Gustavo Ugalde Moreno
Expediente 858/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 3 actuaciones registradas, la última del 1 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 858/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 01/08/2022
Partes del expediente
- Gustavo Ugalde Moreno
Actuaciones
- Principal
...VISTO EL ESTADO PROCESAL DE AUTOS...SE DECLARA QUE EL AUTO POR EL QUE SE DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO HA CAUSADO ESTADO...ARCHÍVESE EL PRESENTE ASUNTO COMO CONCLUIDO...
- Principal
NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE PROMOVENTE.
- Principal
SE HACE CONSTAR QUE SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTAA LA PARTE QUEJOSA EN VIRTUD DE NO CUMPLI CON EL CITATORIO DE MÉRITO, AEL AUTO QUE Querétaro, Querétaro, quince de julio de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por. , por propio derecho; contra actos de la JUNTA ESPECIAL NÚMERO CUATRO DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN EL ESTADO CON RESIDENCIA EN SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO, fórmese cuaderno respectivo y, regístrese en el libro que para tal efecto se lleva en este Juzgado de Distrito con el número 858/2022, que es el que le corresponde. En principio conviene señalar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; lo que es así, porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes. Conforme al artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de la demanda y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la misma. El artículo 113 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Tiene aplicación al caso la jurisprudencia número 940, visible en la página 1538, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1988, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Así también, la tesis jurisprudencial relacionada con la anterior, que aparece publicada en la misma página de la citada compilación jurisprudencial que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA.- Siendo el juicio de amparo de orden público, la improcedencia del mismo debe ser examinada de oficio aun cuando ninguna de las partes la haya alegado, y decretarse tan luego como aparezca alguna causal que la funde". ACTOS INTRAPROCESALES (NO IMPOSIBLE REPARACIÓN) En cumplimiento a lo anterior, después de analizar la presente demanda de amparo y su anexo, éste Juzgado advierte que, en la especie, existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo, pues se actualiza la causal prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo en vigor, en relación con el diverso 107, fracción V, de la invocada ley, este último aplicado a contrario sensu, en virtud de que la parte quejosa señala como actos reclamados: de treinta de junio de dos mil veintidós, correspondiente a la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas celebrada en el expediente laboral 05995/2018/4/1, promovido por el quejoso contra . del índice de la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado con Residencia en San Juan del Río, Querétaro, en la que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 761, 762 y 763 de la Ley Federal del Trabajo, la junta responsable dio trámite al incidente de falta de personalidad promovido por la parte demandada en el principal .. contra ***, quien alegó la falsedad de la firma que suscribe el poder con el que la representante de la parte actora pretendió acreditar su personería en el juicio principal; asimismo, se tuvo a la parte actora incidentista ratificando el incidente planteado y por ofrecidas sus pruebas en relación a éste; se tuvo a la demandada incidentista dando contestación a la cuestión incidental y por ofrecidos sus medios de prueba en relación con el incidente de falta de personalidad planteado; y, se admitieron las pruebas ofrecidas por las partes (instrumental de actuaciones y pericial en materia de grafoscopia - por parte de la actora incidentista-, y pericial en materias de grafoscopia y caligrafía -respecto del demandado incidentista-), señalando hora y fecha para el desahogo de las probanzas que así lo requieren (periciales); y, se desechó la prueba de ratificación de contenido y firma sobre la carta poder cuestionada en el incidente de falta de personalidad ofrecida por la parte actora en el principal y demandado incidentista . (quejoso). Previo a exponer las razones por las cuales se estima que se actualiza la citada causal de improcedencia, conviene precisar que en la jurisprudencia 37/2014 el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, interpretó la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, en la que señaló que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. La citada Jurisprudencia 37/2014 