Guzmán Eugenio Reyes Juárez
Expediente 1173/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 19 actuaciones registradas, la última del 9 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1173/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 09/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Guzmán Eugenio Reyes Juárez
- Magistrados de la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca
- Guzmán Eugenio Reyes Juárez y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de agosto de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, agréguese a los presentes autos para los efectos legales conducentes, el oficio del Secretario de Acuerdos de la del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, mediante el cual, en esencia, solicita la devolución del toca penal *** de su índice -fue remitido junto con su informe justificado-. En consecuencia, devuélvase a la citada autoridad responsable el expediente que refiere; sin necesidad que acuse recibo pues para tal efecto se contará con la constancia de notificación a dicha autoridad en la cual se deberá plasmar la entrega del mismo. Finalmente, se autoriza a la Secretaria y/o Actuaria Judicial adscritas a firmar los oficios que deriven de esta determinación. Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, tres de agosto de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días a que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes legitimadas para ello hayan interpuesto recurso de revisión contra la sentencia emitida en este juicio de amparo, en la que se negó el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso; no obstante estar debidamente notificadas para ello. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por mandato del artículo 2 de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA dicha sentencia, para todos los efectos legales a que haya lugar. No es obstáculo a lo anteriormente expuesto, el hecho de que no se practique el cómputo respectivo a las autoridades responsables y a los terceros interesados, pues sin que ello conlleve a sustituirse a la superioridad, se estima que dichas autoridades incluso no estarían legitimadas para interponer el recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente, toda vez, que en la misma se negó el amparo; ello, ya que las autoridades responsables sólo podrán interponer en su caso recurso de revisión contra la resolución que afecte directamente el acto que de ellas se reclamó, de conformidad con lo que establece el artículo 87 de la Ley de Amparo. Lo anterior se considera así, toda vez que se debe tomar en cuenta que los recursos previstos por la Ley de Amparo, no fueron consagrados por el legislador con el propósito de reparar los perjuicios sufridos por las partes en el juicio y que cuando, como en el caso, se negó el amparo, queda intocado el acto reclamado, se dejan las cosas en el estado que guardaban antes del ejercicio de la acción constitucional y la autoridad se encuentra en aptitud de actuar conforme a sus atribuciones legales; de manera que, dicha resolución a quien en todo caso podría parar perjuicio sería a la parte quejosa, pero no a las autoridades responsables o a los terceros interesados, como acontece en el presente juicio. En razón a lo anterior, archívese el presente asunto como concluido, con fundamento en el artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Se estima que el presente expediente carece de relevancia documental, toda vez que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo citado. Con apoyo en el numeral 18 del citado Acuerdo, se considera que el presente expediente es susceptible de depuración, toda vez que se negó el amparo de la Justicia Federal; asimismo, no es de relevancia documental, pues no se está en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo en cita; hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente, para los efectos legales procedentes. Asimismo, se advierte que en el incidente de suspensión relativo a este juicio de amparo, se concedió la suspensión provisional, así como la definitiva; por tanto, el original del incidente relativo al presente juicio de amparo, de conformidad con el artículo 18 fracción I inciso a), del citado acuerdo general, es susceptible de DEPURACIÓN. Consecuentemente, una vez que transcurran tres años, contados a partir de la fecha en que se ordenó el archivo del presente, y dentro de los siguientes noventa días, procédase a la depuración del expediente principal y original del incidente de suspensión y remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, en términos del penúltimo párrafo del referido precepto 18 del Acuerdo General antes citado. En otro contexto, el duplicado del incidente, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del acuerdo antes citado, es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurran seis meses, contados a partir de esta fecha, dentro de los treinta días siguientes, procédase a la destrucción del mismo, en términos de los artículos 20, penúltimo párrafo, 22, 23 y 24 del multicitado Acuerdo General. Ahora, tomando en consideración que se recibieron los originales del Toca Penal ** y la Causa Penal *** del índice, del Juzgado Segundo Mixto del Distrito Judicial de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, remitidos por la autoridad responsable Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca; por tanto, al no existir trámite pendiente por acordar, remítase a la citada autoridad, las citadas documentales, que adjuntó como apoyo a su informe de ley y diverso oficio; lo anterior, toda vez que carece de objeto su permanencia en este juzgado; sin necesidad que acuse recibo pues para tal efecto se contará con la constancia de notificación a dicha autoridad en la cual se deberá plasmar la entrega de los mismos. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Agréguese copia autorizada de la presente determinación al cuaderno original y duplicado del incidente de suspensión derivado del presente juicio de garantías para que obre como corresponda. Se autoriza al Secretario y/o Actuario Judicial a que firmen los oficios que deriven del presente acuerdo. Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, uno de julio de dos mil veintidós. Visto la razón de treinta de junio de dos mil veintidós por medio del cual la Actuaria adscrita a este órgano jurisdiccional, manifiesta que no le fue posible llevar a cabo la notificación personal a la parte quejosa, así como al tercero interesado, de la sentencia de nueve de junio del actual por los motivos ahí expuestos. Atento a lo anterior, hágase la notificación del presente proveído por lista de acuerdos, así como la sentencia de nueve de junio del año en curso. Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación. En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, a nueve de junio de dos mil veintidós. VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo 1173/2021, y; R E S U L T A N D O: PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, el doce de noviembre de dos mil veintiuno (fojas 1 a 10), recibido en este Juzgado Federal en esa misma data, por razón de turno, Guzmán Eugenio Reyes Juárez solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la autoridad y por el acto que se precisa a continuación: ".AUTORIDAD O AUTORIDADES RESPONSABLES. Tal carácter lo tiene: a). - LOS CC. MAGISTRADOS DE LA TERCERA SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE OAXACA, [.] ACTOS RECLAMADOS. 1.