y PENSIONISTAS DE CUBRIR UN PORCENTAJE DE SU PENSIÓN PARA SUFRAGAR GASTOS DE SEGURIDAD SOCIAL, TRANSGREDE LOS ARTÍCULOS 1o. Y 123 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. El artículo 16, párrafos tercero y cuarto, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, transgrede los artículos 1o. y 123, apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debido a que vulnera el derecho de igualdad en materia de seguridad social y los principios de previsión social y equidad, al obligar a los pensionados y pensionistas, al igual que a los trabajadores en activo, a aportar un porcentaje de sus respectivas percepciones a efecto de cubrir el monto de las prestaciones establecidas en la referida ley y los gastos de administración correspondientes, toda vez que la obligación se impone a categorías de trabajadores diversas, cuyas características y prerrogativas son distintas pues, a diferencia de los pensionados y pensionistas, los trabajadores en activo perciben un salario y poseen determinadas expectativas de derecho, entre las cuales se encuentra la jubilación, mientras que el ingreso del pensionado depende de lo fijado por la ley y de los índices establecidos para su actualización, sin que subsistan los elementos que componen una relación de trabajo subordinada. Es así que al desvirtuar el carácter solidario del sistema de retiro, además de vulnerar el derecho de igualdad, la referida obligación resulta contraria a la racionalidad del propio sistema." De la ejecutoria y jurisprudencia reproducidas se advierte que el Pleno del Máximo Tribunal del país retomó el criterio sustentado al resolver la acción de inconstitucionalidad 101/2014, en el sentido de que en un sistema de pensiones solidario por beneficio definido, resulta violatorio de los principios de igualdad y de previsión social, obligar al pensionado a realizar aportaciones al fondo de pensiones del cual ya es beneficiario, porque su estatus no es el mismo al de un trabajador en activo. Ello, porque a nivel constitucional al trabajador en activo se le atribuyen ciertas características como son: la percepción de un salario por un trabajo personal subordinado, la potencialidad de ascenso por escalafón, la suma de años por antigüedad, así como la expectativa de derecho de que cuando se cubran los requisitos de edad y tiempo de cotización pueda acceder a una jubilación. En tanto que al pensionado, ya no se le atribuyen ninguna de estas características, porque su ingreso sólo dependerá de lo fijado por la ley y de los distintos índices para su actualización, pero ya no de los elementos que componen una relación de trabajo subordinada, de ahí que ya no puede esperar una mejora o cambio en sus prestaciones. Además, que la aportación que el trabajador en activo hace al fondo de seguridad social, por solidaridad en cuentas colectivas, para el posterior pago de estos montos de pensión, se realiza durante el transcurso de su vida activa y no cuando está en la condición de pensionado; esto es, un pensionado no aporta para su propia pensión o jubilación o para los trabajadores en activo que en un futuro vayan a estar en esa condición. Dicho criterio, al resolver la acción de inconstitucionalidad 19/2015, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, también lo hizo extensivo a todas las cuestiones atinentes a servicios que incluye el régimen obligatorio para los trabajadores en activo, como son los seguros de enfermedades no profesionales y maternidad, y demás prestaciones o servicios de seguridad social señaladas en la ley. Lo anterior, porque estableció que al ser la ley examinada, de beneficio definido conforme a las fórmulas en ella contenidas, tornaba muy complicado justificar constitucionalmente la posibilidad de hacer descuento sobre las pensiones, puesto que la actualización del estatus de pensionado o pensionista debe ser suficiente para darle acceso de forma íntegra a los montos de pensión fijados previamente. Precisó que cuando un trabajador está en activo y recibiendo un salario, aporta una cantidad para el día en que se pensione, sistema que está establecido para crear un fondo solidario para sufragar pensiones y servicios; y cuando el trabajador se retira, se crea un derecho a obtener una pensión, que en el presente caso se vería reducida al volverle a pedir al pensionado o pensionista una cantidad para un sistema de pensiones del que él ya no está participando activamente, sino pasivamente. Por ello, el Alto Tribunal estableció que al aplicarse deducciones tanto a trabajadores en activo como a pensionados o pensionistas se les da un trato igual a categorías distintas, lo cual no está justificado constitucionalmente. Lo anterior, al margen de que los porcentajes de descuentos para una y otra categoría sean distintos, porque el problema de constitucionalidad reside en que se le aplican descuentos a pensionados o pensionistas, lo que se considera contrario a la racionalidad del sistema de retiro por beneficio definido, el cual consiste en aportar para recibir una pensión definida en el momento del retiro. En ese contexto, el Alto Tribunal del país sostuvo que los costos para sostener el sistema como son los servicios previstos en la ley -entre los que se encuentra