Gustavo Santillán García
Expediente 706/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 2 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 706/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 02/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Gustavo Santillán García
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, dos de agosto de dos mil veintidós. Visto el contenido de la certificación que antecede, se aprecia que dentro del término legal no se interpuso recurso de queja contra el proveído de cuatro de julio de dos mil veintidós, por el que se desechó de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), y 98 de la Ley de Amparo, 288, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto queda firme para todos los efectos legales correspondientes del caso. Cabe señalar que toda vez que el presente asunto no es de relevancia documental, atendiendo a que carece de valor jurídico e histórico, de conformidad con lo que establece el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción. Ahora, toda vez que el juicio en que se actúa se encuentra totalmente concluido, se ordena el archivo definitivo, previo cotejo que se realice de que la versión electrónica del expediente en que se actúa coincide con la impresa, en términos de lo previsto en el artículo 25, segundo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente. En su oportunidad, realícese el trámite para su destrucción. Notifíquese: por lista a las partes.
- Principal
Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, cuatro de julio de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio del Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, con el cual devuelve los autos originales del juicio de amparo indirecto 706/2022-II del índice de este juzgado. Lo anterior, en razón a que determinó no aceptar la competencia declinada por este órgano de control constitucional, para conocer de la demanda de amparo promovida por Gustavo Santillán García, por propio derecho, y como coheredero a bienes del de cujus Alfredo Santillán Soto, por el que solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Magistrado del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal de Segundo Circuito, con sede en Toluca, Estado de México (José Nieves Luna Castro) y otras autoridades, que los hace consistir en lo siguiente: La falta de emplazamiento y/o notificación de la sentencia dictada en el amparo en revisión 37/2022, así como su ejecución, que se traduce en la orden de desalojo del domicilio ubicado en calle Diputado Sergio Pérez Tovar, esquina con calle Betunas, sin número, San Pablo de las Salinas, Tultitlán, Estado de México, derivado de la resolución del toca de apelación 21/2021 del índice del Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal de Tlalnepantla del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, en la que dejó sin efectos la determinación de uno de marzo de dos mil veintiuno, dictada en el expediente 809/2014 radicado en el Juzgado Cuarto de lo Civil de Cuautitlán, Estado de México, en el que se reclamó la reivindicación del bien inmueble. Acúsese el recibo de estilo correspondiente al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, que se remita a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora bien, tomando en cuenta lo anterior, este juzgado federal no insiste en declinar la competencia planteada y provee: IMPROCEDENCIA DEL JUICIO. No obstante, previamente a la admisión de la demanda de cuenta, es necesario examinar si colma los requisitos indispensables para su procedencia; o bien, si se encuentra algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia de acuerdo con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Al respecto, es necesario establecer que un motivo de improcedencia es manifiesto cuando aparece de lo expresado en la demanda constitucional y es indudable cuando no puede ser desvirtuado con ningún medio de prueba que eventualmente ofrecieran las partes durante la sustanciación del juicio de amparo. Ahora bien, por lo que respecta al acto reclamado se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción VI, de la Ley de Amparo que establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: VI. Contra resoluciones de los tribunales colegiados de circuito; Del precepto transcrito, se concluye que el juicio de amparo indirecto, no es procedente contra las resoluciones dictadas por los Tribunales Colegiados de Circuito. En el caso, la quejosa hace consistir el acto reclamado en: La falta de emplazamiento y/o notificación de la sentencia dictada en el amparo en revisión 37/2022, así como su ejecución, que se traduce en la orden de desalojo del domicilio ubicado en calle Diputado Sergio Pérez Tovar, esquina con calle Betunas, sin número, San Pablo de las Salinas, Tultitlán, Estado de México, derivado de la resolución del toca de apelación 21/2021 del índice del Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal de Tlalnepantla del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, en la que dejó sin efectos la determinación de uno de marzo de dos mil veintiuno, dictada en el expediente 809/2014 radicado en el Juzgado Cuarto de lo Civil de Cuautitlán, Estado de México, en el que se reclamó la reivindicación del bien inmueble. Conforme a lo antes asentado, se advierte que el acto destacado que reclaman en el presente asunto es una resolución pronunciada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal de Segundo Circuito, con sede en Toluca, Estado de México, razón por la cual, como se dijo en líneas