- La resolución de fecha veintitrés de septiembre del año dos mil veintiuno, dictada en el toca penal 38/2021 por los CC. MAGISTRADOS DE LA TERCERA SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO y notificada con fecha veinte de octubre del año dos mil veintiuno, en donde la autoridad responsable revoca la resolución dictada con fecha siete de septiembre del año dos mil veinte en el expediente 07/2016 del índice del Juzgado Segundo Mixto de Primera Instancia de Miahuatlán de Porfirio Diaz, en donde se declaró procedente el incidente de libertad por desvanecimiento de datos para procesar, promovido por el suscrito (.)" SEGUNDO. DERECHOS FUNDAMENTALES VIOLADOS. La parte quejosa narró los antecedentes de los actos reclamados y, manifestó esencialmente como derechos fundamentales violados los previstos en los artículos 1°, 14, 16, 17, 19 y 20 apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (foja 2 vuelta). TERCERO. RADICACIÓN Y ADMISIÓN DE LA DEMANDA. Por auto de doce de noviembre de dos mil veintiuno (fojas 11 a 15), se radicó la demanda de amparo bajo el número de expediente 1173/2021; luego, previo desahogo de la prevención formulada, el veinticinco de noviembre del año próximo pasado (fojas 17 a 21) se admitió a trámite, se solicitó informe justificado a las autoridades responsables; se dio la intervención que legalmente le corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita (foja 23); mediante proveídos de seis de diciembre de dos mil veintiuno, se tuvo como terceros interesados al agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Segundo Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca y, Francisco Nolasco Cruz; quienes fueron emplazados el veintinueve de diciembre del año pasado y el once de febrero del año en curso, respectivamente (fojas 31 y 67 vuelta); y finalmente, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. CUARTO. CITA PARA AUDIENCIA. Seguida la secuela procesal el día diez de marzo de dos mil veintidós, tuvo verificativo la audiencia constitucional, en términos del acta que antecede, conforme a la parte final del segundo párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA LEGAL. Este Juzgado de Distrito resulta legalmente competente para conocer de la demanda de amparo, conforme lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 párrafo primero y relativos de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; así como el diverso 20/2016, del referido Pleno, publicado en el Diario Oficial de la Federación, en atención a que el acto reclamado dimana de autoridades responsables que tienen su residencia dentro del ámbito territorial en que este juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Con el fin de cumplir con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, previo a determinar la existencia o inexistencia del acto reclamado, procede realizar su fijación clara y precisa, a través del análisis integral de la demanda de amparo, a efecto de conocer la verdadera intención de la parte quejosa al promover este juicio. Atento a lo anterior, del análisis de la demanda, escrito aclaratorio y de las constancias de autos se advierte que el quejoso esencialmente reclama de la autoridad responsable: La resolución dictada el veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, dentro del toca penal 38/2021, del índice de la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, mediante la cual revocó la diversa emitida el siete de septiembre del dos mil veinte, en el expediente 07/2016, del índice del Juzgado Segundo Mixto de Primera Instancia de Miahuatlán de Porfirio Díaz, donde se había declarado procedente el incidente de libertad por desvanecimiento de datos para procesar. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Ahora, resulta oportuno pronunciarse respecto de la certeza o inexistencia del acto que se tilda violatorio de derechos humanos, ya que por razón de método, en toda sentencia de amparo, dicho proceder debe ocurrir previamente y, sólo en el caso de su existencia, lo aleguen o no las partes, el órgano jurisdiccional que conoce del procedimiento debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen para, por último y de ser procedente el juicio, entrar al análisis del fondo del asunto. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no existir los actos combatidos, sería ocioso ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia, y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resultaría imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos, el juicio de amparo sea procedente. En ese contexto, son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables Magistrados de la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado y Juez Segundo Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Miahuatlán de Porfirio, Oaxaca, por así haberlo manifestado en su informe justificado (fojas 25 y 40). Lo que se corrobora con las documentales que remitieron los Magistrados responsables como apoyo a su informe justificado, consistentes en el original de toca penal 38/2021, de su índice, y el duplicado de la causa penal 7/2016, del índice del Juzgado Segundo Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, las cuales obran por cuerda separada (tres tomos de pruebas), en el que se advierte el acto reclamado, medio de convicción que goza de valor probatorio pleno acorde con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°. CUARTO. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. Las partes no hicieron valer causa de improcedencia alguna, ni de oficio se advierte la actualización de alguna de ellas, por lo que, resulta procedente pronunciarse sobre el tema de fondo. QUINTO. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Los conceptos de violación expresados en la demanda de amparo no se transcriben por no ser necesario, ya que para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad es más que suficiente que se dé respuesta a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". SEXTO. ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO. Previo al estudio del acto reclamado, es importante realizar una breve reseña de las constancias relacionadas, deducidas de la causa penal 7/2016 y toca penal 38/2021: 1. El treinta de marzo de dos mil dieciséis, fue librada orden de aprehensión en contra de Guzmán Eugenio Reyes Juárez o Epigmenio Reyes Juárez o Efigenio Reyes Juárez, alias "el Kalusha" y otro, como probable responsable en la comisión del delito de homicidio calificado con ventaja y alevosía, cometido en agravio de la persona quien en vida respondió al nombre de Gabriel Nolasco Hernández (fojas 1 al 15 y 152 a 159 del tomo uno de pruebas, marcado como anexo I, que obra por separado). 2. Por resolución de quince de mayo de dos mil dieciséis, el Juez Segundo Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, dictó auto de formal prisión contra el aquí quejoso por su probable responsabilidad en la comisión del citado ilícito (fojas 243 a 264 ídem). 3. En escrito recibido por la responsable el doce de marzo de dos mil veinte, el aquí quejoso y su defensor particular promovieron incidente de libertad por desvanecimiento de datos, al considerar que se actualizaba la hipótesis prevista en la fracción I y II del artículo 294 del Código de Procedimientos Penales para el Estado, por lo que en proveído de diecisiete de marzo de esa anualidad, el juez de la causa lo admitió a trámite y señaló fecha y hora para la audiencia sobre el incidente de desvanecimiento de datos para procesar (fojas 1465, 1472 a 1478, del anexo de pruebas que obra por separado tomo II). 4. El tres de septiembre de dos mil veinte, se verificó la audiencia en el incidente de libertad por desvanecimiento de datos para procesar (fojas 1506, 1546 y 1547 ídem). 5. El siete de septiembre de dos mil veinte, el juez de la causa dictó resolución en la que declaró procedente la incidencia planteada por el aquí quejoso (fojas 1561 vuelta a 1574 ibídem). 