Gustavo Torres Castro

Expediente 922/2018 tramitado ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 16 actuaciones registradas, la última del 21 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
922/2018
Año
2018
Actuaciones
16
Última actuación
21/04/2021

Partes del expediente

  • Gustavo Torres Castro

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Incidental

    Xalapa de Enríquez, Veracruz, veintiuno de abril de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal del juicio de amparo del juicio de amparo 887/2018 y sus acumulados 922/2018 y 945/2018 del que derivan los incidentes de suspensión en que se actúa, se advierte que en esta fecha se tuvo por cumplida la sentencia de amparo, ordenándose el archivo del referido expediente; por tanto, de igual modo, archívense estos incidente de suspensión como concluidos. ARCHIVO En atención a lo dispuesto en el artículo 15 del "ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE VALORACIÓN, DEPURACIÓN, DESTRUCCIÓN, DIGITALIZACIÓN, TRANSFERENCIA Y RESGUARDO DE LOS EXPEDIENTES JUDICIALES GENERADOS POR LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES" publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, se decreta que los originales de los incidentes de suspensión son susceptibles de depuración, lo que deberá hacerse constar en la carátula de estos expediente, así como la fecha del presente acuerdo, toda vez que en encuadra en la hipótesis contenida en el artículo 18, fracción I, inciso a) del aludido Acuerdo General, debido a que se concedió la suspensión solicitada, no existen documentos originales exhibidos por las partes, ni billetes pendientes de devolver y que carece de relevancia documental. DEPURACIÓN Así, este expediente se conservará por el término de tres años, contados a partir de haberse notificado el presente auto. Una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, se deberá depurar el expediente, conservando las resoluciones en las que se haya otorgado la suspensión o violación; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere el titular del órgano jurisdiccional; la justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación; además, deberá formularse el acta relativa a las constancias depuradas, previa relación para la plena identificación de las mismas, debiendo registrar la anotación respectiva en el libro de gobierno correspondiente. Terminado el proceso de depuración, se deberá solicitar la transferencia de estos expedientes a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. DESTRUCCIÓN DE LOS DUPLICADOS DE LOS INCIDENTES De Igual forma, conforme a lo dispuesto por los artículos 15 y 20, fracción II, inciso a) del Acuerdo General en mención, se decreta que los duplicados de los incidentes carecen de relevancia documental al no ubicarse en ninguno de los supuestos previstos en el artículo primeramente citado, lo que deberá hacerse constar en las carátulas de los mismos, así como la fecha del presente acuerdo de archivo. Por lo anterior, dicho expediente judicial es susceptible de destrucción, la que deberá realizarse por este juzgado transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente Incidente de suspensión derivado del juicio de Amparo 887/2018 y sus acumulados 922/2018 y 945/2018 destruido, debiendo registrar la anotación respectiva en el libro de gobierno correspondiente. FIRMAS ELECTRÓNICAS Finalmente, en razón del trabajo a distancia implementado en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación con motivo de la contingencia sanitaria ocasionada por el virus Covid-19 y atendiendo al número reducido de personal que acude de forma física a las labores diarias en este Juzgado de Distrito, el presente acuerdo se firma también de manera electrónica por el Juez y la Secretaria para constancia de su validez en el expediente electrónico respectivo; lo anterior, acorde con los artículos 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado por cuanto a su vigencia en los diversos 25/2020 y 37/2020 emitidos por el Pleno del citado Consejo, así como los artículos 2, fracción XV, 3, fracciones I y VII y 22, párrafo primero del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo.

  2. Incidental

    Xalapa de Enríquez, Veracruz, siete de junio de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el oficio signado por el Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Xalapa, con residencia en la congregación de Pacho Viejo, Veracruz, a través del cual informa que por resolución de cuatro de junio de dos mil diecinueve, dictada en el proceso penal ***** de su índice, determinó calificar como legal la excepción al traslado voluntario del imputado (quejoso) ***** al Centro de Reinserción Social de Internamiento Zona Sur "Duport Ostión" de Coatzacoalcos, Veracruz, y para tal efecto remite copia autentica de dicha resolución; por tanto, agréguense a los autos para que obren como corresponda y surtan sus efectos legales.