que anteceden es improcedente el juicio de amparo indirecto, conforme a la fracción VI, del artículo 61 de la ley de la materia. Lo anterior, máxime que no corresponde a este Juzgado de Distrito, conocer sobre actos emitidos por los Tribunales Colegiados atendiendo a la jerarquía, que asiste al tribunal señalado como responsable, para con este Juzgado de Distrito. Tiene aplicación, por identidad de razón, la tesis de jurisprudencia PC.III.L. J/11 L (10a.), emitida por el Pleno en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, que dice: "AMPARO INDIRECTO. CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN UNA MULTA IMPUESTA EN LA RESOLUCIÓN DE UN RECURSO DE QUEJA EMITIDA POR UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, SE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DE DICHO JUICIO. De la interpretación armónica y sistemática de los artículos 107, fracción VIII, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 61, fracción VI y 113 de la Ley de Amparo, se advierte que: a) contra las sentencias dictadas por los Tribunales Colegiados de Circuito no procede recurso alguno y el juicio de amparo en su contra es improcedente; b) la función de tales órganos es netamente jurisdiccional; y, c) si al examinar el escrito de demanda de amparo se advierte alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia se desechará de plano. Asimismo, de los numerales reseñados se abstrae que cuando el acto reclamado consista en una multa impuesta en la resolución de un recurso de queja emitida por un Tribunal Colegiado de Circuito, se actualiza una causa manifiesta e indudable de improcedencia toda vez que dicha resolución es definitiva y no admite recurso alguno, sin que pueda caber una excepción a la regla general prevista en la fracción VI del artículo 61 aludido, toda vez que la improcedencia del juicio de amparo contra las resoluciones emitidas por aquél se delimitó tanto en la Ley de Amparo, como en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por lo que no es sostenible una interpretación diversa que permita impugnarla, pues de lo contrario, se vaciaría el contenido de la disposición constitucional que le otorga el carácter de definitiva e inatacable; además de que durante el trámite del recurso de queja la autoridad responsable puede contestar la omisión imputada y aportar las pruebas que estime conducentes para justificar su dicho." De igual manera, resulta aplicable en lo conducente, la tesis I.9o.C.34 K, del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que dice: AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE EN CONTRA DE LOS ACTOS EMITIDOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO, CUANDO ÉSTOS DECIDEN CUESTIONES DE LEGALIDAD EN JURISDICCIÓN ORDINARIA. De los antecedentes legislativos que ha tenido la Constitución General de la República, a partir de febrero de mil novecientos cincuenta y uno, así como de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se advierte que los Tribunales Colegiados de Circuito (a diferencia de los Juzgados de Distrito y los Tribunales Unitarios de Circuito) fueron creados y facultados para desempeñar las diversas atribuciones que tenía la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para terminar con el rezago de asuntos que ésta presentaba; de ahí que las resoluciones que dictaran en asuntos de su incumbencia, no podrían ser revisados por la Suprema Corte, en vía de amparo, porque precisamente se perseguía liberarla de facultades sobre aspectos de legalidad. Los mencionados Tribunales Colegiados se han instalado y funcionan en la actualidad como verdaderos órganos supremos del Poder Judicial de la Federación, sin que sus resoluciones sean sometidas a ningún estadío procesal ulterior, salvo los juicios de amparo directo, en donde diriman cuestiones de constitucionalidad de leyes o interpreten directamente algún precepto constitucional. Asimismo, se advierte que con motivo de las reformas que tuvo la Carta Magna, a efecto de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación centrara su atención en aspectos meramente constitucionales, se trasladaron las atribuciones que tenía en materia de legalidad, como por ejemplo, la facultad de calificar las recusaciones, excusas o impedimentos contra Magistrados Unitarios de Circuito, como se advierte de la Ley Orgánica del Poder Judicial vigente, en favor de los Tribunales Colegiados de Circuito, y que originalmente estaba encomendada a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En este orden, si los Tribunales Colegiados de Circuito asumieron las atribuciones que tenía la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es evidente que adquirieron el carácter de verdaderos tribunales terminales, para resolver, entre otros, las recusaciones de referencia; por tanto, las resoluciones que éstos emitan, en su calidad de tribunales de legalidad, son inatacables en la vía de amparo, dado que no existe alguna instancia superior para revisarlas; así, se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 73, fracción I, de la Ley de Amparo. Asimismo, la tesis que emitió el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, que dice: AMPARO INDIRECTO IMPROCEDENTE, SI EL ACUERDO IMPUGNADO ESTÁ DICTADO EN JUICIO DE AMPARO DIRECTO O EN SU EJECUCIÓN. Si el acuerdo reclamado al través del juicio de amparo indirecto se dictó por la autoridad responsable en un cuaderno de amparo que formó en virtud del juicio de garantías que la parte perdidosa promovió en contra de la resolución definitiva (laudo), es claro que sobre