6. Inconforme con tal determinación el agente del ministerio interpuso recurso de apelación (fojas 1610, 1612 y 1613, ibídem), que se radicó bajo el número 38/2021, ante la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado. 7. El veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, la referida Sala dictó resolución en la que revocó la determinación apelada, esencialmente, porque: Eran fundados los agravios planteados por la representación social, al considerar que fue incorrecta la determinación de la Juzgadora al declarar procedente el incidente de desvanecimiento de datos analizado. Dijo que, en términos del artículo 294 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Oaxaca, el incidente de libertad por desvanecimiento de datos es un procedimiento que se establece con la finalidad de extinguir el proceso, no por sentencia definitiva, sino cuando durante el curso de la instrucción desaparecen los fundamentos que justifican su tramitación, tales como el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del inculpado. Expuso que en el fondo de ese incidente, se deben examinar los medios probatorios que sirvieron de base para decretar el auto de formal prisión, incluso, con otras pruebas idóneas, pero sólo para verificar si aún subsisten y son aptas para probar los elementos del cuerpo del delito, así como la probable responsabilidad del inculpado, o bien, si ya se desvanecieron o perdieron su valor demostrativo en dichos efectos. Por tanto, sostuvo que, las únicas pruebas que se pueden tomar en cuenta al momento de resolver el incidente, son aquellas que sean útiles para anular el valor probatorio de los medios que hubieran conducido al Juez a tener por justificados los elementos del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del inculpado al dictar el auto de formal prisión. Una vez señalado lo anterior, determinó que la Juzgadora no tomó en cuenta la naturaleza del incidente y de lo que se requiere, pues no consideró que en la tramitación de un incidente de libertad, el procesado se encuentra en posibilidad de demostrar que las pruebas que sirvieron para fundar y motivar el auto de formal prisión a él decretado, ya se desvanecieron o perdieron su valor demostrativo para acreditar el cuerpo del delito o bien su probable responsabilidad, ello con el objeto de recuperar su libertad personal antes del dictado de una sentencia definitiva. Que en el caso, las pruebas exhibidas por el sentenciado y su defensa, posterior al dictado de la formal prisión, consistentes en: a).- La diligencia de inspección ocular, ofrecida el treinta de agosto de dos mil dieciséis; b).- La diligencia de ampliación de declaración preparatoria del imputado, de diecisiete de octubre del año dos mil dieciséis; c).- La testimonial de descargo de Isidro Ramos Silva, de veintidós de noviembre de dos mil dieciséis; d).- La testimonial de descargo de Romana Reyes Juárez y Minerva Cenobia López López, de cinco de abril de dos mil diecisiete; e).- La diligencia de inspección ocular al vehículo de motor asegurado, de siete de agosto de dos mil diecisiete; f).-El interrogatorio al testigo de cargo Pedro Martinez, de siete de agosto de dos mil diecisiete; 9).- La diligencia de reconstrucción de hechos, llevada a cabo el dieciséis de mayo del año dos mil diecinueve; h).- La copia certificada de un acta convenio de fecha treinta de septiembre de dos mil quince; y, i).- La diligencia de ratificación de convenio por parte de Leticia González Baños, de fecha veinte de enero de dos mil veinte; no son prueba suficiente para desvanecer los datos que sirvieron para dictar el auto de formal prisión decretado, ya que consideró las mismas, únicamente contradicen las ya existentes y son objeto de estudio de la sentencia definitiva que ponga fin al proceso, más no así del incidente de desvanecimiento de datos. Además, estableció que al momento de resolver el incidente la juzgadora volvió a valorar las pruebas de cargo, así como las de descargo, lo cual no es propio del incidente en estudio, sino que eso es materia de valoración al dictar la sentencia definitiva. Señaló que posterior al auto de formal prisión decretado no se desahogó prueba indubitable que sirva para desvanecer plenamente los medios de prueba que existen en su contra, puesto que solo se recabaron testimonios de descargo, para corroborar la coartada del activo. Continúo diciendo que la copia certificada del convenio exhibido por el imputado y los testimonios de descargo solo contradicen los de cargo, así como el señalamiento directo que fue realizado en contra del procesado, pero son insuficientes para considerar que la imputación directa está desvanecida, resultando también insuficiente el simple ataque o el poner en tela de juicio los datos o circunstancias en cuestión. Por lo que respecta al convenio, señaló que no es una prueba indubitable y que resultaba igualmente insuficiente para destruir las pruebas de cargo, aunado a que dicho documento fue objetado en cuanto a su contenido, alcance y valor probatorio. Y respecto a los demás medios de prueba, como son la inspección judicial al vehículo afecto, el interrogatorio al testigo de cargo Pedro Martínez y la diligencia de reconstrucción de hechos, son insuficientes para desvanecer por completo las pruebas que sirvieron como base para acreditar la probable responsabilidad del imputado, aunado a que, no corresponde al incidente apelado la valoración de dichas pruebas, sino que es propia del estudio que se haga al resolver en definitiva. Con lo que resolvió revocar la resolución apelada, y declarar improcedente el incidente de libertad por desvanecimiento de datos para procesar. Dicha resolución es el acto reclamado en este juicio. SÉPTIMO. ESTUDIO DE LOS MOTIVOS DE INCONFORMIDAD PLANTEADOS EN LA DEMANDA DE AMPARO. En sus conceptos de violación, el quejoso alega, en esencia: a) La Sala responsable suplió la deficiencia de los agravios expuestos por la representación social, pues los expresados no atacan la resolución dictada por la jueza en el incidente de desvanecimiento de datos, pues no señaló cuál es el precepto legal que se aplicó inexactamente, ni realizó razonamiento lógico jurídico, tendente a señalar que no se encontraba motivada y fundada. b) El incidente de desvanecimiento de datos tiene origen en el artículo 294, fracción II, del Código de Procedimientos Penales del Estado de Oaxaca, el cual se sustenta en la valoración legal del medio de prueba que permite demostrar un hecho y el de la libre valoración de las pruebas que le otorga facultades para apreciar libremente el material probatorio; por ello, el juez de instrucción tiene facultades para arribar a la prueba plena del desvanecimiento total de las pruebas, utilizando alguno o ambos sistemas de valoración probatoria. c) La Sala responsable al emitir el acto reclamado realizó una inexacta aplicación de lo que establece el artículo 294, fracción II, del Código de Procedimientos Penales del Estado de Oaxaca; pues sostuvo que las pruebas aportadas después de dictado el auto de formal prisión, no desvanecen las que sirvieron para emitirlo, que solo las contradicen por ello siguen subsistiendo las probanzas que lo sustentaron, y que las pruebas que favorezcan la situación jurídica del inculpado deben ser objeto de la sentencia definitiva. Lo anterior, según refiere el quejoso violenta lo establecido en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que vulnera el derecho a una justicia pronta y el respeto a la libertad personal del quejoso. d) Señala que el testimonio de los testigos de cargo Uriel Nolasco Hernández y Armando Daniel Hernández Martínez, que sirvió para dictar el auto de formal prisión quedó desvirtuado con las pruebas ofrecidas por su parte, en específico la declaración de Isidro Ramos Silva, pues a su dicho explican cómo sucedieron los hechos; en cuanto a que dichos testigos no fueron presenciales y, que su declaración se encuentra desvanecida con la reconstrucción de hechos realizada el dieciséis de mayo de dos mil diecinueve; aunado a que los atestes nunca se han presentado ante la autoridad judicial para que su señalamiento fuera confrontado o ratificado, además, que su testimonio es contradictorio; además a que el quejoso negó tajantemente los hechos. Además, aduce que dichos testimonios quedan desvirtuados con la documental pública consistente en el convenio celebrado entre el ahora quejoso y la señora Leticia González Baños, y la ratificación de veinte de enero de dos mil veinte. e) Respecto a lo anterior, dice que la responsable realizó un razonamiento "engañoso" al momento de valorar tales probanzas; pues consideró que el documento público (convenio) no es documento indubitable en virtud que fue objetado por la representación social, aun cuando el agente del Ministerio Público no aportó ninguna prueba que acredite que el convenio es apócrifo o no se haya expedido por la autoridad. f) Concluye que con las pruebas existentes posteriores al dictado del auto de formal prisión emitido en su contra, se desvanecen las probanzas que sirvieron de base para acreditar la probable responsabilidad declarada en el auto de bien preso. En