  3. Incidental

    Xalapa de Enríquez, Veracruz, tres de junio de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el oficio registrado con el número de control 9400 signado por el Juez de Control Interino del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Xalapa, con residencia en la congregación de Pacho Viejo Veracruz; a través del cual, informa que por auto de treinta de mayo del año en curso, determinó no convalidar el traslado del quejoso ***** del Centro de Reinserción Social de Pacho Viejo, Veracruz al Centro de Reinserción Social de Coatzacoalcos, Veracruz, ordenado por el Director General de Prevención y Reinserción Social, con residencia en esta ciudad, argumentando que éste se encuentra bajo los efectos de la suspensión definitiva otorgada en este asunto y, al efecto, remite copia auténtica de diversas constancias; por tanto, agréguense a los autos para que obren como corresponda. Por otra parte, visto el diverso oficio con número de registro 9454 signado por el Director General de Prevención y Reinserción Social, con residencia en esta ciudad; a través del cual informa que mediante resolución administrativa de veintinueve de mayo del año en curso, autorizó el traslado del mencionado quejoso, del Centro de Reinserción Social de Pacho Viejo, Veracruz al Centro de Reinserción Social de Coatzacoalcos, Veracruz, por los motivos que expone y solicita que este órgano jurisdiccional aclare o precise los efectos de la suspensión definitiva concedida a ******; al respecto se provee: En principio, resulta necesario destacar que el acto reclamado en este asunto lo constituye la resolución de veintinueve de agosto de dos mil dieciocho, dictada por el Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con residencia en Pacho Viejo, Veracruz, dentro del proceso penal número a ****** de su índice, a través de la cual se amplió la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa impuesta en contra del aquí quejoso. Así, por resolución interlocutoria de veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho, este órgano de control constitucional concedió la suspensión definitiva, para el efecto siguiente: "(.)con apoyo en lo dispuesto por los artículos 128, 163 y 166 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión definitiva del acto reclamado, para el efecto que el quejoso quede a disposición de este Juzgado en el lugar de su reclusión por cuanto hace a su libertad personal y a disposición del juez responsable por lo que respecta a la continuación del procedimiento; lo anterior, sin perjuicio de las facultades del Juez de la causa para ordenar su libertad en los casos en que legalmente proceda y bajo su más estricta responsabilidad. La suspensión que se otorga surte efectos hasta en tanto se notifique a la autoridad responsable el auto por el cual se declare ejecutoria la sentencia que se dicte en el juicio en lo principal y sin necesidad que el quejoso otorgue garantía alguna, con motivo de los efectos para los cuales se concede (.)" Por otra parte, el artículo 166 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 166. Cuando se trate de orden de aprehensión o reaprehensión o de medida cautelar que implique privación de la libertad, dictadas por autoridad competente, se estará a lo siguiente: I. Si se trata de delitos de prisión preventiva oficiosa a que se refiere el artículo 19 constitucional, la suspensión sólo producirá el efecto de que el quejoso quede a disposición del órgano jurisdiccional de amparo en el lugar que éste señale únicamente en lo que se refiera a su libertad, quedando a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer el procedimiento penal para los efectos de su continuación; II. Si se trata de delitos que no impliquen prisión preventiva oficiosa, la suspensión producirá el efecto de que el quejoso no sea detenido, bajo las medidas de aseguramiento que el órgano jurisdiccional de amparo estime necesarias a fin de que no evada la acción de la justicia y se presente al proceso penal para los efectos de su continuación y pueda ser devuelto a la autoridad responsable en caso de que no obtenga la protección de la justicia federal. Cuando el quejoso ya se encuentre materialmente detenido por orden de autoridad competente y el Ministerio Público que interviene en el procedimiento penal solicite al juez la prisión preventiva porque considere que otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección a la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso, y el juez del proceso penal acuerde la prisión preventiva, el efecto de la suspensión sólo será el establecido en la fracción I de este artículo. Si el quejoso incumple las medidas de aseguramiento o las obligaciones derivadas del procedimiento penal, la suspensión será revocada con la sola comunicación de la autoridad responsable. En el caso de órdenes o medidas de protección impuestas en cualquiera de las etapas de un procedimiento penal se estará a lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 128." Ahora bien, el precepto legal transcrito determina los efectos de la suspensión cuando se reclaman actos que afecten la libertad del promovente y faculta al órgano de control constitucional a tomar medidas para que la parte quejosa no evada la acción de la justicia y quede sometido al proceso penal que se le esté instruyendo, al mismo tiempo, para que dicte las medidas necesarias con la finalidad que el juicio constitucional no quede sin materia. Así, se precisa que los efectos de la suspensión definitiva otorgada por este Juzgado consisten en que el quejoso se encuentra a disposición de este juzgado en lo que respecta a su libertad personal y a disposición del juez de la causa para la continuación del proceso que se le instruye. Cabe señalar que la citada medida no se contrapone a lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que a la letra dice: Artículo 52. Excepción al Traslado voluntario La Autoridad Penitenciaria, como caso de excepción a lo dispuesto en el artículo 50, podrá ordenar y ejecutar el traslado de personas privadas de la libertad, mediante resolución administrativa con el único requisito de notificar al juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes de realizado el traslado, en los siguientes supuestos: I. En casos de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; II. En casos de riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad, y III. En caso de que se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del Centro Penitenciario. En todos los supuestos de excepción a los traslados sin autorización previa, el juez tendrá un plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la notificación para calificar la legalidad de la determinación administrativa de traslado. En contra de la resolución judicial se podrá interponer el recurso de apelación en los términos previstos en esta Ley. En caso que dentro del plazo establecido, la autoridad jurisdiccional no se pronuncie respecto de la legalidad del acto, la persona privada de la libertad podrá interponer una controversia judicial contra la determinación administrativa. Como se ve, la porción normativa antes transcrita, contempla como caso de excepción a lo dispuesto en el artículo 50 de la propia ley, la facultad de la autoridad penitenciaria de ordenar y ejecutar el traslado de personas privadas de la libertad, mediante resolución administrativa, con el único requisito de notificar al juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes de realizado el traslado. La excepción prevista en el numeral en cita se actualiza en los supuestos de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad, de riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad, y que se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del Centro Penitenciario. Sin embargo; corresponde únicamente al juez de la causa, como rector del proceso penal, pronunciarse respecto a la legalidad o no del traslado efectuado, en la inteligencia que contra la determinación que adopte al respecto, la autoridad penitenciaria tiene expedito su derecho para interponer el recurso de apelación que contempla el numeral transcrito; de ahí que se afirme que la medida suspensional decretada por este Juzgado de Distrito no se opone a lo establecido en el numeral de referencia. En ese contexto, debe decirse que el traslado involuntario ejecutado, en modo alguno contraviene ni resulta incompatible con los efectos de la suspensión concedida, ya que éste obedeció a motivos de seguridad del centro penitenciario y del propio quejoso, luego, suponer que con motivo de la medida cautelar el quejoso no pudiera ser trasladado con las razones expuestas, se estaría contraviniendo a la aplicación de disposiciones de orden público, como lo es la Ley Nacional de Ejecución Penal, ya que se estaría privilegiando un interés particular sobre el interés público, lo que es contrario a los principios establecidos de la Ley de Amparo en materia de suspensión. Atento a lo anterior, hágase del conocimiento de las autoridades oficiantes que si bien el quejoso a ******, goza de la suspensión definitiva otorgada mediante resolución interlocutoria de veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho; lo cierto es que en términos del artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, corresponde al Juez del proceso calificar la legalidad del traslado realizado en términos del citado numeral. NOTIFICACIONES A LA PARTE QUEJOSA En razón que de las constancias exhibidas se advierte que el quejoso se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social de Coatzacoalcos, Veracruz, sin embargo, señaló domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad así como autorizado; por tanto, se ordena que la presente determinación y las subsecuentes que por su naturaleza deban de practicarse de manera personal, se realicen únicamente en el domicilio ubicado en la a ******.