aquel acuerdo no cabe el juicio biinstancial, porque sería tanto como establecer la procedencia de dicho juicio contra resolución dictada en los juicios de amparo o en su ejecución, lo que no está permitido conforme lo dispuesto por la fracción II del artículo 73 de la Ley de Amparo, sino que en todo caso es impugnable a través del recurso de queja previsto en la fracción VIII del artículo 95 de la Ley de Amparo. En consecuencia, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción VI de la Ley de Amparo, con fundamento en el numeral 113 del cuerpo de leyes en cita, se desecha de plano por ser notoriamente improcedente la demanda de que se trata. Desechamiento que se hace extensivo a las autoridades ejecutoras por no haberse reclamado por vicios propios. CAPTURA DE RESOLUCIÓN EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES Y ELABORACIÓN DE VERSIÓN PÚBLICA. Con apoyo en los artículos 191 y 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinara de doce de noviembre de dos mil catorce, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, captúrese el día de su publicación la presente determinación en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con la certificación secretarial respectiva. Agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. En términos de lo que establecen los artículos 42 y 43 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, aprobado en sesión ordinaria de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de septiembre de dos mil diecinueve, se instruye al coordinador de actuarios de este órgano jurisdiccional capture en la integración de expedientes en el SISE la fecha en que cada una de las partes de este juicio quedaron notificadas de la presente determinación, para que quede a disposición del público en versión pública, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, se INSTRUYE a la oficial judicial "A" SISE, para que realice las gestiones necesarias a efecto de que se integre la versión pública de esta determinación al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En el entendido de que es obligación del secretario encargado de este asunto verificar que dicha publicación se haya efectuado de manera correcta. OPOSICIÓN A LA PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES De conformidad con los artículos 106, 108, 109, 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 3, fracciones IX, X, XXVIII y XXX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, se ordena suprimir en la versión pública los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Notifíquese: personalmente al quejoso y por oficio al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez.
- Principal
Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso B) Y 29 de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el citatorio y se procede notifica a la parte quejosa, DEL ACUERDO DE CUATRO DE JULIO Y VEINTIUNO DE JUNIODEL AÑO EN CURSO, en virtud de que no acudió a notificarse personalmente a este juzgado. Y que lo conducente dice: " ...Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, cuatro de julio de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio del Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, con el cual devuelve los autos originales del juicio de amparo indirecto 706/2022-II del índice de este juzgado. Lo anterior, en razón a que determinó no aceptar la competencia declinada por este órgano de control constitucional, para conocer de la demanda de amparo promovida por Gustavo Santillán García, por propio derecho, y como coheredero a bienes del de cujus Alfredo Santillán Soto, por el que solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Magistrado del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal de Segundo Circuito, con sede en Toluca, Estado de México (José Nieves Luna Castro) y otras autoridades, que los hace consistir en lo siguiente: La falta de emplazamiento y/o notificación de la sentencia dictada en el amparo en revisión 37/2022, así como su ejecución, que se traduce en la orden de desalojo del domicilio ubicado en calle Diputado Sergio Pérez Tovar, esquina con calle Betunas, sin número, San Pablo de las Salinas, Tultitlán, Estado de México, derivado de la resolución del toca de apelación 21/2021 del índice del Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal de Tlalnepantla del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, en la que dejó sin efectos la determinación de uno de marzo de dos mil veintiuno, dictada en el expediente 809/2014 radicado en el Juzgado Cuarto de lo Civil de Cuautitlán, Estado de México, en el que se reclamó la reivindicación del bien inmueble. Acúsese el recibo de estilo correspondiente al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, que se remita a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora bien, tomando en cuenta lo anterior, este juzgado federal no insiste en declinar la competencia planteada y provee: IMPROCEDENCIA DEL JUICIO. No obstante, previamente a la admisión de la demanda de cuenta, es necesario examinar si colma los requisitos indispensables para su procedencia; o bien, si se encuentra algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia de acuerdo con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Al respecto, es necesario establecer que un motivo de improcedencia es manifiesto cuando aparece de lo expresado en la demanda constitucional y es indudable cuando no puede ser desvirtuado con ningún medio de prueba que eventualmente ofrecieran las partes durante la sustanciación del juicio