específico, insiste que los testimonios de cargo, quedan completamente desvanecidos con la documental pública en comento, la cual hace prueba plena, conforme a los artículos 355, fracción I y 356 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Oaxaca. Y que la identificación del inculpado como partícipe del delito por parte de los testigos, es insuficiente para comprobar su probable responsabilidad, pues considera que ese indicio, no puede prevalecer ante una prueba plena y con la documental pública que remitió el Alcalde Único Constitucional de Río Grande Tututepec, Oaxaca, así como con la reconstrucción de hechos, con las cuales quedó plenamente demostrado que los testigos se condujeron con falsedad, además, que nunca se presentaron ante la autoridad judicial y tampoco pueden servir para fincar un juicio de reproche. Los motivos de inconformidad expuestos, son infundados, aún suplidos en su deficiencia, de conformidad con la fracción III inciso a) del artículo 79 de la Ley de Amparo. Ahora, en este punto, se estima necesario precisar que el estudio de los agravios se hará en grupos y de manera conjunta, dada su íntima vinculación, sin que ello irrogue perjuicio al recurrente, pues el artículo 76 de la Ley de Amparo, establece que su estudio puede hacerse de manera conjunta, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada; de donde resulta que no interesa la forma en que se emprenda el análisis de tales argumentos, esto es, de manera individual, conjunta o por grupos, o bien, en el propio orden de su exposición o en uno diverso, sino el hecho de que el juzgador se ocupe de todos, es decir, que no deje alguno sin estudiar, con independencia de la forma utilizada. Para dar respuesta a los motivos de inconformidad es pertinente conocer lo establecido en el artículo 294 del Código de Procedimientos Penales de Oaxaca, el cual dice: "Artículo. 294.- La libertad por desvanecimiento de datos para procesar procede en los casos siguientes: I.- Cuando en cualquier estado de la instrucción y después de dictado el auto de formal prisión aparezcan plenamente desvanecidos los datos que sirvieron para comprobar el cuerpo del delito; II.- Cuando en cualquier estado de la instrucción y sin que hubieren aparecido datos posteriores de responsabilidad, se hayan desvanecido plenamente los considerandos en el auto de formal prisión para tener al detenido como presunto responsable." En términos del citado precepto legal, para que el acusado obtenga su libertad son necesarias pruebas que desvanezcan plenamente los datos que sirvieron para la comprobación del cuerpo del delito o la probable responsabilidad del procesado. Esto es, el incidente de mérito no entraña un examen sobre la legalidad del auto de formal prisión en sí mismo -y de las pruebas que ahí se consideraron-; sino que su finalidad es establecer si nuevos datos constituyen prueba plena, indubitable, capaz de desvanecer los que sirvieron como fundamento de aquella resolución; y no sólo que las desvirtúe. Al respecto, el Máximo Tribunal de la Nación ha determinado que el estándar probatorio para decretar la libertad en un incidente como el que ahora se analiza, es la eliminación absoluta de todos los medios de prueba que sirvieron para acreditar los elementos normativos del cuerpo del delito. Lo anterior encuentra sustento en la tesis emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 120 del tomo XXXI, febrero de dos mil diez, correspondiente a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "INCIDENTE DE LIBERTAD POR DESVANECIMIENTO DE DATOS. PARA QUE SEA PROCEDENTE DEBEN DESVANECERSE TODOS AQUELLOS MEDIOS DE PRUEBA QUE SIRVIERON PARA COMPROBAR EL CUERPO DEL DELITO EN EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. La fracción I del artículo 422 del Código Federal de Procedimientos Penales establece que durante cualquier etapa de la instrucción y después del dictado del auto de formal prisión, procede el incidente de libertad por desvanecimiento de datos cuando aparezcan plenamente desvanecidos los datos que sirvieron para comprobar el cuerpo del delito. Lo primero que debe mencionarse es que no pueden confundirse los elementos del delito con los datos o medios de prueba que los sustentaron. La norma no está dirigida a los "elementos normativos", sino a los medios de prueba mediante los cuales se consideró que el cuerpo del delito se había configurado. Ahora bien, de una interpretación literal del precepto referido, se puede concluir que las expresiones "los datos" y "que sirvieron para comprobar el cuerpo del delito", dan lugar a un significado unívoco: lo que se tiene que desvirtuar son todos aquellos datos eficaces (vistos como condiciones necesarias y suficientes) que llevaron a la comprobación del cuerpo del delito. Lo anterior, por varias razones: por un lado, no es lógicamente posible entender que la norma debe interpretarse como si a un solo dato se refiriera, pues aun con la desaparición de uno de los datos sería posible acreditar el cuerpo del delito, si es que subsisten otros datos que apunten hacia tal fin. Asimismo, la norma se refiere expresamente, en plural, a "los datos" (distinto al singular "el dato") que dieron lugar a tal situación; por ello, la pauta lingüística "los" que contiene la disposición normativa lleva al operador a entender que se trata de "todos los datos" y no sólo a uno de ellos. Por último, y en la misma lógica anterior, la expresión "plenamente desvanecidos" referida a los datos que sirvieron para comprobar el cuerpo del delito, no puede estar referida solamente para uno (o cualquiera) de los datos sino a todos y cada uno de ellos, porque el adverbio "plenamente" se compone de la forma adjetiva "pleno" cuyo significado es sinónimo de "absoluto" o "completo", y que permite suponer que el desvanecimiento de cada uno de los datos debe ser total. Así, es claro que cada uno de los datos debe desvanecerse plenamente, lo que daría lugar a una eliminación prácticamente absoluta de todos los medios de prueba que sirvieron para acreditar, ahora sí, los elementos normativos del cuerpo del delito." Así como el diverso criterio sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en la página 2512 del tomo LXXXIII, correspondiente a la Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 305613, que establece: "DESVANECIMIENTO DE DATOS. Por desvanecimiento de datos no debe entenderse que se recaben pruebas que favorezcan más o menos al inculpado, sino posteriores que nulifiquen las que sirvieron para decretar la detención o la prisión preventiva, posteriores; y si éstas no destruyen de modo directo las que sirvieron de base para decretar la formal prisión, aun cuando favorezcan al inculpado, deben ser materia de estudio en la sentencia definitiva y no pueden servir para considerar desvanecidos los fundamentos de hecho, de la prisión motivada." [Lo resaltado es propio] En el caso, de las constancias que integran la causa penal 7/2016, del Juzgado Segundo Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, con valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que el quince de mayo de dos mil dieciséis (fojas 243 a 264, del tomo I de pruebas), se dictó auto de formal prisión contra Guzmán Eugenio Reyes Juárez o Epigmenio Reyes Juárez o Efigenio Reyes Juárez, por su probable responsabilidad penal en la comisión del delito de homicidio calificado con las agravantes de premeditación y ventaja, cometido en agravio de quien en vida respondió al nombre de Gabriel Nolasco Hernández, tomando en cuenta los medios probatorios siguientes: 1. Diligencia de inspección, descripción y levantamiento del cadáver, llevada a cabo el veintinueve de septiembre del dos mil quince, por el Agente del Ministerio Público investigador del segundo turno de este Distrito Judicial. 2. Fotocopia del Certificado de defunción de Gabriel Nolasco Hernández, con número de folio 150589417 de la Secretaria de Salud. 3. Identificación legal del cadáver, llevada a cabo el veintinueve de septiembre de dos mil quince, por Francisco Nolasco Cruz, ante el Agente del Ministerio Público Investigador del segundo turno en esa ciudad. 