Gustavo Sánchez Mosso
Expediente 1142/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1142/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 10/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Gustavo Sánchez Mosso
Actuaciones
- Principal
Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, diez de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio y anexo de cuenta, misiva signada por el Juez Segundo de Primera Instancias en Materia Penal del Distrito Judicial de los Bravo, con residencia en esta ciudad; con fundamento en el numeral 117 de la Ley de Amparo, se le tiene rendido su informe justificado; con su contenido y constancia que se acompañan en apoyo al mismo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga, sin perjuicio de su relación el día y hora en que tenga verificativo la audiencia constitucional. De igual forma, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se le tiene ofreciendo como prueba de su parte, la documental que anexa a su oficio de cuenta, misma que se admite y se desahoga por su propia y especial naturaleza, la cual será relacionada al celebrar la audiencia constitucional, aun cuando no exista petición expresa de las partes para ello.
- Principal
Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito firmado por el quejoso por medio del cual solicita el estado que guarda el presente sumario constitucional, en atención a ello se provee: Dígasele al ocursante, que por auto de veintiséis de septiembre del presente año, se admitió a trámite su demanda de amparo, por lo que hace al Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de los Bravos, y se desechó respecto al acto reclamado al Secretario de Acuerdos adscrito a ese Juzgado, por no ser autoridad para el juicio de amparo, acuerdo que se ordenó notificársele personalmente
- Principal
Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el escrito firmado por el quejoso ***, por medio del cual desahoga la prevención realizada en auto inicial de siete de septiembre del presente año, en atención a su contenido se provee: Ahora bien, antes de proveer sobre la procedencia de la admisión de la demanda de amparo, es necesario seguir los lineamientos establecidos en la Ley de Amparo, uno de los cuales es el que establece el artículo 113, que a la letra cita: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y sí existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Así, del análisis íntegro efectuado a la demanda de amparo que nos ocupa, permite a este Juzgado Federal determinar con exactitud la intención de la promovente de la acción constitucional, armonizando de esta manera los datos y elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia. Al respecto, sirve de apoyo la tesis jurisprudencial P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Luego, se tiene que el peticionario del amparo que señala como autoridad responsable al Secretario de Acuerdos del Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de los Bravo, del que reclama lo siguiente: "La omisión de expedir las copias simples, toda vez que le solicita que las pague, cuando ya lleva cerca ocho años preso sin recurso material para poder pagar dichas copias de su causa penal 58/2016, radicada en el Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de los Bravo Guerrero". Al respecto, se advierte que, en la especie, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 1º y 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, misma que, en su orden y en la parte que interesa, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 1º. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías, otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." Artículo 5º: - Son parte en el juicio de amparo: (.) Fracción II.- La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta, o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; omita el acto que de realizarse crearía, modifica o extinguiría dichas situaciones jurídicas". Como se puede ver, el artículo 61 en su fracción XXIII, dispone que tratándose de improcedencia, además de las fracciones anteriores a aquella, las causas de improcedencia pueden resultar de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados unidos Mexicanos, o de la Ley de Amparo. El artículo 1º, establece que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite, por leyes o actos emitidos por autoridad que vulneren los derechos subjetivos de los individuos. Y el artículo 5º, fracción II de la Ley de Amparo, establece quiénes son los que tienen el carácter de autoridad responsable al señalar que son aquellas que dictan, ordenan, ejecutan, o tratan de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; omitan el acto que de realizarse crearía, modifica o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Por tanto, como ya se dijo, se advierte que resulta improcedente la demanda de amparo, respecto de dicha autoridad responsable, toda vez que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1° y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, por las razones