es el rubro y texto siguientes: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). . aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Luego, en la especie este juzgado federal, considera que, por cuanto al acto precisado en el inciso a) se actualiza la invocada causal de improcedencia por los siguientes motivos: Los artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" De acuerdo con el precepto legal transcrito, el amparo contra actos dentro de un juicio, únicamente procede cuando esos actos son de imposible reparación y la audiencia de treinta de junio de dos mil veintidós, en donde se admitió el incidente de falta de personalidad por la parte demandada en el juicio de origen .; y se proveyó sobre las probanzas ofrecidas por las partes en relación con dicho incidente, dentro del expediente laboral expediente laboral 05995/2018/4/1, del índice de la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado con Residencia en San Juan del Río, Querétaro; no se trata de un acto que afecte materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, y en caso de existir alguna violación, ésta sería de carácter procesal, en contra de la cual por regla general resulta improcedente el juicio de amparo indirecto. En el caso se considera que se actualiza esa hipótesis, pues de existir alguna violación, sería reparable en caso de obtener interlocutoria favorable al resolverse el incidente de falta de personalidad, o bien, si obtiene laudo favorable, en expediente laboral 05995/2018/4/1, del índice de la junta responsable, de donde emana el acto reclamado, pues en caso contrario de ser desfavorable tanto el sentido final del incidente de mérito, así como el laudo, podrá combatirse el laudo definitivo, como violación procesal, conforme a las fracciones IV y XII del artículo 172 de la Ley de Amparo en vigor. En la inteligencia de que el acto reclamado intraprocesal podrá no trascender al sentido del laudo, en el supuesto de que éste sea favorable, o bien, la interlocutoria que resuelva el incidente de falta de personalidad, dado que en el supuesto de que tal laudo le sea desfavorable, puede reclamar como violación procesal la determinación que ahora impugna, en el juicio de amparo directo que promueva en contra del laudo definitivo, a fin de que sea reparada tal violación. Ciertamente, la materia del acto reclamado se traduce en una violación procesal reclamable en amparo directo, en el supuesto que la ahora quejosa no obtenga laudo favorable, y, además, la interlocutoria que resuelva el incidente de falta de personalidad sea desfavorable. Lo anterior es así, pues por un acto de ejecución de imposible reparación, debe entenderse aquel que afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte material, como la vida, la integridad personal, la libertad, y la propiedad, por citar algunos. En cambio, los actos de ejecución reparable no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado, y estos actos se actualizan respecto de los llamados derechos adjetivos o procesales. La Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración, en la tesis jurisprudencial visible en la página 291, del Tomo IV, Primera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, definió lo siguiente: "EJECUCION DE IMPOSIBLE REPARACION. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCION III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. .." Posteriormente, el Pleno del Máximo Tribunal del País, emitió el criterio jurisprudencial consultable en la página 11 del tomo 56, agosto de 1992, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. . De acuerdo a los anteriores criterios jurisprudenciales, se concluye que el amparo contra actos dictados dentro de un juicio, únicamente procede cuando esos actos afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; por tanto, se concluye que el acto reclamado, consistente en la audiencia de treinta de junio de dos mil veintidós, en donde se admitió a trámite el incidente de falta de personalidad promovido por la parte demandada en el juicio de origen . contra el actor en el juicio laboral ***; y se proveyó sobre las probanzas ofrecidas por las partes (se admitieron las pruebas de las partes, a excepción la de ratificación de contenido y firma de carta poder que ofreció el actor aquí quejoso) en relación con dicho incidente, dentro del expediente laboral expediente laboral 05995/2018/4/1, del índice de la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado con Residencia en San Juan del Río, Querétaro; no reúne esa calidad, pues no se trata de un acto que afecte materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, pues se insiste, se trata de la determinación intraprocesal que dio trámite a un incidente de