4. Fotocopia certificada del acta de nacimiento de Gabriel Nolasco Hernández, con fecha de registro veintinueve de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, por el Oficial Primero del Registro Civil de Miahuatlán, Oaxaca. 5. Oficio número AEl/037/2015, de fecha veintinueve de septiembre del dos mil quince, del Agente Estatal de investigaciones, José Manuel Castillo Gómez. 6. Declaración de Pedro Martínez, de fecha veintinueve septiembre del dos mil quince, ante la autoridad investigadora. 7. Declaración del testigo presencial Uriel Nolasco Hernández, de fecha veintinueve de septiembre del dos mil quince, ante la autoridad investigadora. 8. Declaración del testigo Armando Daniel Hernández Martínez, de fecha veintinueve de septiembre del dos mil quince, ante la autoridad investigadora. 9. Fotocopia certificada del acta de defunción de Gabriel Nolasco Hernández, levantada con fecha treinta de septiembre del dos mil quince, por el Oficial Segundo del Registro Civil de esta ciudad de Miahuatán de Porfirio Diaz, Oaxaca. 10. Oficio número A.E.l./096/2015, de fecha uno de octubre de dos mil quince, del Agente Estatal de investigaciones, José Manuel Castillo Gómez, mediante el cual pone a disposición de la autoridad Ministerial, un vehículo de motor. 11. Diligencia de inspección ocular, llevada a cabo el uno de octubre de dos mil quince, por el Agente del Ministerio Público investigador de esta Ciudad, sobre el camino de terracería que conduce al barrio San Antonio de la población de Santa Cruz Xitla, ubicado en Monjas, Miahuatlán, Oaxaca. 12. Fe Ministerial de objetos, de fecha catorce de enero de dos mil dieciséis. 13. Protocolo de necropsia, emitido el veintinueve de septiembre de dos mil quince, por el perito médico legista Luciano Rolando Barrita Martínez, dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado. 14. Dictamen en criminalística de campo, emitido el seis de octubre del dos mil quince, por el licenciado Daniel Muñoz Aquino, perito oficial de la Procuraduría General de Justicia del Estado. 15. Dictamen en Planimetría, de fecha siete de octubre del dos mi quince, por la arquitecta Sandra Toledo Ortiz, perito oficial de la Procuraduría General de Justicia del Estado. 16. Dictamen químico, emitido el siete de octubre del dos mil quince, por la químico bióloga Gloria Gisela Arango Quiroz, perito oficial dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado, sobre las pruebas de dosificación de alcohol etílico y determinación de drogas de abuso, rodizonato de sodio, prueba de Walker y rastreo hemático. 17. Dictamen en balística, emitido el veintidós de octubre del dos mil quince, por el perito Hugo Santiago Ortiz, dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado. 18. Dictamen en criminalística de campo de fecha seis de enero del dos mil dieciséis, de la licenciada Jovita Sebastián Teudocio, perito en criminalística, dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado. 19. Dictamen en balística forense, emitido el catorce de enero del dos mil dieciséis, por el perito Pedro Pérez Martínez, dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado. 20. Dictamen en identificación dactiloscópica, de fecha veintiocho de enero del dos mil dieciséis, por el licenciado Francisco Javier García San Juan, perito oficial de la Procuraduría General de Justicia del Estado. 21. Declaración preparatoria del inculpado Guzmán Eugenio Reyes Juárez o Epigmenio Reyes Juárez o Efigenio Reyes Juárez alias "EL KALUSHA", rendida el diez de mayo del año en curso, ante el Juzgado Segundo de lo Penal del Distrito Judicial del Centro. Pruebas a las que concedió el valor probatorio correspondiente y consideró suficientes para tener por acreditado el cuerpo del delito de homicidio calificado con las agravantes de premeditación y ventaja; así como la probable responsabilidad penal del quejoso en su comisión. Ahora, mediante escrito recibido ante la autoridad judicial el doce de marzo de dos mil veinte, el aquí quejoso y su defensor particular promovieron incidente de libertad por desvanecimiento de datos, al considerar que se actualizaba la hipótesis prevista en la fracción I y II del artículo 294 del Código de Procedimientos Penales para el Estado (fojas 1472 a 1478, del anexo de pruebas que obra por separado tomo II). El promovente sustentó el incidente de libertad bajo los argumentos siguientes: 1) Indicó que quedaron plenamente desvanecido los datos que sirvieron para comprobar su probable responsabilidad; ello pues su declaración hace prueba plena dado que se encuentra corroborada con la de los testigos de descargo. 2) Que los hechos que se le imputan se basan en el testimonio de Uriel Nolasco Hernández y Armando Daniel Hernández Martínez, sin embargo, nunca se presentaron ante la autoridad judicial para que su dicho fuera confrontado, además que, su testimonio es contradictorio, y quedó desvanecido con la propia declaración de su parte. 3) Que la declaración del imputado realizada ante la autoridad judicial quedó debidamente acreditada con los testimonios de las testigos de descargo Romana Reyes Juárez y Minerva Cenobia López López. 4) Que la declaración de los testigos de cargo quedó completamente desvanecida con la documental pública consistente en el convenio celebrado ante el Alcalde Único Constitucional de Rio Grande Tututepec, Oaxaca, la diligencia de ratificación de veinte de enero de dos mil veinte, con la testimonial a cargo de Isidro Ramos Silva, la diligencia de reconstrucción de hechos de dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, pues refiere que se demostró que el día y hora de los hechos se encontraba en lugar diverso. Al respecto, el Juez Segundo Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, en resolución de siete de septiembre de dos mil veinte (fojas 1561 vuelta a 1574 del anexo de pruebas tomo II), declaró procedente la incidencia de desvanecimiento planteada, pues determinó, esencialmente: a) No ha quedado desvirtuado que existe la privación de la vida de una persona, porque obra soporte documental que así lo reflejaba. b) En autos se encontraban desvanecidos los datos que sirvieron para decretarle auto de formal prisión al aquí quejoso, por su probable participación en el delito de homicidio calificado con premeditación y ventaja, en agravio de la persona que en vida respondió al nombre de Gabriel Nolasco Hernández. c) Ello lo consideró así, pues señaló que la declaración del testigo de cargo Uriel Nolasco Hernández, fue desvirtuada por lo declarado por Isidro Ramos Silva, versión que era coincidente con lo expresado por el diverso ateste Pedro Martínez; todo ello atendiendo a que a su consideración dicha versión era verosímil y creíble dadas las características de los declarantes y la falta de interés personal en el asunto. d) Además, señaló que, la versión del testigo Uriel Nolasco Hernández no se encontraba corroborada con las declaraciones de los demás testigos, aunado a que lo declarado se tornaba inverosímil por las circunstancias específicas de los hechos y, concluyó que no los percibió por sí mismo. e) También dijo que la declaración del testigo Armando Daniel Hernández Martínez se encontraba desvanecida por el resultado de la inspección ocular de treinta de agosto de dos mil dieciséis y la reconstrucción de hechos realizada el dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, pues determinó que con las contradicciones destacadas, el testimonio quedaba desvanecido. f) De igual manera, realizó un análisis a la declaración de los testigos de cargo, con el cual concluyó que no justificaron su presencia en el lugar de los hechos, cuestión contraria a los testigos de descargo que a su consideración sí lo realizaron. g) Incluso, señaló que no obstaba que la representación social haya objetado la documental pública consistente en el convenio celebrado ante el Alcalde Único Constitucional de Rio Grande Tututepec, Oaxaca, sin embargo, razonó en el sentido que no aportó ningún medio de prueba para corroborar sus argumentos y destruir su eficacia. h) Además, indicó que con la declaración del imputado, los testimonios de Romana Reyes Juárez y Minerva Zenobia López López, y la documental pública consistente en el convenio celebrado ante el Alcalde Único Constitucional de Rio Grande Tututepec, Oaxaca, se