siguientes. Conforme a los artículos transcritos con antelación, el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por leyes o actos de autoridad que violen las garantías individuales, y para efectos del juicio de amparo, es autoridad aquella que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado. Así, conforme a la doctrina, el acto reclamado consiste en un hecho voluntario e intencional, positivo (decisión, ejecución o ambas) o negativo (abstención u omisión) que implica una afectación de situaciones jurídicas abstractas (ley) o que constituye un acto concreto de efectos particulares (acto stricto sensu), imputable a un órgano del Estado e impuesto al gobernado de manera imperativa, unilateral y coercitiva; en ese aspecto, no todos los hechos que el particular estime contrarios a su interés son susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo, sino únicamente los actos de autoridad. En la especie, respecto al acto atribuido al Secretario de Acuerdos del Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de los Bravos, no puede ser considerado como un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, dado que no involucra la actuación o abstención de un órgano estatal frente al gobernado, en sus relaciones de supra a subordinación, cuyas características son la unilateralidad, imperatividad y coercitividad, puesto que se trata de un acto en el que, el aludido Secretario de Acuerdos, se le reclama vía acción constitucional la expedición de copias simples de la causa penal 58/2016. Pues de los antecedentes del acto reclamado se aprecia que el impetrante de derechos fundamentales en esencia atribuye al Secretario de Acuerdos del Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de los Bravos, la omisión de expedirle copias simples de la causa penal 58/2016, mismas que autorizó el Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de los Bravos, Guerrero. De ahí que, lo reclamado al mencionado Secretario de Juzgado, no tiene la naturaleza de actos de autoridad, por tanto, no lo convierte en responsable, dado que no es quien dicta, ordena, ejecuta o pretenda ejecutar. Tiene aplicación al caso, por las razones que informa la tesis sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo rubro y texto son el siguiente: "ACTO DE AUTORIDAD. ES REQUISITO INDISPENSABLE PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO ESTABLECER SI LA ACCIÓN U OMISIÓN DEL ÓRGANO DEL ESTADO REVISTE ESA NATURALEZA. La concepción del acto reclamado es un tema medular dentro del análisis relativo a la procedencia del juicio de amparo, pues constituye un requisito indispensable para ello, tal como lo disponen los artículos 103 de la Carta Magna y 1o. de la Ley de Amparo, preceptos que consagran la procedencia del amparo, en primer lugar, contra leyes o actos de autoridad; así, conforme a la doctrina, el acto reclamado consiste en un hecho voluntario e intencional, positivo (decisión, ejecución o ambas) o negativo (abstención u omisión) que implica una afectación de situaciones jurídicas abstractas (ley) o que constituye un acto concreto de efectos particulares (acto stricto sensu), imputable a un órgano del Estado e impuesto al gobernado de manera imperativa, unilateral y coercitiva. En este aspecto, no todos los hechos que el particular estime contrarios a su interés son susceptibles de impugnarse en el juicio de garantías, sino únicamente los actos de autoridad; y no todos aquellos que el órgano del Estado realice tendrán esa naturaleza, puesto que dicho calificativo ineludiblemente involucra la actuación o abstención de un órgano estatal frente al gobernado, en sus relaciones de supra a subordinación, cuyas características son la unilateralidad, imperatividad y coercitividad. Consecuentemente, el juzgador, a fin de establecer si el acto reclamado tiene la naturaleza de acto de autoridad, debe ante todo constatar si éste afectó de manera unilateral la esfera jurídica de la parte quejosa y si se impuso contra y sobre la voluntad de ésta; adicionalmente, de acuerdo con su naturaleza, debe considerar si puede exigirse su cumplimiento, pues de no concurrir estas condiciones, el juicio de amparo resulta improcedente en contra de actos que no son de autoridad." Asimismo, es aplicable por identidad de razón en lo conducente, la jurisprudencia identificada como Tesis: PC.XV. J/10 K (10a.), del Pleno del Decimoquinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 16, Marzo de 2015, Tomo II, Décima Época Materias(s): Común, página 1931, registro digital: 2008658, del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE CUANDO SE RECLAMA AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN, QUE DEBE RESPONDERSE EN SU CARÁCTER DE ENTE ASEGURADOR (APLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 211/2009). Conforme a la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 2a./J. 54/2012 (10a.), el auto inicial no es la actuación procesal oportuna para analizar si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del juicio constitucional; sin embargo, tal determinación no excluye la