el servicio médico-, pensiones, gastos administrativos, entre otros, deben ser calculados para ser considerados en las cuotas que aportan los trabajadores en activo; lo cual significa que se debe excluir del régimen a los pensionados o pensionistas de forma absoluta, ya que de lo contrario este se convierte en un sistema circular que desvirtúa su carácter solidario. Situación que llevó al Tribunal Pleno a declarar la invalidez de las normas reclamadas y, por extensión, de todas aquéllas en que se viera reflejada la obligación de los pensionados o pensionistas de realizar aportaciones para sostener de manera integral el sistema de pensiones y las prestaciones o servicios de seguridad social que ello conlleva. Ahora, en el presente caso, la Ley del ISSSTESON participa del carácter solidario en el otorgamiento de las prestaciones de seguridad social, lo cual se advierte de sus artículos 16 y 21, conforme a los cuales, en su financiamiento confluyen las aportaciones del trabajador y el Estado-patrón. Asimismo, el sistema de jubilaciones y pensiones en el Estado de Sonora, al igual que en el Estado de Baja California, también es de beneficio definido, pues conforme a los artículos 59 y 59 Bis de la Ley del ISSSTESON, el derecho a la jubilación, pensión por vejez, cesantía por edad avanzada, invalidez o muerte se genera cuando el trabajador o sus familiares derechohabientes se encuentran en los supuestos establecidos en la propia ley y satisfacen los requisitos correspondientes, y los montos otorgados por este concepto se incrementarán solamente en el mismo porcentaje en que aumente el salario mínimo general en la zona de Hermosillo, Sonora, o conforme al índice inflacionario que anualmente determine el Banco de México, el que sea mayor, con posterioridad a la fecha de su otorgamiento. Además, para garantizar el monto de las pensiones y jubilaciones así como el otorgamiento de los demás servicios o prestaciones de seguridad social a que son acreedores sus beneficiarios, se constituye el Fondo de Pensiones y Jubilaciones del Instituto, el cual es administrado a través de un fideicomiso cuya operación y reglamentación está prevista en el acto jurídico de su constitución. En ese contexto, conforme a la Ley del ISSSTESON cabe concluir que una vez que el trabajador en activo cumple los requisitos señalados para obtener el derecho a una pensión, se hace acreedor a la obtención de la percepción respectiva, que se cuantifica en función de la antigüedad en el servicio público y al monto de las cotizaciones enteradas al Instituto; sin posibilidad alguna de obtener ingresos adicionales y aspirar a aumentar su categoría como sucede en tratándose de los trabajadores en activo, aunado que la obtención de esa pensión es incompatible con el desempeño del trabajo remunerado. Ahora, el artículo 25 de la Ley del ISSSTESON establece lo siguiente: "Artículo 25. La cuota del seguro de enfermedades no profesionales y de maternidad que establece este Artículo en favor de pensionistas y de sus familiares derechohabientes, se cubrirá en la siguiente forma: I. Siete por ciento, a cargo del pensionista, sobre la pensión que disfrute, cuyo descuento será hecho por el Instituto; II. Siete por ciento de la misma pensión a cargo del Estado u organismo público incorporado a que corresponda. Para el efecto establecido en la fracción II, el Instituto remitirá el día 15 de cada mes la nómina de los pensionistas a la Tesorería General del Estado, a fin de que esta Dependencia entregue en la quincena inmediata, la cantidad que resulte por concepto de aportación del Gobierno del Estado. En la misma forma se procederá cuando se trate de organismos incorporados. La misma cuota dará a los pensionistas el derecho a las demás prestaciones que les otorga esta ley.". Como se advierte, la citada porción normativa impone al pensionado la obligación de aportar el cuatro por ciento de su pensión para cubrir el seguro de enfermedades no profesionales y maternidad. En ese contexto, de acuerdo con las consideraciones sostenidas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la acción de inconstitucionalidad 19/2015, las cuales resultan obligatorias para este órgano jurisdiccional, debe concluirse que con la imposición de la citada obligación se violan en perjuicio de la parte quejosa los principios de igualdad y previsión social establecidos en los artículos 1 y 123, apartado B, fracción XI, de la Ley Fundamental, por cuanto que, al margen de las diferencias de las cuotas impuestas entre los trabajadores en activo y pensionados, se otorga un trato similar a personas que se encuentran en situaciones jurídicas distintas. Situación que amerita la exclusión absoluta de la parte quejosa del régimen que lo obliga a aportar un porcentaje de su pensión para destinarlo a la prestación del seguro de enfermedades no profesionales y maternidad o servicio médico, ya que de lo contrario, este se convertiría en un sistema circular que desvirtúa su carácter solidario, según razonó el más Alto Tribunal del país. Finalmente, resulta relevante dejar sentado que el presente fallo es congruente con las ejecutorias dictadas por el Segundo y Tercer Tribunales Colegiados en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, en