  4. Principal

    Agréguese a los presentes autos el primero de los oficios de cuenta, mediante el cual la autoridad responsable rinde informe justificado en relación con la ampliación de demanda y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase por admitida y desahogada, atento a su propia y especial naturaleza, la documental que anexa, la cual deberá relacionarse al tener verificativo la audiencia constitucional. Por otra parte, agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el segundo de los oficios de cuenta, a través del cual el Fiscal Vigésimo Primero de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del Décimo Primer Distrito Judicial, con sede en esta ciudad, aduce rendir informe justificado en relación con la ampliación de la demanda de amparo; lo anterior, en virtud que dicha Fiscal fue llamado a este juicio con el carácter de tercero interesado y no de autoridad responsable. Consecuentemente, se tienen por vertidas sus manifestaciones a título de alegatos acorde con el artículo 124 de la Ley de Amparo; sin perjuicio de relacionarlos en la audiencia constitucional. Finalmente, con motivo de la vista otorgada no ha lugar a celebrar la audiencia constitucional prevista para este día y en su lugar se fijan las ONCE HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL CINCO DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE para que tenga verificativo, la cual se fija de manera discrecional, atento a las cargas de trabajo de este Juzgado y la disponibilidad de fechas en la agenda respectiva, con apoyo en el segundo párrafo del artículo 115 de la Ley de Amparo.

Quedan 12 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa · 5,349 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano