Gustavo Sandoval Martínez
Expediente 2085/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 20 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 2085/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 20/12/2019
Partes del expediente
- Gustavo Sandoval Martínez
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinte de diciembre de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días concedido al promovente del amparo que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de queja, en consecuencia, con fundamento en el artículo 288, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado el auto de nueve de diciembre de dos mil diecinueve, para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno correspondiente y archívese el presente asunto como concluido. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el punto Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transparencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y con apoyo en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el expediente principal en que se actúa, es susceptible de destrucción en el plazo de cinco años, ya que se trata de un juicio de amparo en el que sin decidir en lo principal lo dio por concluido. Por otra parte, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo, Décimo Tercero y Vigésimo Quinto del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial (momento en el cual deberá realizarse la anotación en el libro de gobierno respectivo). Finalmente, se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Todo aquél soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán consideradas como documentos originales". NOTIFÍQUESE.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, y toda vez que mediante proveído de diecinueve de noviembre del año en curso, se dio vista a las partes por el término de tres días, computados a partir de la legal notificación de dicho proveído, para que manifestaran lo que a su derecho conviniera, en relación al cumplimiento de ejecutoria realizado por parte de la autoridad responsable; por tanto, se procede a determinar si el fallo se encuentra o no cumplido en los términos establecidos en la sentencia dictada dentro del presente juicio. En primer término cabe indicar que, por sentencia dictada el veintidós de agosto del año en curso (fojas 40 a 48), se concedió el amparo, para el efecto de que: Por ello, la Junta responsable transgredió en perjuicio del quejoso el derecho de acceso a la impartición de justicia, especialmente respecto al principio de justicia pronta, ya que omitió señalar la fecha para el desahogo de pruebas dentro del término legal, con lo que se violenta en su perjuicio el derecho contenido en el párrafo segundo del artículo 17 de la Constitución Federal, lo cual obliga a conceder el amparo solicitado para el efecto de que la Junta Especial Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, una vez que cause ejecutoria la presente resolución, deje insubsistente la parte conducente del proveído de diecisiete de mayo de dos mil diecinueve, dictado dentro del expediente laboral 1557/2018, en el que fueron señaladas para la continuación del procedimiento las diez horas con treinta minutos de veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve, y señale nueva fecha para el verificativo del desahogo de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, dentro del plazo previsto en el artículo 883, de la Ley Federal del Trabajo), remitiendo las constancias que así lo demuestren; asimismo, el Actuario adscrito a la Junta responsable, deberá remitir a este órgano jurisdiccional notificación de la nueva fecha para el desahogo de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas en el citado expediente laboral." Ahora, conforme a la ejecutoria en mención la autoridad responsable Junta Especial número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, a través de su Presidenta, mediante oficio recibido el diecisiete de septiembre del año en curso (fojas 59 a 60), informó a este órgano jurisdiccional el contenido del acuerdo de trece de septiembre de la presente anualidad dictado dentro del expediente laboral 1557/2018 dejó insubsistente la parte conducente del proveído de diecisiete de mayo de dos mil diecinueve, en el que fueron señaladas para la continuación del procedimiento las diez horas con treinta minutos de veintitrés de septiembre de año que transcurre, y señaló nueva fecha para el verificativo del desahogo de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, dentro del plazo previsto en el artículo 883, de la Ley Federal del Trabajo. Por otra parte, mediante oficio recepcionado el quince de noviembre de dos mil diecinueve, el Actuario adscrito a la Junta Especial número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, hizo llegar a este órgano constitucional, copias certificadas de las constancias que acreditan la notificación a las partes respecto al acuerdo de trece de septiembre de dos mil diecinueve dictado dentro del expediente laboral 1557/2018. En las relatadas condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafos segundo y cuarto de la Ley de Amparo se tiene por cumplida la sentencia. Háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno y archívese el presente asunto como concluido; en el entendido de que el presente sumario se tramitó sin incidente de suspensión. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el punto Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transparencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y con apoyo en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el expediente principal en que se actúa, es susceptible de DEPURACIÓN en el plazo de cinco años, ya que se trata de un juicio de amparo en el que se determinó amparar. Por otra parte, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo, Décimo Tercero y Vigésimo Quinto del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial (momento en el cual deberá realizarse la anotación en el libro de gobierno respectivo). Finalmente, se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Todo aquél soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán consideradas como documentos originales".
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