de amparo. Ahora bien, por lo que respecta al acto reclamado se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción VI, de la Ley de Amparo que establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: VI. Contra resoluciones de los tribunales colegiados de circuito; Del precepto transcrito, se concluye que el juicio de amparo indirecto, no es procedente contra las resoluciones dictadas por los Tribunales Colegiados de Circuito. En el caso, la quejosa hace consistir el acto reclamado en: La falta de emplazamiento y/o notificación de la sentencia dictada en el amparo en revisión 37/2022, así como su ejecución, que se traduce en la orden de desalojo del domicilio ubicado en calle Diputado Sergio Pérez Tovar, esquina con calle Betunas, sin número, San Pablo de las Salinas, Tultitlán, Estado de México, derivado de la resolución del toca de apelación 21/2021 del índice del Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal de Tlalnepantla del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, en la que dejó sin efectos la determinación de uno de marzo de dos mil veintiuno, dictada en el expediente 809/2014 radicado en el Juzgado Cuarto de lo Civil de Cuautitlán, Estado de México, en el que se reclamó la reivindicación del bien inmueble. Conforme a lo antes asentado, se advierte que el acto destacado que reclaman en el presente asunto es una resolución pronunciada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal de Segundo Circuito, con sede en Toluca, Estado de México, razón por la cual, como se dijo en líneas que anteceden es improcedente el juicio de amparo indirecto, conforme a la fracción VI, del artículo 61 de la ley de la materia. Lo anterior, máxime que no corresponde a este Juzgado de Distrito, conocer sobre actos emitidos por los Tribunales Colegiados atendiendo a la jerarquía, que asiste al tribunal señalado como responsable, para con este Juzgado de Distrito. Tiene aplicación, por identidad de razón, la tesis de jurisprudencia PC.III.L. J/11 L (10a.), emitida por el Pleno en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, que dice: "AMPARO INDIRECTO. CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN UNA MULTA IMPUESTA EN LA RESOLUCIÓN DE UN RECURSO DE QUEJA EMITIDA POR UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, SE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DE DICHO JUICIO. De la interpretación armónica y sistemática de los artículos 107, fracción VIII, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 61, fracción VI y 113 de la Ley de Amparo, se advierte que: a) contra las sentencias dictadas por los Tribunales Colegiados de Circuito no procede recurso alguno y el juicio de amparo en su contra es improcedente; b) la función de tales órganos es netamente jurisdiccional; y, c) si al examinar el escrito de demanda de amparo se advierte alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia se desechará de plano. Asimismo, de los numerales reseñados se abstrae que cuando el acto reclamado consista en una multa impuesta en la resolución de un recurso de queja emitida por un Tribunal Colegiado de Circuito, se actualiza una causa manifiesta e indudable de improcedencia toda vez que dicha resolución es definitiva y no admite recurso alguno, sin que pueda caber una excepción a la regla general prevista en la fracción VI del artículo 61 aludido, toda vez que la improcedencia del juicio de amparo contra las resoluciones emitidas por aquél se delimitó tanto en la Ley de Amparo, como en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por lo que no es sostenible una interpretación diversa que permita impugnarla, pues de lo contrario, se vaciaría el contenido de la disposición constitucional que le otorga el carácter de definitiva e inatacable; además de que durante el trámite del recurso de queja la autoridad responsable puede contestar la omisión imputada y aportar las pruebas que estime conducentes para justificar su dicho." De igual manera, resulta aplicable en lo conducente, la tesis I.9o.C.34 K, del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que dice: AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE EN CONTRA DE LOS ACTOS EMITIDOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO, CUANDO ÉSTOS DECIDEN CUESTIONES DE LEGALIDAD EN JURISDICCIÓN ORDINARIA. De los antecedentes legislativos que ha tenido la Constitución General de la República, a partir de febrero de mil novecientos cincuenta y uno, así como de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se advierte que los Tribunales Colegiados de Circuito (a diferencia de los Juzgados de Distrito y los Tribunales Unitarios de Circuito) fueron creados y facultados para desempeñar las diversas atribuciones que tenía la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para terminar con el rezago de asuntos que ésta presentaba; de ahí que las resoluciones que dictaran en asuntos de su incumbencia, no podrían ser revisados por la Suprema Corte, en vía de amparo, porque precisamente se perseguía liberarla de facultades sobre aspectos de legalidad. Los mencionados Tribunales Colegiados se han instalado y funcionan en la actualidad como verdaderos órganos supremos del Poder Judicial de la Federación, sin que sus resoluciones sean sometidas a ningún estadío procesal ulterior, salvo los juicios de amparo directo, en donde diriman cuestiones de constitucionalidad de leyes o interpreten directamente algún precepto constitucional. Asimismo, se advierte que con motivo de las reformas que tuvo la Carta Magna, a efecto