Gustavo Torres Sainz
Expediente 973/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 19 actuaciones registradas, la última del 6 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 973/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 06/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Gustavo Torres Sainz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, seis de diciembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se desprende que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el quince de noviembre de dos mil diecinueve (fojas 185 a 193), la cual sobreseyó en el juicio, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes, quedando insubsistentes las medidas cautelares decretadas en el incidente de suspensión. No pasa inadvertido para el suscrito Juzgador que no obra en autos la constancia de notificación a la autoridad tercera interesada Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Investigación Hechos de Corrupción "A", Cuarta Mesa Investigadora de la Fiscalía General del Estado de Puebla (Mariana Lucía Sánchez Minjares), de la referida resolución; sin embargo, no es óbice a lo acordado en el párrafo que antecede, pues la aludida sentencia no perjudica de alguna manera a dicha autoridad, ya que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, y sólo están legitimados para interponer el recurso de revisión las partes a quienes resulte desfavorable la determinación definitiva que se emita dentro del juicio de amparo. Apoya a lo anterior la Jurisprudencia 2a./J. 6/2017 (10a.) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como las siguientes tesis aisladas: "RECURSO DE REVISIÓN. ES IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR EL TERCERO INTERESADO CONTRA LA SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO QUE SOBRESEYÓ EN EL JUICIO. Conforme a los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5 y 6 de la Ley de Amparo, el juicio constitucional procede a petición de la parte agraviada; es decir, la persona física o moral a quien la norma general o el acto reclamado afecte de forma real y actual su esfera jurídica, cuya pretensión es que se le restituya en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación y, en su caso, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que éste exija. En ese sentido, el recurso de revisión es improcedente contra la resolución que sobresee en el juicio de amparo indirecto interpuesto por el tercero interesado -quien posee ese carácter por tener un interés en que el acto reclamado subsista-, pues el principio de agravio personal y directo rige al juicio constitucional en todas sus etapas y, consecuentemente, reserva este recurso en forma exclusiva al quejoso, quien es el único que se ve afectado por ese sobreseimiento, pues va contra su pretensión de que se analice el fondo del asunto. Finalmente, el derecho de acceso a la justicia del tercero interesado para combatir no se limita, en tanto tiene a su alcance la revisión adhesiva, en caso de que su contraparte interponga la revisión principal." "REVISIÓN IMPROCEDENTE. DEBE DESECHARSE LA INTERPUESTA POR QUIEN OBTUVO SENTENCIA FAVORABLE. Cuando se recurre la sentencia dictada en un juicio de amparo biinstancial por la parte a quien le es favorable, el recurso debe desecharse por improcedente, salvo que se esté en el supuesto previsto en el artículo 83, fracción V, último párrafo, de la Ley de Amparo, dado que las resoluciones sólo pueden ser impugnadas por aquella a quien le perjudique." "RECURSOS. QUIENES PUEDEN INTERPONERLOS. Sólo una parte puede interponer recursos contra una resolución que le es desfavorable. El juicio de garantías únicamente puede promoverse por aquél a quien perjudique el acto reclamado (artículo 4o. de la Ley de Amparo), y esta norma debe extenderse, en su aplicación, para expresar que sólo puede interponer recursos contra una sentencia la parte a quien aquélla resulte desfavorable. Tratándose de resoluciones que hayan concedido el amparo, no todas las autoridades responsables están legitimadas para recurrirlas, pues sólo podrán hacer valer la revisión las autoridades contra el fallo que afecte de modo directo el acto que de cada una de ellas se hubiere reclamado (artículo 87 de la misma ley)." Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por tanto, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se establece que el presente asunto en el que sobreseyó en el juicio de amparo, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción II del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita, sin que sea necesario requerir a las partes la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Por otro lado, respecto al original del incidente de suspensión, en virtud de que se concedió la medida cautelar solicitada (tanto la provisional como la definitiva), con fundamento en la fracción III del aludido artículo vigésimo primero del citado Acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, en el término señalado en el párrafo que antecede, esto es, después de transcurridos cinco años. Así mismo, por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado. Se ordena fijar las anotaciones correspondientes en las carátulas de dichos expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009). Ahora bien, ya que resulta innecesario conservar las pruebas documentales que remitió el juez responsable en atención a su informe de ley (cuadernos de prueba I y II, así como dos discos versátiles digitales que obran en sobres cerrados a fojas 146 y 163 de autos, relativos a la carpeta judicial administrativa 1995/2019/PUEBLA de su estadística), se ordena devolver dichos documentos a la autoridad citada; sin que sea necesario requerir el acuse de recibo toda vez que la autoridad responsable en mención se encuentra dentro del lugar de residencia de este juzgado Federal; por tanto, se instruye al actuario judicial que corresponda entregar el oficio respectivo, para que se cerciore que en el acuse de recibo de dicha misiva, se haga constar la entrega del documento descrito. Por otra parte, en virtud de que el presente juicio se encuentra totalmente concluido, se deja a disposición de la parte quejosa en la Secretaría de este juzgado, el billete de depósito N 848052 expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, por la cantidad de $1,100.00 (un mil cien pesos, cero centavos, moneda nacional), que exhibió en el incidente de suspensión derivado de este juicio de amparo, para que continuara surtiendo efectos la suspensión definitiva que le fue concedida, el cual se ordena devolverle previa toma de razón de recibo que se deje en autos. En el entendido de que, por estrictas razones de seguridad y control, la devolución ordenada sólo se hará los días miércoles de cada semana, de nueve a doce horas, por así permitirlo las labores de este órgano jurisdiccional, debiéndose acompañar identificación oficial y copia simple de la misma para los efectos legales correspondientes. Con el apercibimiento que, de no comparecer a recoger la mencionada garantía en el plazo de dos años, computado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, ésta prescribirá a favor del Erario Federal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley de la Tesorería de la Federación.