posibilidad de que existan casos en los que sí se actualice, por determinadas circunstancias, la consideración de que los actos reclamados no son de autoridad para efectos del juicio constitucional, ya que, de existir elementos de juicio indubitables de que se actualiza la causal de improcedencia; verbigracia, en los casos de que la actuación y sujeto (autoridad) a quien se les atribuya, subsumen en alguna hipótesis definida por el Alto Tribunal en el que se precise que determinado tipo de actuación u omisión no puede atribuirse a los emisores como autoridades para efectos del juicio de amparo, no sería posible arribar a una convicción diversa, de modo que, con independencia de los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, son innecesarios para configurar de manera notoria y manifiesta una improcedencia; dicho de otra forma, no se está en un supuesto de interpretación por parte del juzgador, sino de aplicación exacta de un criterio jurisprudencial por encuadrar en el caso concreto definido, pues denota que la causal se encuentre plenamente probada y no requiere inferirse con base en presunciones. En concordancia con ello, si la Sala referida, en la jurisprudencia 2a./J. 211/2009, precisó que contra la omisión atribuida al Instituto Mexicano del Seguro Social, de responder a una solicitud formulada en ejercicio del derecho de petición, en su carácter de ente asegurador, es improcedente el juicio constitucional, al no estar en presencia de un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que la relación que existe entre el asegurado y el Instituto en dicho supuesto es de coordinación, entablada entre particulares, en las que actúan en un mismo plano (de igualdad), es indudable que si en una demanda inicial de amparo, el Juez de Distrito advierte de su lectura que se actualizan de manera patente las hipótesis indicadas en el criterio jurisprudencial aludido, ello constituye una causa manifiesta e indudable de improcedencia, pues sólo tendrá que aplicar los supuestos del caso concreto al criterio jurisprudencial reseñado. Ahora bien, el contenido de dicha jurisprudencia continúa vigente en el régimen jurídico de la actual Ley de Amparo, pues el Instituto Mexicano del Seguro Social, a la luz de las disposiciones de la Ley de Amparo abrogada y de las contenidas en la vigente, no ha cambiado su naturaleza jurídica y, por ello, no es autoridad para efectos del juicio constitucional, ni realiza actos equiparables a los de autoridad, tratándose de la omisión de dar respuesta, en su carácter de ente asegurador, a una solicitud elevada en ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". En esas condiciones es evidente que se actualiza la causal de improcedencia en estudio; por lo que con apoyo en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 1º y 5º fracción II, de la Ley de Amparo, por tanto SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO, por notoriamente improcedente, en términos de lo dispuesto en el numeral 113 del ordenamiento legal en cita. ADMISIÓN Ahora bien, toda vez que el quejoso Gustavo Sánchez Mosso, señala al Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de los Bravos, como tercero interesado, no ha lugar a tenerlo con tal carácter, sino como autoridad responsable, por tanto se provee: Toda vez que a criterio de este órgano jurisdiccional de momento no se advierten causas de improcedencia que conduzcan al desechamiento del presente asunto, así como tampoco de incompetencia que impidan a este tribunal conocer del juicio; en esas circunstancias, con fundamento en los artículos 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo, respecto al Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de los Bravos. Tramítese sin incidente de suspensión, por no haberse solicitado de manera expresa, ni advertirse que proceda de oficio en términos del artículo 125 de la ley mencionada. Asimismo, se instruye al oficial judicial "C" encargado de la integración del presente expediente, la digitalización diaria de todas las promociones, documentos, así como de los acuerdos que se elaboren y toda información relacionada con el mismo, que deba ingresarse al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Por su parte, el actuario responsable encargado de realizar las notificaciones que deriven del presente juicio, deberá digitalizar e integrar diariamente a dicho sistema electrónico las actas, citatorios y razones de notificación que elaboren y el secretario encargado de la mesa, deberá cerciorarse de que tanto el expediente electrónico como el expediente impreso o físico, coincidan en su totalidad. Lo anterior, de conformidad con el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Cítese a las partes para la audiencia constitucional, la cual se llevará a cabo a las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, de conformidad con lo establecido en el artículo 115 de la Ley de Amparo, en la inteligencia de que en el plazo para celebrarla se incluyen sólo días hábiles, sin tomar en cuenta sábados y domingos y aquellos en los que no tienen