los amparos en revisión 667/2018 y 633/2018, respectivamente, en los cuales esencialmente declararon la inconstitucionalidad del artículo aquí reclamado respecto del cobro del servicio médico a los pensionados y jubilados del ISSSTESON, con base en los razonamientos condensados en la jurisprudencia P./J. 27/2016. Igualmente, cabe destacar que el Pleno del Quinto Circuito, al resolver la contradicción de tesis 4/2019, de veintiocho de agosto de dos mil diecinueve, entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo y Tercero en Materias Penal y Administrativa de este Circuito, llegó a la conclusión de que los efectos de la concesión de la protección constitucional respecto del artículo declarado inconstitucional, debe comprender, únicamente, a partir del acto de aplicación que motivó la promoción del juicio de amparo, el cual no necesariamente lo constituye aquél en el que cronológicamente se aplicó por primera vez a la parte quejosa el precepto tildado de inconstitucional, sino aquel respecto del que tuvo conocimiento de que se materializó en su perjuicio. Así, dicho Pleno argumentó que, lo anterior, además es acorde con lo determinado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo en revisión 842/2018, en el que determinó que como el amparo contra leyes sólo puede tener efectos presentes y futuros, no se podían invalidar actos anteriores al último acto de aplicación en que se sustentó la procedencia del amparo y, por ende, la devolución de los descuentos previstos en los artículos reclamados en dicho asunto, sólo procede a partir de la fecha en que la parte inconforme manifestó que tuvo pleno conocimiento de la individualización de la norma general en su perjuicio. Decisión En tal virtud, como el artículo 25, fracción I, de la Ley del ISSSTESON resulta violatorio de los principios de igualdad y previsión social contenidos en los artículos 1 y 123, fracción XI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concede el amparo y la protección de la Justicia Federal para los efectos siguientes: siguientes: 1. Las autoridades responsables en el ámbito de sus competencias, devuelvan a la parte quejosa de forma actualizada, en una sola exhibición, los descuentos realizados a su pensión con fundamento en el artículo 25, fracción I, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, a partir del descuento de septiembre -acto que motivó la promoción del biinstancial- y los subsecuentes. 2. Deje de realizar descuentos posteriores a la pensión de la parte quejosa, con motivo del artículo 25, fracción I, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora; lo anterior, en tanto dure el derecho a percibir la pensión relativa y el texto normativo citado no sea reformado. En la inteligencia de que los efectos del amparo únicamente deben consistir en que dicha ley no se aplique al caso concreto, sin poder comprender la inaplicación de la norma respecto de actos futuros cuando no fueron objeto de reclamo, pues ello es propio del juicio de amparo contra leyes. Sin embargo Sin embargo, sí procede conceder el amparo contra los actos subsecuentes de aplicación a la presentación de la demanda, al ser inminentes. Asimismo, la obligación antes señalada será exigible, además, a todas aquellas autoridades que por razón de sus atribuciones se encuentren vinculadas al cumplimiento del fallo protector, por disposición del artículo 197 de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, ya que como lo estableció la Segunda Sala del Máximo Tribunal en la contradicción de tesis 124/2017 y reasunción de competencia 147/2019 anteriormente mencionados, es factible conceder el amparo en contra de la aplicación subsecuente de los descuentos periódicos al monto de una pensión de seguridad social, al revertirle la característica de ser inminentes, por ser actos reclamados expresamente en el presente juicio, cuya inconstitucionalidad quedó evidenciada. Atento a la conclusión alcanzada, es innecesario el estudio de los diversos conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, pues no le causarían mayor beneficio al ya otorgado. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 73 al 77 y 217 de la Ley de Amparo, se: Resuelve Único. La Justicia de la Unión ampara y protege a Guzmán Ibarra Corral, respecto de los actos señalados en el punto II, por las razones y para los efectos referidos en los diversos apartados V y VI de esta sentencia. Notifíquese por oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes. Así lo resolvió y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    SE TIENE POR NOTIFICADA A LA PARTE TERCERO INTERESADA INFANTE K.A.B.I., POR CONDUCTO DE RUBÍ ANALÍ IBARRA GUERRERO Y INFANTE Y.L.R. QUIEN PUEDE SER LOCALIZADA POR CONDUCTO DE CLAUDIA YANETH REINAGA MUÑOZ, EL PROVEÍDO DE VEINTICUATRO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS. (SE ORDENA EMPLAZAMIENTO)

