Gustavo Torres Rodriguez
Expediente 2248/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Yucatán. 5 actuaciones registradas, la última del 16 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 2248/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 16/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Gustavo Torres Rodriguez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
MESA III.- CAUSA ESTADO SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. Vista la certificación de cuenta y como de la misma se desprende, que la parte a quien pudiera causarle perjuicio el acuerdo de diez de diciembre de dos mil veintiuno que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, no interpuso el recurso de revisión; en consecuencia con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO en sus términos dicho auto. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este asunto como totalmente concluido. ACUERDO DE DESTRUCCIÓN: Por lo anterior, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de destrucción, una vez cumplidos tres años de haberse dictado este acuerdo de archivo, al ser un juicio de amparo que se sobreseyó, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes. ANOTACIONES: De igual forma, se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del acuerdo en comento. PUBLICACIÓN DE DATOS: Hágase saber a las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6º. Fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 113 de Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la ley abrogada, la omisión de manifestar el consentimiento o la oposición para la publicación de sus datos personales, no exime a este Juzgado de suprimirlos en las sentencias, resoluciones y constancias que obren en el presente expediente y que, en su caso, sean requeridas vía solicitud de acceso a la información, protegiendo así la privacidad y la vida íntima de los ciudadanos. Lo anterior, conforme al criterio 1/2011, emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, en rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVA DE SU PROTECCIÓN". Finalmente, se ordena al Secretario realice la certificación correspondiente de coincidencia del expediente físico y su correspondiente expediente electrónico, previo al envió físico de este expediente al archivo de este Juzgado. NOTIFÍQUESE.
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MESA III.- Vista la cuenta y certificación que antecede, SE ACUERDA: toda vez que en el presente asunto no se encuentra integrado, en virtud de que no obra en los presentes autos, ni en el expediente electrónico la notificación a la parte quejosa ..., del auto de diez de diciembre de dos mil veintiuno; en consecuencia, se ordena al Actuario Judicial, en caso de contar con las constancias señaladas, las integre tanto a estos autos, como al expediente electrónico, de no ser así, realice la notificación aludida, como se ordenó en el auto de diez de diciembre de dos mil veintiuno. NOTIFÍQUESE.
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AVISO.- MESA III.- Vista la cuenta y certificación que antecede, SE ACUERDA: toda vez que en el presente asunto no se encuentra integrado, en virtud de que no obra en los presentes autos, ni en el expediente electrónico la notificación a la parte quejosa ..., del auto de diez de diciembre de dos mil veintiuno; en consecuencia, se ordena al Actuario Judicial, en caso de contar con las constancias señaladas, las integre tanto a estos autos, como al expediente electrónico, de no ser así, realice la notificación aludida, como se ordenó en el auto de diez de diciembre de dos mil veintiuno. NOTIFÍQUESE. ACUERDO DE 10 DE DICIEMBRE DE 2021: MESA III.- Mérida, Yucatán, diez de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la cuenta que antecede agréguese a estos autos el informe justificado rendido por la Juez Cuarto Civil del Primer Departamento Judicial del Estado. Del análisis del acto reclamado, de las constancias remitidas por la responsable como justificación de su informe de cuenta, a juicio de la suscrita, sobreviene la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo siguiente: INTRODUCCIÓN De la demanda de amparo, se advierte que en la especie la parte quejosa se duele en esencia, la omisión la Juez Cuarto Civil del Primer Departamento Judicial del Estado de dar respuesta a la solicitud presentada ante dicha autoridad el dieciocho de agosto en donde solicitó se abra el periodo probatorio, en el expediente de origen 170/2021. HECHOS Del informe justificado de la autoridad responsable y anexo que se recibió en copia certificada, la cual tiene valor probatorio pleno que le confieren los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y de la demanda de amparo, en relación al acto aquí reclamado, se advierte lo siguiente: Acuerdo de uno de veintitrés de noviembre del dos mil veintiuno dictado por la Juez Cuarto Civil del Primer Departamento Judicial del Estado en respuesta al escrito presentado ante dicha autoridad el dieciocho de agosto del dos mil veintiuno en donde ordenó abrir el periodo probatorio. En dicho acuerdo obra el sello donde se hace constar que dicho acuerdo se notificó por publicación en el diario oficial en fecha veinticinco de noviembre CONTEXTO LEGAL En efecto, el artículo 61 de la Ley de Amparo, en su fracción XXI, dice: "Articulo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto" reclamado." Con la finalidad de comprender los alcances de la causa de improcedencia citada, debe señalarse que los efectos del acto reclamado no cesan sino cuando son derogados o revocados, y esto origina una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se combate. Lo anterior también procede cuando una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo a la promoción del amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho violado. Así, la cesación de efectos del acto reclamado significa que se deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, lo que implica no sólo la contención definitiva de los actos de autoridad sino la desaparición total de sus efectos, que puede verse acompañada de la insubsistencia del acto reclamado, pues la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar su constitucionalidad cuando ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y no dejó huella alguna en el conjunto de derechos del gobernado que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Establecido lo anterior, la suscrita considera que en el presente caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, en razón de que han cesado los efectos del acto reclamado. ANÁLISIS Reflexionando sobre los hechos y el contexto legal anotado, este Órgano Jurisdiccional estima que en el presente caso, la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, en razón de que han cesado los efectos del acto reclamado. Se sustenta lo anterior, pues de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama la omisión de la Juez citada, de dar respuesta que el escrito presentado ante dicha autoridad el dieciocho de agosto del dos mil veintiuno en donde solicitó se abra periodo de pruebas, en el expediente de origen 170/2021. Sin embargo, de las constancias que obran agregadas en autos, se advierte que la responsable proveyó abrir el periodo de pruebas, siendo el veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, notificado el veinticinco del mismo mes y año. En consecuencia, resulta incuestionable que han cesado los efectos de la omisión reclamada que la aquí parte quejosa atribuye a la responsable, pues la autoridad responsable se pronunció respecto al escrito objeto del juicio a fin de continuar con el trámite del juicio de primera instancia, con lo que las cosas se restablecieron a la situación anterior que se tenía antes de los actos que dieron origen a la promoción del juicio constitucional, de modo total, que el escrito presentado ante dicha autoridad el dieciocho de agosto del dos mil veintiuno ha sido acordado por la responsable. Cabe agregar que el no sobreseer respecto de la emisión de la resolución, implicaría desconocer que el juicio de amparo no tiene razón de ser cuando ha desaparecido su objetivo, que es el de volver las cosas al estado que tenían antes del alumbramiento del acto reclamado, pues resultaría contrario a la naturaleza del mismo que fuese seguido sin ninguna finalidad práctica, como si se tratara sólo de un ejercicio intelectual o de una actividad simplemente especulativa, razón por la cual resulta justificado que el juicio constitucional se torne improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. CONCLUSIÓN Por lo tanto, procede SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio de amparo en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; por tanto déjese sin efectos la misma, sin necesidad de esperar la fecha cual está fijada para el día quince horas con cincuenta minutos del diez de diciembre del año en curso. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
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MESA VII - Mérida, Yucatán, diez de diciembre de dos mil veintiuno CAUSA EJECUTORIA RESOLUCIÓN: Visto la certificación de cuenta y advirtiéndose que las partes no recurrieron la sentencia de cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, dictada por esta autoridad, en la que en su primer punto resolutivo AMPARÓ Y PROTEGIÓ a la quejosa *** por sí y a favor del menor de identidad reservada y con iniciales ***, para los efectos precisados en dicha resolución; en consecuencia con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE HA CAUSADO EJECUTORIA en sus términos dicha sentencia. En el presente juicio de amparo, se toma en consideración que se concedió el amparo y protección de la justicia federal de los actos reclamados a el Juez Primero de Oralidad Familiar, Turno Vespertino, Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y los actos que debe realizar son: " a. Deje insubsistente la resolución de auto de once de mayo del año en curso, en la que se fijó las quince horas con quince minutos del doce de agosto del año en curso, para que tenga verificativo la escucha del nombrado menor quejoso, de manera presencial, en los autos del expediente *** del índice de la responsable. b. En su lugar, dicte otro en el que, con libertad de jurisdicción, pondere en todo momento las consideraciones dictadas en el presente juicio, para salvaguardar la vida y salud de los menores hasta en tanto permanezca la contingencia sanitaria ocasionado por el virus SARS-CoV2 (COVID 19)." Acreditando fehacientemente lo anterior ante este Juzgado. Con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo en vigor, prevéngase a el Juez Primero de Oralidad Familiar, Turno Vespertino, Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, para que dentro del plazo de TRES DÍAS, cumplan con la ejecutoria de mérito, restituyendo a la parte agraviada en el goce de sus derechos fundamentales violados; con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa, equivalente a cien valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización (en el entendido de que la cuantía de dicha unidad será el que tenga a la fecha del presente auto), de conformidad con lo dispuesto por el artículo 123, apartado A, fracción VI, párrafo primero Constitucional, en relación con el tercer transitorio del Decreto que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, de conformidad con los preceptos 238 y 258 de la Ley de Amparo en vigor; asimismo, si este juzgado califica que la autoridad actuó injustificadamente en su actitud omisa y por el contrario, advierta una actitud evasiva o el uso de procedimientos ilegales que hayan propiciado un retardo en el cumplimiento en las ejecutorias concesorias de amparo; se iniciara el procedimiento de incumplimiento a la ejecución de las sentencias de amparo indirecto. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.) emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Décima Época, publicada el catorce de noviembre de dos mil catorce, que a la letra dice: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo." Finalmente, para dar cabal cumplimiento a lo anterior remítase a la citada autoridad copia de la sentencia de mérito. NOTIFÍQUESE.
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