falta de personalidad y se pronunció sobre las pruebas ofrecidas por las partes, relativas a tal incidencia; ello dentro del trámite del juicio laboral natural y como consecuencia de una posible violación a las leyes del procedimiento la cual puede reclamarse en caso de que sea desfavorable el laudo que se llegue a dictar en dicho controvertido laboral, del índice de la Junta Responsable, y, además, el incidente de falta de personalidad también sea desfavorable. En ese tenor, se insiste que el acto reclamado (audiencia donde se admite incidente de personalidad y se provee sobre las pruebas ofrecidas por las partes respecto de dicho incidente), se trata de un acto dictado dentro de juicio que solo tiene efectos intraprocesales dentro del juicio natural, que no afecta a algún derecho sustantivo en forma material y presente, pues solo produce efectos dentro del procedimiento. Además, de que el acto reclamado y, en su caso, la interlocutoria que resuelva el incidente de falta de personalidad se podrán combatir conjuntamente como violación procesal, en el supuesto que el laudo le resulte desfavorable a los interés del actor -demandado incidentista- (quejoso), pues puede ser que la interlocutoria que se dicte en el incidente de falta de personalidad le resulte favorable, con lo cual se verá restituido en el goce del derecho violado, pues se insiste que tanto el ahora acto reclamado, así como la interlocutoria que resuelva dicho incidente (en el supuesto que esta resulte desfavorable), podrán combatirse al reclamarse el laudo respectivo, en el supuesto que también este resulte desfavorable. En la inteligencia de que de resultar desfavorable la interlocutoria que resuelva el incidente de falta de personalidad, con la consecuencia de dar por concluido el juicio natural, entonces en ese caso el quejoso podrá promover Juicio de Amparo Directo contra tal resolución, y como violación procesal el acto ahora reclamado; sin embargo, en el supuesto de que se declare fundado tal incidente de falta de personalidad, pero con el efecto de que sea subsanable la personalidad del apoderado del actor, y en caso de que se subsane y se continúe el trámite del juicio de amparo natural, entonces la parte quejosa podrá reclamar tanto el acto reclamado, como la resolución interlocutoria que resuelva tal incidencia en los términos últimos citados podrán reclamarse en amparo directo como violación procesal, conjuntamente con el dictado del laudo, en el supuesto de que este sea desfavorable. En este orden de ideas, se concluye que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia regulada por el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo en vigor, en relación con el numeral 107, fracción V de la invocada Ley, esté último aplicado a contrario sensu, el cual que dispone que el amparo se pedirá ante el Juez de Distrito, contra actos en el juicio que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Sin que obste a lo anterior, la manifestación del quejoso respecto de que la admisión y trámite del incidente de falta de personalidad le causa perjuicio, por virtud de que retrasará el dictado del laudo, pues contrario a lo que alega el promovente del amparo, el hecho de que una resolución retarde la resolución de un asunto, no es indicativo de violación al derecho de la administración de justicia pronta conforme artículo 17 constitucional; máxime que no incide en ninguno de los derechos sustantivos (como son los de carácter personal, real, del estado civil, laboral, familiar, etcétera, que se encuentran anclados a los derechos fundamentales, tales como la vida, la propiedad, la posesión, la integridad personal, los derechos de familia, los atributos de la personalidad, etcétera), previstos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el estado mexicano es parte, en forma material pues solamente transciende en los derechos adjetivos (procesales) de las partes del juicio natural; y por ende, su reclamación se posterga a una violación procesal reclamable hasta la resolución que ponga fin al juicio, como podría ser la que resuelva el juicio natural, conforme al artículo 1721 fracción XII, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis IV.2o.C.55 K de los Tribunales Colegiados de Circuito, Común, con registro digital 167805, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Tomo XXIX, Marzo de 2009, página 2677, del tenor siguiente: "ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO ES EL SIMPLE RETARDO EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. ., determinó que para analizar si una violación acaecida en el curso del procedimiento es o no de imposible reparación, el juzgador debe proceder de la siguiente manera: a) Discernir si el acto reclamado afecta directa e inmediatamente derechos sustantivos que prevén las garantías individuales contenidas en la Constitución General de la República; b) Que en la hipótesis de que las consecuencias del acto no afectaran dichos derechos sustantivos, debe 1 Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: (.) XII. Se trate de casos análogos a los previstos en las fracciones anteriores a juicio de los órganos jurisdiccionales de amparo; Jessica Luisa Montes Islas 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.1e.d3 07/09/23 09:52:45 valorar si con ellas se afecta o no a las partes en grado predominante o superior, puesto que de arribarse a la convicción de que tampoco colma esta afectación exorbitante, sería improcedente el amparo indirecto, debiendo el gobernado esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo; c) Que por regla general, una violación formal o procesal produce una afectación exorbitante a las partes durante el juicio (que la identifica como de imposible reparación), cuando concurren circunstancias de gran trascendencia que significan una situación especial dentro del procedimiento de cuya decisión depende la suerte de todo el juicio del orden común, bien para asegurar su desarrollo con respeto a las garantías procesales esenciales del quejoso, o bien, porque conlleve la posibilidad de evitar el desarrollo ocioso o innecesario del juicio; d) Precisar que la afectación que produzca el acto intraprocesal reclamado, a fin de que amerite su impugnación en amparo indirecto, debía ser en grado extraordinario o sobresaliente; e) Que la anterior precisión era necesaria, toda vez que las tesis que sobre el tema sustenta el más Alto Tribunal del país, se fundaban de manera explícita o implícita en el artículo 17 de la Constitución Federal; y, f) Pero que no obstante lo anterior, era igualmente cierto que no todas las violaciones procesales que puedan encontrar fundamento en el señalado artículo 17 constitucional, a través de las normas adjetivas secundarias o derivadas podían, jurídicamente, ser impugnadas en amparo indirecto, pues ello haría interminables los juicios ordinarios y tornaría inútil un aspecto básico del amparo directo. En el mismo sentido y siguiendo los lineamientos fijados en la solicitud de modificación de jurisprudencia 1/2003, la Segunda Sala del referido Tribunal Constitucional, al resolver la contradicción de tesis 38/2007-PL, que dio lugar a la jurisprudencia 2a./J. 23/2008, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, febrero de 2008, página 593, de rubro: "NULIDAD DE ACTUACIONES. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE EMPLAZAMIENTO.", procedimiento para subsanar violaciones procesales fundadas implica una dilación del juicio en mayor o menor grado, sin que por ello se viole el principio de justicia pronta.". Establecido lo anterior, la resolución de segunda instancia que revoca el auto mediante el cual el Juez de primer grado cita a las partes para oír sentencia, no constituye un acto procesal de imposible reparación ya que, de la decisión tomada por el tribunal de alzada no depende la suerte de todo el juicio, ni tampoco puede hablarse del desarrollo ocioso de un proceso, cuando éste ya se agotó, aunado a que el perjuicio procesal que pudieran resentir las partes en sus derechos adjetivos no resulta exorbitante, porque tal decisión no podría implicar la tramitación innecesaria del juicio, en tanto que éste no culminaría, sino que continuaría su curso ante la misma autoridad jurisdiccional que lo tramitó y resolvió, una vez reparada la violación procesal que menciona el quejoso." Así como la diversa, Tesis I.4o.C.247 C de los Tribunales Colegiados de Circuito, con registro digital 165412, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XXXI, Enero de 2010, página 2209, del tenor siguiente: "REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA EL DESAHOGO DE PRUEBAS. POR REGLA GENERAL NO AFECTA EL DERECHO A LA JURISDICCIÓN. . leyes. Los elementos desglosados se encuentran expuestos con vocablos de gran generalidad y abstracción, que son además de carácter relativo, especialmente el concepto prontitud, por lo cual requieren un desarrollo y precisión en la legislación secundaria, de modo que difícilmente podía existir un caso en que se violara directamente alguno de estos imperativos constitucionales, sino que su transgresión sólo se dará de manera indirecta a través del incumplimiento de las leyes ordinarias. Por otra parte, la satisfacción de los valores tutelados con el derecho a la jurisdicción sólo queda satisfecha con el cumplimiento concurrente de todos sus elementos, de modo que no resulta jurídicamente factible, como por ejemplo, privilegiar la prontitud de una decisión judicial, frente