lugar las actuaciones judiciales. Es importante destacar que si bien, el artículo 124 de la Ley de Amparo, dispone que las audiencias constitucionales serán públicas, aquellas no están supeditadas para su desahogo, a que deban comparecer las partes. De ahí que pueda llevarse a cabo aún sin su asistencia. INFORME JUSTIFICADO Con copia de la demanda pídase a la autoridad responsable su informe justificado, el cual de conformidad con el artículo 117 de la ley de la materia deberá rendir en el plazo de quince días hábiles posteriores al en que surta efectos la notificación que se haga de este proveído, en el entendido que se tendrá por rendido extemporáneamente aun cuando se rinda antes de la celebración de la audiencia constitucional pero después del citado plazo, acompañando, en su caso, copia certificada de las constancias legibles y completas que tomó en consideración para emitir el acto combatido en esta vía constitucional, en la inteligencia que no serán admitidas copias al carbón o reproducciones de éstas, pues resulta indispensable que este órgano jurisdiccional cuente con los elementos necesarios para dictar sentencia en la que analice el fondo de la cuestión que le fue planteada, por lo que se estima que la ilegibilidad de las constancias equivale a su no envío, que ocasionaría un retraso inexcusable en la administración de justicia, debiendo manifestar, en su caso, el impedimento legal que tenga para hacerlo. Con el apercibimiento que 1) de no rendir su informe, de no acompañar las constancias relativas, o 2) no comunicar la existencia de alguna causa de sobreseimiento; se les impondrá respectivamente una multa por cantidades comprendidas, en su orden, en el primer caso, entre cien y mil Unidades de Medida y Actualización vigente, y en el segundo, de treinta a trescientas Unidades de Medida y Actualización vigente, lo anterior, de conformidad con lo establecido en los artículos 251 y 260 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral segundo transitorio del Decreto por el que se reformaron y Adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente en su artículo 26, en materia de desindexación del salario mínimo vigente a partir del veintisiete de enero de dos mil dieciséis. DOMICILIO. Sin que haya lugar a proveer respecto a su domicilio, lo anterior toda vez que en auto inicial de siete de septiembre del presente año, se proveyó lo conducente. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Asimismo, desde este momento, se autoriza la expedición de copias simples o debidamente certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para la parte quejosa y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores, fijado para la atención al público en general en días hábiles. NOTIFICACIÓN AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO De conformidad con el artículo 5º, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado federal, la intervención legal que le compete. AUTORIZACIÓN FIRMA DE OFICIOS Se autoriza a los Secretarios adscritos a este Juzgado Federal, firmar los oficios que deriven del presente juicio. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte quejosa, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el secretario del juzgado, así como de la persona para la recepción de la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. De igual forma, se hace del conocimiento a las partes que de conformidad con el artículo 3° párrafo cuarto de la Ley de Amparo y el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, a partir del cuatro de enero de dos mil dieciséis podrán tener acceso al expediente electrónico, promover por vía electrónica y solicitar la recepción de notificaciones por esa vía. Se exhorta a las partes para que de ser posible, opten voluntaria y expresamente a proseguir el trámite de este juicio vía electrónica, a través del esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, de considerarlo, propongan formas especiales y expeditas de contacto mediante las cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales (correo electrónico, mensajería instantánea, etc.). Además, se hace saber a las autoridades responsables que en caso que deseen incorporarse al directorio con los correos electrónicos institucionales de las autoridades de los órdenes federal y local y este órgano jurisdiccional esté en posibilidad de notificarle por esa vía, podrá realizar la solicitud de incorporación o modificación al siguiente correo electrónico: casesoresp@correo.cjf.gob.mx y comunicarlo desde luego a este Juzgado de Distrito. TRANSPARENCIA. De acuerdo a lo establecido en los artículos 1º, 3º, 4º, 9º y 113 fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 6º, segundo párrafo, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la precitada Ley, mediante notificación por lista en los estrados de este Juzgado, hágase del conocimiento de las partes que la información generada, obtenida, adquirida o en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal, es publica, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial.