- Principal
(publicación AVISO) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE 06 DE diciembre DE 2019, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: San Andrés Cholula, Puebla, seis de diciembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se desprende que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el quince de noviembre de dos mil diecinueve (fojas 185 a 193), la cual sobreseyó en el juicio, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes, quedando insubsistentes las medidas cautelares decretadas en el incidente de suspensión. No pasa inadvertido para el suscrito Juzgador que no obra en autos la constancia de notificación a la autoridad tercera interesada Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Investigación Hechos de Corrupción "A", Cuarta Mesa Investigadora de la Fiscalía General del Estado de Puebla (Mariana Lucía Sánchez Minjares), de la referida resolución; sin embargo, no es óbice a lo acordado en el párrafo que antecede, pues la aludida sentencia no perjudica de alguna manera a dicha autoridad, ya que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, y sólo están legitimados para interponer el recurso de revisión las partes a quienes resulte desfavorable la determinación definitiva que se emita dentro del juicio de amparo. Apoya a lo anterior la Jurisprudencia 2a./J. 6/2017 (10a.) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como las siguientes tesis aisladas: "RECURSO DE REVISIÓN. ES IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR EL TERCERO INTERESADO CONTRA LA SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO QUE SOBRESEYÓ EN EL JUICIO. Conforme a los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5 y 6 de la Ley de Amparo, el juicio constitucional procede a petición de la parte agraviada; es decir, la persona física o moral a quien la norma general o el acto reclamado afecte de forma real y actual su esfera jurídica, cuya pretensión es que se le restituya en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación y, en su caso, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que éste exija. En ese sentido, el recurso de revisión es improcedente contra la resolución que sobresee en el juicio de amparo indirecto interpuesto por el tercero interesado -quien posee ese carácter por tener un interés en que el acto reclamado subsista-, pues el principio de agravio personal y directo rige al juicio constitucional en todas sus etapas y, consecuentemente, reserva este recurso en forma exclusiva al quejoso, quien es el único que se ve afectado por ese sobreseimiento, pues va contra su pretensión de que se analice el fondo del asunto. Finalmente, el derecho de acceso a la justicia del tercero interesado para combatir no se limita, en tanto tiene a su alcance la revisión adhesiva, en caso de que su contraparte interponga la revisión principal." "REVISIÓN IMPROCEDENTE. DEBE DESECHARSE LA INTERPUESTA POR QUIEN OBTUVO SENTENCIA FAVORABLE. Cuando se recurre la sentencia dictada en un juicio de amparo biinstancial por la parte a quien le es favorable, el recurso debe desecharse por improcedente, salvo que se esté en el supuesto previsto en el artículo 83, fracción V, último párrafo, de la Ley de Amparo, dado que las resoluciones sólo pueden ser impugnadas por aquella a quien le perjudique." "RECURSOS. QUIENES PUEDEN INTERPONERLOS. Sólo una parte puede interponer recursos contra una resolución que le es desfavorable. El juicio de garantías únicamente puede promoverse por aquél a quien perjudique el acto reclamado (artículo 4o. de la Ley de Amparo), y esta norma debe extenderse, en su aplicación, para expresar que sólo puede interponer recursos contra una sentencia la parte a quien aquélla resulte desfavorable. Tratándose de resoluciones que hayan concedido el amparo, no todas las autoridades responsables están legitimadas para recurrirlas, pues sólo podrán hacer valer la revisión las autoridades contra el fallo que afecte de modo directo el acto que de cada una de ellas se hubiere reclamado (artículo 87 de la misma ley)." Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por tanto, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se establece que el presente asunto en el que sobreseyó en el juicio de amparo, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción II del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita, sin que sea necesario requerir a las partes la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Por otro lado, respecto al original del incidente de suspensión, en virtud de que se concedió la medida cautelar solicitada (tanto la provisional como la definitiva), con fundamento en la fracción III del aludido artículo vigésimo primero del citado Acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, en el término señalado en el párrafo que antecede, esto es, después de transcurridos cinco años. Así mismo, por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado. Se ordena fijar las anotaciones correspondientes en las carátulas de dichos expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009). Ahora bien, ya que resulta innecesario conservar las pruebas documentales que remitió el juez responsable en atención a su informe de ley (cuadernos de prueba I y II, así como dos discos versátiles digitales que obran en sobres cerrados a fojas 146 y 163 de autos, relativos a la carpeta judicial administrativa 1995/2019/PUEBLA de su estadística), se ordena devolver dichos documentos a la autoridad citada; sin que sea necesario