demostró que efectivamente el día de los hechos el imputado estuvo en un lugar diverso, por lo que concluyó que se encontraban desvanecidos los datos de prueba que en su momento sirvieron de sustento para decretar el auto de formal prisión al incidentista, sin que obstara que no se hubieran anulado la totalidad de las pruebas que sirvieron de base para comprobar el cuerpo del delito de homicidio. Inconforme con lo anterior, la representación social interpuso recurso de apelación, cuyo conocimiento correspondió a los Integrantes de la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, quienes mediante resolución de veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, determinaron revocar la resolución incidental combatida, al considerar en esencia que continúan persistiendo los elementos de cargo en contra del procesado, que unidos entre sí y concatenados armónica y jurídicamente, no se encuentran desvirtuados ni desaparecidos y mucho menos se anularon los datos que sustentan el auto de formal prisión. Asimismo, la Sala responsable determinó que todos los medios probatorios desahogados posteriores al dictado del auto de formal prisión deberán valorarse en sentencia definitiva y en ella se podrá resolver lo que en derecho proceda, en razón a que el desvanecimiento de datos consiste en que aquellos que sirvieron para dictar el auto de formal prisión y específicamente en el presente caso, las que sirvieron para comprobar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad penal del ahora procesado aquí quejoso, no se desvanecieron o desaparecieron con pruebas posteriores. Indicó que, las pruebas exhibidas por el incidentista no son prueba suficiente para desvanecer los datos que sirvieron para dictar el auto de formal prisión decretado, ya que únicamente contradicen los ya existentes y deben ser objeto de estudio en la sentencia definitiva que ponga fin al proceso. Añadió que la determinación en estudio fue incorrecta ya que se volvió a valorar las pruebas de cargo y de descargo, lo que no es materia del incidente de desvanecimiento de datos; además, dichas probanzas van encaminadas a corroborar la coartada del activo, por tanto, son insuficientes para considerar que desvanecen las probanzas, ya que únicamente atacan o ponen en tela de juicio los datos en cuestión. Respecto al convenio celebrado ante el Alcalde Único Constitucional de Rio Grande Tututepec, Oaxaca, señaló que no es una prueba indubitable y resulta insuficiente para destruir las pruebas de cargo, además, indicó que, fue objetada por la representación social. En consecuencia, la sala responsable revocó la resolución de siete de septiembre de dos mil veinte, en la que se declaró procedente el incidente de libertad por desvanecimiento de datos para procesar que hizo valer la defensa del procesado aquí quejoso. Dichas consideraciones se estiman acertadas, porque, contrario a lo sostenido por el quejoso, las pruebas existentes posteriores al dictado del auto de formal prisión solo se contradicen entre sí, pero no desvanecen el cúmulo probatorio reseñado y que sustentó el auto de formal prisión, pues no destruyen de modo directo las que sirvieron de base para decretar la formal prisión, por lo que deberán ser materia de estudio en la sentencia definitiva, pues no pueden servir para considerar desvanecidos los fundamentos de hecho del auto de formal prisión impuesto. Así las cosas, son infundados los conceptos de violación marcados en párrafos precedentes con los incisos b), c), d), e) y f). Ello se considera así, pues como correctamente lo expuso la autoridad responsable, el objeto del incidente de libertad por desvanecimiento de datos, es para que el acusado obtenga su libertad cuando se desvanezcan plenamente los datos que sirvieron para la comprobación del cuerpo del delito o la probable responsabilidad del procesado. Esto es, el incidente de mérito no entraña un examen sobre la legalidad del auto de formal prisión en sí mismo -y de las pruebas que ahí se consideraron-; sino que su finalidad es establecer si nuevos datos constituyen prueba plena, indubitable, capaz de desvanecer los que sirvieron como fundamento de aquella resolución; y no sólo que las contradiga; de ahí que, las pruebas que se deben considerar para el desvanecimiento de las señaladas, necesariamente se debieron haber exhibido o desahogado posteriormente al dictado del auto de formal prisión respectivo. Al respecto, como ya se ha dicho, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha determinado que el estándar probatorio para decretar la libertad en un incidente como el que ahora se analiza, es la eliminación absoluta de los medios de prueba que sirvieron para acreditar los elementos normativos del cuerpo del delito, como se puede advertir en la tesis ya señalada con antelación de rubro: "INCIDENTE DE LIBERTAD POR DESVANECIMIENTO DE DATOS. PARA QUE SEA PROCEDENTE DEBEN DESVANECERSE TODOS AQUELLOS MEDIOS DE PRUEBA QUE SIRVIERON PARA COMPROBAR EL CUERPO DEL DELITO EN EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. En ese sentido, se insiste, para que un incidente por desvanecimiento de datos proceda, es menester que los elementos que sirvieron de base para comprobar el cuerpo del delito, así como la probable responsabilidad del procesado, se disuelvan o desaparezcan por completo, resultando insuficiente poner en tela de juicio los datos o circunstancias que motivaron el auto de formal prisión; lo que impide reexaminar el valor probatorio de las probanzas consideradas en el término constitucional. Esto porque el incidente de mérito, no genera un examen sobre la legalidad del auto de formal prisión en sí mismo, y de las pruebas que ahí se consideraron, sino que su finalidad es establecer si nuevos datos constituyen prueba plena indubitable que destruya los que sirvieron como fundamento del auto de formal prisión. De ahí que, como lo estableció la Sala responsable, el análisis que se efectúa en un incidente de libertad por desvanecimiento de datos, no llega al extremo de revalorizar el material probatorio, porque tal aspecto constituye una formalidad que atañe a los aspectos sustanciales de la decisión judicial al fallar en definitiva el asunto. Sirve de apoyo a lo anterior, por sus consideraciones esenciales, la Jurisprudencia 1a./J. 4/2001, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 65, Tomo XIII, Marzo de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto: "INCIDENTE DE LIBERTAD POR DESVANECIMIENTO DE DATOS Y AUTO DE FORMAL PRISIÓN. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA ESTE ÚLTIMO CUANDO SE ENCUENTRE EN TRÁMITE DICHO INCIDENTE (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE OAXACA, NUEVO LEÓN Y PUEBLA). De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 294 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Oaxaca, 482 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Nuevo León y 378 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado de Puebla, el incidente de libertad por desvanecimiento de datos es un procedimiento encaminado a determinar ante los tribunales ordinarios si las pruebas allegadas con posterioridad al auto de formal prisión anulan o destruyen, de manera directa y plena, las pruebas que sirvieron de base para dictar dicho auto. Ahora bien, tal incidente se distingue del juicio de amparo indirecto que se promueve en contra del auto de formal prisión, porque en este último sólo se plantea un nuevo examen de las constancias procesales ya existentes y no de las allegadas con posterioridad, a fin de tener por acreditados el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del quejoso en la comisión de aquél, lo cual se traduce en un examen de legalidad del auto impugnado; sin embargo, aun cuando difieren respecto a la materia que en cada uno se examina, ambos medios de defensa podrán dejar sin efectos el auto de formal prisión, concediendo, en su caso, la inmediata libertad del reo, por lo que los efectos de la resolución recaída en ellos pueden ser idénticos, o bien, resultar plenamente contradictorios entre sí. En consecuencia, si se promueve el incidente de libertad por desvanecimiento de datos y con posterioridad el juicio de amparo, encontrándose