Gustavo Ulises Márquez

Expediente 177/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 6 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
177/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
06/03/2023

Partes del expediente

  • Gustavo Ulises Márquez

Actuaciones

  1. Principal

    V. Naucalpan de Juárez, Estado de México, seis de marzo de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para impugnar a través del recurso de queja el auto del veintiuno de febrero pasado, donde se desechó la demanda; con fundamento en los numerales 288, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara firme dicho proveído. Ahora bien, visto que este expediente se encuentra concluido y que obran agregadas las constancias de notificación, háganse las anotaciones respectivas y archívese; el cual es destruible en términos de lo dispuesto en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Lo anterior en atención a que se dictó un acuerdo en el que se desechó la demanda. Además, no tiene relevancia documental para ser resguardado conforme al artículo 15 del acuerdo antes mencionado. Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Antonia Remedios Martínez Jiménez, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  2. Principal

    V. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiuno de febrero de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por *******, por propio derecho, contra el acto del Secretario del Consejo Consultivo del Órgano de Operación Administrativa desconcentrada Regional, Estado de México Oriente, del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Jefe del Departamento de Pensiones en la Subdelegación Tlalnepantla de Baz, del Instituto Mexicano del Seguro Social Primera Sala Colegiada Civil de Ecatepec, Estado de México; realícense las anotaciones correspondientes bajo el número 177/2023-V. Los actos reclamados se hacen consistir en la resolución emitida en el expediente CC.EMO.1021/2022, de uno de diciembre de dos mil veintidós, que declaró infundado el recurso de inconformidad interpuesto en contra de la diversa del dieciséis de junio de dos mil veintidós, que negó la pensión de invalidez al quejoso. En ese sentido, del ocurso de demanda se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1o., fracción I, 5o., fracción II, y 11, estos últimos interpretados en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo, ya que, las autoridades dependientes del Instituto Mexicano del Seguro Social actúan en su faceta de ente asegurador y, por ello, la conducta que se le endilga a la responsable no reúne las características propias de un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, conforme a las siguientes consideraciones. Los artículos 294 y 295 de la Ley del Seguro Social establecen: "Artículo 294. Cuando los patrones y demás sujetos obligados, así como los asegurados o sus beneficiarios consideren impugnable algún acto definitivo del Instituto, podrán recurrir en inconformidad, en la forma y términos que establezca el reglamento, o bien proceder en los términos del artículo siguiente. Las resoluciones, acuerdos o liquidaciones del Instituto que no hubiesen sido impugnados en la forma y términos que señale el reglamento correspondiente, se entenderán consentidos. "Artículo 295. Las controversias entre los asegurados o sus beneficiarios y el Instituto sobre las prestaciones que esta Ley otorga, deberán tramitarse ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en tanto que las que se presenten entre el Instituto y los patrones y demás sujetos obligados, se tramitarán ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa." De dichos numerales se desprende que los patrones y demás sujetos obligados, así como los asegurados y sus beneficiarios, pueden recurrir cualquier acto emitido por el Instituto Mexicano del Seguro Social. Esto es, dada la posición jurídica que hay entre los asegurados y el Instituto Mexicano del Seguro Social, las controversias que existan entre ellos serán dirimidas ante tribunales ordinarios, ya que la relación que hay entre el Instituto Mexicano del Seguro Social, sus asegurados y beneficiarios no es de supra a subordinación y, por ende, frente a ellos no actúa como autoridad. En efecto, de acuerdo con los artículos 2, 4, 5 A, fracciones IX, XI, XII, XIII y XIV, 6, 7, 8, 10, 11 y 12, fracción I, de la Ley del Seguro Social, establecen: "Artículo 2°. La seguridad social tiene por finalidad garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de una pensión que, en su caso y previo cumplimiento de los requisitos legales, será garantizada por el Estado. Artículo 4°. El Seguro Social es el instrumento básico de la seguridad social, establecido como un servicio público de carácter nacional en los términos de esta Ley, sin perjuicio de los sistemas instituidos por otros ordenamientos. Artículo 5°A. Para los efectos de esta ley, se entiende por: [.] IX. Sujetos