requerir el acuse de recibo toda vez que la autoridad responsable en mención se encuentra dentro del lugar de residencia de este juzgado Federal; por tanto, se instruye al actuario judicial que corresponda entregar el oficio respectivo, para que se cerciore que en el acuse de recibo de dicha misiva, se haga constar la entrega del documento descrito. Por otra parte, en virtud de que el presente juicio se encuentra totalmente concluido, se deja a disposición de la parte quejosa en la Secretaría de este juzgado, el billete de depósito N 848052 expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, por la cantidad de $1,100.00 (un mil cien pesos, cero centavos, moneda nacional), que exhibió en el incidente de suspensión derivado de este juicio de amparo, para que continuara surtiendo efectos la suspensión definitiva que le fue concedida, el cual se ordena devolverle previa toma de razón de recibo que se deje en autos. En el entendido de que, por estrictas razones de seguridad y control, la devolución ordenada sólo se hará los días miércoles de cada semana, de nueve a doce horas, por así permitirlo las labores de este órgano jurisdiccional, debiéndose acompañar identificación oficial y copia simple de la misma para los efectos legales correspondientes. Con el apercibimiento que, de no comparecer a recoger la mencionada garantía en el plazo de dos años, computado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, ésta prescribirá a favor del Erario Federal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley de la Tesorería de la Federación.
- Principal
R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Gustavo Torres Sainz, contra los actos reclamados y las autoridades responsables precisados en el considerando segundo de este fallo, por los motivos y fundamentos expuestos en el diverso cuarto de esta resolución. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando último de esta sentencia.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, trece de noviembre de dos mil diecinueve. Agréguese el oficio 27275/2019/JC, signado por el 1. Juez de Control del Juzgado de Oralidad y de Ejecución del Estado de Puebla, Región Judicial Centro (Juan Carlos Malpica Aladro), y disco versátil digital que acompaña, con los que, en cumplimiento al requerimiento de doce de noviembre del año en curso (foja 159), informa que a las diez horas con veintiocho minutos del doce de noviembre del año en curso, dictó auto de vinculación a proceso en contra del aquí quejoso Gustavo Torres Sainz y otros, por los hechos que la ley señala como delitos de lesiones, robo agravado y abuso de autoridad, cometidos en agravio de Abayuba Miztli Zipaquira Duche García; de lo que toma conocimiento esta autoridad, para los efectos legales a los que haya lugar. En consecuencia, con fundamento en el precepto 119, de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de la referida autoridad responsable, el disco versátil digital (dvd) que acompaña a su oficio de cuenta; sin que haya lugar a señalar fecha para su reproducción, dada su naturaleza jurídica de prueba documental pública. Sustenta lo antes expuesto el siguiente criterio: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Guárdese en un sobre cerrado el referido disco y glósese al expediente, para los efectos legales a que haya lugar; mismo que, como se advierte de la certificación de cuenta, se encuentra debidamente certificado con el sello y la firma correspondientes del servidor público que lo remite. Orienta lo anterior, la tesis II.1o. J/6 (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito con residencia en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, de rubro y texto siguientes: "VIDEOGRABACIONES DE LAS AUDIENCIAS EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO Y ORAL. SI EL JUEZ FEDERAL RESUELVE CON BASE EN LOS DISCOS VERSÁTILES DIGITALES (DVD´S) QUE LAS CONTIENEN SIN QUE ÉSTOS SE ENCUENTREN DEBIDAMENTE CERTIFICADOS CON EL SELLO Y LA FIRMA CORRESPONDIENTES, ELLO CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO QUE AMERITA SU REPOSICIÓN. A partir de la instauración del sistema procesal penal acusatorio y oral, las videograbaciones de las audiencias contenidas en archivos informáticos almacenados en un soporte material, como lo es un disco versátil digital (DVD), constituye un medio apto para producir seguridad en las actuaciones que se generen por el juzgador, así como para garantizar la legalidad y transparencia del desarrollo de cada una de las etapas del proceso penal, como lo disponen los artículos 40 y 41 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México (abrogado) y 50, 51, 61 y 71 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que los discos que se emitan deben considerarse documentos públicos, pues forman parte de un expediente judicial que contiene el resultado del desahogo de las diligencias inherentes al proceso y, por ende, deben estar certificados, es decir, contener el sello del órgano jurisdiccional, así como la firma o rúbrica del servidor público correspondiente que los expida, a fin de dar certeza sobre su autenticidad a las partes intervinientes. En ese sentido, si el Juez Federal emitió una sentencia basándose en los discos versátiles sin certificación, ello constituye una violación procesal que amerita la reposición del procedimiento para el efecto de que se allegue de esos documentos debidamente certificados y, en su momento, vuelva a emitir la resolución correspondiente."
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