  3. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Estado de los autos. Visto la certificación de cuenta, se desprende que no fue posible celebrar la audiencia constitucional señalada para el veinte de los actuales, en razón del paro de labores organizado por las y los trabajadores de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, acorde a la circular SGP/02/2023, emitida por la secretaria General de la Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal, así como los avisos de suspensión de labores de diecinueve y veinticinco del año en curso, firmados por el coordinador suplente y la coordinadora de Juezas y Jueces de Distrito en el Estado de Sonora, respectivamente, que declararon inhábiles el periodo comprendido del diecinueve al veintinueve de octubre del presente año. Diferimiento de audiencia Constitucional. En consecuencia, se difiere la aludida audiencia, y se señalan las diez horas con cuarenta y dos minutos del veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés, para su celebración. Por otra parte, se dilucida que en el juicio de derechos en que se actúa, se reclaman actos materialmente administrativos, en lo que interesa, la falta o insuficiente fundamentación y motivación de estos. Posteriormente, la autoridad responsable elemento adscrito a la Dirección de Tránsito Municipal del Ayuntamiento de Hermosillo, con residencia en esta ciudad; al momento de rendir su informe con justificación, complementó con diversa fundamentación el acto que se le reclama. Así las cosas, se provee lo siguiente: El último párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 117. (.) Tratándose de actos materialmente administrativos, cuando en la demanda se aduzca la falta o insuficiencia de fundamentación y motivación, en su informe justificado la autoridad deberá complementar en esos aspectos el acto reclamado. En esos casos, deberá correrse traslado con el informe al quejoso, para que en el plazo de quince días realice la ampliación de la demanda, la que se limitará a cuestiones derivadas de la referida complementación. Con la ampliación se dará vista a las responsables así como al tercero interesado y, en su caso, se emplazará a las diversas autoridades que en ampliación se señalen. Para tales efectos deberá diferirse la audiencia constitucional." - Lo resaltado es de este Juzgado -. Vista con ampliación de demanda. Luego, en obediencia al numeral apenas transcrito y a fin de evitar irregularidades en el procedimiento, córrase traslado con el citado informe justificado a la parte quejosa, para que dentro del término de quince días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, por escrito y con seis copias de traslado, de ser el caso, amplíe su demanda constitucional por lo que refiere a la complementación de la fundamentación y motivación del informe rendido que fue relatado con anterioridad. En la inteligencia de que, en caso de ampliarla, deberá cumplir cabalmente con los requisitos a que se refiere el artículo 108 de la Ley de Amparo. Apercibimiento. Apercibida que de no hacerlo en el plazo referido, el presente asunto se tramitará y resolverá únicamente con base en lo que obra y fue hecho valer en su escrito inicial de demanda. Notifíquese; por oficio a las autoridades responsables y personalmente a las demás partes. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante José Enrique Ayala García, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, diez de octubre de dos mil veintitrés. Recepción de oficio y escrito. Visto el oficio de cuenta, que suscribe la autoridad responsable magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Veintiocho, con residencia en esta ciudad, por el cual solicita copias de la totalidad del expediente; y, el escrito firmado por ******************** y César********************, mediante el cual dan cumplimiento al requerimiento en proveído de doce de junio pasado. Se autorizan copias. En atención a lo anterior, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la Ley de Amparo, expídase a costa de ******************** y César********************, en su carácter de presidente, secretario y tesorero del ********************municipio de Hermosillo, Sonora, copias certificadas de las constancias que indican, las cuales serán entregadas previa razón de recibo que se deje en autos. En el entendido que en este asunto no se formó cuaderno incidental, dado que se decidió mediante suspensión de plano. De igual modo, en lo que respecta a la autoridad solicitante, envíesele mediante oficio copias certificadas del presente biinstancial, para los efectos legales conducentes. Domicilio. Atento a lo anterior, téngase por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones el referido en el escrito que se agregó por acuerdo de doce de junio del año en curso. Autorizados. De igual forma, se autorizan para el efecto de recibir notificaciones e imponerse de los autos, atento a lo que se prevé en el segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que mencionadas están en el referido escrito agregado en proveído de doce de junio anterior. Acceso al expediente electrónico. Finalmente, como se solicita, con fundamento en los artículo 35, 36, 37, 38 y 39 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se autoriza al usuario "********************", únicamente para tener acceso al expediente electrónico para su consulta. Notifíquese por oficio a la autoridad responsable y por lista a las demás partes. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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