o sujeto de aseguramiento: los señalados en los artículos 12, 13, 241 y 250 A, de la ley; [.] XI. Asegurados o asegurado: el trabajador o sujeto de aseguramiento inscrito ante el Instituto, en los términos de la Ley; XII. Beneficiarios: el cónyuge del asegurado o pensionado y a falta de éste, la concubina o el concubinario en su caso, así como los ascendientes y descendientes del asegurado o pensionado señalados en la Ley; XIII. Derechohabientes o derechohabiente: el asegurado, el pensionado y los beneficiarios de ambos, que en los términos de la Ley tengan vigente su derecho a recibir las prestaciones del Instituto; XIV. Pensionados o pensionado: el asegurado que por resolución del Instituto tiene otorgada pensión por: incapacidad permanente total; incapacidad permanente parcial superior al cincuenta por ciento o en su caso incapacidad permanente parcial entre el veinticinco y el cincuenta por ciento; invalidez; cesantía en edad avanzada y vejez, así como los beneficiarios de aquél cuando por resolución del Instituto tengan otorgada pensión de viudez, orfandad, o de ascendencia; [.]. Artículo 6°. El Seguro Social comprende: I. El régimen obligatorio, y II. El régimen voluntario. Artículo 7°. El Seguro Social cubre las contingencias y proporciona los servicios que se especifican a propósito de cada régimen particular, mediante prestaciones en especie y en dinero, en las formas y condiciones previstas por esta Ley y sus reglamentos. Artículo 8°. Los derechohabientes para recibir o, en su caso, seguir disfrutando de las prestaciones que esta Ley otorga, deberán cumplir con los requisitos establecidos en la misma y en sus reglamentos. Para tal efecto el Instituto expedirá a todos los derechohabientes, un documento de identificación a fin de que puedan ejercitar los derechos que la Ley les confiere, según el caso. Artículo 10. Las prestaciones que corresponden a los asegurados y a sus beneficiarios son inembargables. Sólo en los casos de obligaciones alimenticias a su cargo, pueden embargarse por la autoridad judicial las pensiones y subsidios hasta por el cincuenta por ciento de su monto. Artículo 11. El régimen obligatorio comprende los seguros de: I. Riesgos de trabajo; II. Enfermedades y maternidad; III. Invalidez y vida; IV. Retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, y V. Guarderías y prestaciones sociales. Artículo 12. Son sujetos de aseguramiento del régimen obligatorio: I. Las personas que de conformidad con los artículos 20 y 21 de la Ley Federal del Trabajo, presten, en forma permanente o eventual, a otras de carácter físico o moral o unidades económicas sin personalidad jurídica, un servicio remunerado, personal y subordinado, cualquiera que sea el acto que le dé origen y cualquiera que sea la personalidad jurídica o la naturaleza económica del patrón aun cuando éste, en virtud de alguna ley especial, esté exento del pago de contribuciones; [.]." De dichos numerales se advierte que el Instituto Mexicano del Seguro Social es el organismo público descentralizado encargado de administrar el seguro social, como instrumento básico de la seguridad social, cuya finalidad es garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de una pensión que, en su caso y previo cumplimiento de los requisitos legales, será garantizada por el Estado. Además, la seguridad social prevista en la Ley del Seguro Social se encuentra dirigida, en primer término, a la protección de los trabajadores y, después, a sus beneficiarios, quienes para ser acreedores de las prestaciones de seguridad social deben satisfacer los requisitos previstos por la misma ley y sus reglamentos. Por tanto, cuando un asegurado o su beneficiario realiza actos ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, relacionados con la seguridad social, previstos en la ley que lo rige, la determinación que emita será actuando como ente asegurador, porque lo hará con investido de la obligación de garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo. Entonces, el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene un doble carácter, como organismo fiscal autónomo frente a los patrones y sujetos obligados, o bien, como órgano asegurador frente a los asegurados y sus beneficiarios. Ahora, en la especie se reclama la resolución emitida en el expediente CC.EMO.1021/2022, de uno de diciembre de dos mil veintidós, en la que se declaró infundado el recurso de inconformidad interpuesto en contra de la diversa del dieciséis de junio de dos mil veintidós, que negó la pensión de invalidez al quejoso. En ese sentido, la conducta que la parte quejosa reclama no es un acto de autoridad para efectos del amparo, porque el otorgamiento de prestaciones de seguridad social se ubica en una relación jurídica donde el instituto carece de imperio, ya que en el caso actúa en el marco del vínculo de asegurador-asegurado. Se insiste, los actos que emite el instituto en ese plano carecen de