sub júdice el primero, ya sea porque se encuentra en trámite la primera instancia, o bien, la apelación, podrá desecharse la demanda o sobreseerse en el juicio, en términos de lo previsto en los artículos 145 y 74, fracción III, de la Ley de Amparo, respectivamente, ambos en relación con el artículo 73, fracción XIV, del propio ordenamiento legal, toda vez que este último prohíbe la coexistencia de la acción constitucional con algún otro recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual se combata el mismo acto y se puedan producir los mismos efectos, o más grave aún, efectos contradictorios (en el entendido de que ambas situaciones son precisamente las que pretende evitar el principio de definitividad consagrado en el último precepto citado); y en el supuesto de que se promueva el amparo indirecto y con posterioridad el aludido incidente, encontrándose sub júdice el primero, la causal de improcedencia será superveniente y procederá el sobreseimiento, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo; sin que obste a la anterior conclusión el hecho de que en materia penal no opere el principio de definitividad, pues dicha excepción no es aplicable tratándose precisamente de la tramitación simultánea de dos medios de defensa que se encuentran sub júdice y cuyas resoluciones, por tanto, podrían incluso dar lugar a sentencias contradictorias." Así, como de forma correcta lo resolvió la Sala responsable, el quejoso no pretende anular los datos de cargo que derivan de las pruebas consideradas para el dictado del auto de formal prisión, sino que se declare la prevalencia de la versión que adujo para defenderse de la hipótesis incriminatoria en su contra. Ilustra lo expuesto, por identidad jurídica, la tesis aislada XXVII.3o.87 P (10a.), Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 62, Enero de 2019, Tomo IV, Materia Penal, visible a página dos mil cuatrocientos ochenta y nueve, Décima Época, con número de registro 2019106, cuyo rubro y texto es el siguiente: "LIBERTAD POR DESVANECIMIENTO DE DATOS. SI AL RESOLVER EL INCIDENTE RELATIVO EL JUEZ PONDERA PRUEBAS CONTRADICTORIAS Y ESTABLECE -MEDIANTE UNA VALORACIÓN- LAS QUE DEBEN PREVALECER, DICHA ACTUACIÓN ES ILEGAL, AL SER ESE ANÁLISIS PROPIO DE LA SENTENCIA DEFINITIVA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ABROGADA). De la interpretación sistemática de los artículos 376 a 382 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Quintana Roo, actualmente abrogado, se advierte que el incidente de libertad por desvanecimiento de datos consiste en que, en cualquier estado de la instrucción, después del dictado del auto de formal prisión, aparezcan pruebas que anulen o destruyan directamente las que sirvieron de base para comprobar el cuerpo del delito o la probable responsabilidad del inculpado en su comisión. Por su parte, el artículo 618, fracción VI, del mismo código señala los requisitos que debe contener una sentencia, entre los que se encuentran, los razonamientos para valorar jurídicamente las pruebas. En este sentido, se infiere que el ejercicio intelectual del Juez en el incidente de libertad por desvanecimiento de datos, se limita a verificar si las pruebas que sirvieron para la emisión del auto de plazo constitucional quedaron destruidas directa y plenamente con las que se ofrecieron después de su dictado, esto es, comprobar si las primeras se anularon. Luego, si al resolver dicha incidencia el órgano jurisdiccional realizó una ponderación de las pruebas contradictorias que obran en la causa, y establece mediante una valoración las que debían prevalecer en cuanto a su valor probatorio, su actuación deviene ilegal, en la medida en que dicho acto desnaturaliza la institución de referencia, porque ese análisis es propio del fallo definitivo. " Por ello, se considera que las aseveraciones de la parte quejosa tratan sobre el alcance demostrativo de las pruebas que obran en el expediente, así como las pruebas que aportó, con posterioridad al dictado del auto de formal prisión, que en nada se dirigen a desacreditar los datos que sirvieron para -en el auto de formal prisión- tener por comprobada su probable responsabilidad en la comisión del delito imputado. Ello, pues contrario a lo sostenido por el quejoso, las pruebas consistentes en las diligencias de inspección ocular, de ampliación de declaración preparatoria del imputado, las testimoniales de descargo de Isidro Ramos Silva, así como de Romana Reyes Juárez y Minerva Cenobia López López, el interrogatorio al testigo de cargo Pedro Martínez y la diligencia de reconstrucción de hechos, únicamente contradicen las pruebas que obran en la causa penal y que fueron el sustento para emitir el auto de formal prisión decretado al aquí quejoso; pues, como lo sostuvo la Sala responsable, se encuentran encaminadas a acreditar la coartada del imputado -aquí quejoso-, por cuanto pretenden probar que la declaración de los testigos de cargo es falsa ya que, asegura, no estuvieron presentes en el lugar de los hechos. Situación que, como ya se ha expuesto no es materia del incidente de desvanecimiento de datos planteados, sino en su caso, de valoración de pruebas que se realizará al momento de resolver en definitiva el asunto. Y lo aducido por el quejoso en el sentido que los testimonios de cargo quedan completamente desvanecidos con la documental pública consistente en el convenio celebrado entre él y la señora Leticia González Baños, y la ratificación de veinte de enero de dos mil veinte, hace prueba plena, conforme a los artículos 355, fracción I y 356 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Oaxaca. Al respecto, debe decirse que si bien es cierto los dispositivos legales señalados establecen que los documentos públicos hacen prueba plena, lo que significa que se conoce la autenticidad del documento, lo cierto es, que como sostuvo la responsable, dicho documento más que desvanecer las pruebas que sirvieron de sustento al auto de formal prisión, tuvieron como finalidad evidenciar que se encontraba en un lugar diverso; esto es, a demostrar una coartada. Aunado a ello, debe decirse que la veracidad de lo declarado, realizado u ocurrido ante la presencia del funcionario público, puede ser desvirtuada en juicio. Es por ello que, la categoría de valor tasado de la prueba documental no es suficiente para acreditar la veracidad intrínseca de las manifestaciones que contiene el documento, puesto que dicho contenido estará sujeto a la valoración del Juez en torno a si existe concordancia entre el contenido del documento con la realidad, por lo que no es del todo acertado admitir que el documento tendrá prevalencia sobre los demás medios de prueba. Aspectos que, en todo caso, serán debatidos en el juicio por lo que corresponden al análisis de la sentencia. En ese sentido, se considera acertado el razonamiento realizado por la Sala responsable, por cuanto refirió que la documental pública en cuestión fue objetada por la representación social, de ahí que, corresponde al juez de la instancia al momento de valorar las pruebas en la sentencia que en su caso se dicte, quien deberá establecer si en torno al contenido del documento en cuestión existe concordancia entre lo ahí señalado, con la realidad. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad jurídica, la tesis 1a. LXXII/2019 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1315, Libro 69, Agosto de 2019, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro y texto: DOCUMENTAL PÚBLICA. EL VALOR PROBATORIO QUE ASIGNA EL ARTÍCULO 280 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, ABROGADO, NO ES ABSOLUTO. El valor pleno de la prueba documental pública que le confiere el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Penales, abrogado, no es absoluto, ya que si bien los documentos públicos hacen prueba plena, tal categoría puede ser desvirtuada por las partes, ya que tienen la oportunidad de objetarlos de falsos y pedir su cotejo con los originales existentes en los archivos, esto es, confiere oportunidad a quien los impugna de aportar las pruebas o agotar los medios pertinentes para desvirtuarlos. Así, el valor legal que se asigna a la documental pública, en torno a que hace prueba plena, goza de una presunción de validez, que las partes tienen el derecho de demostrar su falsedad, pues cuando existe colisión entre el documento público con otros medios de prueba, la veracidad del documento puede desvirtuarse mediante la valoración de una prueba en contrario. Por lo que, el documento público hace prueba plena hasta en tanto no sea demostrada su falsedad, luego, tal valor corresponde a un aspecto de autenticidad no de eficacia probatoria, ya que la falsedad del documento está en función de verificar los requisitos formales de su emisión como la autoría del documento por un funcionario público, revestido de fe pública, dentro de sus límites de competencia, y que la calidad de público se demuestra por la existencia regular, sobre los documentos, los sellos, firmas u otros signos exteriores que, en su caso, prevengan las leyes, tal como se advierte del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles. En ese orden de ideas, si bien se ha asociado la expresión prueba plena con el documento público, como una regla legal de valoración, ese término no debe entenderse dirigido a su eficacia o alcance probatorio, sino que se limita a una dimensión formal o adjetiva de la prueba, es decir, a la protección de la documental pública respecto de sus elementos formales frente a su imputación basada en otros medios de prueba. Por ello, como se ha dicho, las aseveraciones del quejoso se refieren únicamente sobre el alcance demostrativo de las pruebas que obran en el expediente, pero en nada se dirigen a desacreditar o desvanecer los datos que sirvieron para emitir en el auto de formal prisión. Pues como se ha expuesto, en el incidente planteado, se han de considerar las probanzas aportadas al sumario después del auto de formal prisión, siempre y cuando tengan como propósito desvanecer, anular o destruir, los datos con base en los cuales se tuvo por demostrado el cuerpo del delito, o bien, la probable responsabilidad de la persona en su comisión. Por tales motivos, es que se considera dichos conceptos de violación infundados. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 1a. XIII/2010, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 119, Tomo XXXI, Febrero de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto: "INCIDENTE DE LIBERTAD POR DESVANECIMIENTO DE DATOS. EL ARTÍCULO 422, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, NO VIOLA LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA, LEGALIDAD, SEGURIDAD JURÍDICA Y DEBIDO PROCESO. El referido precepto establece que durante cualquier etapa de la instrucción y después del dictado del auto de formal prisión, procede el incidente de libertad por desvanecimiento de datos cuando aparezcan plenamente desvanecidos todos y cada uno de los medios de prueba que sirvieron para comprobar el cuerpo del delito. Esta norma no transgrede el principio de presunción de inocencia, dado que la exigencia antes descrita no supone en modo alguno presumir la culpabilidad del reo, ya que eso sería lógicamente imposible dado que el incidente se dicta dentro de la instrucción, esto es, antes de que se le pueda considerar penalmente responsable. Más bien, la figura, cuando se cumple, está encaminada al fortalecimiento de este derecho, al permitir que mucho antes del dictado de una sentencia, una persona sujeta a un procedimiento penal pueda recobrar su libertad. Asimismo, la norma no genera ningún estado de incertidumbre en cuanto a su configuración lingüística, toda vez que se refiere inequívocamente a la desaparición o desvanecimiento de todos los datos que sirvieron para comprobar el cuerpo del delito, sin que ninguno de los términos empleados sufra de notoria ambigüedad y sin que los conceptos utilizados por el legislador sean particularmente vagos. Por último, el mencionado precepto tampoco incurre en alguna violación respecto a los principios de seguridad jurídica y debido proceso, pues, por el contrario, la medida está pensada para eventualmente suspender un procedimiento incoado contra una persona cuando ya no tiene ningún sentido. Se trata de una medida que impide que un inculpado tenga que pasar por todo un proceso penal cuando han desaparecido los medios de prueba con los que se contaba para mantenerlo en ese estado." Por su parte, en cuanto al concepto de violación marcado con el inciso a), este se considera de igual forma infundado. Es así pues de la resolución reclamada no se observa que la Sala responsable se haya pronunciado respecto a suplir la deficiencia de los agravios presentados por la representación social. Por el contrario, como se ha dicho, se pronunció de forma acertada respecto de los agravios expuestos en el recurso de mérito, pues al efecto indicó que el objeto del incidente de libertad por desvanecimiento de datos, es para que el acusado obtenga su libertad cuando se desvanezcan plenamente los datos que sirvieron para la comprobación de la probable responsabilidad del procesado; pues aquellas pruebas que están dirigidas únicamente a cuestionar o restar valor probatorio de las ya existentes, deben ser materia de estudio de la sentencia que ponga fin al asunto; y atendió a los agravios formulados por la representación social. En mérito a lo expuesto, ante lo infundado y de los conceptos de violación analizados, lo procedente es negar el amparo y la protección de la Justicia de la Unión solicitado por Guzmán Eugenio Reyes Juárez, contra la resolución dictada el veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, dentro del toca penal 38/2021, del índice de la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, mediante la cual revocó la diversa emitida el siete de septiembre del dos mil veinte, en el expediente 07/2016, del índice del Juzgado Segundo Mixto de Primera Instancia de Miahuatlán de Porfirio Díaz, donde se había declarado procedente el incidente de libertad por desvanecimiento de datos para procesar. Finalmente, se autoriza al Secretario y/o actuario judicial a firmar los oficios que deriven del presente proveído. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento además en los artículos 73, 74, 75 y demás relativos de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no Ampara ni Protege a quejosa Guzmán Eugenio Reyes Juárez, contra los actos y autoridades precisados en el resultando primero, en términos del último considerando de esta resolución. Notifíquese personalmente.
- Principal
"San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de febrero de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se desprende la vista de ocho días otorgada a los terceros interesados con la totalidad de las constancias que integran el presente juicio, transcurre del dieciocho de febrero al uno de marzo de este propio año; descontando sábados y domingos, por ser inhábiles, en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo, tomando en consideración que la notificación se realizó el quince del actual. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia programada para este día y se fijan las DOCE MINUTOS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL DIEZ DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su celebración. Sin que haya lugar a notificar personalmente a las autoridades señaladas como responsables el diferimiento de la audiencia constitucional, ello es así, en virtud que no existe disposición alguna en la Ley de Amparo que imponga tal obligación. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía de razón, las tesis XX. 304 K y VI.1o.P.18 K, sustentadas por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, y Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, Octava y Novena Época, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomos XV, Enero de 1995 y XIV, Octubre de 2001, respectivamente, del rubro: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. ES INEXACTO QUE EL JUEZ DE DISTRITO ESTE OBLIGADO A ORDENAR LA NOTIFICACIÓN PERSONAL DEL DIFERIMIENTO DE LA." y "NOTIFICACIÓN AL QUEJOSO DEL AUTO QUE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. NO SE REQUIERE QUE SE HAGA EN FORMA PERSONAL.". Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación."
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