de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación centrara su atención en aspectos meramente constitucionales, se trasladaron las atribuciones que tenía en materia de legalidad, como por ejemplo, la facultad de calificar las recusaciones, excusas o impedimentos contra Magistrados Unitarios de Circuito, como se advierte de la Ley Orgánica del Poder Judicial vigente, en favor de los Tribunales Colegiados de Circuito, y que originalmente estaba encomendada a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En este orden, si los Tribunales Colegiados de Circuito asumieron las atribuciones que tenía la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es evidente que adquirieron el carácter de verdaderos tribunales terminales, para resolver, entre otros, las recusaciones de referencia; por tanto, las resoluciones que éstos emitan, en su calidad de tribunales de legalidad, son inatacables en la vía de amparo, dado que no existe alguna instancia superior para revisarlas; así, se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 73, fracción I, de la Ley de Amparo. Asimismo, la tesis que emitió el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, que dice: AMPARO INDIRECTO IMPROCEDENTE, SI EL ACUERDO IMPUGNADO ESTÁ DICTADO EN JUICIO DE AMPARO DIRECTO O EN SU EJECUCIÓN. Si el acuerdo reclamado al través del juicio de amparo indirecto se dictó por la autoridad responsable en un cuaderno de amparo que formó en virtud del juicio de garantías que la parte perdidosa promovió en contra de la resolución definitiva (laudo), es claro que sobre aquel acuerdo no cabe el juicio biinstancial, porque sería tanto como establecer la procedencia de dicho juicio contra resolución dictada en los juicios de amparo o en su ejecución, lo que no está permitido conforme lo dispuesto por la fracción II del artículo 73 de la Ley de Amparo, sino que en todo caso es impugnable a través del recurso de queja previsto en la fracción VIII del artículo 95 de la Ley de Amparo. En consecuencia, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción VI de la Ley de Amparo, con fundamento en el numeral 113 del cuerpo de leyes en cita, se desecha de plano por ser notoriamente improcedente la demanda de que se trata. Desechamiento que se hace extensivo a las autoridades ejecutoras por no haberse reclamado por vicios propios. CAPTURA DE RESOLUCIÓN EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES Y ELABORACIÓN DE VERSIÓN PÚBLICA. Con apoyo en los artículos 191 y 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinara de doce de noviembre de dos mil catorce, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, captúrese el día de su publicación la presente determinación en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con la certificación secretarial respectiva. Agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. En términos de lo que establecen los artículos 42 y 43 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, aprobado en sesión ordinaria de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de septiembre de dos mil diecinueve, se instruye al coordinador de actuarios de este órgano jurisdiccional capture en la integración de expedientes en el SISE la fecha en que cada una de las partes de este juicio quedaron notificadas de la presente determinación, para que quede a disposición del público en versión pública, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, se INSTRUYE a la oficial judicial "A" SISE, para que realice las gestiones necesarias a efecto de que se integre la versión pública de esta determinación al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En el entendido de que es obligación del secretario encargado de este asunto verificar que dicha publicación se haya efectuado de manera correcta. OPOSICIÓN A LA PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES De conformidad con los artículos 106, 108, 109, 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 3, fracciones IX, X, XXVIII y XXX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, se ordena suprimir en la versión pública los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Notifíquese: personalmente al quejoso y por oficio al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez... " Lo anterior para los efectos conducentes.
- Principal
Con fundamento en el Artículo 27, Fracción I, Inciso c) de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento decretado en aviso de seis de julio de dos mil veintidós y por esta vía se notifica al quejoso Gustavo Santillán García el acuerdo de veintiuno de junio de dos mil veintidós, el cual, en lo que interesa, señala: (.) En atención a lo anterior, este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, estima que no debe conocer del juicio de amparo, promovido por Gustavo Santillán García, por propio derecho, y como coheredero a bienes del de cujus Alfredo Santillán Soto, debido a que el acto reclamado en el presente juicio de amparo y el diverso 232/2022 del índice Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México, con residencia en esta Ciudad, guardan estrecha relación, pues derivan del mismo procedimiento civil 809/2014 del índice del Juzgado Cuarto de lo Civil de Cuautitlán, Estado de México. (.) Consecuentemente, envíese este juicio de amparo, al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, al encontrarse relacionado con el juicio de amparo 232/2022 de su índice, para que tenga a bien informar si acepta o no el conocimiento del mismo y, en su caso, acuse recibo.
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