unilateralidad, coercibilidad e imperatividad; ya que lo hace en un plano de igualdad con el asegurado, en virtud de que no actúa como órgano fiscal autónomo, sino como un ente asegurador. Por ello, de acuerdo con los artículos 294 y 295 de la Ley del Seguro Social, las partes en conflicto deben acudir a los tribunales ordinarios para que resuelvan la controversia e impongan, aun coactivamente, las consecuencias jurídicas establecidas por la ley. En ese sentido, si el acto reclamado está relacionado con la recepción de un pago por parte de la persona asegurada, para que eventualmente obtenga una pensión a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social, en este momento no procede el juicio de amparo. Esto se sustenta en la jurisprudencia 2a./J. 134/2011 consultable en la página 1511 del tomo XXXIV, septiembre de 2011, de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto son: "SEGURO SOCIAL. EL INSTITUTO RELATIVO NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, AL RESOLVER EL RECURSO DE INCONFORMIDAD EN EL QUE SE RECLAMAN PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, BASTANDO ESE MOTIVO PARA LA IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL. El Instituto Mexicano del Seguro Social tiene un doble carácter: a) De organismo fiscal autónomo cuando actúa frente a patrones y sujetos obligados, ejerciendo sus facultades de recaudación, administración, determinación y liquidación de las cuotas obrero patronales; y, b) De ente asegurador, cuando lo hace frente a los asegurados y sus beneficiarios, respecto de las prestaciones en especie y en dinero otorgadas por la Ley del Seguro Social. Bajo esas premisas, la resolución emitida por el Instituto, al decidir el recurso de inconformidad interpuesto, optativamente, por los asegurados o por sus beneficiarios, respecto de las prestaciones de seguridad social otorgadas por la citada Ley, no tiene el carácter de acto de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo, por una parte, porque si bien dicho Instituto puede determinar sobre la procedencia de las prestaciones solicitadas no está investido de facultades de imperio que caracterizan a las autoridades, porque la relación entre ambos es de igualdad (coordinación), y al resolver sólo verifica el cumplimiento de los requisitos para otorgar una prestación; y, por otra, debido a que el artículo 295 de la Ley del Seguro Social prevé que las controversias entre el Instituto y los asegurados o sus beneficiarios serán resueltas por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, juicio en el que el Instituto no acude como autoridad. En consecuencia, si no se está en presencia de un acto de autoridad el juicio de amparo promovido contra la referida resolución resulta improcedente, lo que hace inconducente examinar si se agotaron con anterioridad recursos, juicios o medios de defensa ordinarios, porque basta que quede evidenciada la señalada causa de improcedencia". De ahí que, en el particular, al reclamarse actos de un ente que actúa en plano de igualdad con la agraviada, se actualiza en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia contemplada en la fracción XXIII, del artículo 61 de la ley de la materia, en relación con el artículo 107, fracción V, del mismo ordenamiento legal, este último aplicado a contrario sensu; consecuentemente, conforme al artículo 113 de la Ley de amparo, se desecha la demanda planteada. Dado que el lugar que señala para oír y recibir notificaciones, se encuentra fuera de la residencia de este juzgado federal, ténganse las listas de publicación que se fijan en los estrados. Sin embargo, dada la naturaleza de este acuerdo, se comisiona a alguno de los actuarios adscritos a efecto de que notifique por única ocasión personalmente al quejoso este acuerdo. Ténganse por autorizadas a las personas que designa para los efectos que establece. Únicamente se adquiere conocimiento de los correos electrónicos y número telefónico que proporciona para establecer contacto no procesal, en caso de que este Juzgado de Distrito lo considere necesario. De conformidad en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 y el diverso 3o. de la Ley de Amparo, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ellos, para una mayor agilidad del asunto, continúen la tramitación de este juicio mediante el esquema de "juicio en línea", a través del Portal de Servicios Línea desarrollado y aprobado por el Consejo de la Judicatura ingresando para tal efecto a la liga virtual https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda. Hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y sobre todo conforme a lo estipulado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese personalmente al quejoso. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Antonia Remedios Martínez Jiménez, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

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