- Principal
Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, siete de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por ****, contra actos del Secretario de Acuerdos del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Los Bravos y otra autoridad. Regístrese en el libro de gobierno que para tal fin se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE", como juicio de amparo indirecto 1142/2023-I fórmese expediente impreso y electrónico. Asimismo, se instruye al oficial judicial "C" encargado de la integración del presente expediente, la digitalización diaria de todas las promociones, documentos, así como de los acuerdos que se elaboren y toda información relacionada con el mismo, que deba ingresarse al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Por su parte, el actuario judicial encargado de realizar las notificaciones de deriven del presente juicio, deberá digitalizar e integrar diariamente a dicho sistema electrónico las actas, citatorios y razones de notificación que elaboren, y el secretario encargado de la mesa, deberá cerciorarse de que tanto el expediente electrónico como el expediente impreso o físico, coincidan en su totalidad. Lo anterior, de conformidad con el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte. Antes de proveer lo conducente, respecto a las formalidades de la demanda de amparo, éste órgano jurisdiccional realizará el análisis que corresponde, en uso de la facultad que confiere el artículo 114 de la Ley de Amparo vigente, que señala: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura (.)" El dispositivo transcrito otorga a este Juzgador la facultad de prevenir al promovente del amparo a efecto de que aclare su demanda, cuando se incurra en las deficiencias, irregularidades u omisiones que se detallan, para lo cual deberá hacer las aclaraciones que correspondan o presentar las copias faltantes dentro del término de cinco días, con el apercibimiento que de no hacerlo se tendrá por no presentada su demanda. Por tanto, antes de proveer sobre la procedencia de la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 108 fracciones I y IV, en relación con el 114, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, prevéngase a la promovente, para que en el término de cinco días, siguiente a aquél en que surta sus efectos legales la notificación del presente proveído, señale de manera precisa bajo protesta de decir verdad, lo siguiente: 1). Informe en calidad de qué señala al Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de los Bravos, ya que de su demanda de amparo se advierte que lo hace como tercero interesado y autoridad responsable, en el entendido que no puede tener doble carácter dentro del juicio de amparo. Apercibido que de no cumplir con lo anterior, dentro del término concedido (cinco días), se le tendrá en el carácter de tercero interesado. Así también, hágase del conocimiento que deberá conducirse con verdad, habida cuenta que afirmar hechos falsos y omitir los que le consten está tipificado como delito, en términos del artículo 261, fracción I de la Ley de Amparo vigente que a la letra dice: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales." DOMICILIO. Téngase como domicilio el Centro Regional de Reinserción Social de esta Ciudad Capital de los Bravo, en razón de encontrase interno en dicho centro de reclusión. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte quejosa, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el secretario del juzgado, así como de la persona para la recepción de la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. De igual forma, se hace del conocimiento a las partes que de conformidad con el artículo 3° párrafo cuarto de la Ley de Amparo y el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, a partir del cuatro de enero de dos mil dieciséis podrán tener acceso al expediente electrónico, promover por vía electrónica y solicitar la recepción de notificaciones por esa vía. TRANSPARENCIA. De acuerdo a lo establecido en los artículos 1º, 3º, 4º, 9º y 113 fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 6º, segundo párrafo, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la precitada Ley, mediante notificación por lista en los estrados de este Juzgado, hágase del conocimiento de las partes que la información generada, obtenida, adquirida o en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal, es publica, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero · 11,136 expedientes
- Gustavo Martínez Villegas929/2018
- Gustavo Martínez Villegas43/2019
- Gustavo Martínez Villegas1311/2023
- Gustavo Martínez Villegas588/2023
- Gustavo Martínez Villegas y Otros.586/2023
- Gustavo Salgado Resendiz152/2018
- Gustavo Victoriano García777/2014
- Hannia Guadalupe Ramírez Benítez1428/2022
- Haydee Analco Cipriano606/2019
- Haydee Analco Cipriano335/2020
- Haydee Guadalupe Rodríguez Hernández430/2022
- HECTOR ACEVEDO RIVERA y Otros.789/2008