a los términos previstos por la ley para llegar a la decisión; esto es, no tendría validez un fallo judicial hecho con gran celeridad, pero con violación de las formalidades esenciales del procedimiento; de modo que la prontitud hace referencia al menor tiempo posible para resolver un litigio con apego a la normatividad procedimental y sustantiva que resulte aplicable." Por consiguiente, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V aplicado a contrario sensu y 172, fracciones IV y XII, de la Ley de Amparo en vigor; con fundamento en el artículo 113 de la misma legislación, se DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por ***, por notoriamente improcedente. Por otra parte, se tienen como autorizados de la parte quejosa a las personas que refiere en su ocurso de cuenta, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo; asimismo se tiene como domicilio procesal, el señalado en el proemio de su demanda. Sin que haya lugar a tener los correo electrónico y número telefónico que cita, como medio para el efecto de que se le practiquen las notificaciones que deriven del presente asunto, ello a razón de que no son un medio que se encuentra previsto en la Ley de Amparo para la realización de notificaciones; además de que si es su deseo que las notificaciones le sean practicadas vía electrónica en términos del artículo 30 de la Ley de Amparo, deberá realizar el trámite correspondiente ante el Consejo de la Judicatura Federal de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. No obstante lo anterior, se tienen como medios de contacto para establecer comunicaciones no procesales con el promovente, los correos electrónicos y números telefónicos que cita, para los efectos legales conducentes. Por otro lado, con sustento en el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan los días y horas inhábiles que sean necesarios para practicar cualquier notificación o emplazamiento que surjan en el presente asunto, con el fin de no entorpecer su trámite. Asimismo, para el caso de que en el presente asunto, se ordene alguna notificación de carácter personal, en términos de los artículos 26 y 27, incisos b) y c), de la Ley de Amparo vigente; con fundamento en el diverso 29, del citado ordenamiento legal, se faculta al actuario de la adscripción para que publique, en su caso, la lista correspondiente a que se refiere este último precepto legal. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 3, 6, 8, 9, 68, 71, 110, 113, 117, 118 y Segundo transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, así como en los considerandos Décimo Quinto, Décimo Sexto y artículo 33, fracción III, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, indíquese a las partes que las sentencias que emita el Poder Judicial de la Federación, deberán hacerse públicas, salvaguardando los datos personales concernientes a los promoventes identificados e identificables; haciéndoles saber de igual manera el derecho que tienen para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de oposición, podría entenderse como el consentimiento de que se publiquen. Finalmente, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto número 1/2014, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que emite las reglas y acuerdos generales correspondientes a la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a éste, así como las notificaciones por vía electrónica, mediante el uso del FIREL, a través del sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo en vigor, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de septiembre del dos mil catorce, en su oportunidad, digitalícese las demandas, recursos, incidentes, promociones y documentos que presentan las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información con el presente expediente; en la inteligencia de que el Acuerdo General de mérito establece que la integración del expediente electrónico iniciará para este Vigésimo Segundo Circuito en una tercera etapa, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas, haga la declaratoria correspondiente que se publique en el Diario Oficial de la Federación, conforme al artículo Segundo Transitorio, fracciones I y II, del propio Acuerdo General Conjunto.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro · 9,611 expedientes
- Gustavo Olvera Castro404/2017
- Gustavo Olvera González1061/2023
- Gustavo Óscar Granados Álvarez427/2021
- Gustavo Osmar Salinas Acosta445/2020
- Gustavo Pérez Feregrino205/2016
- Gustavo Rubio Santiago1474/2019
- Gustavo Ugalde Moreno951/2022
- Gustavo Yonatt Maldonado Velarde4/2021
- Habrahan Hernández Esquivel1363/2023
- Hannia Díaz Velázquez782/2020
- Hans Amadeus Frei Glabischnig1435/2017
- Hans Paul Beets Vigil861/2022